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Radiografía del movimiento obrero (III)

Por Democracia Socialista


Este escrito pretende ser una contribución a la lucha obrera en Puerto Rico. Es nuestro interés generar una discusión lo más amplia posible con sectores del movimiento sindical y con personas afines a la lucha y que reconocen que la construcción de un mundo mejor debe ser dirigida y organizada colectivamente y desde la perspectiva de quienes producen las riquezas. En ese sentido, es un documento abierto y sujeto a enmendarse y a ser mejorado, producto de esa discusión y debate al interior de la clase. La forma de resolver la crisis del movimiento está por discutirse y desarrollarse. Adelantemos el proceso para que la clase obrera pueda convertirse en una fuerza dirigente de la sociedad justa y democrática a la que aspiramos.


[Nota de la Junta Editorial de momento crítico: por la extensión del documento, dividiremos su publicación en siete partes. Se publicará una parte cada domingo por los próximos meses. En el futuro, se hará una edición del documento descargable como folleto.]


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Un derecho constitucional atenuado


La Sección 17 de la carta de derechos (Artículo II) de la Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho a organizarse y negociar colectivamente. Esa disposición señala que “los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar”. La Sección 18 reconoce, también, varios derechos de protesta importantes: “a fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales”.


A pesar de que el derecho a la organización sindical y a la negociación colectiva es de rango constitucional, la densidad sindical en Puerto Rico es muy baja. Esto responde a varios factores, entre los que se incluyen la ofensiva patronal en el sector privado y la gran cantidad de personas empleadas que no están cobijadas por una ley para ejercer el derecho a la negociación colectiva. La ofensiva patronal, tanto ideológica como represiva (sobre todo en el sector privado), ha dificultado la organización sindical aun cuando el aparato jurídico se supone que lo viabilice. Esta ofensiva, junto a las limitaciones que surgen de las propias leyes de sindicalización, explican la dificultad de sindicalizar a la clase trabajadora en distintos sectores del país. En la actualidad, el sindicalismo se encuentra en uno de sus peores momentos.


Aunque la lucha sindical rebasa lo legal, en gran medida las distintas maneras en que la ley permite que se asocien los trabajadores y trabajadoras dictamina maneras de organizarse y lo que se permite y no se permite hacer según las reglas establecidas. Las leyes de sindicalización, como casi todo en una sociedad dividida en clases, es una lucha incesante entre los intereses de la clase obrera y la clase capitalista, en la que la clase capitalista suele tener la ventaja. En una sociedad capitalista, la clase capitalista tiene el poder económico y político. El ordenamiento social responde esencialmente a sus intereses de clase, antagónico a los intereses de los asalariados y asalariadas. Además, se enfrenta a la clase obrera con todo su poder social concentrado como capital. En algunos momentos, sin embargo, se logran conquistas para la clase obrera a través de lucha y movilización. Las leyes que permiten a trabajadores organizarse en sindicatos son ejemplos de estas. Sin embargo, las leyes que se logran a menudo son triunfos a medias. En la mayoría de las ocasiones, incluso los triunfos de la lucha se dan bajo condiciones que debilitan su alcance. Las leyes laborales que permiten la organización laboral no son la excepción. Con frecuencia estas leyes limitan grandemente el accionar de trabajadores organizados. Limitan o regulan posibles acciones sindicales, como huelgas o acciones de solidaridad de unos sindicatos con otros, etc.


Es común que las leyes que permiten la organización sindical intenten dividir a la clase obrera. Los dividen entre sector público y privado, entre distintas industrias, e incluso dentro de una misma industria, dependiendo de la labor que realizan. Aunque la lucha sindical jamás se podrá reducir a lo que dictaminan las leyes en una sociedad capitalista, es útil conocer estos procesos y la manera en la que permiten organizar a la clase obrera para tener un sentido de la coyuntura actual del sindicalismo en Puerto Rico.


Las trabajadoras y los trabajadores en Puerto Rico se organizan al amparo de diversas leyes. En el sector público las que más se destacan son la Ley 130 de 1945 y la Ley 45 de 1998. La primera es bajo la cual se organizan las corporaciones públicas (además de algunos talleres privados), y que, dentro del contexto puertorriqueño, es la que mayor libertad de acción le da a la clase trabajadora, al permitir las paralizaciones de labores y las huelgas. La última le extendió el derecho a la negociación colectiva a las trabajadoras y trabajadores del gobierno central y de la rama ejecutiva, aunque prohibiendo las paralizaciones de labores. Las complicaciones que este contraste implica se discutirán más adelante en este escrito.


La mayoría de las trabajadoras y trabajadores del sector privado se organizan bajo la Ley Taft-Hartley, la ley federal de relaciones del trabajo. La Ley Taft-Hartley, aprobada en el 1947, representó en su momento un obstáculo a formas de lucha obrera que eran comunes en la época, como, por ejemplo, las huelgas de apoyo (huelgas de un taller o industria en solidaridad con las luchas que ocurrían en otras industrias). Esta limitación se entiende mejor cuando se recuerda la importancia que tienen las centrales obreras: la prohibición de huelgas de apoyo limita la acción que tienen las centrales obreras en las luchas particulares de cada sindicato. Otra ley bajo la cual se organizan en el sector privado es el Railway Labor Act, que regula las relaciones laborales de las líneas aéreas.


En ciertos casos, como es el de los/as empleadas municipales, no hay ninguna ley que establezca su sindicalización. Por eso, hasta ahora, el punto de mayor organización de este sector ha sido a través de organizaciones bonafides. Solo los/as empleadas de San Juan se encuentran sindicalizadas, dada una resolución aprobada por la Asamblea Municipal que reconoció al sindicato en su municipio.


Las leyes 134 y 139 del 1960 son las que permiten la organización de asociaciones bonafides. Estas leyes solo reconocen el derecho a los trabajadores a asociarse y a que el patrono les descuente una cuota para la asociación. No le reconoce a la asociación bonafide ninguna capacidad o derecho de negociación frente al patrono. La ley 134 aplica a empleados del gobierno central y la Ley 139 a los municipios.


Breve historia del sindicalismo en Puerto Rico


Aunque esta radiografía se concentra en ofrecer un cuadro o panorama de la clase obrera y el movimiento sindical para entender la coyuntura actual, es de ayuda tener una idea de lo que ha sido la historia del movimiento obrero en Puerto Rico. Para propósitos de este escrito, dividiremos la historia del movimiento obrero desde 1898 en seis (6) grandes etapas, cada una con sus respectivos cambios internos que responden a las transformaciones en la economía y en el movimiento sindical.


Estas seis etapas las hemos periodizado de la siguiente manera:

1898-1937

Época de la Federación Libre de Trabajadores (FLT)

1937-1947

Época de la Central General de Trabajadores (CGT)

1947-1969

Época de la sindicalización por invitación

1969-1975

Nuevo sindicalismo y el Movimiento Obrero Unido

1975-1998

Decaimiento de la organización sindical en el sector privado y el fortalecimiento relativo de la organización de empleados públicos

1998-presente

La Ley 45 y la profundización de políticas neoliberales

La primera etapa se caracteriza por el predominio en el movimiento sindical de la FLT. La segunda etapa, por otro lado, ve el surgimiento y desarrollo de una nueva Central Sindical, la CGT. La tercera etapa coincide con el periodo de creación y expansión política y económica del Partido Popular Democrático y del Estado Libre Asociado. La cuarta etapa responde al final de la hegemonía del PPD y al surgimiento de un nuevo sindicalismo más clasista y vinculado a la lucha independentista y revolucionaria. La quinta etapa corresponde a la crisis económica del capitalismo global y su impacto y profundización en Puerto Rico, al agotamiento del modelo económico en el país y al comienzo de las políticas neoliberales en Puerto Rico en la década del 80. La última etapa, que llega hasta nuestros días, incluye el periodo en que se aprueba la Ley 45 que provee el derecho a organización sindical a grandes sectores del gobierno central (aunque con limitaciones importantes). Sobre todo al final de la quinta etapa y durante toda la sexta etapa se intensifican las políticas de privatización de servicios esenciales. En la década del 90 se privatiza el sistema de salud, se dan dos intentos de privatización de la administración de la Autoridad de Acueductos y se intensifican subcontrataciones en importantes corporaciones públicas. En la sexta etapa se continúa con las políticas de privatización: se privatiza la Telefónica, el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, y más recientemente, en el 2020, la privatización del sistema de distribución y transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta sexta etapa incluye además la crisis económica y financiera de Puerto Rico, la crisis de la deuda pública del país, la imposición de la Junta de Control Fiscal y el proceso de reestructuración de la deuda pública del país en beneficio de los grandes bonistas.


Primer etapa dominada por la FLT


La primera etapa se inicia en el 1898 y abarca gran parte de la primera mitad del siglo XX [1]. Las primeras décadas del siglo XX y de la historia del movimiento obrero fueron dominadas por las distintas uniones agrupadas en la Federación Libre de Trabajadores (FLT), fundada en el 1899, y por su organismo político-electoral, el Partido Socialista, fundado en 1915.


La FLT, poco después de fundarse, se afilió a la American Federation of Labor (AFT), que seguía un modelo organizativo enfocado en obreros diestros. Aunque la FLT tenía una estructura gremial o artesanal pensada para centros urbanos y trabajo especializado, hizo importantes esfuerzos por expandirse a lo largo de Puerto Rico al hacer importantes campañas para organizar sindicalmente a los obreros agrícolas de la industria de la caña durante las primeras décadas del siglo, aunque siempre con estructuras de solidez intermitente [2]. El proceso de expansión y fortalecimiento de la FLT, particularmente durante la segunda y la tercera década del siglo XX, coincidió, a su vez, con la proletarización de Puerto Rico: las crecientes industrias azucareras y tabacaleras, unido al desplazamiento de los trabajos artesanales, aumentó el número de asalariados y, por lo tanto, determinó en parte la expansión de la FLT [3]. A su vez, Puerto Rico se convertía en un país más urbano, lo que unía a trabajadores en distintos puntos de las ciudades y facilitaba la organización de ciertas industrias [4].


Durante los primeros 15 años de dominación estadounidense, la FLT participó en la política del país de maneras distintas. Esos primeros 15 años vieron a la FLT participar como Partido Obrero Socialista en elecciones, brevemente participar en alianza con el Partido Unión, e incluso participar individualmente en distintos municipios del país, o a nombre de la FLT o bajo otro nombre político [5]. Posterior a los primeros años del siglo XX, a partir de 1905, la FLT llegó al entendimiento de que era necesaria la independencia política de la clase trabajadora. Es decir, la clase trabajadora debería tener sus propios vehículos de participación política, independientes de los partidos patronales. Solo así se podían defender y adelantar adecuadamente los intereses de la clase obrera. La FLT, sin embargo, llegó a conjugar esta posición con una de plena confianza en el Congreso de Estados Unidos, que supuestamente ayudaría a la clase trabajadora de la isla en sus luchas contra los patronos locales. Se conjugaba la independencia política de la clase trabajadora con la atadura a las instituciones burguesas coloniales. Esto representa sin lugar a dudas una fuerte contradicción al interior de la FLT, y del Partido Socialista. En Puerto Rico atacaban a los representantes locales del capital, pero tenían plena confianza y abrazaban las instituciones imperialistas del gobierno de los EE.UU. Esta contradicción los llevará posteriormente a formar alianzas con partidos burgueses en Puerto Rico.


Después de una victoria del Partido Obrero Insular en el municipio de Arecibo en noviembre de 1914, se decidió fundar el Partido Socialista. En la convención del Partido Obrero Insular, en la Iglesia Bautista de Cayey, el 21 y 22 de marzo de 1915, en medio de la celebración del 8vo Congreso Obrero de la FLT, se adoptó el nombre de Partido Socialista. La creación y el impacto del Partido Socialista y de su programa se hizo sentir, a tal nivel que los partidos de la época, tanto el Partido Unión como el Partido Republicano, se sintieron amenazados por la expansión de ese partido obrero [6].


Luego de un proceso ascendente de influencia política, el Partido Socialista en el 1924 empezaría un patrón de alianzas con los partidos patronales de la época, en particular con el Partido Republicano, con la creación de la Coalición Republicana Socialista en 1924, 1932, 1936 [7]. Aunque no se visualizó de esa manera, la alianza con los partidos burgueses representó un retroceso con respecto al principio de la independencia política de la clase obrera. Este proceso de alianzas políticas tuvo un efecto en la política sindical de la FLT, que en no pocas ocasiones promovió la política de "paz laboral" para no entrar en conflicto con los intereses patronales con los que ahora se vinculaba [8]. Esto llevó a un enfrentamiento inevitable entre la burocracia conservadora de la FLT (en el caso de Prudencio Rivera Martínez, llegó incluso a ser el equivalente en aquel entonces del Secretario del Departamento de Trabajo) y la militancia del movimiento obrero que se supone que representara. Durante la década del 1930, distintos conflictos al interior de la FLT vinieron a retar la creciente burocratización del liderato, aunque no fue hasta finales de esa década que la FLT enfrentaría retos sindicales importantes. La fundación del Partido Comunista Puertorriqueño en el 1934 vendría a formar parte de estos procesos. La huelga de 1934 en la caña marca un momento importante en el desprestigio y deterioro de la FLT al interior del propio movimiento obrero. La huelga portuaria de 1938, por otro lado, abre el camino al auge que tendría la CGT, y la influencia del Partido Comunista en la lucha sindical del país [9].


En Estados Unidos, nuevas estructuras sindicales vendrían a retar a la AFL, a la que estaba asociada la FLT. Se destaca la Congress of Industrial Organizations (CIO), que no solo dejaba atrás la visión de la organización por oficios para acoger la organización por industrias sino que también representó un sindicalismo militante en oposición a la burocracia obrera de la AFL. El ambiente de renovación sindical se encontraba en el aire.


Notas


[1] Paradójicamente, la invasión por parte de Estados Unidos aceleró la organización sindical, dado que se extendieron a la isla ciertos derechos logrados en una economía capitalista avanzada como la de aquel país. En las palabras de Gervasio L. García, "...en la antesala del 98 la clase obrera criolla estaba a punto de crear nuevas organizaciones de lucha. Con o sin invasión de los Estados Unidos era inevitable el surgimiento del movimiento obrero puertorriqueño pues solo faltaban la estructura y el nombre formales. Aún así, es evidente que el alumbramiento y el bautismo - pero no la gestación – fueron acelerados por la nueva dominación norteamericana". Gervasio L. García y A. G. Quintero Rivera, Desafío y solidaridad. Breve historia del movimiento obrero puertorriqueño, Ediciones Huracán, 1997, p. 29.


[2] Ver, al respecto, de Félix Córdova Iturregui, el libro Ante la frontera del infierno. El impacto social de las huelgas azucareras y portuarias de 1905, Ediciones Huracán, 2007.


[3] Ver: Capítulo III, "El crecimiento de la lucha económica y el surgimiento del Partido Socialista: 1920–1924", de Desafío y solidaridad. Breve historia del movimiento obrero puertorriqueño, Ediciones Huracán, 1997.


[4] "Entre el 1920 y el 1930 la población del país aumentó en 18.8%, pero en San Juan el aumento fue de 60.6%, en la ciudad adyacente de Río Piedras… el aumento fue de 180.4%; en Ponce, la segunda ciudad, fue de 27.5% y en la tercera ciudad, Mayagüez, fue de 93.8%". Desafío y solidaridad. Breve historia del movimiento obrero puertorriqueño, Ediciones Huracán, 1997, pp. 94-95.


[5] Ver, Carlos Quirós, “El 18 de junio en el calendario obrero”, Rumbo Alterno, https://rumboalterno.net/2021/06/el-18-de-junio-en-el-calendario-obrero/.


[6] Para una visión crítica del programa del Partido Socialista y su posición problemática con respecto a la cuestión colonial, ver, de Rafael Bernabe, Respuestas al colonialismo en la política puertorriqueña. 1899-1929, Ediciones Huracán, 1996, particularmente los capítulos IV y VII, "El reformismo colonial del liderato obrero" y "Comentarios críticos a la teoría de la lucha triangular"; y, de César Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico en el siglo americano: su historia desde 1898, Ediciones Callejón, 2015, pp. 94-100. Esta mirada presenta un contraste con la lectura, a nuestro modo de ver, demasiado generosa de A. G. Quintero Rivera ante el Partido Socialista en el tercer capítulo de Desafío y solidaridad.


[7] Ya en 1920 el Partido Socialista y el Partido Republicano habían realizado acercamientos pero determinaron que dejarían a discreción de las organizaciones a nivel municipal si se formalizaba algún tipo de acuerdo. En Ponce constituyeron uno. Se le conoció como El Ligao'. En el 1924 y 1928 se realizaron coaliciones entre socialistas y un sector de los republicanos (el menos vinculado con la industria azucarera) a nivel nacional. En 1932 y 1936 se formó una coalición republicana socialista cualitativamente distinta pues incluía al sector azcucarero. Triunfó en ambas elecciones


[8] Para más información sobre esto, ver: “El gobierno de la Coalición Republicana Socialista en Puerto Rico: los trabajadores y la política de la ‘paz industrial’, 1933-1940”, Iyari Ríos, Revista digital de la Escuela de Historia, Universidad Nacional de Rosario, Septiembre-diciembre 2020, https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/450/556.


[9] Ver, del Taller Formación Política, dos libros importantes de procesos huelgarios que vinieron a definir la década, tanto por el creciente desprestigio de la FLT y el proceso hacia un tipo de sindicalismo industrial distinto: ¡Huelga en la caña! 1933-1934, Ediciones Huracán, 1982, y No estamos pidiendo el cielo. Huelga Portuaria de 1938, Ediciones Huracán, 1988.

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