Por Javier Córdova Iturregui
En los últimos cinco años, la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha recibido un recorte sin precedentes en la historia de Puerto Rico. Se ha reducido su presupuesto en más de la mitad. La Ley 2 de 1966, que otorgaba autonomía fiscal al primer centro educativo de educación superior del país Universidad, ha quedado en letra muerta.
En el 2015, bajo el gobierno del PPD, se congeló el dinero que se asignaba antes a la UPR por la fórmula establecida en la Ley 2 de 1966 (un 9.6% del fondo general del país). Eso representó una reducción presupuestaria a la Universidad, pues en la medida en que el presupuesto del país aumentaba, no se hacía la asignación correspondiente en ley a la UPR, pues se había congelado al presupuesto del 2014. Sin embargo, el golpe brutal se comienza a recibir desde el 2017, con la llegada del gobierno del PNP y la Junta de Control Fiscal (JCF).
El impacto a la comunidad universitaria, estudiantes, empleados/as docentes y no docentes, ha sido brutal. Mientras el país se empobrece ante falta de oportunidades de trabajo y aumento en el costo de vida, las y los estudiantes han visto el costo de matrícula subir en un 175%. De $57 que costaba el crédito subgraduado en el 2017, hoy está en $157. El crédito graduado también se ha disparado. Se han eliminado exenciones de matrícula a estudiantes talentosos en deportes y artes y han aumentado los costos de todos los servicios al estudiantado. Todo ello mientras se deteriora el servicio y la infraestructura, pues los aumentos no van destinados a fortalecer los servicios, sino a compensar la reducción a la que el gobierno y la JCF han sometido a la Universidad.
La situación de empleados y empleadas es igual de alarmante. En los últimos 5 años se han eliminado más de 2,000 plazas en la UPR. Esto, a pesar de que han aumentado dramáticamente las contrataciones temporeras, es decir, de personal sin plaza, bajo condiciones precarias. Solo cobran una parte del año, no tienen plan médico, no acumulan retiro ni tienen otros beneficios marginales. Muchas están contratadas a tarea parcial, con sueldos de hambre.
En el caso del personal docente, ya la mitad de toda la Facultad de la UPR es docente por contrato. Incluso hay recintos en los cuales la mayoría de sus docentes están contratados a tarea parcial. En esos casos, los salarios están por debajo de los límites de pobreza, obligando a muchos a trabajar en varios recintos universitarios para poder subsistir.
Empleados/as también han perdido exenciones de matrícula para ellos/as y sus hijos/as. Además, beneficios fundamentales como plan médico y retiro, aún para personal con plaza, están bajo amenaza contínua de la JSF.
La cantidad de estudiantes en la UPR se ha reducido en un 26% en los últimos 5 años, según datos de la propia JCF (de 68,080 en el 2017 a 50,411 en el 2022). Esta reducción no es por otra cosa que por diseño de la propia Junta. Desde el primer plan fiscal certificado por la Junta, la proyección fue reducir de esta manera la cantidad de estudiantes, al igual que la cantidad de empleadas/os en la institución. Del 2018 al 2022, la UPR ha perdido sobre un 18% de su personal (de 12,779 en el 2018 a 10,426 en el 2022). Y el objetivo de la Junta es seguir reduciendo el número de estudiantes, así como el personal. Esto, mientras a su vez el personal contratado es, como dijimos antes, en contratos temporeros, muchísimos a tarea parcial.
La UPR perdió la acreditación del Programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas. El propio recinto está en peligro de perder su acreditación de la Middle States, lo cual sería el golpe mortal al recinto. La razón es la situación financiera del Recinto. Y esto ocurre mientras la ex rectora del Recinto ha dicho que hay conversaciones para la compra del recinto por una institución privada. Ciertamente, la pérdida de la acreditación daría paso a la privatización del Recinto, que rinde servicios educativos y de salud esenciales para el país.
La situación en el RCM ha demostrado una vez más la necesidad de que se apruebe una Reforma Universitaria que elimine el control partidista sobre la Universidad. Este proyecto fue radicado en el Senado y derrotado con votos tanto del PNP como del PPD y del llamado Proyecto Dignidad. Posteriormente, fue radicado en la Cámara. Tenemos que presionar para que se apruebe ese proyecto tan necesario para la UPR.
Sostenemos, además, que es necesario restituir los fondos a la UPR. Se tiene que respetar la Ley 2 de 1966 que contiene la autonomía universitaria a través de la fórmula que asigna un presupuesto que depende de los ingresos del estado mediante la fórmula del 9.6%. Es lo que se requiere para tener una UPR accesible a nuestro pueblo y con la calidad que el pueblo espera y necesita de ella. Nada de esto ocurrirá si no nos tiramos a la calle a exigirlo y logramos derrotar a los y las enemigas de la educación pública en Puerto Rico.
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Javier Córdova es miembro de Democracia Socialista y profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo.