Zayira Jordán: crisis universitaria
Hoy estamos casi en la víspera de lo que debe ser una nueva etapa en los procesos de paros, manifestaciones indefinidas y huelgas estudiantiles, surgidas a raíz de la agudización de la crisis en la Universidad de Puerto Rico (UPR) bajo la presidencia de Zayira Jordán Conde. La presidenta agudizó la crisis al destituir a cinco rectores en medio del semestre académico, sin mediar evaluación alguna de su desempeño según sus propias declaraciones, por no gozar de su confianza para implantar sus planes para la UPR. Estos planes incluyen convertir a la universidad en una institución para carreras cortas vocacionales para satisfacer necesidades del mercado, eliminando su carácter de universidad de investigación, creación y servicio al país que la caracteriza.
No solo se trata de una presidenta impuesta por la gobernadora y la Junta de Gobierno de la UPR por encima del sentir de la comunidad universitaria (ninguno de los comités de consulta de los recintos la incluyó entre los candidatos recomendados, salvo el de UPR Aguadilla, que la colocó en el último lugar en su lista), sino también de una candidata que contaba con menos experiencia académica y administrativa que los demás aspirantes. Carece de trayectoria en investigación y publicaciones académicas, de experiencia en administración de instituciones universitarias con la complejidad de los recintos y del sistema de la UPR, de conocimiento de las leyes, reglamentos y los procesos de la institución que aspiraba a presidir.
Desde el propio proceso de consulta, incluyendo las entrevistas y vistas públicas, quedó en evidencia su escaso dominio de aspectos fundamentales de la universidad. La entonces candidata fue incapaz de responder preguntas básicas sobre la institución y tuvo que admitir que nunca había realizado investigaciones ni publicado en revistas arbitradas. Era evidente que no contaba con las cualificaciones necesarias para convertirse en la principal figura académico-administrativa de la UPR. Aún así, todo apuntaba a que su designación sería impuesta por la gobernadora, independientemente del proceso de evaluación y consulta, en función de consideraciones puramente político-partidistas.
Si su designación basada en su afiliación al Partido Nuevo Progresista (PNP) y no en criterios académicos-administrativos ya constituía una violación a la autonomía universitaria y al deber de la Junta de Gobierno de “representar el interés público velando por la protección de la Universidad contra intereses político-partidistas” segun establece la Ley Universitaria, sus primeros diez meses al mando de la UPR han profundizado la crisis institucional.
Su gestión ha sido nefasta. Ha descarrilado por completo el proceso de negociación colectiva de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU). Ha ignorado requerimientos directos de los recintos, de la Junta Universitaria y de la propia Junta de Gobierno. Viola los procedimientos parlamentarios a su antojo. No responde a cartas solicitando reuniones que le hacen las Juntas Administrativas para solicitar aumentos en el presupuesto asignado a los recintos. Continúa el deterioro de la infraestructura universitaria y la congelación de plazas docentes y no docentes. Aumenta el trabajo de los profesores que tienen que asumir tareas administrativas que no les corresponde y continúa la reducción de secciones de cursos y servicios al estudiantado.
La destitución de Zayira se ha convertido en el grito de guerra de este proceso huelgario, la punta de lanza para impulsar el logro de todos los demás reclamos del estudiantado y el resto de la comunidad universitaria. Hay que reconocer que en este proceso actual el estudiantado ha sabido muy bien presentar sus reclamos, que van mucho más allá de la remoción de Zayira. El estudiantado ha articulado con claridad la necesidad de restituir la fórmula del 9.6% de financiamiento para la UPR establecida en la Ley 2 de 1966 (no la Ley 1 como reiteradamente ha dicho Zayira sin nunca ser corregida por los periodistas que la entrevistan), razón por la cual respalda el Proyecto de la Cámara 1201, que propone un aumento escalonado del presupuesto de la universidad hasta restablecer dicho porcentaje en tres años y garantizar la solvencia y estabilidad financiera de la institución que le permita cumplir su misión. También incluyen, a diferencia de otros procesos huelgarios, un llamado claro y contundente de la necesidad de hacer cambios reales a la estructura de gobernanza universitaria, apoyando al Proyecto de la Cámara 880, radicado a petición de la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU), el cual propone un modelo de gobernanza basada en mérito, transparencia, rendición de cuentas y participación más amplia de la comunidad universitaria.
Luego de los distintos paros y huelgas en varios recintos, incluyendo dos paros estudiantiles en Río Piedras y el inicio de una huelga indefinida el pasado 27 de abril, el 4 de mayo se paralizaron los 11 recintos. Mientras Río Piedras y Mayagüez se mantendrán en huelga indefinida, Humacao, Bayamón, Carolina y Aguadilla comenzaron paros de 72 horas, Ciencias Médicas, Ponce y Arecibo sostuvieron paros de 48 horas y Cayey y Utuado efectuaron paros de 24 horas.
Ciertamente una huelga militante con gran participación estudiantil en los 11 recintos reclamando que se atiendan sus demandas sería un logro significativo de este proceso y evidenciaría lo enajenada que está la presidenta Zayira cuando dice que no hay crisis en la UPR, ni razones por las que debe ser destituida. Mientras ella continúa en un recorrido mediático, cada día se unen más voces, como quedó demostrado en la exitosa marcha multisectorial celebrada el sábado, 25 de abril de 2026. Esa movilización multisectorial representó un importante primer paso que ahora debe ampliarse e intensificarse, cada vez con más departamentos, facultades y senados académicos aprobando resoluciones a favor de la destitución de Zayira como primer paso hacia una solución al conflicto universitario. Asimismo, la movilización de docentes a Administración Central convocadas por senadores claustrales del sistema UPR el 30 de abril reunió alrededor de 120 docentes que demostraron que están dispuestos a movilizarse en apoyo a la salida de Zayira, y que expresaron su apoyo a la transformación de la gobernanza, al restablecimiento de la fórmula del 9.6% y al estudiantado movilizado. Aunque en la reunión de la Junta de Gobierno no se pudo presentar una moción de destitución de la presidenta, al final se indicó que la Junta se reunirá para considerar los documentos sometidos por los senadores y senadoras académicas y en esa próxima reunión pudiera culminar con la moción de destitución.
Ante el inicio de paralizaciones en todos los recintos, resulta aún más importante fortalecer la movilización multisectorial y el apoyo al estudiantado en los portones. En este contexto, la posibilidad de una asamblea nacional universitaria multisectorial debería, al menos, considerarse. Del mismo modo, mantener activos los espacios de coordinación multisectorial surgidos durante la organización de la marcha del pasado 25 de abril es fundamental para facilitar una articulación más ágil entre los distintos sectores.
La propaganda de la presidenta en los medios noticiosos es intensa y extensa, participando en varios programas de radio y televisión diariamente y los medios cubriendo cualquier cosa que haga o diga. Sin embargo, las redes sociales han servido para visibilizar el amplio respaldo al estudiantado en huelga. Un ejemplo reciente fue el abucheo masivo contra Zayira y Miguel Muñoz la noche de las competencias de porrismo de las Justas Interuniversitarias el primero de mayo. Las imágenes de esto fueron compartidas ampliamente en las redes sociales y luego por medios noticiosos. En ese contexto, mantener informado al público sobre los reclamos estudiantiles, la situación real de los recintos y el sistema UPR y desmentir inmediatamente a la presidenta tan pronto se expresa debe ser una prioridad del estudiantado en huelga.
Igualmente, hay que desmentir las expresiones de rectores y otras autoridades en los recintos cuando indican que hay certificaciones que permiten la transición a clases virtuales cuando hay paralizaciones o huelgas. En algún momento sí existieron disposiciones de ese tipo, pero posteriormente fueron derogadas por la Junta de Gobierno luego de que la Junta de Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico (la JIP) advirtiera que esa práctica podría poner en riesgo tanto la licencia de operación de la UPR como sus procesos de acreditación. El señalamiento respondía al hecho de que los cursos aprobados bajo modalidad presencial no podían trasladarse de manera generalizada a formatos virtuales sin que ello estuviera contemplado formalmente en las licencias institucionales correspondientes. Asimismo, la posibilidad de ofrecer hasta un 25% de un curso de manera virtual representa únicamente el máximo permitido bajo ciertas disposiciones académicas. Su utilización queda a discreción del profesorado, en el marco de su libertad de cátedra, por lo que ningún docente puede ser obligado administrativamente a impartir cursos de manera virtual.
Un análisis cuidadoso de los procesos de deliberación, de las decisiones tomadas, de su ejecución y de la presencia estudiantil en los portones debe ser lo que guíe el accionar de la comunidad universitaria ante los días tan cruciales que comenzaron este pasado lunes, 4 de mayo. Ya es evidente que las asambleas estudiantiles convocadas por el Consejo General de Estudiantes han sido conducidas ejemplarmente y felicitamos a Dyamar Cruz por su gran liderato como Presidenta del CGE de Río Piedras.
No obstante, la última asamblea también dejó evidente algunas limitaciones en los procesos deliberativos y de toma de decisiones al permitir la participación virtual de estudiantes que no estaban presencialmente en la asamblea. En varios momentos, esto facilitó la entrada súbita de cientos de estudiantes conectados únicamente para votar en determinadas mociones y luego salir de la reunión, sin incorporarse posteriormente a la ejecución de las decisiones aprobadas en asamblea. Esa experiencia obliga, al menos, a reconsiderar la necesidad de que sea el estudiantado reunido presencialmente el que delibere y tome este tipo de decisiones.
Por otra parte, la experiencia en los portones durante los dos paros y la actual huelga evidencia el compromiso sostenido de unos pocos estudiantes que, admirablemente, han mantenido los portones cerrados durante una extensa jornada. Sin embargo, esa realidad también expone el desgaste inevitable provocado por la falta de suficientes relevos para cubrir los largos días y noches en los portones. A mi juicio, también ha habido una mejora en la coordinación entre portones, particularmente en la distribución de suministros, la coordinación de seguridad y en la organización de charlas ofrecidas por profesores y otras personas en los portones. Las reuniones que comenzaron el pasado jueves 30 de abril de un Comité de Diálogo entre el comité negociador del liderato estudiantil y la rectora interina son un paso positivo. Aún así, hay que asegurarse que la información sobre el resultado de cada reunión llegue a todo el estudiantado lo antes posible luego de cada reunión.
La relación del Consejo General de Estudiantes (CGE) y el movimiento estudiantil en general es compleja, como ha sido siempre en las huelgas estudiantiles. La Asamblea Estudiantil convocada por el CGE toma las decisiones sobre si se va a huelga o no, o si se levanta la huelga, pero la implantación de esas decisiones la hacen los estudiantes en los portones, tomando decisiones entre asambleas estudiantiles mediante plenos estudiantiles. Sabemos que el estudiantado antes de los paros no estaba organizado. En muchas facultades, no existían comités de trabajo dedicados sistemáticamente al trabajo organizativo, de educación, propaganda y de movilización en preparación para un proceso de paro y huelga. Sin embargo, recientemente sobre la marcha se han hecho adelantos. Me enteré de un ejemplo. Un compañero estudiantil de la Facultad de Ciencias Naturales me contó que cuando se hizo una asamblea de estudiantes en la Facultad de Ciencias Naturales previo al primer paro, apenas fueron 20 estudiantes. Posteriormente, se llevó a cabo un pleno informativo en esa facultad y asistieron 65 estudiantes, augurando la posibilidad de mejora en la organización por facultades.
Algo similar pude observar en las charlas y actividades realizadas en los portones. De las charlas que ofrecí sobre la reforma universitaria, la mayor asistencia fue la organizada en el portón de Naturales, seguida por la del portón de Humanidades (el portón principal del Museo) y luego las de los portones de Sociales y Educación. El jueves, 30 de abril asistí a una charla en el portón de Educación sobre la desobediencia civil que contó con una alta asistencia y un ambiente con mucho ánimo y bien organizado. La participación en otras actividades como las charlas que di en Sociales y en Educación, fue considerablemente menor.
La incertidumbre vivida entre el viernes, primero de mayo, y el sábado, 2 mayo, ante la posibilidad de una intervención policiaca en el recinto evidenció que todavía no existen planes de contingencia claramente definidos para la enfrentar ese escenario. Hay necesidad de dar a conocer cuál es el llamado del estudiantado a quienes apoyamos si ocurriera la entrada de policías al recinto. ¿Se convocaría una movilización al portón principal, al Jardín Botánico o la Fortaleza? ¿Se llamaría a una asamblea al día siguiente? ¿Quién asumirá la responsabilidad de realizar esas convocatorias? Estas son preguntas que no deben improvisarse en medio de una crisis. Es indispensable contar con un plan claro y previamente discutido para esa posibilidad.
Finalmente, está el origen de la Política de No Confrontación (PNC), que es implementada a través de una Junta Coordinadora de Seguridad (JCS) y que la APPU y otras organizaciones fortalecen convocando a la Junta Coordinadora de Seguridad Extendida. La PNC surge como respuesta a los violentos enfrentamientos ocurridos durante las intervenciones policiacas en las manifestaciones estudiantiles y huelgas de las décadas de 1970 y 1980. Tras la huelga de 1981, la creación de la JCS fue recomendada en el Informe Final del Comité Pro Mejoramiento de la Seguridad del Recinto (Certificación Núm. 81, Año Académico 1985-1986, del Senado Académico). Posteriormente, se estableció mediante carta circular del 10 de mayo de 1988 bajo la Rectoría del Dr. Juan R. Fernández con el propósito de ser instrumento permanente de tolerancia y respeto dirigido a resolver conflictos y de proteger y mantener la Política de No Confrontación. El rector Fernández convocó a un comité encargado de coordinar con los distintos sectores universitarios las acciones concertadas que se realizarían en el recinto, de manera que pudiera garantizarse la libertad de expresión sin enfrentar problemas de seguridad.
La JCS está compuesta por
Un (1) representante de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND)
Un (1) representante del Sindicato de Trabajadores (STUPR)
Dos (2) representantes estudiantiles, electos por Consejo General de Estudiantes
Un (1) representante de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)
Un (1) senador claustral, electo o electa por y entre los Senadores Claustrales del Senado Académico.
El Decano de Administración
El Decano de Estudiantes
Un (1) representante de la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad (UBOS)
El Procurador Estudiantil (invitación permanente)
El Director de la División de Seguridad y Manejo de Riesgos (DSMR), quien tendrá voz, pero no voto.
Con el tiempo, la Política de No Confrontación también incluyó mecanismos para permitir la entrada al recinto de investigadores y estudiantes envueltos en proyectos de investigación que requieren atención contínua. El objetivo era evitar interrupciones que pudieran provocar la destrucción o pérdida de proyectos desarrolladas durante años, así como impedir que estudiantes graduados vieran afectados sus trabajos de maestría y doctorado. Para esos casos, se elaboran listas de personas autorizadas a entrar al recinto, las cuales son coordinadas entre la JCS junto al sector en huelga. Dichas listas se mantienen en los portones acordados para verificar si la persona que solicita acceso está autorizada. La PNC también contempla la prohibición de la entrada de la policía al recinto, excepto en circunstancias extremas. La Certificación 62 establece lo siguiente:
“Al ocurrir una emergencia cuya magnitud no pueda ser atendida con los recursos internos disponibles, el Rector procederá a solicitar ayuda a las agencias gubernamentales pertinentes. Tal y como establece el Reglamento de la Oficina de Seguridad, la Policía de Puerto Rico solamente podrá entrar al recinto cuando sea llamada por el Rector. Se recurrirá a la Policía de Puerto Rico cuando los recursos de seguridad internos sean insuficientes para atender una serie de delitos como agresión, robo, daños a la propiedad y obstrucción al mantenimiento esencial. Antes de llamar a la Policía de Puerto Rico el Rector deberá consultar a la Junta Coordinadora de Seguridad, excepto en circunstancias extraordinarias (por ejemplo, tiroteos o actos terroristas) en que lo anterior no sea posible”.
No obstante, los detractores de la PNC lograron incluir en esa certificación que la política actual “Establece como condición una Universidad abierta con sus labores ininterrumpidas”. La pregunta fundamental es cómo las autoridades universitarias garantizan esa condición y hasta dónde estarían dispuestos a permitir. El rector Fernández expresó que nunca permitiría la entrada de la policía al recinto y si la policía entraba entonces eso demostraba que ya su rectoría había fracasado y renunciaría. Igual lo hizo la rectora interina Carmen Haydeé Rivera cuando la huelga de 2017, donde se le indicó que tenía que llamar a la policía a que entrara el recinto y ella se negó. En este contexto, es indispensable que la actual rectora interina se exprese y clarifique cuál será su posición ante una posible intervención policiaca.