Por Yanira Reyes Gil
Todos los años más o menos para esta época hacemos una reflexión sobre el año que se acaba, las cosas buenas, las metas logradas, los sinsabores, las tristezas. Casi siempre hacemos una listita de las cosas que queremos para el nuevo año, metas personales o profesionales, compromisos con una misma. Es como una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Este año no debe ser distinto. Hay muchas cosas que lamentar, porque la verdad es que este 2020 nos dio bien duro. Pero como siempre, tenemos cosas que soñar, tenemos cosas a las que mirar con esperanza. Además de la vacuna, la posibilidad de viajar, de compartir con familia y amistades, de los miles de abrazos que tenemos en remojo, hoy tengo esperanza de una nueva legislatura. Yo haré varias listas de deseos o “wish list”, la mayoría son privadas, esta la comparto.
Veo este esfuerzo como un documento vivo, una lista en construcción. Por nada pretendo que se convierta en agenda o meta última. Mi propósito es compartir unas ideas de lo que me gustaría ver en esta nueva legislatura. Lo divido en tres áreas principales: procesos internos y transparencia; descolonización y futuro político; género y derechos humanos.
Procesos internos y transparencia
Llevamos tanto tiempo con una legislatura tramposa y truquera que casi se nos hace normal. Los barriles de tocino, las dietas escandalosas, las ausencias de legisladores en procesos de vistas públicas, las aprobaciones de proyectos por descargue, la ausencia de participación pública, empleados fantasmas, son algunos de esos trucos o trampas a las que nos tienen acostumbradas. Una nueva legislatura podría realizar cambios para lograr mayor participación y transparencia. Menciono aquí algunas ideas para modificar esto:
Planes de clasificación de puestos y escalas de retribución
Debemos acabar con los premios legislativos para empleados de campaña, amigos del alma o familiares. Un plan de clasificación y retribución justo y público puede terminar o al menos aminorar esta práctica corrupta.
Contratación mediante convocatorias y decisiones públicas
Hemos visto un patrón de gobierno mediante la privatización de las labores públicas. Se contratan servicios externos para hacer labores públicas. De esta forma, evaden el cumplimiento del principio del mérito, las políticas gubernamentales de procesos administrativos, de compensación o retribución o incluso de discrimen en el empleo. Tanto la legislatura como las agencias administrativas deberían tener procesos de contratación públicos y transparentes. No es suficiente que la Oficina del Contralor publique los contratos. Es necesario que se justifique la necesidad de cada contratación externa. Si existen empleados públicos que tienen asignadas esas funciones, entonces la contratación externa es innecesaria. Si lo fuese, que se haga pública la competencia.
Participación ciudadana directa
La ficción del sistema republicano de gobierno, la participación representativa, se ha desgastado. Son muchas las historias de piezas legislativas que se aprueban sin participación real de la gente. El Código Civil y el Código Electoral son los últimos ejemplos, pero la lista es larga. Por otro lado, tenemos proyectos impulsados por sectores de la población que ni siquiera son atendidos. Recuerdo aquí los proyectos de retiro digno para empleados públicos y la Universidad de Puerto Rico. Por eso, esta nueva legislatura debería establecer procesos reglamentarios que obliguen a permitir mayor participación ciudadana directa mediante vistas públicas amplias, consejos o comités de la sociedad civil para atender legislaciones sobre asuntos de mayor trascendencia, eliminación de la aprobación de medidas importantes por descargue y permitir la presentación de medidas legislativas por iniciativa ciudadana.
Descolonización y futuro político
Un proceso real de descolonización y autodeterminación debe ser inclusivo de todos los sectores e ideologías. Después de siglos de coloniaje, Puerto Rico se merece un proceso que cumpla con las normativas internaciones de autodeterminación y en el cual podamos ejercer este derecho humano que nos corresponde como pueblo. Ya está bueno de gastos electoreros para consultas amañadas que intentan empujarnos hacia la estadidad.
Asamblea Constitucional de Estatus
La Asamblea Constitucional de Estatus ha sido identificada por muchos sectores de nuestra sociedad como el mecanismo idóneo para llevar un proceso democrático de autodeterminación. El Colegio de Abogados y Abogadas, el Partido Popular Democrático en su plataforma del 2012, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y otros grupos seleccionaron este mecanismo como apto para permitir el debate y la discusión amplia. El ex presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Alejandro Torres Rivera dice sobre esto: “Mediante el método de asamblea, donde representantes de todos los sectores ideológicos del país converjan en un esfuerzo genuino de deliberación y negociación para acordar entre sí fórmulas de relación política futura con Estados Unidos sobre bases no coloniales y no territoriales, ya sea en la independencia, en la estadidad, en la asociación, o bajo cualquier otro modelo reconocido por el derecho internacional…”.
Frente a la Junta de Control Fiscal y la ley PROMESA
Si hay algo en el presente que nos limita en nuestro desarrollo y crecimiento y que es la representación más cruda de la dominación colonial es la ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. Son un freno a cualquier medida de desarrollo o de bienestar social. Nos impide tomar decisiones firmes que nos muevan a atender los asuntos de trascendencia y sacar a nuestra gente del hoyo económico al que nos han condenado décadas de mala administración y corrupción. PROMESA y la JCF en la práctica impiden la gestión legislativa y drenan nuestras finanzas. Es trascendental que esta nueva legislatura le haga frente a la Junta, que corte su presupuesto y no se deje intimidar por sus amenazas.
Auditoría ciudadana de la deuda
La crisis fiscal y económica que atravesamos se debe en gran medida a una deuda gigantesca. Esa deuda que supuestamente es de 70 mil millones de dólares es una deuda ajena, deuda injusta y deuda odiosa. Una deuda odiosa es aquella que se contrae sin que represente beneficio para la población o en contra de nuestros intereses y con la complicidad de los prestamistas o acreedores que imponen medidas de repago injustas y a sabiendas que no redundarán en beneficios para el pueblo. No podemos seguir a ciegas o pagar una deuda injusta. Es necesario y urgente que se establezcan los mecanismos que sean necesarios para lograr que se audite la deuda.
Género y derechos humanos
Si algo ha resultado claro en los últimos años es que en Puerto Rico no se respetan los derechos humanos de nuestra gente. La pobreza, la creciente desigualdad, la falta de acceso a la justicia y a los servicios esenciales, los inexistentes y corruptos procesos de recuperación, la inequidad de género, la violencia generalizada contra las mujeres y la comunidad LGBTTIQ+, el desprecio por la gente más vulnerable, son solo algunos de los asuntos urgentes que deben ser atendidos con premura. Hacer una lista exhaustiva de todo lo que hace falta es muy difícil. Menciono aquí solo algunas de las medidas que podrían llevarnos a tener un país un poco más justo.
Perspectiva de género en todas las políticas públicas
Por décadas las feministas hemos elevado una petición de que se instaure la perspectiva de género en la educación. El trabajo ha sido arduo y hasta logramos que se aprobara una carta circular para el Departamento de Educación. Se desarrollaron módulos educativos y se realizaron diversos talleres y adiestramientos. Y de momento y de golpe el gobierno PNP eliminó todo ese trabajo. Esto hay que rescatarlo. Nos urge. Además, debemos instaurar la perspectiva de género como principio rector de todas las políticas públicas para que cada decisión del gobierno sea tomada con esta mirada de justicia, esto debe incluir y no limitarse a: presupuestos, decisiones de contratación y subastas, medidas de seguridad y vigilancia, asignaciones presupuestarias para servicios de salud, protección y desarrollo, entre otros.
Estado de emergencia por la violencia de género
La violencia que vivimos las mujeres y las personas de la comunidad LGBTTIQ+ es insostenible. La medida que adoptó tardíamente la gobernadora es insuficiente. Este problema generalizado requiere actuaciones amplias de establecer prioridades en el manejo y protección de nuestra seguridad. Las compañeras feministas hicieron su trabajo, presentaron propuestas específicas y estuvieron dispuestas a sostener reuniones de trabajo con el gobierno para lograr consensos. Ahora le toca a la nueva legislatura buscar medidas que materialicen estos reclamos.
Retiro digno
Empleadas y empleados públicos hicieron una campaña exigiendo la aprobación de la Ley para un Retiro Digno (PC 2434). Luego de meses de negociaciones y actividades de protesta, la vieja legislatura no aprobó el proyecto. Este proyecto junto al 2572 (PC 2572), Ley para Sistema de Retiro de la UPR, representaba una medida para hacerle justicia a miles de personas que dedicaron su vida productiva al servicio público. La gobernadora no los incluyó en las sesiones extraordinarias que convocó. Estas medidas pueden ser consideradas por esta nueva legislatura.
Toques de queda y políticas de inmovilización
Las estrategias para detener el contagio del COVID-19 se han limitado a establecer políticas de inmovilización y control social. Los toques de queda y los bloqueos de tránsito laceran nuestros derechos de intimidad y movimiento. No conozco de ningún estudio o evidencia que demuestre cómo el toque de queda al que hemos estado sometides desde hace 9 meses adelante en nada la prevención del contagio. Son medidas de control social inmovilistas. No se justifican y son inconstitucionales. La vieja legislatura ha permitido que la gobernadora se atribuya un poder que no tiene. La nueva legislatura debe asumir su responsabilidad constitucional e implementar medidas salubristas y no punitivas.
Reformas constitucionales
El verano del ’19 nos dejó muchas lecciones. Una de ellas es que nuestra Constitución requiere reformas. Son muchas las áreas que necesitan cambios, no las mencionaré todas, baste con decir que las reformas deben movernos hacia una constitución basada en los derechos humanos, que permita participación real de la población y que nos lleve a un gobierno más democrático.
Ojalá este nuevo año nos traiga salud, una nueva legislatura y los abrazos que tanto extrañamos.
Yanira Reyes Gil es feminista y defensora de los derechos humanos. Se desempeña como profesora de Derecho. Es co-fundadora del Instituto de Estudios de Mujeres, Género y Derecho y forma parte de la Red de feminista de investigación y educación en género.