El aborto: las experiencias de las proveedoras y activistas
Como sobreviviente de violencia de género, madre, trabajadora social, doula de aborto y feminista, he conocido diversas experiencias de mujeres que me han convencido de ser firme con la defensa de servicios de salud a mujeres y la construcción de la resistencia desde todas las trincheras. Hay que reconocer que las mujeres son las expertas de sus historias, y que son ellas quienes deciden sobre sus vidas; es una de las lecciones que he aprendido como proveedora de servicios de apoyo y acompañamiento a mujeres pobres en situaciones de alto riesgo de letalidad por violencia doméstica, jóvenes sobrevivientes de actos lascivos y de otras manifestaciones de la violencia sexual. Mujeres que les tocó decidir sobre su salud sexual y reproductiva en los momentos más duros.
Esos son los casos que vemos todos los días desde los espacios de las organizaciones que brindan servicios a mujeres y sobrevivientes desde una perspectiva feminista mientras que el conservadurismo busca limitar el acceso a su derecho a decidir sobre sus cuerpos. En mis 12 años como trabajadora social, he acompañado a varias jóvenes que narraban su historia de dolor por haber sido agredidas sexualmente por su padre biológico; esos acompañamientos incluyen escucharlas, ser sensibles, protegerlas, denunciar al agresor, pero sobre todo, respetar la decisión de esa joven sobre su vida y su cuerpo . He escuchado a mujeres pobres que se recuperan de relaciones violentas y que tienen múltiples condiciones de salud que no les permite utilizar métodos anticonceptivos. Me dicen, por ejemplo: “estoy embarazada, voy a abortar por mi salud y no necesito que me convenzan de lo contrario, solo quiero que me ayudes a encontrar una clínica”. Así, existen muchas otras historias de dolor que he vivido de cerca con otras mujeres que no son mi familia, pero mi profesión y mi humanidad me han llevado a convertirme en un apoyo en los momentos más difíciles.
Los grupos antiderechos llevan décadas utilizando diversas narrativas para confundir, aumentar el miedo, perseguir, y acechar a las mujeres que deciden sobre sus vidas, al igual que sobre las personas proveedoras de aborto. Desde aquel 5 de noviembre de 2024 supimos que nos tocaría resistir aún más debido al fatídico desenlace de la contienda electoral, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Esta pasada contienda causó miedo a algunas personas, parálisis o shock a otras, y desilusión e impotencia en la gran mayoría de personas que nos consideramos progresistas. Al día de hoy reconocemos que muchas personas no han podido reaccionar ante la avalancha de ataques de la derecha trumpista y su contraparte puertorriqueña. Nos encontramos ante un momento en el que el miedo no nos puede paralizar; nos debe servir de impulso para establecer estrategias de resistencia que busquen unir esfuerzos que sirvan de soporte para las personas que en muchas ocasiones no tienen dónde canalizar su voz. Entre ellas, las personas migrantes, las mujeres, las juventudes, las personas de la comunidad LGBTIQ+, las mujeres negras, las que viven en pobreza, y todas las personas que viven en vulnerabilidad.
Durante este cuatrienio —como a finales del pasado— se ha concertado una narrativa por parte de las legisladoras antiderechos Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz, que buscan, o pretenden hacer entender, que las clínicas de terminaciones de embarazo no protegen a las jóvenes que acuden a recibir un servicio de salud esencial y regulado. Una de estas personas, que en el 2013 formó parte de grupos católicos que defendieron sacerdotes pederastas de la Diócesis de Arecibo, ahora alega preocupación genuina por las sobrevivientes de violencia sexual. Como mujer que fue criada en la religión católica con todos sus sacramentos, y como sobreviviente de violencia sexual, me indigna que se utilicen las vidas de las mujeres jóvenes como balón político para promover el odio hacia las defensoras de derechos humanos y para ganar ventaja política, a la vez limitando el acceso al aborto a las jóvenes que tienen el derecho a decidir sobre su estado de gestación. Le suma mayor hipocresía saber que las jóvenes que deciden llevar sus embarazos a término no están incluidas en esa ecuación de tanta preocupación.
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Sabemos que los grupos antiderechos quieren imponer sus criterios morales y religiosos por la vía legislativa, intentando difuminar aún más la separación entre el Estado y la Iglesia cobijada por nuestra Constitución. Así que, es importante que repasemos los principales estatutos legales que protegen nuestros derechos, incluyendo el aborto y aquel que sucede por motivo o producto de una agresión sexual. Primeramente, en 1980 el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce el derecho al aborto cuando atendió el caso conocido como Pueblo vs. Duarte Mendoza. Parte de lo discutido en este caso giró en torno a la interpretación del Código Penal vigente en ese entonces, donde los jueces determinaron que el criterio médico para realizar un aborto involucraba proteger la salud y la vida de la embarazada. Fue en este caso donde el término salud quedó interpretado como uno abarcador, que incluye la salud física así como la mental. En la actualidad, el término salud queda recogido en los Artículos 99 y 100 del Código Penal.
Y puesto que nos encontramos en terrenos del Código Penal, repasemos lo que este indica sobre las agresiones sexuales, específicamente en menores de edad, puesto que en el presente se encuentra en discusión un proyecto de ley que busca regular el aborto en menores. El artículo 130 del Código Penal establece los parámetros para lo que se cataloga como delito una agresión sexual de menores de edad según la edad y madurez suficiente. Por ejemplo, las personas de 15 años que sostienen una relación sexual se considerará como un caso de violencia sexual cuando la pareja le lleva cuatro años o más. En el caso de menores de 15 años a quienes la pareja no le lleva más de cuatro años y menores de 16 años en adelante, se considera que tienen la capacidad para consentir una relación sexual. Los casos de menores con 14 años o menos son catalogados como agresión sexual, indistintamente la edad de la pareja, por no tener edad suficiente para consentir una relación sexual.
Sobre el aborto en menores de edad, hay que enfatizar que todas las terminaciones de embarazo realizadas en las clínicas son hechas por médicas y médicos licenciados que practican según el criterio de su profesión. Adicional a ello, para el asunto de las menores de edad es importante destacar que cualquier persona que identifique un caso de posible maltrato, incluyendo violencia sexual (Ley 57. 2023), está obligada a reportarla a las autoridades. Es decir, que a cualquier persona en su carácter individual, profesional, de organización, agencia, hospital, oficina médica, clínica, escuela, iglesia, organización de bases de fe, entre otras, les aplica la ley por igual. Con esto quiero dejar claro que, independientemente de la decisión de la joven en continuar con su embarazo, no continuarlo o darlo en adopción- si tiene la edad y cuenta con los criterios antes mencionados-, es un caso que hay que reportar y donde enfoque principal la seguridad de esa menor de edad.
Reiterando, las menores de edad cuentan con sus derechos protegidos por ley, ya que:
Puerto Rico reconoce el derecho a la intimidad de las menores de edad y, como parte de ese estatuto, está protegido su derecho a practicarse un aborto sin necesidad de solicitar el consentimiento de la madre, padre o tutor. Solicitar el consentimiento parental es una excepción al derecho de patria potestad de las madres y padres. (Tribunal Supremo, Pueblo vs. Duarte)
Según la Ley de los Derechos y Servicios Médicos para la Mujer Embarazada, la Ley Núm. 27 de 1992, la mujer adolescente no necesita consentimiento de los padres para continuar un embarazo, recibir cuidado prenatal y de postparto.
En el caso del proyecto de ley que busca regular el aborto en menores de edad, el P. del S. 297, no está en entredicho que las jóvenes pueden consentir su tratamiento prenatal y posnatal sin autorización de las personas custodias y/o tutoras; el entredicho está cuando se trata del procedimiento de aborto. En entrevistas de televisión y de radio, hemos escuchado personas decir que las jóvenes deben parir porque hay un bajo porcentaje de natalidad, por lo que nos demuestran, una vez más, que la intención detrás es una maternidad forzada. Esto también lo constata el propio proyecto de ley, que aplicaría solo a la Clínica Iella y al Hospital Universitario en casos de menores que quieran abortar, pero no así necesariamente al resto de entidades que atienden a menores embarazadas. Es decir, si las leyes existentes aplican a cualquier persona y/o institución y realmente nos preocupan las menores en situaciones de violencia sexual, ¿por qué este proyecto no aplica también a los lugares que atienden menores de edad que llevan sus embarazos a término? Así es la política partidista y de los grupos antiderechos.
Entre el año 2017 y el 2020, 68 niñas menores de 15 años parieron. Un total de 1,457 jóvenes entre los 15 y 19 parieron su segundo, tercer o cuarto bebé. Cuatro jóvenes entre los 15 y 19 años parieron su sexto o séptimo bebé. No se ha visto legislación para atender esta situación, ni investigaciones para indagar qué hacen las oficinas ginecológicas, las escuelas, los médicos primarios, y los hospitales cuando reciben a menores embarazadas. En el estado de derecho actual, considerando el número de embarazos de niñas menores de 15 años, estarían obligados a referir dichos casos para investigación y protección. Cuando se trata de jóvenes de 19 años o menos con 6 y 7 embarazos, es evidente que al menos uno o dos de ellos los tuvieron a los 13 o 14 años. Además, ese número de embarazos puede reflejar un patrón de abuso sexual, según las voces de personas expertas en conducta humana y agresión sexual.
Estamos de acuerdo en que debe realizarse un análisis minucioso de las estadísticas de abortos de menores de 15 años o menos, pero el rigor que percibimos demuestra que hay un sesgo provocado por el rechazo al aborto y NO a las agresiones sexuales infantiles.
Profamilias, organización que dirijo, recibe a menores de edad para consejería sobre terminaciones de embarazos, incluyendo a menores de 15 años o menos, ya que contamos con un protocolo que activamos en estos casos para salvaguardar la seguridad y bienestar de la menor. Pero, si tiene menos de 15 años, el aborto es referido al Hospital Universitario, para que, como parte del protocolo de los “safe kits”, puedan realizar la muestra de tejido fetal, ya que dicha prueba no se realiza en nuestra clínica.
Por ejemplo, en el 2024 atendimos solo cinco casos de menores de 15 años donde la pareja no le llevaba más de cuatro años, y por ende no se constató que hubiese patrón de violencia sexual. Es decir, atendimos un 0% de casos de violencia sexual en menores de edad. Sin embargo, las estadísticas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres sobre la violencia sexual recopilan 1,209 de violencia sexual en todos los delitos relacionados. Eso demuestra que el problema de violencia sexual es un asunto de salud pública que no se atiende, o debería atender, solamente en las clínicas de aborto.
Como feminista, voy construyendo la resistencia diariamente desde cada espacio, sobre todo en ese en el que veo un equipo de trabajo excepcional garantizando salud, sensibilidad, confidencialidad, acompañamiento, y profesionalismo. Con cada participante, con cada revisión de protocolo interno, y con cada recepción y apoyo a menores de edad, e incluso simplemente existiendo, construimos resistencia. Pero esa resistencia amerita solidaridad, replicando el mensaje correcto y buscando que a todas las sobrevivientes de violencia sexual se les garantice un protocolo de atención adecuado en cada espacio del País. Solo así podemos ser consistentes con lo que decimos y defendemos. Para ello, debemos dejar el protagonismo atrás, pues no tiene prioridad: solo las mujeres y nuestras vidas -en colectivo- lo tenemos.