Por Iyari Ríos González
El Gobernador de Puerto Rico ofreció el 2 de abril de 2024 su Mensaje sobre la Situación de Estado. Comenzó asegurando a toda la ciudadanía que el país se encuentra en el camino de la “recuperación y reconstrucción económica y social” y señaló que el presupuesto general para el próximo año fiscal será el más alto en la historia. En este artículo intereso discutir la idea de que la crisis económica se está superando, compartiendo un análisis sobre el contexto actual y destacando la importancia en cualquier proceso de recuperación de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
I. Una recuperación económica de corta duración
Ciertamente en Puerto Rico se ha observado en años recientes una recuperación en alguno de sus principales indicadores económicos. Por ejemplo, tras un periodo de decrecimiento de la producción cuasi ininterrumpido desde el 2006 hasta el 2018 (la excepción fue el año 2012), ha ocurrido un repunte en cuatro de los últimos cinco años; incluyendo, el 2019, 2021, 2022 y 2023. Descontando el efecto de la inflación, las tasas de crecimiento de la producción en dichos años fueron, respectivamente, 2.1%, 1.4%, 3.8% y 0.7%, de acuerdo con cifras oficiales publicadas por la Junta de Planificación de Puerto Rico en el Anejo Estadístico del Informe Económico al Gobernador. En el 2020 hubo un decrecimiento de 3.1%. Una de las razones principales fue la pandemia.
Ese crecimiento en la producción ha tenido un impacto en el mercado laboral donde se observa un incremento en el grupo trabajador y en la tasa de participación laboral (aunque aún no alcanza 50%) a partir del 2019, luego de más de una década de decrecimiento en cada uno de estos indicadores. Junto a ellos, ha subido en años recientes la cifra de empleados y disminuido la tasa de desempleo. De hecho, durante los últimos 5 años, la tasa de desempleo en el país ha sido de solamente un dígito, algo atípico en nuestra economía.
La recuperación que se observa tanto en la producción como en el empleo está vinculada a la inyección multimillonaria que ha recibido Puerto Rico de fondos públicos del Gobierno de EEUU debido, principalmente, a los huracanes, los terremotos y la pandemia. Según cifras contenidas en los planes fiscales certificados por la Junta de Control Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, durante los últimos años han sido asignados al país para tales fines alrededor de $127,000 millones. La cifra semeja cerca de 5 años de presupuestos consolidados o 10 años de presupuestos generales del Gobierno de Puerto Rico. Incluso, el Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador, señala que entre 2017 y 2023 hubo un aumento de $3,041 millones a $9,966 millones – casi 230% – en las aportaciones federales al Gobierno de Puerto Rico. Mientras, las transferencias realizadas por el Gobierno de EEUU a residentes en Puerto Rico incrementaron en ese mismo periodo de tiempo de $18,294 millones a $32,807 millones o 75%. Los mayores aumentos en términos relativos se observan en la ayuda a familias en áreas de desastre, ayuda para la vivienda y otros; que incluye, fondos de recuperación y para la pandemia. Estas transferencias multimillonarias de dinero han tenido las funciones de servir también como amortiguador social durante la crisis económica que comenzó justo después de terminar el periodo de transición de diez años estipulada tras la eliminación por parte de las autoridades metropolitanas – con el apoyo del gobierno insular – de la Sección 936 del Código de Rentas Internas del Gobierno de EEUU.
Sin embargo, esa recuperación reciente y momentánea en algunos indicadores económicos no ha revertido la tendencia en la merma poblacional observada desde el inicio de la crisis económica en el 2006. En los pasados años – a pesar del crecimiento en producción y del aumento en empleos – la población del país se ha reducido y no alcanza la cantidad de habitantes que había para el 2017. Ese fue el primer año completo que operó en Puerto Rico la Junta de Control Fiscal, creada por el Gobierno de EEUU a través de la Ley PROMESA, y en el cual el Huracán María golpeó al país provocando miles de muertes y daños severos en la infraestructura que aún repercuten en la realidad del país y de las comunidades, principalmente aquellas en mayor desventaja económica.
La reducción de la población que se observa desde el inicio de la crisis económica en el 2006 responde a dos factores: la emigración y cambios en la tasa de crecimiento natural de la población. Estimados conservadores señalan que al menos 500,000 personas se han mudado de Puerto Rico. Además, en este periodo de tiempo, se observa una tendencia decreciente en el crecimiento natural de la población debido a la disminución de nacimientos y el aumento simultáneo en las muertes. Según la Junta de Planificación, a partir del 2017, en el país mueren más personas de las que nacen. En años recientes, se observa un fenómeno similar en otros países (en particular en Europa).
En el caso de Puerto Rico, este comportamiento en los indicadores demográficos responde en parte a la crisis económica en que estamos hace casi dos décadas. En la medida que las familias creen que en el país no han existido en los pasados años condiciones para satisfacer necesidades básicas y tener calidad de vida adecuada accediendo a empleos en buenas condiciones y bien remunerado, mudarse a otro país se considera como una alternativa real para mejorar su estado de situación. Igualmente, ante los grandes retos económicos y sociales que implica sostener una familia en la actualidad, aquellas parejas jóvenes que permanecen en el país han decidido tener menos hijos. Dicha tendencia demográfica se acentúa con la creciente fragilidad de las instituciones públicas cuyo objetivo es garantizar el acceso a servicios esenciales (incluyendo servicios de salud) y al envejecimiento de la población donde – de acuerdo con el Censo de EEUU – la mediana de edad ha aumentado de 32.1 años en el 2000 a 44.7 años en el 2022.
Una de las razones principales para el deterioro de la calidad de vida que se observa en el país ha sido el menoscabo de las condiciones de trabajo como resultado de las políticas públicas del Gobierno de Puerto Rico. Durante las pasadas décadas, las distintas administraciones han estado adoptando políticas económicas dirigidas a privatizar los activos públicos y a precarizar el trabajo. En términos laborales, posiblemente las de más impacto son Ley 7-2009, Ley 66-2014 y Ley 4-2017. Las primeras dos leyes se diseñaron como parte de una política de reducir el tamaño del gobierno pues se partía de la premisa equivocada de que el sector público era uno excesivamente grande. Esta aseveración no se sostiene pues al comparar a Puerto Rico con otras jurisdicciones en EEUU, se aprecia una menor proporción de empleados con respecto a la población que muchos estados.
Como resultado de esas políticas públicas, el Censo de EEUU reporta entre el 2005 y el 2022 un aumento en la participación del empleo privado y del autoempleo con relación al empleo total; mientras, simultáneamente, ocurre una disminución en el empleo gubernamental. Señala también que los sectores que presentan un mayor crecimiento relativo en el empleo durante dicho periodo de tiempo son "Servicios Profesionales y Administrativos", "Recreación y Entretenimiento" y "Otros". Mientras, las industrias donde más empleos se han perdido en términos relativos y absolutos son "Gobierno", "Construcción" y "Manufactura". A pesar del reciente incremento en el empleo que se ha observado en las actividades de la construcción y de la manufactura a partir del año 2019, las cifras aún están muy distantes de los niveles que prevalecían al comenzar la crisis económica en el 2006. Estos datos muestran que tras la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas del Gobierno de EEUU, la economía de Puerto Rico se ha reorientado principalmente hacia la producción de servicios mientras se reduce su capacidad para producir bienes tangibles.
Otro factor para tomar en consideración es el cambio en el tipo de empleo. Desde el 2006 se observa una baja de casi 10% en las personas que trabajan más de 35 horas por semana todo el año; mientras, simultáneamente, aumenta sobre 40% las personas empleadas menos de 35 horas, según datos recopilados por el Censo de EEUU. Por tanto, a las personas les resulta más difícil ahora conseguir un empleo a tiempo completo que antes de iniciar la crisis económica viéndose obligados en muchos casos a aceptar uno o más trabajos a tiempo parcial para poder sostener a sus familias. El crecimiento en la producción ocurrido en años recientes no ha revertido por completo este patrón.
Tampoco se ha revertido la tendencia en la distribución de ingresos entre empleados y propietarios, aunque incrementos de salarios recientes – necesarios, pero todavía insuficientes para muchos – han atenuado esa brecha, mas no de manera significativa. En el 2005, la compensación que recibían los empleados era el 65.9% del ingreso neto del país. Mientras, que en el 2023 dicha cifra fue 49.9%. A la vez, el aumento en ganancias e intereses de propietarios ha permitido que su participación en el ingreso neto crezca en esos años de 34.1% a 50.1%. Puerto Rico es uno de los países del mundo que tiene una mayor desigualdad en la distribución de los ingresos. En EEUU, ocupa el primer lugar.
En el 2021 el Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 47 que posibilitó aumentos en el salario mínimo a $8.50 por hora en el 2022 y a $9.50 por hora en el 2023. Sin embargo, la inflación observada durante este periodo prácticamente canceló la posibilidad de que dichos incrementos representaran para las familias trabajadoras un aumento en su poder adquisitivo de manera tal que les permitiera satisfacer una mayor cantidad de sus necesidades. De hecho, de acuerdo con el Censo de EEUU, entre el 2021 y 2022 ocurrió una subida de la tasa de pobreza en Puerto Rico de 40.5% a 41.7%. Todavía no están disponibles los datos para el 2023.
En resumen, estos indicadores apuntan a que la recuperación de la economía será de corta duración si se toman en consideración los siguientes elementos:
la importancia relativa que ha tenido la inyección de los fondos públicos provenientes del Gobierno de EEUU en el repunte de la producción observada los pasados años en Puerto Rico;
el carácter no recurrente de muchas transferencias federales que actualmente recibe el país.
Esta situación pone de manifiesto que para superar esta crisis económica de naturaleza estructural que se expresa con una particular agudez desde el 2006, es necesario elaborar políticas distintas. Las políticas económicas que han estado y continúan adoptando las autoridades gubernamentales no han solucionado la crisis. La recuperación observada en años recientes en algunos indicadores es resultado de la inyección masiva de fondos públicos no recurrentes que ha recibido el país del Gobierno de EEUU tras los huracanes, los terremotos y la pandemia que ocurrieron a partir del 2017. Una vez se agoten tales fondos, si no se toman las medidas adecuadas, los indicadores económicos volverán a expresar el estado de deterioro que se ha estado palpando en nuestra cotidianidad desde, al menos, el 2006.
II. La importancia de la UPR para una recuperación económica de larga duración
La crisis económica por la que atravesamos es de naturaleza estructural pues responde al agotamiento del modelo económico de industrialización que se estableció en la década de 1940 fundamentado en la inversión de capital foráneo y que habría de perdurar hasta finales del Siglo XX. Desde esta perspectiva, resulta indispensable que se elabore un nuevo proyecto económico de país basado en principios distintos a los prevalecientes, acudiendo a la planificación estratégica para impulsar la diversificación de la producción mientras se generan los eslabonamientos necesarios entre los diferentes sectores económicos. Como parte de ese proyecto de recuperación económica, es fundamental la promoción de empleo bien remunerado y en buenas condiciones de manera tal que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. Además, es indispensable fortalecer servicios esenciales para aumentar la calidad y facilitar el acceso a la salud y educación, entre otros. De esta manera, podrán promoverse mejores condiciones de vida para las familias en Puerto Rico. Una parte importante de los fondos públicos que se transfieren al país por el Gobierno de EEUU pudieran aportar en el corto plazo al desarrollo de políticas públicas dirigidas a promover esos fines. Si los recursos que se disponen continúan utilizándose para promover políticas similares a las que se han estado adoptando en los pasados años y no se realizan cambios económicos estructurales para el beneficio de la población, se desaprovechará una oportunidad real de superar la crisis en la nos encontramos.
Una institución fundamental en la elaboración e implementación de ese proyecto económico es la Universidad de Puerto Rico (UPR). Así ha sido en los más importantes proyectos de alcance nacional que fueron ejecutados a lo largo de todo el Siglo XX y que no estaban exentos de contradicciones. Entre ellas se encuentran la formación de maestros para llevar a cabo programas de alfabetización; la preparación de los cuadros técnicos necesarios en la ingeniería, agrimensura y artes mecánicas para apoyar una economía que estaba orientada hacia la agricultura comercial para la exportación; la elaboración de un proyecto económico por un grupo de trabajo dirigido por el Rector de la UPR que tenía como objetivo la reconstrucción y rehabilitación económica del país en la Gran Depresión; la creación del Instituto de Relaciones del Trabajo y un programa de educación obrera para facilitar que los trabajadores tuvieran las destrezas y competencias necesarias como parte de la transformación económica y la industrialización que se ejecutó con el Programa Manos a la Obra. Estas son solo algunas aportaciones en proyectos sociales y económicos que realizó la universidad en la primera mitad del Siglo XX. No se toman en consideración un sin número de otras aportaciones hechas durante ese periodo de tiempo y en décadas posteriores hasta el presente Siglo XXI.
Sin embargo, dicha realidad parece obviarse por parte del Gobierno de Puerto Rico pues en el Mensaje de Estado que ofreció el Gobernador no se hace referencia a la función que tiene la universidad pública como institución en los planes que necesitan desarrollarse para promover la recuperación económica del país. Tampoco se proponen iniciativas para fortalecerla fiscalmente. Mucho menos se menciona la necesidad de restituir sus fondos operacionales mediante la ejecución de la fórmula que se supone esté rigiendo su financiamiento a través de la Ley 2-1966. Esta legislación significó un reconocimiento de las autoridades gubernamentales de ese momento de la importancia que había tenido y tiene el proyecto universitario para la sociedad y la economía. Por tal razón, la Ley 2-1966 estableció una asignación presupuestaria fija a partir de un porcentaje del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico (para conocer la fórmula véase Nota I en Tabla I). Esto evitaría que la universidad fuera presa de los intereses partidistas vía el presupuesto y le aseguraría a esta institución la posibilidad de poder proyectarse y planificarse hacia el futuro a partir de la certeza y la consistencia presupuestaria para cumplir con su misión en la sociedad.
Tabla I
Presupuesto UPR, Años Fiscales 2015-2024 [1]
De acuerdo con la información oficial ofrecida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para el Año Fiscal 2024 a la UPR se le asignó cerca de $500 millones. Dicha cifra es equivalente a un recorte de más de la mitad del presupuesto que le correspondería por ley y representa 4.44% del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. La Ley 2-1966 establece que esa cifra debe ser 9.60%. De hecho, al llevar a cabo un ejercicio del presupuesto que ha dejado de recibir la UPR desde el 2015 debido a las políticas adoptadas por parte del Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal que han tenido el efecto de tornar inoperante el modelo de financiamiento fijado por la Ley #2-1966, se estima conservadoramente que la pérdida de recursos ha sido alrededor de $2,500 millones. Durante ese periodo de 10 años, el presupuesto de la UPR se redujo aproximadamente 43%. Mientras, la matrícula disminuyó de 47,314 a 32,254. Esta cifra equivale a una disminución de 31%. Por tanto, los recortes presupuestarios han sido proporcionalmente mayor a la baja en estudiantes. Como resultado, el presupuesto por estudiante bajó de $18,590 en el 2015 a $15,528 en el 2024. Este es un indicador que usualmente utilizan los administradores de las instituciones educativas. Sin embargo, debe señalarse que por lo general no se dirige la totalidad directamente al estudiante ya que existen servicios indirectos a los cuales deben asignarse recursos y – en el caso de la UPR – una parte de dichos fondos se debe dedicar también para llevar a cabo investigaciones, así como para ofrecer servicios a la comunidad, entre otras actividades.
La reducción en la cantidad de estudiantes matriculados no se explica única y exclusivamente por los cambios demográficos y el envejecimiento poblacional que se ha estado observando en el país durante la crisis económica. Al realizar unas estimaciones utilizando los datos del Censo de EEUU, se aprecia que la reducción de la población de las personas que tienen entre 18 y 25 años fue casi 15% entre el 2015 y 2024. El descenso porcentual en la matrícula de estudiantes fue el doble. Esto significa que hay otros factores que han incidido en la merma de estudiantes en el Sistema UPR. Entre ellos se pueden mencionar, los aumentos exorbitantes en los costos de matrícula y de estudio y el impacto que han tenido los recortes presupuestarios en la oferta académica y las operaciones de la universidad pública.
Tanto el Gobierno de Puerto Rico como la Junta de Control Fiscal han reconocido mediante declaraciones públicas la importancia que tiene la UPR para la recuperación económica del país. Sin embargo, en la administración pública, las asignaciones presupuestarias señalan en la práctica cuales son las prioridades del Gobierno de Puerto Rico y la UPR evidentemente no es una de ellas. Para superar la crisis económica es necesario elaborar un proyecto económico de alcance nacional dirigido a atender las necesidades de la población. Para eso, y mucho más, la UPR es fundamental. Sin universidad pública no hay país.
***
[1] Fuente: Los datos sobre el presupuesto general del Gobierno de Puerto Rico y el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico se obtuvieron de los presupuestos general anuales por agencia para los años fiscales 2014 a 2024. Todas las cifras representan el presupuesto gastado en cada año. Las excepciones son el 2022, 2023 y 2024 que muestran el presupuesto que fueron aprobados. Los presupuestos están disponibles en https://presupuesto.pr.gov/
[2] Nota I: La columna "Presupuesto UPR Ley 2-1966" representa una aproximación al presupuesto que la UPR hubiese recibido cada año si se aplica la fórmula de financiamiento establecida por la Ley 2-1966 titulada "Ley de Asignación de Fondos a la Universidad de Puerto Rico". Dicha ley establece en el Artículo 3 que "[c]omenzando con el Año Fiscal 1997 se destinará a la Universidad de Puerto Rico una cantidad equivalente al nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e ingresados al Fondo General del Tesoro Estatal en los dos (2) años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente y de lo ingresado en cualesquiera fondos especiales creados mediante legislación a partir del 1ro de julio de 1993, que se nutran de recursos generados por imposiciones contributivas." Para efectos de este ejercicio, la estimación se realizó tomando en consideración el promedio del presupuesto general gastado en los dos años fiscales anteriores. No se incluyeron los fondos especiales creados mediante legislación a partir del 1 de julio de 1993. Por tanto, el estimado realizado es conservador.
[3] Nota II: La columna "Presupuesto UPR /Presupuesto General Gobierno Puerto Rico" muestra el porciento que representa el presupuesto que en efecto gastó la UPR del promedio del presupuesto general gastado en los dos años fiscales anteriores. El objetivo es mostrar que la UPR ha estado recibiendo una proporción menor a lo establecido por la fórmula de financiamiento creada por la Ley 2-1966.
***
Iyari Ríos González es profesor en el Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.