apuntes sobre las primarias y las elecciones generales
Por Manuel Rodríguez Banchs y Jorge Lefevre Tavárez
[La idea original de este escrito fue preparar un análisis del impacto del neoliberalismo en los procesos electorales de Puerto Rico, enmarcado bajo los resultados del proceso primarista del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Los eventos ocurridos el domingo, 9 de agosto complicaron el panorama originalmente trazado. Por eso, hemos decidido dividir nuestro análisis en dos partes: una primera parte, que hoy se publica, que trata sobre el neoliberalismo en los procesos electorales, además de unos apuntes sobre lo ocurrido el 9 de agosto; y una segunda parte, a publicarse en el futuro, que tome en cuenta los resultados oficiales de la primaria.]
La crisis que enfrentamos en Puerto Rico comenzó en el año 2006, aunque ya podía anticiparse desde el 1995. En ese año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la eliminación de la Sección 936, una medida de exención contributiva para la gran manufactura y bajo la que descansaban las débiles bases económicas de la isla. La iniciativa contó con un fuerte cabildeo del gobierno del Partido Nuevo Progresista bajo la premisa de que la eliminación de esa exención daría un duro golpe al Estado Libre Asociado y al Partido Popular Democrático y obtendrían finalmente la estadidad para Puerto Rico. Las empresas cobijadas bajo la 936, en el 1991, representaban 13% del empleo total y 72% del empleo manufacturero. Los empleos indirectos que creaba se estiman entre 200,000 y 300,000 (dependiendo de la fuente que se utilizaba). La Asociación de Bancos afirmaba que 43.5% de sus depósitos provenían de compañías 936. El vínculo de esta sección con la economía de Puerto Rico era notable. Esta sección pasaría por un desfase de diez años, iniciando en el 1996 y extinguiéndose finalmente en diciembre del 2005 [1].
Entre el 1996 y el 2005, se perdieron alrededor de 40 mil empleos en la manufactura, por lo que los efectos de su eliminación se evidenció previo a su desaparición total. Aunque el crecimiento según el PNB fue de 2.7% en el 2004, de ahí en adelante veremos una disminución constante hasta caer en los números negativos de la crisis que seguimos viviendo (con un leve repunte en el 2012, puesto en duda por algunos economistas). En el 2005, el crecimiento fue de 1.9%; en el 2006, de 0.5%; en el 2007, de -1.2%; en el 2008, de -2.9%, en el 2009, de -3.8%. Si bien la crisis no se puede reducir a la eliminación de la Sección 936, su génesis se relaciona de manera directa con ella.
La eliminación de la Sección 936, y la ausencia total de propuestas económicas de mitigación en los programas de los partidos tradicionales y hegemónicos, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, se explica en parte por los cambios ocurridos al interior de estos partidos. En la segunda mitad de la década de 1980, el PPD comenzó a impulsar políticas de privatización siguiendo el modelo de la administración de Ronald Reagan [2]. A partir de entonces ambos partidos dieron un giro ideológico y fue durante la década de 1990 cuando internalizan la lógica del capitalismo neoliberal: la lógica de creer ciegamente en la autorregulación del mercado. Esa lógica incluye la necesidad de reducir el gobierno por vía de los despidos de empleados, de la congelación de plazas y de la privatización de los servicios públicos. Mediante estas políticas se desvían cada vez más fondos públicos al sector privado, aprobándose además toda una serie de medidas que inclinan la balanza a favor de los patronos, en perjuicio de las personas asalariadas tanto en el sector público como en el sector privado.
La lógica neoliberal exige la reducción de las contribuciones sobre las ganancias del capital para beneficiar al libre mercado. Por eso, los gobiernos del PPD y del PNP, salvo una efímera excepción, han sido incapaces de imponer contribuciones sobre las ganancias y las grandes fortunas. La crisis de acumulación de capital en Puerto Rico, mitigada con grandes subsidios y exenciones, desembocó, también, en la crisis de la deuda. Así la deuda también se utilizó para financiar las diversas formas de privatización. Es decir, una parte importante de la deuda pública se convirtió en ganancia privada y permitió aparentar estabilidad en tiempos turbulentos.
El PPD y el PNP son los partidos que representan la ideología neoliberal en Puerto Rico [3]. Al estallar la crisis, precisamente por internalizar la lógica neoliberal antes descrita, no tuvieron respuesta alguna a ella. Es bajo este contexto económico de crisis estructural de la acumulación de capital que se debe estudiar la crisis política que sufren estos partidos. La crisis del bipartidismo se relaciona de manera estrecha con la crisis económica de Puerto Rico y con la incapacidad de los partidos hegemónicos de desarrollar una respuesta a ella, por ambos quedar atrapados bajo la mirada neoliberal que sustenta y profundiza la crisis. Sin el contexto económico, se raya en la superficie del “desgaste de partidos” y de la “vieja política” (frases, por otro lado, que no dejan de ser ciertas e incluso efectivas a nivel del discurso político).
Los siguientes apuntes se fundamentan, sobre todo, en los resultados electorales de ambos partidos, aunque enmarcados dentro de esta perspectiva de la crisis como punto de inflexión. Debiéramos añadir que, aunque no figure de manera protagónica en estas páginas, la crisis económica, política y social también provocó grandes protestas y movilizaciones de resistencia, que afectaron de manera dramática, por otro lado, los números electorales que aquí se presentan.
El proceso electoral del PPD y el PNP visto en su conjunto
El bipartidismo nació en 1968. El Partido Popular Democrático es el partido que inaugura el Estado Libre Asociado y toda la política económica colonial (de exención contributiva al gran capital estadounidense) relacionada con este modelo. Fue el partido hegemónico en Puerto Rico hasta su primera derrota electoral frente al Partido Nuevo Progresista. El PNP, aunque tenga como finalidad la estadidad para Puerto Rico, es, en gran medida, otra criatura del Estado Libre Asociado, otro partido colonial, que solo desafía el colonialismo en el imaginario de sus dirigentes.
Desde el 1968, estos han sido los resultados electorales, a partir de votos recibidos, para los partidos tradicionales en cada elección.
Año PPD PNP
1968 374,040 400,815
1972 658,856 563,609
1976 660,401 703,968
1980 756,889 759,926
1984 822,709 768,959
1988 871,858 820,342
1992 862,989 938,969
1996 875,852 1,006,331
2000 978,860 919,194
2004 963,303 959,737
2008 801,071 1,025,965
2012 896,060 884,775
2016 614,190 660,510
Aunque con altas y bajas de acuerdo a las coyunturas particulares de cada elección, se veía una tendencia al crecimiento del total de votos para el bipartidismo (que habría que correlacionar con el crecimiento poblacional) entrando a la primera década del siglo XXI. Hasta el 1996, el aumento, también, se reflejaba en el porciento de participación de la población con edad para votar [4].
En el 2006 se inauguró la más reciente crisis económica de Puerto Rico. Curiosamente, la crisis estalló en medio del cuatrienio del “gobierno compartido”, en el que gobernaba Aníbal Acevedo Vilá del PPD pero el PNP controlaba ambas cámaras de la legislatura. Estalla, pues, en un gobierno plenamente bipartidista [5]. La crisis se presenta como un punto de inflexión para el bipartidismo y para su oposición. Implica que toda una serie de contradicciones que antes existían en la sociedad capitalista se desatan y se perciben con mayor claridad, aunque no siempre de manera inmediata. La decadencia del bipartidismo es una de estas manifestaciones. También lo son las respuestas desde las distintas militancias posibles.
Durante el gobierno de Acevedo Vilá, que le dio nuevos impulsos a las políticas neoliberales, las respuestas de los sectores políticos y sociales fueron mixtas. Se dieron movilizaciones obreras importantes como la huelga de maestros y grandes marchas pero también movilizaciones vergonzosas como la marcha a favor del IVU de otros sectores sindicales conservadores y burocratizados. En el 2008, un Acevedo Vilá desprestigiado, acusado de esquemas de corrupción y lavado de dinero electoral, se enfrentó a un neoliberal programático en el PNP. Quizás se pueda ver el inicio de la crisis del PPD, aunque la derrota aplastante de 2008 puede que tenga más que ver con la figura de Acevedo Vilá y su caravana de desaciertos que con la estructura del partido.
El gobierno de Luis Fortuño, desde que inició en el 2009, rápidamente implantó su política neoliberal, destacándose, entre otras medidas, la Ley 7, que congeló convenios colectivos, recortó presupuestos y despidió por lo menos a 30 mil empleados públicos. Nunca antes se había visto una política a favor de la clase capitalista tan agresiva como esta. Los fraudes, la corrupción y el cierre de espacios democráticos (las gradas de la legislatura, las vistas públicas) vendrían a caracterizar la forma de gobierno de Fortuño, pero, para efectos de este escrito, conviene resaltar, no la forma, sino la lógica política y económica detrás de ella. Es el neoliberalismo el que propicia la trampa: el apoyo a la lógica de la ganancia privada, del inversionismo político en las campañas electorales, eliminó de la política su aspecto social y colectivo, sustituyéndolo por el culto a la iniciativa individual, para adoptar el funcionamiento -sin lógica ni moral- del capital.
La resistencia de la militancia no se hizo esperar y arrancó con una serie de manifestaciones masivas a lo largo del año 2009 que culminó en una marcha multitudinaria el 15 de octubre de ese año que cerró la autopista Las Américas. Sin embargo, otro elemento quedó al descubierto: el sectarismo y la fragmentación del movimiento obrero que impidió crear un frente único de lucha en contra de las políticas neoliberales y que se evidenció al final de la marcha cuando se dividió en dos tarimas. Fue una situación ideal para el sector patronal que promovía las políticas contra las cuales se protestaba.
En los años siguientes se profundizó la división y con ella la debilidad del movimiento obrero. La economía, también, de maneras complejas, propició esta debilidad. Los sindicatos más fuertes -en tamaño y militancia en aquel momento- organizaban trabajadores y trabajadoras de corporaciones públicas y del gobierno central de Puerto Rico. El despido masivo de empleados, la privatización y la subcontratación de servicios redujo las filas de los grandes sindicatos militantes y provocó inadvertidamente la sustitución -en gran medida- de la movilización y la militancia por costosos e ineficaces procesos legales complejos.
El descenso en la participación electoral desde el 2012, tanto a nivel porcentual como a nivel de votos absolutos, ha sido dramático. Evidentemente, el grueso de esa reducción corresponde a sectores que antes pertenecían o apoyaban a los partidos tradicionales. Entre el 2008 y el 2016 el PNP perdió poco más de un tercio de su apoyo electoral. Para los mismos años, el PPD perdió poco más de una cuarta parte de su apoyo electoral.
Respuestas electorales a la crisis
Este panorama complejo tendría cierta expresión electoral en la búsqueda de nuevas opciones para retar al bipartidismo. En el 2008 se creó un nuevo partido, Puertorriqueños por Puerto Rico, con una plataforma que dejaba a un lado el tema del estatus para concentrarse en otros, como el tema ambiental. Sin embargo, los resultados electorales para nada reflejaron la intensidad de la militancia en la calle -que se mantuvo firme a pesar de todos sus problemas. Entre el PPR y el PIP, obtuvieron alrededor de 93 mil votos, es decir, el 4.8% del voto total.
En el 2012, un acto insólito ocurría para los televidentes que seguían los debates de los candidatos a la gobernación: se encontraron a seis personas debatiendo. Además del bipartidismo, del PIP y del PPR, participaron en estas elecciones por primera vez el Partido del Pueblo Trabajador y el Movimiento Unión Soberanista. El PPT fue producto del esfuerzo de un diverso grupo de militantes sindicales, socialistas, ambientalistas y feministas que entendían necesario un espacio de política progresista que pudiera acoger a toda persona, independiente de su posición sobre el estatus de Puerto Rico, que compartiera un programa antineoliberal. Esto, sin embargo, y a diferencia del PPR, sin dejar de ver el estatus como un problema clave de la crisis de Puerto Rico y sin dejar de propulsar un mecanismo para resolverlo (la Asamblea Constitucional de Estatus). El MUS, por otro lado, era un partido que, si bien tenía un programa político definido, ponía el acento sobre la soberanía de Puerto Rico, así trató de atraer a los soberanistas descontentos del PPD y a los independentistas no afiliados o que no apoyaban al PIP. Si unimos todo el apoyo recibido por los partidos fuera del PPD y el PNP, vemos que recibieron casi 83 mil votos, es decir, 4.5% del voto total. El descontento político, en su expresión electoral, se mantenía en los márgenes. El abstencionismo, por otro lado, iba en aumento.
En el 2016 el cambio se dio de manera paradójica. El PIP y el PPT permanecieron como opciones electorales, pero se inauguraron dos candidaturas independientes, el dueño y empresario Manuel Cidre y la abogada Alexandra Lúgaro, algo también insólito en la política puertorriqueña para la candidatura a la gobernación. Se podría decir que estas candidaturas independientes respondieron, más que a la crisis económica y social, a la situación política, a la crisis del bipartidismo, a cierta “crisis de dirección” o “mala administración”. Por eso, el énfasis en candidaturas individuales (en lugar de colectivos) que criticaban indistintamente a los partidos, cuyas propuestas se limitaban a versiones variadas de cómo “administrar” el gobierno, concentrando su crítica exclusivamente al tema de la corrupción. Se atacaba, no las políticas neoliberales, sino la decadencia e ineficiencia de la administración bipartidista. Por primera vez, bajo esfuerzos políticos emergentes, se hablaba, además, a favor de la privatización, del despido de empleados, es decir, se presentaron propuestas económicas que el bipartidismo también impulsaba.
Las elecciones del 2016 requieren mayor análisis. Los resultados se presentan, hasta cierto punto, contradictorios. Una cosa, sin embargo fue clara: desde el 1968 no hubo tanto revuelo electoral alrededor de figuras emergentes. Entre Lúgaro y Cidre obtuvieron 266,000 votos, equivalentes a cerca del 17% del voto total. Si a esto se le suman los escasos votos del PIP y del PPT, vemos que cerca del 20% de las personas que participaron votó fuera del bipartidismo en la candidatura a la gobernación, posición que reviste la mayor importancia desde la óptica del gobierno colonial. Este aumento dramático en votos fuera de líneas bipartidistas se dio a la par con un aumento importante en la abstención electoral que también habrá que atender. Qué significa y cómo se manifiesta este rechazo al bipartidismo es algo que se tiene que estudiar cuidadosamente. ¿Cuánto de este rechazo es, también, un repudio de las políticas neoliberales? En todo caso, Ricardo Rosselló ganó con menos de 42% del total de votos. Es decir, ganó la elección con la misma cantidad de votos que obtenía quien perdía en las elecciones con márgenes más abiertos.
En la calle, y posterior a las elecciones, el país ha visto de manera esporádica manifestaciones masivas como muy pocas veces en la historia. El Primero de mayo de 2017, con el impulso de una huelga sistémica en la Universidad de Puerto Rico, reunió a decenas de miles de personas para protestar contra el gobierno neoliberal de Ricardo Rosselló y contra la Junta de Control Fiscal. De ahí en adelante, el Primero de mayo será una actividad masiva y que cuenta con mucha presencia de sectores más allá del movimiento obrero. El Huracán María demostró que la incapacidad del gobierno del PNP para gobernar provocó la muerte de cerca de cinco mil personas. El verano de 2019 vio las manifestaciones más grandes en la historia de Puerto Rico y demostró la capacidad que tiene el pueblo. El potencial de las movilizaciones para cambiar el gobierno -si así lo desea- está presente en la conciencia colectiva del País.
Este panorama inestable y posiblemente novedoso en la política puertorriqueña parecería continuar en el ciclo electoral 2020. El PIP se presenta, dentro de su discurso tradicional, con un aire algo rejuvenecido. El Movimiento Victoria Ciudadana viene a aglutinar toda una serie de colectividades y figuras, unidas bajo un programa, la Agenda Urgente, abiertamente antineoliberal, que se opone a la privatización, que se propone enfrentar a la Junta de Control Fiscal y detener el pago de la deuda y que cuenta con el apoyo de una base sindical importante desde su construcción. Su figura más conocida, Alexandra Lúgaro, ahora dentro de un espacio colectivo con un programa progresista, continúa siendo muy popular en sectores importantes de la juventud. La tendencia abstencionista, por otro lado - tanto en su versión politizada como en la despolitizada - muy probablemente continuará en aumento.
¿Cómo responde el bipartidismo ante todo este panorama?
Lo que se juega en estas primarias partidistas
Desde el marco amplio de la crisis que vivimos, estas primarias importan, francamente, muy poco. Ninguna de las opciones para la gobernación de ambos partidos tradicionales da indicios de que puedan transformar la lógica neoliberal engranada en los partidos; ninguna de las opciones parecería poder retar la tendencia al empequeñecimiento y eventual desaparición de los partidos tradicionales; ninguno tiene energía para darle nueva vida a esas estructuras. La pregunta, más bien, viene a ser: quién puede aguantar la sangría por más tiempo. Desde fuera del bipartidismo, desde sectores progresistas, lo que más interesaba, por otro lado, eran las pugnas internas.
Resultados electorales y primarias del Partido Popular Democrático
Es la primera vez desde su fundación, hace 82 años, que celebra primarias para la gobernación, aunque han celebrado primarias para otros puestos. La última contienda importante fue en el año 2016 para la posición de Comisionado Residente, entre Héctor Ferrer, ya fallecido, y Ángel Rosa, año en el que participaron 160,132 electores en las primarias populares. En vista de que en esta ocasión por primera vez en su historia está en juego la candidatura a la gobernación -posición más importante del gobierno- el PPD estimó que la participación en sus comicios internos rondaría los 200,000 electores. Habrá que ver si después del fiasco primarista es capaz de lograrlo.
Las grandes brechas en los resultados electorales son producto de la crisis actual cuyo origen identificamos, como hemos dicho, en el año 2006. Entre el 2004 y el 2008, el PPD perdió 162,000 votos. Aunque recuperaron 67,000 votos para ganar las elecciones en el 2012, esa cantidad todavía es menor a la que obtuvieron en el 2004. Luego del gobierno de Alejandro García Padilla, en el que se aprobó la Ley 66 -una versión light de la Ley 7 igualmente antiobrera- en el que se completó la privatización del aeropuerto (iniciada bajo el gobierno de Luis Fortuño) y en el que hizo también crisis la deuda pública, el PPD se encuentra herido de muerte. Entre el 2012 y el 2016 tuvo una pérdida de votos todavía más dramática: casi 282,000 votos. El PPD reiteró que era tan antiobrero e ineficiente como el PNP. Si antes había un titubeo, ya no hay duda alguna: el PPD presenta la otra cara de la misma moneda neoliberal del PNP. La diferencia entre ambos partidos, más allá de la defensa colonial del ELA, es cuestión de matices.
En el PPD, la contienda a la gobernación enfrenta a tres candidatos: Eduardo Bhatia, Charlie Delgado Altieri y Carmen Yulín Cruz. Eduardo Bhatia es, de los candidatos, quien mejor representa los intereses del gran capital: favorece la privatización de la Autoridad Energía Eléctrica, es bonista-acreedor de la AEE, es uno de los promotores más fieles de la lógica neoliberal en Puerto Rico. Charlie Delgado, conocido por ser alcalde del municipio de Isabela, uno de los pocos con superávit en años de crisis, se presenta con un discurso de “buen administrador”, una especie de barrendero moral que viene a limpiar la casa. Es, quizás, la figura más ambigua del PPD; en ocasiones, se presenta explícitamente como oponente de las políticas de privatización; en otras, se alía con figuras conservadoras desprestigiadas como José Nadal Power. En términos de derechos humanos y civiles, todo indica que será presa fácil del cabildeo neopentecostal, fundamentalista y conservador. Se presenta como otro político oportunista que se posicionará contra los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+ y de la comunidad trans.
Carmen Yulín Cruz, hasta cierto punto, se distancia de sus contrincantes. Discursivamente, trae un programa en contra de las políticas neoliberales, en contra de la privatización y a favor de la inversión pública. Eso lo articula como un “regreso” a los orígenes programáticos del Partido Popular Democrático, por lo que es quien más hace alusiones a su historia. Se presenta de manera insistente como soberanista y se expresa a favor de la Asamblea Constitucional de Estatus. Por otro lado, y quizás precisamente por este apego a un pasado del PPD que idealiza y no problematiza, ha sido incapaz de romper con el partido, como algunas personas esperaban que hiciera en los pasados años. En la práctica, se presenta como una figura aislada dentro del PPD, que tiene que buscar apoyo fuera de él y fuera de sus figuras principales para triunfar. El discurso de las “alianzas” hasta cierto punto viene a esconder su aislamiento interno. A nivel de su administración municipal, además, lo que se aprecia es un aumento en la cantidad de servicios que privatiza, en abierta contradicción con su discurso. Sin restarle méritos a la extensión del derecho a la negociación colectiva a las empleadas y empleados municipales en su primer término en la alcaldía, se ha comportado en su segundo término como cualquiera de los peores patronos, lo que le ha ganado la oposición de organizaciones sindicales como la Unión General de Trabajadores y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras [6].
Resultados electorales y primarias del Partido Nuevo Progresista
A diferencia del Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista tiene una tradición de celebrar primarias para la posición de Gobernador. En todas las primarias a la gobernación en los pasados treinta años, con la excepción de la que se celebra este año, ha figurado el apellido “Rosselló”.
La participación en estos procesos solía ser alta. Como ejemplo, en las primarias del 2008 entre Pedro Rosselló y Luis Fortuño, participaron 751,000 personas. El PPD, en las elecciones generales, apenas recibiría 50 mil votos más que la cantidad de personas que participaron de las primarias PNP.
Fortuño, en el 2008, derrotó a Acevedo Vilá con 1 millón 25 mil votos. En el 2012, perdió con 884,775 votos. Esto es 141 mil votos menos que en las elecciones previas. Desde antes del 1992 el PNP no sacaba menos de 900 mil votos.
El PNP se encuentra dividido en dos bandos, uno representado por Pedro Pierluisi y el otro por el binomio Wanda Vázquez/Thomas Rivera Schatz. La pugna interna se manifiesta de dos maneras: qué intereses económicos representan y qué lado del PNP los sostiene. En última instancia, es una pelea interna entre contratistas: por ver quiénes guisarán del gobierno y de los miles de millones en fondos federales que aún quedan por venir luego de los desastres naturales. Pierluisi continúa siendo la apuesta del gran capital (financiero, mediático) ante las primarias internas del PNP. Exasesor de la junta, cabildero de los intereses de AES y de la quema de carbón y gas natural, es, en fin, todo lo que Eduardo Bhatia quisiera ser. El junte Wanda/Rivera Schatz, que habría que analizar con mayor detenimiento, aparenta tener fuerza en parte de la estructura del PNP, gracias a Rivera Schatz. Pero en términos generales, poco se distinguiría un gobierno del otro.
Los meses previos a las primarias
Las políticas neoliberales, por supuesto, se adentraron también en los procesos electorales de Puerto Rico. El presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones para el año fiscal 2020-2021 fue de $37.9 millones de dólares. Esta suma es similar a la que la Comisión recibía antes en años no-electorales, es decir, en años en que no se celebra ningún tipo de proceso electoral guiado por la CEE (sea una elección general, una primaria, un plebiscito). En el año fiscal 2016-2017, en el que ocurrieron las últimas elecciones generales, la CEE recibió $61.6 millones de dólares. Al contrastar estos dos presupuestos, la reducción recibida es casi del 38%.
Si el recorte del presupuesto general de la CEE es alarmante, más todavía la partida destinada a procesos electorales. En el 2016, la entidad contó con $40 millones para llevar a cabo estos procesos. La CEE destinaba casi dos terceras partes de su presupuesto para llevar a cabo procesos electorales. En el 2020, recibieron $9 millones, un recorte de 77.5%. Para las primarias locales de este año, la CEE había solicitado unos $13.4 millones de dólares. Recibieron $5.4 millones.
La reducción en el presupuesto, evidentemente, alarmó a la CEE, aunque sus mensajes han sido vacilantes a lo largo del año. Esto, aunque contradictorio, no deja de tener cierta lógica: para verdaderamente oponerse a la política de recortes neoliberales, tendría que desarrollar una oposición vocal tanto a la Junta de Control Fiscal como al bipartidismo, el promotor criollo a dos voces de los recortes presupuestarios. Pero esto iría más allá de la capacidad política de los funcionarios de la CEE.
El 18 de junio de 2019, el Presidente de la CEE, Juan E. Dávila, emitió un comunicado en el que explícitamente expresó que las primarias de ley no podían celebrarse “ya que en el presupuesto preliminar propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dicho dinero no está presupuestado” [7]. Un año después, poco había cambiado: el 22 de julio de 2020, la Comisión de Primarias le pidió a la Junta de Control Fiscal y a Natalie Jaresko “revisar el presupuesto y desembolsar los fondos necesario para que la CEE pudiera llevar a cabo los trabajos necesarios para la celebración de las primarias, de las elecciones generales y del plebiscito” [8].
Este panorama de recorte neoliberal se ensombrece aún más con la aprobación unilateral, autoritaria e irresponsable del nuevo Código Electoral por el PNP durante el verano del 2020. Bajo las excusas de siempre de reducir la burocracia (como ocurrió con las fracasadas consolidaciones de agencias), se eliminaron las Vicepresidencias y las Subsecretarías, no solo sacando del panorama a personas de vasta experiencia en procesos electorales, sino también a ojos vigilantes de los distintos partidos inscritos. Por otro lado, las plazas de directores de divisiones se convirtieron en puestos de confianza del Presidente de la Comisión.
Una semana antes de las primarias se celebró el proceso de “voto adelantado”. De las 21,500 personas que habían solicitado el voto adelantado, entre 6,500 y 7,000 no pudieron votar, según el estimado que ofreció el Comité de Campaña de Pierluisi (el único estimado que hemos visto en la prensa). Los problemas fueron adjudicados a la tormenta Isaías: “los vehículos con las papeletas y otros materiales salieron el mismo sábado, en lugar del día antes, como comúnmente ocurre. Además, en lugar de un vehículo por unidad electoral, se enviaron vehículos a repartir los materiales a varias unidades dentro de un municipio” [9]. La verdadera tormenta vendría la próxima semana.
El 9 de agosto de 2020
Al concluir la primera parte de este artículo, el panorama del caos del proceso de primarias del 9 de agosto -aunque ya previsible- no estaba del todo claro. Sabemos que la noche antes de la primaria, el Comisionado Electoral del PPD todavía afirmaba que faltaban 300,000 papeletas para la elección interna de su partido, que el domingo los maletines que se supone llegaran a las distintas unidades electorales no estaban listos, que las papeletas no llegaron a la mitad de las unidades, causando un verdadero caos procesal que desembocó - ilegalmente, pero ese es tema de otro artículo - en la posposición del proceso primarista para más de la mitad de la isla por primera vez en la historia.
Puerto Rico y su población, hasta ese domingo, solía confiar, en gran medida, en los procesos electorales coordinados por la Comisión Estatal de Elecciones. La veracidad o la importancia de esto se puede cuestionar. Pero la conmoción que causó en la población presenciar un proceso electoral fallido no se puede subestimar. Al respecto, plantearemos nuestra posición sobre dos elementos de esta jornada: la razón de ser del caos electoral y la respuesta política que debiéramos impulsar.
Según nuestro análisis, es importante señalar que el problema principal de la jornada del 9 de agosto recae sobre la imposibilidad de que el proceso que busca asegurar el derecho al voto se cumpla y se rija bajo los estándares más responsables posibles. Esa imposibilidad resulta como consecuencia de tres factores:
1) el mal funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones,
2) la pandemia de la Covid19 que ha obstaculizado aún más el funcionamiento en las distintas agencias incluida la CEE, y
3) la falta de fondos como resultado de las políticas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal.
La falta de fondos, aquí, nuevamente, es clave. Durante el día, hubo muchos casos de fraude: cajas de papeletas que se encontraron en escuelas -la ya famosa caja fugitiva de Utuado-, personas violando la veda electoral, proselitismo indebido en los centro de votación. Sin embargo, queremos recalcar que el fraude -que no ha estado exento de procesos anteriores- se exacerbó precisamente debido a la falta de control total que se tuvo del proceso electoral. Esta falta de control, volvemos, tiene mucho que ver con los recortes a los fondos de la CEE. De manera paralela a la que el financiamiento privado de las campañas políticas propicia la corrupción, la falta de mecanismos para asegurar los procesos propició el fraude en las pasadas jornadas. El día después de la jornada del 9 de agosto, el Presidente de la CEE reconoció que no tenía dinero para reanudar y darle fin a la primaria iniciada [10].
Como la crisis política del PPD y del PNP se relaciona de manera directa con la crisis económica que comenzó en 2006 y con la internalización del neoliberalismo, lo ocurrido el 9 de agosto, aunque nos haya sorprendido por la magnitud del caos, no deja de ser revelador. El impacto en la CEE de las políticas neoliberales promovidas por los partidos tradicionales y la JCF desplomó el proceso electoral de Puerto Rico, reducto de la pobre legitimidad institucional del ELA. No es más, por así decirlo, que el efecto mismo de las políticas que han implantado. No hay señal más clara de que el neoliberalismo conduce directamente al desgobierno, de manera intencional y como consecuencia directa de sus políticas.
Y, sin embargo, a pesar de lo claro de la señal, la gran mayoría del análisis político del evento lo ha dejado a un lado. Los analistas políticos liberales “más destacados” (Leo Alridge, Zoé Laboy, Ángel Rosa), precisamente porque provienen de los partidos que fueron incapaces de diseñar una ruta económica para sacarnos de la crisis son, a su vez, incapaces de reconocer en estos procesos las huellas de la crisis, mucho menos sus raíces. A los analistas de la prensa ni por equivocación se les ocurre relacionar el desastre "institucional" de hoy con las políticas neoliberales de recorte de fondos, de privatización y de despidos de empleados públicos. Es el típico acto que incluso gente progresista le aplaude a GFR Media y a sus portavoces: crítica firme ante el gobierno, silencio total ante las políticas neoliberales que impulsa el gobierno a favor de la clase capitalista y patronal y que los mismos medios apoyan deliberadamente.
En todo este panorama, un elemento importante es el siguiente: si vuelve a ocurrir un desastre en noviembre, se deberá, sobre todo, además de al mal manejo y mal uso de los fondos y la corrupción de los partidos tradicionales, a la insuficiencia de fondos provocada por las políticas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal. En ese sentido, aunque esto fue un proceso interno, puede ser un simulacro de lo que podemos enfrentar en el futuro cercano. Una última cosa: ¿a quién beneficia que la prensa critique a las instituciones y a los partidos principales sin relacionarlo con el tipo de economía política con el que se relacionan? A la clase capitalista y su ideología del mercado infalible.
Socialistas ante las elecciones
La posición general de Democracia Socialista ante las elecciones se publicó en esta misma revista hace algunas semanas [11]. Hay que señalar, sin embargo, algunos puntos sobre toda esta situación.
Sin tener esperanzas demasiado altas en los cambios que se puedan lograr exclusivamente a través de la participación electoral, mucho menos en un gobierno colonial, sigue siendo un escenario político que capta la atención de la mayoría de la población, incluso cuando decide abstenerse de las elecciones. Eso ocurrió el pasado domingo: a nadie le fue indiferente el proceso -aunque interno- de las primarias del PPD y del PNP.
El efecto del desastre de las primarias es múltiple. Profundiza la crisis del bipartidismo, al demostrar que los partidos tradicionales no son capaces ni de llevar a cabo sus propios procesos internos de selección de candidatos. Esto pudiera aumentar el voto para los partidos fuera del bipartidismo, aunque seguramente puede también desalentar la participación electoral.
Como socialistas, y partiendo también de nuestra posición sobre las elecciones, son varios los mensajes que hay que impulsar. En primer lugar, hacemos un llamado a que este desastre no desinterese a las personas de la política, sino que sea razón para continuar luchando contra el bipartidismo y contra las políticas neoliberales. Desde el punto de vista estrictamente electoral, esta lucha pudiera darse apoyando una abstención militante o apoyando a uno de los partidos con programas progresistas: el PIP o Victoria Ciudadana. En nuestro caso, promovemos el apoyo al Movimiento Victoria Ciudadana.
Una posible demanda de transición, que puede recibir apoyo popular, es una verdadera reforma electoral, que debe incluir una segunda ronda, alianzas políticas entre partidos y representación proporcional en los cuerpos legislativos. Como insistió Lenin, cada lucha a favor de adelantar procesos democráticos, no importa lo limitado, puede servir de motivación y experiencia para la clase obrera.
Pero, en segundo lugar, y más importante todavía, hay que llevar el mensaje de que el verdadero cambio político no se da (o por lo menos no de manera aislada) dentro de las instituciones políticas, sino en la lucha constante que las rebasa. A Ricardo Rosselló no se le sacó de la gobernación esperando a las elecciones, o cabildeando por un proceso de residenciamiento, sino gracias a las intensas y constantes movilizaciones en la calle. Si bien nuestra organización apoya la participación electoral en las elecciones del 2020, no lo hacemos para que las instituciones limiten la lucha política ni para que sustituyan la militancia, sino para desde estos espacios profundizar las contradicciones que ahora se aprecian, alentar a la movilización y a los cambios revolucionarios que cada día se hacen más apremiantes.
Notas:
[1] Sobre este proceso de eliminación, ver: Félix Córdova Iturregui, La eliminación de la Sección 936. La historia que se intenta suprimir, Publicaciones Gaviota, 2020.
[2] Se destacan los casos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Telefónica de Puerto Rico (PRTC).
[3] La política electoral en Puerto Rico ha estado organizada alrededor de las propuestas que cada partido presenta sobre la relación con los EE.UU. Sin embargo, el Partido Nuevo Progresista -defensor de la estadidad- y el Partido Popular Democrático -defensor del status quo- llevan más de 50 años alternándose en el gobierno, de los cuales los últimos 35 sus diferencias han cedido ante la agenda neoliberal.
[4] Hugo Delgado nota que, si bien el número absoluto de los votos del bipartidismo aumentaron previo a la crisis, el número porcentual de participantes de acuerdo a la población apta para votar se redujo dramáticamente desde el 2000. Evidentemente, la situación es compleja. Sostenemos, por ahora, que el punto de inflexión es la crisis económica y la profundización del neoliberalismo, pero en el futuro habrá que analizar con detenimiento estos datos. “La abstención electoral ya rompió el bipartidismo”, en Bandera Roja, https://www.bandera.org/la-abstencion-rompio-bi-partidismo/
[5] El señalamiento de esta coincidencia reveladora se la debemos a Iyari Ríos.
[6] Este último es una de las fuerzas sociales más importantes en la construcción del Movimiento Victoria Ciudadana.
[7] “Advierten primarias no podrán realizarse con presupuesto asignado por junta” . https://www.efe.com/efe/usa/puerto-rico/advierten-primarias-no-podran-realizarse-con-presupuesto-asignado-por-junta/50000110-4003670
[8] “Comisión de Primarias urge a la Junta de Control Fiscal revise presupuesto de la CEE”. https://www.foronoticioso.com/fn/comision-de-primarias-urge-a-la-jcf-revise-presupuesto-de-la-cee-para-sacarla-del-escollo-de-cara-a-las-primarias-elecciones-generales-y-plebiscito/
[9] “Wanda Vázquez y Thomas Rivera Schatz adjudican los problemas en la CEE a la tormenta”. https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/notas/wanda-vazquez-y-thomas-rivera-schatz-adjudican-los-problemas-en-la-cee-a-la-tormenta/
[10] “CEE no cuenta con dinero presupuestado para continuación de primarias”. https://www.elvocero.com/gobierno/cee-no-cuenta-con-dinero-presupuestado-para-continuaci-n-de-primarias/article_2010d300-db3e-11ea-a73e-ab3eeb440b20.amp.html?fbclid=IwAR3ZRXN0FmNackecqhiLvF8uRDqCKDzlng5ntPbbyzySH0FGGin9bC5_bOQ
[11] “Contribución al debate sobre las elecciones del 2020 en Puerto Rico”. https://www.momentocritico.org/post/contribuci%C3%B3n-al-debate-sobre-las-elecciones-del-2020-en-puerto-rico
Manuel Rodríguez Banchs es abogado, activista político y social. Es miembro de Democracia Socialista.
Jorge Lefevre Tavárez es miembro de Democracia Socialista y de la Junta Editorial de momento crítico.