Por Ángel Rodríguez Rivera
El pasado dos de junio de 2023, la Junta de Control Fiscal envió comunicación oficial al presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Ricardo Dalmau, y al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. En la comunicación la junta les deja saber que “el presupuesto propuesto por la Universidad de Puerto Rico para el año fiscal 2024 no cumple con el Plan Fiscal para la Universidad de Puerto Rico aprobado en el año 2021. Tal como fue certificado por la Junta”. A partir de este “incumplimiento” el organismo deniega a la UPR el desembolso de 20 millones de dólares del presupuesto del año fiscal que culminó este pasado mes de junio.
La junta establece tres elementos fundamentales que tienen que subsanarse para que la UPR acceda a esos fondos previamente asignados. Primero, establece la necesidad de que la administración universitaria modifique el sistema de retiro de la UPR de uno de beneficios definidos a uno de aportación definida tipo 401K. Segundo, requiere “una reforma administrativa” de la institución. Tercero, y no menos importante, la comunicación del organismo establece que el presupuesto para el año fiscal 2024 “no contiene proyección de reducción en la matrícula estudiantil”. Esas tres razones demuestran la antidemocracia deshonestidad, y mezquindad con la que trabaja la Junta de Control Fiscal en su intento de desmantelar la UPR.
El organismo es antidemocrático porque carece de toda legitimidad en el proceso político participativo en nuestro país. Su nombramiento es el ejercicio más burdo de poder colonial. Sin embargo, también es antidemocrática porque quiere imponer una restructuración administrativa en la UPR que no cuenta con el aval de la comunidad universitaria. Para la JCF nunca está contenido que la comunidad universitaria, representada en sus organismos deliberativos y las organizaciones sindicales, tengan algún tipo de participación en las modificaciones administrativas que se puedan llevar a cabo en la institución.
Es deshonesto en la medida en que, desde su llegada, han planteado que la UPR es importante para Puerto Rico pero han continuado su gestión de desmantelamiento de la Universidad. Cuando en la misiva al gobernador y a la junta de gobierno plantean que se contenga una reducción en la cantidad de estudiantes demuestran su desdén por la institución y su misión de ser una universidad democrática, ACCECIBLE, de calidad y pública. Mientras la comunidad universitaria y el país busca como allegar más estudiantes a la UPR, la junta exige la reducción. Es decir, quieren hacerla inconsecuente mientras reclaman su importancia. Eso es el epítome de la deshonestidad.
Es mezquina porque supedita el desembolso de fondos a una modificación de nuestro sistema de retiro que es innecesario y dañino para la institución. Beneficios marginales como el sistema de retiro y plan médico, entre otros, han sido históricamente una de las maneras de la UPR para reclutar el mejor talento. Ante bajos salarios se ha descansado sobre esos beneficios marginales. La eliminación del sistema de retiro, por razones ideológicas y sometiendo a la institución al chantaje económico es inmoral, carente de generosidad y nobleza. El sistema de retiro de la UPR es un derecho adquirido que ha funcionado y funciona bien. Su modificación solo beneficia intereses privados ajenos a la UPR.
Junta de Gobierno y gobierno de Puerto Rico, el desmantelamiento de la UPR es malo para el país. La JCF no tiene interés en la UPR. Háganle frente. La comunidad universitaria lleva años haciéndolo.
Ángel Rodríguez Rivera es profesor de sociología en la Universidad de Puerto Rico en Cayey y expresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesore Universitarios (APPU).