Por Maritza Maymí Hernández
(fotos de Maritza Maymí Hernández)
Alrededor de las manifestaciones que se han gestado en oposición a la construcción ilegal de las facilidades recreativas en el condominio costero Sol y Playa, durante el pasado mes de julio se organizó el Campamento Carey en la Playa los Almendros en Rincón. El fin ulterior del campamento: defender la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) tanto para la preservación del espacio de anidaje de dos especies de tortugas marinas en peligro de extinción, el carey (Eretmochelys imbricata) y el tinglar (Dermochelys coriácea), como para el disfrute colectivo, proclamado mediante la consigna las playas son del pueblo. Si bien es cierto que los reclamos de las y los manifestantes del campamento tienen cierta correspondencia con lo que se supone sea la política pública del gobierno de Puerto Rico, sus exigencias también expresan una conciencia ecológica y social que trascienden la lógica plasmada en la Constitución de Puerto Rico. Curiosamente, las acciones de diversos funcionarios del gobierno de Puerto Rico contravienen esa razón de gobierno.
El Artículo VI, Sección 19 de la Constitución proclama que será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Aunque de este pronunciamiento se desprende un principio propietario colectivo de los recursos naturales, pues estos deben ser conservados para el beneficio general de la comunidad, la lógica detrás de esta cláusula constitucional es utilitaria. Esta promueve el desarrollo y aprovechamiento exclusivo de esos recursos para el beneficio humano. Por tanto, le anima un espíritu conservacionista y no de una preocupación expresamente ecológica.
Aunque existen algunos puntos de encuentro entre el paradigma conservacionista y el ecologista, estos tienen marcadas diferencias. Tanto el conservacionismo como el ecologismo son posicionamientos sociopolíticos que pretenden salvaguardar los recursos naturales y los ecosistemas. Sin embargo, el modelo conservacionista parte de una mirada antropocéntrica desde la cual los recursos de la naturaleza deben ser cuidados para que otras generaciones humanas puedan seguir usándolos y disfrutándolos. El valor que el modelo conservacionista otorga al mundo natural existe en función de su utilidad y bienestar para el ser humano. Por su parte, el modelo ecologista parte de una ética sobre el respeto y el reconocimiento del derecho a existir de toda forma de vida. El posicionamiento sociopolítico ecologista pretende tanto el cuidado del medioambiente como construir una sociedad donde las personas puedan vivir en pleno equilibrio con la naturaleza y con los demás seres humanos. Bajo este posicionamiento sociopolítico y ético, el ser humano es parte de la naturaleza misma, no su propietario.
De ahí la gran diferencia entre la lógica que animó la declaración de protección ambiental que aparece en nuestra constitución frente al discurso que le da vida al Campamento Carey. Su solidaridad se vuelca no solo hacia el colectivo humano (que incluso se ha manifestado en la creación de una cocina comunitaria para preparar y brindar alimentos a todas las personas que allí se allegan), sino también hacia la vida silvestre de esa zona costera. De hecho, este segundo eje del discurso del campamento es el que parece tomar más predominancia cuando examinamos tanto sus consignas como las actividades educativas y creativas que allí se han gestado y continúan organizándose. Uno de los carteles creados durante las manifestaciones presenta la imagen de un carey con el mensaje: No destruyas mi hábitat.
Junto a proyectos como el Sea Grant de la UPR-Mayagüez y el Proyecto de Protección de Tortugas Marinas, entre otros, en el campamento se han realizado actividades de educación sobre la vida silvestre marina dirigidas tanto a adultos como niños y niñas. También se pone en práctica la recolección de desperdicios sólidos y su segregación entre material reciclable y no-reciclable. Además, se han establecido algunas normas de convivencia y de estrategia de lucha para las personas que habitan y participan de las actividades del campamento. En este sentido, el Campamento Carey prácticamente se ha constituido como un modelo de comunidad guiado por una genuina vocación por la educación popular, la solidaridad, la conciencia ecológica, el interés y el bien común, el respeto a la diversidad y la toma de decisiones en forma horizontal. A la pregunta de la Policía de ¿quiénes son los líderes del campamento?, la respuesta siempre es “el Pueblo” y “este campamento es de nosotros”; en ocasiones se ha escuchado también la expresión inclusiva “nosotres”.
Frente a la lucha del Campamento Carey, se contrapone una burocracia estatal que sistemáticamente subvierte la lógica conservacionista que anima la Constitución de PR y sus leyes de preservación de recursos naturales. Una burocracia que, en términos prácticos, niega la realidad de la crisis climática, y que claramente se alinea y alimenta los intereses económicos detrás de la terca insistencia en construir en un espacio que pertenece a la zona de dominio público y que también ya ha comenzado a ser reclamada por el mar.
Por un lado, la elevación de los niveles del mar como consecuencia de los efectos de la crisis climática y las fuertes marejadas ciclónicas que afectaron los litorales costeros de nuestro archipiélago han provocado serios problemas de erosión. Por otro, las insensatas prácticas de deforestación de manglares y de destrucción de dunas que por décadas se han impuesto en el país, en aras de “desarrollar económicamente” zonas con gran atractivo turístico y especulativo, también han sido detonantes de los problemas medioambientales que ahora vemos en nuestras zonas costeras. La destrucción tras los embates del huracán María de las facilidades recreativas que existían en Sol y Playa, y de otros complejos de apartamentos en ese vecindario, fueron resultado tanto de esas malas prácticas de “desarrollo económico”, como de la realidad de la crisis climática.
A pesar de esos serios problemas medioambientales, el poder del Estado ha sido sistemáticamente utilizado para perpetrar (a través de las políticas-económicas, la desregulación, y la disfuncionalidad de los protocolos de otorgación de permisos) y proteger (mediante el uso de las fuerzas policiales) una doble expropiación de un bien colectivo. Es una doble expropiación en tanto se enajena al Pueblo de Puerto Rico del disfrute de la playa, y a la fauna marina y costera de sus ecosistemas.
Por estas razones no cabe duda de que un burdo interés económico cortoplacista y especulativo es el que anima la obstinación de volver a construir allí. Cada día que pasa queda más claro el amplio y profundo esquema de corrupción contra el que se enfrenta el interés de defender un bien colectivo que pertenece tanto a la gente, como a las tortugas marinas, a los pelícanos pardos, a los cangrejos, a los almendros, a las uvas playeras y a toda la vida silvestre que allí habita. Pero también queda más claro aún la irracionalidad e insostenibilidad de la voracidad implacable en la que el capitalismo neoliberal, amparado por el Estado, destruye ecosistemas y vidas humanas tanto en nuestro país como a escala global.
El filósofo y poeta español Jorge Riechmann ha nombrado nuestros tiempos como la Era de la Denegación pues los llamados países democráticos -categoría a la cual nos adhiere la demagogia criolla- se vacían de sentido porque cada vez más se niega a los pueblos lo que desean. En nuestro entorno, las políticas de austeridad que han impuesto nuestros gobernantes desde inicios de este milenio y que cada vez se imponen con mayor furia -gracias a la Junta de Corrupción Fiscal- DENIEGAN el derecho a una vida digna en nuestro país y DENIEGAN el derecho a la vida de las especies silvestres. En otras palabras, me atrevo a añadir que la denegación es una práctica de DESPOJO, de EXPROPIACIÓN, que se vuelca contra los seres humanos y la naturaleza mediante las mañas del capitalismo tardío.
La lucha en Playa Almendros es tanto una causa por la Justicia Ambiental como un abierto enfrentamiento entre dos paradigmas de modelo de país. Por un lado, un modelo impulsado por las insostenibles prácticas del capitalismo, que se apropia y explota recursos naturales y humanos con el fin de promover la acumulación de riqueza. Un modelo político-económico que en su encarnación neoliberal ha despojado a la gente trabajadora de sus derechos laborales y de tener condiciones dignas de trabajo; a la niñez y a la juventud de un sistema de educación público y digno que le permita desarrollar plenamente su potencial; a la gente que laboró durante toda su vida, de las pensiones a las que tiene derecho; a todos y todas de tener acceso a servicios de salud sin importar nuestros recursos económicos; y de tener acceso libre y seguro para disfrutar de los entornos naturales de nuestro país. Un modelo que ha provocado la imposición y destrucción de unas naciones sobre otras; la destrucción de bosques y de glaciares; la contaminación de suelos, aire y cuerpos de agua; la desaparición de especies completas tanto en tierra como en el mar; y que a través de la profunda desigualdad que produce, provoca la muerte de millones de personas por falta de alimento y agua, de acceso a servicios de salud, y por las guerras que solo se libran en beneficio de corporaciones de producción de tecnología bélica, entre otros males. En fin, un modelo político-económico que es inherentemente dañino para la sostenibilidad de toda forma de vida en nuestro planeta.
Por otro lado, a este modelo se opone la propuesta de una sociedad anclada sobre la valoración de toda vida (sea humana o silvestre) y el desarrollo de prácticas que permitan habitar este espacio geográfico en equilibrio, armonía y solidaridad con la naturaleza y otros seres humanos, respetando la diversidad en todas sus vertientes. Un modelo de sociedad guiado por prácticas de toma de decisiones participativas e inclusivas que parten de un interés y bienestar común y en las que se asumen responsabilidades dentro de un compromiso de apoyo mutuo. Todo esto enmarcado en una práctica que busca conocer, analizar y evaluar para poder actuar.
Frente a una política pública que fomenta el despojo de bienes y derechos, Campamento Carey se presenta como un ejemplo reciente de una movilización de base y de una práctica política dirigida hacia la protección de bienes y derechos comunes, tanto para humanos como para otras formas de vida. La movilización sin violencia, con consciencia [1] de Campamento Carey puede ser un modelo tanto estratégico como discursivo de futuras luchas comunitarias puntuales en las que se intersecan las profundas desigualdades socioeconómicas que se han acentuado en nuestro país a raíz de la fuerte embestida del capitalismo neoliberal, con los retos y amenazas que presenta la crisis climática.
Nota
[1] Esta consigna emergió durante un momento de alta tensión que ocurrió ante la abrupta y sorpresiva incursión en la playa de un gran contingente de fuerzas policiales.
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Maritza Maymí Hernández es historiadora y miembro de Democracia Socialista.