Memorial sobre P. del S. 91 y P. del S. 123. Medidas para revertir la reforma laboral.

por Iyari Ríos González

Saludos a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico:


Gracias por la oportunidad ofrecida para expresarme sobre el P. del S. 91 y al P. del S. 123 que interesan revertir la reforma laboral aprobada mediante la Ley 4 del 26 de enero de 2017 y ampliar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras empleadas en el sector privado.


Puerto Rico atraviesa por una larga y profunda crisis económica y fiscal que inició en el 2006. Sin embargo, su origen puede ubicarse en la década de 1970 cuando el modelo de industrialización basado en la promoción de la inversión extranjera develó sus fisuras hasta colapsar 30 años después con el fin de la aplicación en el país de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de EEUU. Desde entonces, se manifestaron señales del surgimiento de una crisis económica estructural. Dichas señales fueron:


▪ desaceleración en el crecimiento en la producción

▪ elevada fuga de ingresos hacia el exterior

▪ mayor nivel de endeudamiento público

▪ bajas tasas de participación laboral

▪ altas tasas de desempleo

▪ aumento en emigración


Durante ese periodo se han adoptado diferentes medidas para menoscabar derechos laborales, protecciones en el trabajo y las condiciones de empleo y vida de las familias. Se ha aprobado legislación para tales fines, tanto para el sector público como para el sector privado. Entre ellas se encuentra la Ley 4 del 2017 titulada “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”.


La llamada Reforma Laboral impuso múltiples cambios al ordenamiento legal vigente en el país. Extendió el periodo probatorio, cambió la definición de horas extras, disminuyó las vacaciones, redujo el bono de navidad y flexibilizó los criterios para el despido justificado de empleados. Además, modificó normativas que regulan asuntos como la jornada laboral, seguridad en el empleo, compensación por accidentes y beneficios por incapacidad.


Esta legislación recogió un conjunto de recomendaciones realizadas en junio del 2015 en el informe “Puerto Rico: A Way Foward” producido por Anne Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe, economistas de profesión y exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los autores sugirieron medidas para atender la crisis fiscal e impulsar el crecimiento económico. Con tal fin, argumentaban debía fomentarse la competitividad y reducir los costos de mano de obra mediante unas reformas estructurales dirigidas a flexibilizar las leyes en el mercado de trabajo. Aseguraban que su resultado sería una tasa mayor de participación laboral y fomentar el empleo.


La Junta de Supervisión Fiscal entendía también que esas reformas estructurales debían adoptarse para poder fomentar una economía más competitiva y el crecimiento de la producción. En el corto plazo debía priorizarse en la liberalización y desreglamentación del mercado de trabajo, junto a reformas adicionales. El interés era, entre otros:


▪ crear un sector empresarial vibrante

▪ incrementar la tasa de participación laboral

▪ aumentar la mediana de ingreso familiar y reducir la pobreza

▪ disminuir la participación en los programas de asistencia social

▪ restablecer el crecimiento de la población en Puerto Rico


En mayo del 2017 publiqué un trabajo en el libro Comentarios a la Reforma Laboral 2017 editado por el Dr. Carlos Alá Santiago. El objetivo en dicho artículo académico era estimar el impacto en la compensación económica de un trabajador asalariado en el sector privado que podría tener la recién aprobada Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. En dicho análisis me limité a considerar exclusivamente el efecto que tendrían las modificaciones a los siguientes derechos: pago de horas extras, licencia de vacaciones, licencia de enfermedad y el bono de navidad. Además, establecí como supuestos que los empleados habían cumplido con el periodo probatorio y que trabajaban para un patrono con más de 20 empleados. Analicé el impacto en trabajadores con jornadas de 25, 30, 35 y 40 horas semanales y salarios de $7.25 por hora y $10.00 por hora. Según la estimación hecha, la reforma laboral tendría un impacto económico negativo en la compensación de los empleados que oscilaría aproximadamente entre $1,444 y $4,056 en un año, dependiendo de su salario y jornada laboral. Estas cifras representan entre $120 y $338 al mes. Dicho estudio permitió proyectar el deterioro que ocurriría en las condiciones de vida como resultado de esa ley, al demostrar que un empleado tenía más derechos, más beneficios y una mayor compensación económica que bajo la Reforma Laboral.


Este resultado parecía apuntar en dirección opuesta a los objetivos trazados por la legislación. Según su Exposición de Motivos, el interés del Gobierno de Puerto Rico era fijar política pública “dirigida a convertirnos en una jurisdicción atractiva para establecer negocios y crear oportunidades de empleo; fomentar el crecimiento en el nivel de empleos en el sector privado; y ofrecer nuevas oportunidades de trabajo a personas desempleadas”. Observemos qué ha ocurrido:


1. Producción y Población


De acuerdo con el Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador de Puerto Rico, el país ha experimentado un decrecimiento constante de la producción a partir del año 2006. Desde entonces, la economía se ha contraído -23.2%. La producción actual es similar a 1996. La Reforma Laboral no ha podido revertir esa tendencia, según se propuso por las autoridades. Con respecto al 2016, el Producto Nacional Bruto real experimentó una reducción de -8.80%.


El descenso de la población tampoco se ha detenido por la aprobación de la Reforma Laboral. El 2017, 2018 y 2019 presentan las mayores tasas anuales de pérdida de población desde que inició la crisis económica del 2006. La merma fue -2.15%, -3.18% y -1.99%, respectivamente. Este decrecimiento en la población no corresponde únicamente al proceso de emigración producto de la depresión económica -éxodo que se intensificó tras el paso del Huracán María- sino que, además, responde a que en esos tres años la tasa de crecimiento natural ha sido negativa por primera vez en la historia reciente del país. La población actual es similar a la de 1980.


2. Fuerza Laboral y Empleo


Junto a la disminución de la población se ha reducido tanto la fuerza laboral como el empleo. La merma en estos dos últimos indicadores ha sido mayor que el observado en la población. Mientras que la población descendió -16.24% entre el 2006 y 2019; en ese periodo de tiempo, la fuerza laboral y las personas empleadas disminuyeron -22.91% y -20.65%, respectivamente. Entre los años 2017 y 2020 dicha tendencia continuó; observándose, en términos absolutos, las menores cifras en la fuerza laboral y en el empleo desde comienzos de la crisis económica. De hecho, el nivel de empleo observado en el 2020 no alcanza el nivel del 2016, año anterior al inició de la Reforma Laboral.


La Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico realizada por la Oficina del Censo de EEUU, señala que el empleo en el sector privado creció 0.38% tras aprobarse la Reforma Laboral. Mientras, las personas autoempleadas aumentaron 7.36%, siendo el sector de más crecimiento (el crecimiento de este sector podría ser producto del deterioro del mercado de trabajo y posiblemente represente, en la mayoría de los casos, trabajos precarios e ingresos inestables). Sin embargo, tales incrementos no compensan la pérdida de empleos en el sector público observada en ese periodo, resultando, como señalé antes, en una pérdida de empleo en el país.


3. Promedio de Horas de Trabajo a la Semana y Distribución del Ingreso


Durante la crisis económica se ha reducido el promedio de horas de trabajo en una semana. En el 2005 las personas empleadas trabajaban en promedio 37 horas. El 2016 la cifra era 35.1. Tras la aprobación de la Reforma Laboral en el 2017, esa cantidad aumentó a 35.7 en el 2019. Ese incremento representa 36 minutos adicionales a la semana equivalente a 31.2 horas al año. En términos de ingreso, esas horas adicionales representan $4.35 semanales o $226.20 al año partiendo de la premisa de que el trabajador devenga por su labor el salario mínimo de $7.25. Dicho incremento en ingreso parece no ser suficiente para compensar por la reducción de su compensación por los cambios hechos por la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral.


La disminución de la jornada laboral ha sido una reivindicación histórica de los trabajadores (siempre y cuando se realice sin una reducción en la compensación que reciben por su labor). No obstante, en la coyuntura actual apunta a una realidad distinta: la precarización del trabajo. Dicha precarización recientemente se ha manifestado con más frecuencia en el pluriempleo. Un número creciente de personas recurren al mismo porque los ingresos que devengan en su trabajo principal es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Durante la vigencia de la Reforma Laboral, la compensación a empleados ha bajado -2.2%; mientras, simultáneamente, los ingresos de los patronos y los propietarios ha aumentado 6.4%. Esto ha sido un patrón durante la crisis económica.


4. Pobreza y Asistencia Social


Durante la década del 2010, entre 36% y 38% de los hogares en Puerto Rico participó en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Sin embargo, tras el paso del Huracán María, dicha cifra aumentó en el 2018 a 41.75% y en el 2019 a 43.21% equivalente a 505,952 hogares. En ese periodo de tiempo la tasa de pobreza de la población ha fluctuado entre 43% y 46%, pero en los últimos años se ha observado un aumento en la proporción de personas empleadas que viven bajos los niveles de pobreza.


El impacto ha sido proporcionalmente mayor para mujeres y para jóvenes menores de 25 años. Según la Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico de la Oficina del Censo de EEUU, las mujeres tienen una tasa de participación laboral y tasa de empleo más baja que los hombres. Presentan, además, una tasa de desempleo más alta y trabajan menos horas a la semana en un empleo remunerado. Como resultado, una mayor proporción vive bajo el nivel de pobreza. Por otra parte, las personas que son menores de 25 años tienen una tasa de empleo menor que la observada para toda la población, mientras que la tasa de desempleo es mayor de 30%. Dicho patrón se observó antes y después de la Reforma Laboral.


Conclusión


En conclusión, de acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal y los autores del informe “Puerto Rico: A Way Forward”, la flexibilización de las leyes laborales:


▪ impulsaría el crecimiento de la economía y la población

▪ incrementaría participación laboral, el empleo y los ingresos

▪ disminuiría la participación en los programas de asistencia social y reduciría la pobreza


Ninguno de esos objetivos se ha cumplido pues la población y producción continúa en contracción, la tasa de participación permanece próxima al 40% y no se observa aumento sostenido del empleo. La compensación de los trabajadores se ha reducido y los ingresos de los propietarios aumentado. Como consecuencia directa, el porciento de familias que vive bajo niveles de pobreza oscila consistentemente entre 43% y 46%, pero la proporción de personas empleadas que vive en tal situación ha aumentado los últimos años. Esa precariedad laboral impacta con más fuerza a las mujeres y a las personas jóvenes y ha provocado un aumento en términos absolutos y relativos en el número de participantes en el Programa de Asistencia Nutricional.


La crisis económica continúa y perduran las difíciles condiciones de vida para las familias. Resulta poco probable que aumente la producción, la participación laboral y el empleo precarizando el mercado laboral. En todo caso, es importante ofrecer incentivos a los trabajadores incrementando su compensación y promoviendo unas mejores condiciones de empleo y de vida. Por tal razón apoyo que se revierta la legislación laboral al estado de situación prevaleciente antes de la Reforma Laboral y se amplíen los derechos y las protecciones en el trabajo.


El sector privado debe apoyar esos esfuerzos pues se beneficiarán directamente de ellos. Mejores condiciones laborales conducen a una mayor satisfacción de las personas con su trabajo implicando mayor retención de empleados y productividad, entre otros beneficios para empresas. Además, las familias tendrán mayor poder adquisitivo que estimulará la demanda y la producción.


Hasta el momento, la legislación adoptada para deteriorar las condiciones laborales con el interés de estimular las empresas para aumentar la producción, la participación laboral y el empleo han resultado infructuosas. Esto incluye la Reforma Laboral y otras medidas similares que fueron implementadas los pasados años en contextos donde no hubo huracanes, terremotos ni pandemias. La reciente inyección multimillonaria de fondos gubernamentales para la recuperación permitirá atenuar la crisis económica, pero serán insuficientes si no se utilizan de manera adecuada y se promueven políticas económicas y laborales distintas a las prevaleciences, amparadas en principios distintos, que vayan dirigidos a promover el bienestar de la mayoría de la población.


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Iyari Ríos González completó sus estudios subgraduados en Geografía y Ciencias Sociales General. Además posee una maestría en Economía y un doctorado en Historia. Actualmente trabaja en el Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.