La eliminación de la Sección 936 y las elecciones del 2024: una reseña-comentario
“Una cosa es desear la estadidad y otra es defenderla y traerla. […] Digo esto porque la alegación de que el PNP es portaestandarte de la estadidad es una soberana tomadura de pelo. El PNP al igual que el PPD, lo que hace es vivir del poder y el cuento. Y es bueno que se sepa, que si se dejase sola La Palma, la estadidad no llegaría a este país en mil años.”—Luis Dávila Colón
El Nuevo Día
17 de enero de 1974
“Aquellos que nos han hundido más profundo en la crisis no son los que nos van a sacar de ella.”
—Ricardo Roselló Nevares
El Nuevo Día
12 de diciembre de 2015
Estas citas inician el libro La eliminación de la Sección 936: la historia que se intenta suprimir de Félix Córdova Iturregui, publicado por Publicaciones Gaviota. En ellas se resume la contención del autor cuya intención es desenmascarar la historia que se ha construido desde el poder sobre la derogación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de EE. UU.
El Gobierno de Puerto Rico —entonces bajo el control del Partido Nuevo Progresista (PNP)— apoyó por razones ideológicas esa decisión del Gobierno de EEUU. Querían atestarle un golpe al Estado Libre Asociado mientras, a su juicio, acercaban al país a la estadidad con dicha medida. Desde su perspectiva, la eliminación de la Sección 936 no impactaría negativamente la economía. La fe de las autoridades públicas en el mercado y en las políticas neoliberales les otorgaba esa confianza.
Sin embargo, una profunda crisis económica de naturaleza estructural comenzó en abril del 2006, pocos meses luego de terminar el periodo de transición de 10 años dado por el Gobierno de EEUU para hacer efectivo el fin de esa sección. Tal crisis contribuyó —junto a las políticas neoliberales— a la quiebra del Gobierno de Puerto Rico, la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal.
Tanto Pedro Rosselló González como Carlos Romero Barceló —quienes eran en aquel momento el Gobernador y Comisionado Residente de Puerto Rico y los responsables principales a nivel local de impulsar la derogación de la Sección 936— quisieron ocultar años más tarde el vínculo de la crisis económica, la crisis fiscal y la quiebra gubernamental con las posiciones asumidas en sus roles oficiales como representantes de Puerto Rico ante EE. UU.
Félix Córdova Iturregui realiza una minuciosa investigación para arrojar luz en torno a los acontecimientos y motivaciones políticas que condujeron a ese cambio de posición que tuvo el Gobierno de Puerto Rico con respecto a la defensa de la Sección 936 para avalar su derogación. En tal proceso señala a los responsables, las incongruencias en los argumentos elaborados y las contradicciones entre los resultados y los objetivos perseguidos por el Gobierno de Puerto Rico. Para tales fines utiliza alrededor de un centenar de fuentes primarias y fuentes secundarias tales como notas de prensa, informes gubernamentales y autobiografías de los principales protagonistas.
El libro se divide en 11 capítulos. En el capítulo inicial, aborda el deseo de Pedro Rosselló González por reescribir la historia. El primer intento se llevó a cabo a través de un libro que fue escrito por Rafael Cerame, su secretario de prensa mientras gobernó el país entre el 1993 y el 2000. Se tituló Pedro Rosselló: la verdadera historia y se publicó en 2003, un año antes de las elecciones donde Rosselló González retornaba a la política partidista como candidato a la gobernación por el PNP. En 2011, en medio de la crisis económica que inició inmediatamente después de finalizar el periodo de transición establecido por el Gobierno de EE. UU. para la eliminación de la Sección 936, continuó con su interés de construir un relato alterno mediante una entrevista que fue realizada por José Torres Montalvo de titulo Pedro Rosselló. Entrevista a un gobernador estadista-populista.
Siete años después, el exgobernador persistió en su objetivo al divulgar una autobiografía titulada A mi manera. Este libro se publicó después del Gobierno de Puerto Rico declararse en quiebra, aprobarse la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal por parte del Gobierno de EE.UU. y mientras Ricardo Rosselló Nevares —su hijo— era el Gobernador de Puerto Rico. Un año después este sería forzado a renunciar debido a las masivas protestas del pueblo por su gestión pública y expresiones realizadas en un chat del cual era miembro y en el que participó Rafael Cerame. Esfuerzos similares por ocultar la historia fueron realizados por Carlos Romero Barceló.
En el segundo capítulo se discute el primer intento de derogar la Sección 936 durante la Administración de Pedro Rosselló González. Ocurrió en 1993. En ese momento, las posiciones del Gobernador de Puerto Rico y Comisionado Residente en Washington, Carlos Romero Barceló, eran distintas. El primero defendía la permanencia de dicho incentivo contributivo a corporaciones. El segundo abogaba por su eliminación. Sus argumentos eran los señalados con anterioridad: golpear la espina dorsal económica del Estado Libre Asociado y acercar la estadidad para la Isla. Si Puerto Rico aspiraba anexarse a EE.UU. no podía tener un trato diferenciado en aspecto alguno y la Sección 936 era solamente posible por la relación política que tenía el país con la metrópoli. El Gobernador de Puerto Rico entendía —a mi juicio correctamente— que no se podía renunciar a la Sección 936 sin tener antes un proyecto económico alterno. Dichas posturas condujeron a relaciones tensas entre las dos principales figuras del PNP y proyectaron un gobierno dividido. Prevaleció, sin embargo, la posición del gobernador.
En los capítulos siguientes se discute el segundo intento para eliminar la Sección 936 bajo la Administración de Pedro Rosselló González. El programa económico del gobierno estaba claramente orientado por políticas neoliberales que colocaban al mercado como institución rectora para la toma de decisiones en la utilización de los recursos productivos y distribución de riquezas. El interés era forjar una economía que no se fundamentara únicamente en la actividad industrial y no dependiera de los incentivos contributivos. Se confiaba en la capacidad del sector privado. Mientras, simultáneamente, se rechazaba la función económica que había tenido el sector público. Este contexto —y la presión ejercida por Carlos Romero Barceló— permitió, entre otros factores, que la posición del Gobernador se acercara a la asumida por el Comisionado Residente.
Los capítulos finales del libro se dedican a discutir las implicaciones políticas y económicas de derogar la Sección 936, sin disponer de un plan alterno que ofreciera opciones hacia el futuro. Además, se aborda la necesidad de los protagonistas de falsear la historia con el interés de purgar su responsabilidad a la luz de los acontecimientos posteriores
La lectura de este texto es pertinente en la coyuntura actual. Algunos se preguntarán ¿cómo leer un libro que aborda eventos que ocurrieron en el siglo pasado y se publicó hace 4 años puede ser oportuno para entender procesos políticos, sociales y económicos que vivimos en la actualidad? El resultado de las elecciones celebradas hace unos días nos puede ofrecer algunas claves.
La motivación ideológica de los dirigentes novoprogresistas al apoyar la eliminación de la Sección 936 era atestar un golpe a la política que había sido sostén de la economía de Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado desde su nacimiento a principios de la década de 1950. A su juicio, el resultado iba ser acercar la estadidad al país pues apostaban a una mayor integración económica con EEUU mediante políticas neoliberales que fomentaran la reducción del tamaño del gobierno, la desreglamentación de los mercados y la privatización de los activos y servicios públicos. Apostaban a ampliar el espacio de acción del sector privado para que fuera el motor en la producción de riquezas.
Sin embargo, el resultado alcanzado en términos económicos y políticos fue distinto al proyectado. En términos económicos, y a partir de la derogación de la Sección 936 en Puerto Rico, ha ocurrido un proceso de desindustrialización que ha provocado una profunda crisis económica estructural que se manifiesta en la baja participación laboral, altas tasas de desempleo y emigración masiva. Simultáneamente, hemos observado una precarización del trabajo, mayor explotación laboral y una creciente inequidad en la distribución de las riquezas que ha provocado mayores limitaciones en el acceso a la vivienda, la educación y la salud, deteriorando las condiciones de vida en el país. Esto ha ocurrido mientras, paradójicamente, han aumentado las transferencias de fondos federales. Por lo tanto, para las mayorías sociales, el neoliberalismo no ha significado “libertad económica”. Al contrario, representa restricción económica limitando las posibilidades de vivir una vida plena.
En términos políticos, se ha observado un dominio electoral del PNP a través del Siglo XXI. Cuatro de los últimos cinco gobernadores han sido miembros de esa colectividad. Además, la Comisaría Residente la tuvieron bajo su control por 20 años consecutivos: del 2005 hasta el 2024. Consiguieron su objetivo de golpear al Estado Libre Asociado y al PPD derogando la Sección 936. El PPD —hegemónico entre 1940 y 1968— ha visto su apoyo reducirse de una manera dramática. Ha perdido desde el 2000 hasta el presente más de 745,000 votos para una disminución de 76%. Una proporción similar se aprecia en la merma de los votos íntegros. En términos relativos, durante dicho periodo de tiempo el apoyo a su candidato a la gobernación disminuyó de 49% a 21%. Inclusive, en las elecciones de este año, el PPD no ocupó una de las primeras dos posiciones en esta candidatura por primera ocasión en su historia. No obstante, aún conserva poder en los gobiernos municipales donde ha tenido el control de la mayoría de las alcaldías desde el 2012. ¿Por qué ese dominio en la esfera local no se tradujo en un apoyo a las candidaturas nacionales en el 2016, 2020 y 2024? En las elecciones de este año, por ejemplo, el PPD ganó 45 de las alcaldías; sin embargo, Jesús Manuel Ortiz, su candidato a la gobernación, no triunfó en ninguno municipio. Intentaré ofrecer una explicación —aunque sea parcial— más adelante.
El reciente dominio electoral del PNP, en cambio, no apunta necesariamente a su fortalecimiento. De hecho, al igual que el PPD, el apoyo ofrecido a ese partido presenta una tendencia decreciente. Sin embargo, al ser un partido con una mayor cantidad de militantes e ideológicamente definido, su proceso de desgaste ha sido más lento. Veamos los datos. En el 2008 Luis Fortuño ganó la gobernación con 1,025,965 votos. En 2020 Pedro Pierluisi asumió dicha posición con 427,016. En 12 años ese partido perdió casi 600,000 votos. Esta cifra es equivalente a una merma de 58%. En términos relativos, el apoyo al candidato a la gobernación del PNP se redujo de 53% a 33%, durante ese periodo de tiempo. En las elecciones de este año se observa un leve incremento en el voto que recibió la gobernadora electa, Jenniffer González. Su margen de victoria resultó ser algunos puntos porcentuales mayor de lo que esperaba —según el patrón en elecciones previas— y contribuyó a que el PNP asuma control en el próximo cuatrienio de la Asamblea Legislativa.
A mi juicio, tal desempeño se pudiera atribuir principalmente a tres factores:
el apoyo económico de sectores empresariales
a campaña de miedo que estuvieron promoviendo todos los partidos políticos en contra de la Alianza Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)-Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)
la adopción del voto útil por parte de sectores en los cuales surtió efecto esa campaña negativa
Estos tres factores se agudizaron según crecía el entusiasmo y la esperanza generada por la campaña de la Alianza PIP-MVC y generaba preocupación en determinados sectores sociales. Mediante el triunfo del PNP en la papeleta ejecutiva y la papeleta legislativa es muy probable que los principales beneficiarios de las políticas que promoverá el futuro Gobierno de Puerto Rico sean el sector empresarial y el sector religioso. No sería irrazonable esperar que esas políticas serán de naturaleza conservadora en lo económico y en lo social. Por tanto, podemos anticipar que desde la dimensión económica se intente continuar impulsando políticas neoliberales y de austeridad para favorecer los intereses de los empresarios y los dueños de capital en detrimento de trabajadores. Desde la dimensión social anticipo se intentará menoscabar derechos fundamentales presentando legislación como, por ejemplo, contra el derecho al aborto y posiblemente la comunidad LGBTQ+.
Algunos sectores en el país pudieran pensar que el triunfo del PNP en la Gobernación y Legislatura, y del PPD en la Comisaría Residente y en la mayoría de las alcaldías representa un detente en el proceso de desgaste que se ha estado observando en el bipartidismo. Sin embargo, no es el caso. Ha continuado la tendencia decreciente a nivel nacional en el apoyo electoral dado al PNP-PPD. En el 2012, el 95% de los votos emitidos para los candidatos a gobernadores fueron al PNP-PPD. En el 2016 esa cifra bajó a 80%. En el 2020 a 65%. En el 2024 apunta a que se reducirá a 60%.
Desde mi perspectiva, un elemento central en la constitución del bipartidismo es el apoyo a las políticas neoliberales o, como se ha querido llamar últimamente, políticas de “libertad económica”. Por esa razón, a mi juicio, Proyecto Dignidad forma parte de dicho bipartidismo neoliberal ya que su programa económico se orienta en tales principios y no representan un cambio en las políticas que —como bien señala Félix Córdova Iturregui en el último capítulo del libro que comentamos— han tenido una responsabilidad importante en la profunda crisis económica que hoy vivimos y en el deterioro de las condiciones de vida en el país. El Proyecto Dignidad, que surge principalmente como un desprendimiento de los partidos tradicionales de los sectores religiosos conservadores, entiende que el problema en lo económico no han sido las políticas neoliberales, sino su ejecución. Pero el apoyo a las políticas neoliberales o de “libertad económica” en sus varias manifestaciones se ha estado reduciendo pues si sumamos al PNP-PPD los votos obtenidos por Proyecto Dignidad vemos una merma en términos relativos de alrededor de 5 puntos porcentuales entre 2020 y 2024. En términos absolutos, la disminución es cerca de 150,000 votos. Tal cifra no debe menospreciarse.
Con respecto al estatus, el PNP y PPD tampoco han mostrado avances impulsando sus ideas. Incluso, algunos podrían argumentar que ha habido retrocesos. El Estado Libre Asociado se identifica por la inmensa mayoría en Puerto Rico como una condición colonial frente a los EE. UU. (con la excepción del Pablo José Hernández, recién electo Comisionado Residente por el PPD). Ya no se asume como condición descolonizadora, según se planteó en la década de 1950 en la Organización de Naciones Unidas. Las acciones en los pasados años del Gobierno de EE. UU. a nivel ejecutivo, legislativo y judicial así lo constatan. Tómese como ejemplo la Ley PROMESA. Por lo tanto, el PPD se ha quedado sin proyecto político y sin proyecto económico ante el país. Esta, a mi juicio, es una de las razones principales de la dramática merma del apoyo al PPD en sus candidaturas a nivel nacional; a lo que contribuyó el PNP apoyando se eliminara la Sección 936.
Según ha expuesto Félix Córdova Iturregui en el libro que estamos reseñando y comentando, uno de los objetivos trazados por el PNP al facilitar hace casi 30 años la derogación de la Sección 936 era acercar la estadidad para Puerto Rico. La evidencia disponible parece apuntar hacia un fracaso; a pesar del dominio electoral y el control que ha tenido este partido de las instituciones públicas en las últimas décadas. A partir de las administraciones de Pedro Rosselló en la década de 1990, todos los gobiernos anexionistas han llevado a cabo consultas de estatus con diseños diversos. Desde el 2012, la estadidad ha tenido el mayor apoyo en las cuatro consultas que se han hecho variando en cada una de ellas la tasa de participación entre poco más de 20% hasta casi 80% y el porcentaje oficial de votos obtenidos entre el 53% hasta el 97%. Sin embargo, cuando se compara los votos obtenidos con el total de votos emitidos en cada consulta vemos que el apoyo fluctúa consistentemente cerca del 45%, si no se realizan boicots como fue el caso del plebiscito el 2017. En 1993, la estadidad alcanzó el 46%. En 2024 tuvo 48%. En 30 años no ha habido adelantos.
A esto se añade que la aspiración de impulsar la estadidad que tenía para este cuatrienio el liderato del PNP —según le indicaron a los electores durante la campaña electoral— se ha desvanecido rápidamente pues el triunfo de Donald Trump como próximo presidente combinado con el dominio del Senado de EE. UU. por el Partido Republicano no augura avance alguno en tal dirección, a pesar de que la gobernadora electa y una buena parte del liderato legislativo entrante en Puerto Rico se identifican con esa colectividad en la metrópoli. De hecho, previo a las elecciones, la estadidad se eliminó de la plataforma de gobierno del Partido Republicano como un objetivo para Puerto Rico y, tras conocerse el resultado electoral en EE. UU., el dirigente republicano Mitch McConnell anunció que no se estarán admitiendo nuevos estados. Para muchos, tales eventos podrían ser fundamentos para plantear que la estadidad no solamente no ha avanzado, sino que ha retrocedido.
Pareciera ser que el objetivo real del PNP no ha sido lograr la anexión de Puerto Rico a los EE. UU., sino usar la estadidad como una mercancía que ofrece a cambio de votos para conservar el poder y administrar los recursos públicos para beneficio privado y de unos sectores sociales selectos. Muchos estadistas se han dado cuenta de esa realidad y han dejado de votar por ese partido para apoyar otras colectividades. Por ejemplo, en las consultas realizadas entre 1993 y 2012, el PNP sacaba una cantidad mayor de votos que la estadidad. Sin embargo, a partir del plebiscito del 2017, dicha relación se invierte y la estadidad obtiene un mayor apoyo que el que alcanza el partido. Como comenté antes, tal situación no sucede porque haya aumentado la simpatía hacia la estadidad (pues su apoyo no ha variado desde 1993). La relación se ha invertido porque ha disminuido de manera notable la confianza que tiene la ciudadanía en el PNP para administrar el gobierno.
Esta afirmación pudiera parecer paradójica justo cuando por primera vez en su historia el PNP logra controlar por tres cuatrienios consecutivos la gobernación. Sin embargo, ese dominio, insisto, no ocurre por un fortalecimiento del partido anexionista sino por un debilitamiento más acelerado del PPD —su principal rival histórico— y la necesidad de tiempo adicional para que adquieran mayor fuerza alternativas que se han presentado a la ciudadanía para ofrecer un cambio de rumbo al país.
No es casualidad que el bipartidismo haya empezado a perder fuerza aceleradamente en el 2016. Un año antes el Gobierno de Puerto Rico se declaró oficialmente en quiebra en medio de la crisis y tras la implementación por décadas de políticas neoliberales con el mercado como eje central. El neoliberalismo y la austeridad se intensificó con la aprobación por parte del Gobierno de EE.UU. de la Ley PROMESA y la creación de la Junta de Control Fiscal, que acentuó la relación colonial. Junto a estos procesos, hemos visto un aumento en la corrupción pública por los gobiernos de turno que también han generado gran malestar en el país con el PNP-PPD y la Junta de Control Fiscal.
Estos desarrollos ocurren en un contexto donde estos partidos no han tenido capacidad de elaborar un proyecto económico que sea capaz de atender las necesidades de las mayorías sociales del país. A esta situación se suma, que sus propuestas políticas en la relación de Puerto Rico con EE. UU. están desprestigiadas o, en el mejor de los casos, no avanzan. No extraña la crisis que atraviesan. Para el PPD, los retos aparentan ser mayores. Pero, el PNP enfrenta también unos grandes desafíos. Félix Córdova Iturregui nos invita a reflexionar en este libro sobre la viabilidad de la estadidad con políticas que minan instituciones públicas, limitan la base productiva, debilitan la economía, fomentan la pobreza y promueven en sectores desventajados la dependencia en fondos federales. La igualdad deseada por los anexionistas no se alcanza con la desigualdad.
La evidencia parece apuntar a que estos eventos han provocado, en términos absolutos y relativos, un crecimiento en el apoyo de la ciudadanía a vehículos que impulsan proyectos que aspiran a romper con el neoliberalismo y la austeridad mientras favorecen un proceso de descolonización. Juan Dalmau como candidato a la gobernación por la Alianza PIP-MVC logró sobre 370,000 votos y el segundo lugar con 33%. Dicha cantidad de votos es superior a la obtenida conjuntamente por el PIP y el MVC cuando acudieron de manera separada a las elecciones en el año 2020 (recordemos que en los comicios de este año bajó el voto de partidos con programas neoliberales). Además, este es el mayor apoyo que ha obtenido a ese puesto un miembro del PIP desde la fundación de dicho partido en 1946 y la primera vez que ocupa el segundo lugar desde 1952. La Alianza PIP-MVC obtuvo en 13 municipios la cantidad de votos más alta en la papeleta nacional que cualquier otro candidato a la gobernación. También es la primera vez que cualquiera de esos dos partidos logra elegir a legisladores por distrito, de acuerdo con los resultados preliminares. Además, la independencia tuvo en el plebiscito sobre 293,000 votos o 31%, la mayor cifra en tales consultas. Al sumarse con el resultado de la libre asociación supera los 400,000 votos o el 43%. Estos datos no consideran las papeletas en blanco o mal votadas que suman más de 180,000 o 15%, entre la cuales hay votos de personas que creen en la independencia que decidieron boicotear el proceso porque entendían que un plebiscito no es el mecanismo adecuado para atender la descolonización del país.
El resultado de estas elecciones ha generado beneplácito en el PNP pues lograron tener control sobre la Gobernación y la Asamblea Legislativa lo que les permite ejecutar sin impedimento su programa de gobierno. Mientras, en el PPD ha generado esperanza de que en el futuro se podrá revitalizar el partido pues retomaron el control de la comisaría residente que perdieron en el 2004 y mantienen una base de poder en los gobiernos locales dominando la mayoría de las alcaldías de manera ininterrumpida desde el 2012. Sin embargo, en el PNP-PPD también hay preocupación. Saben que continúa la tendencia decreciente del apoyo al bipartidismo y las políticas neoliberales. Mientras, aumenta la disposición de la ciudadanía a apoyar alternativas de descolonización que previamente no parecían ser una opción (a pesar de la agresiva campaña de miedo que se realizó). En la Alianza PIP-MVC también hay razones para celebrar y motivos para reflexionar con el interés de continuar trabajando para construir un país para todos y todas.
En La eliminación de la Sección 936: la historia que se intenta suprimir, Córdova Iturregui se acerca a eventos importantes de nuestro pasado económico reciente para, con su análisis, arrojar luz sobre las contradicciones políticas en los procesos de toma de decisiones que se llevaron a cabo y las posibles implicaciones futuras para esos partidos, principalmente el PNP, y para Puerto Rico. De esta manera, realiza una aportación importante a la literatura en torno a la Sección 936 al abordar el tema no desde las usuales coordenadas económicas sino desde referentes políticos en el sentido de política pública y, por qué no, también a partir de la política partidista en Puerto Rico. Se diferencia, además, de otros textos por su objetivo explícito de señalar algunos de los responsables de la profunda crisis económica y fiscal que atravesamos en el presente develando los intentos de ocultar la historia por sus protagonistas. Por tal razón, recomendamos su lectura en la coyuntura actual o, si ya leyeron el libro cuando se publicó, revisitarlo, pues los eventos recientes nos permiten abordarlo con una mirada distinta para comprender mejor el tiempo presente. Estamos en un periodo de transición. No sabemos cuál será el resultado final de ese proceso. Pero, en estos momentos, el interés de seguir construyendo un país para todos y todas, acompañado por la reflexión, permiten que la esperanza brille.