El sector privado ante la nueva política pública neoliberal (XI)

Por Félix Córdova Iturregui


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Tan pronto comenzó a manifestarse abiertamente la tendencia neoliberal del gobierno de Rafael Hernández Colón al comenzar el año 1987, las principales organizaciones empresariales dieron pasos decisivos para fortalecer la nueva dirección. Cuando Agosto Alicea anunció a comienzos de 1987 la formación del Consejo Económico Asesor ya destacados economistas, como José Joaquín Villamil y Elías Gutiérrez, habían comenzado a publicar artículos en la prensa sobre el tema de la privatización. No por casualidad ambos formaron parte del nuevo Consejo Económico Asesor del gobierno. Elías Gutiérrez presidió el subcomité sobre infraestructura, mientras Villamil presidió el de educación y recursos humanos.


Una vez creado el cuerpo gubernamental encargado de elaborar la nueva política pública, la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Asociación de Industriales de Puerto Rico organizaron, en abril de 1988, el Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado. El parentesco del nuevo cuerpo privado con el Consejo Económico Asesor del gobierno era evidente. Fue concebido como “un instrumento para contribuir al debate sobre los asuntos de política pública y de permitir un participación del sector privado en dicho debate” [1]. En menos de seis meses de fundado el Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado, ya había publicado la primera parte (Fase 1) de su informe final. Llama la atención que el informe fue preparado por Estudios Técnicos, presidido por José Joaquín Villamil, y Asesoría y Consulta Inc., presidida por Ramón Cao. Villamil era parte del Consejo Económico Asesor del gobierno y Ramón Cao formó parte del Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado. Los dos organismos, el gubernamental y el empresarial, estaban compuestos por representantes de la empresa privada.


La composición de ambos cuerpos tuvo una importancia muy reveladora. No hubo en ellos ninguna representación laboral o comunitaria, por ejemplo, ni de ningún otro sector importante de la sociedad. El dominio decisivo de personajes vinculados a la empresa privada estableció, desde el comienzo, cuál sería la pauta de la política neoliberal encarnada en la nueva política pública del gobierno. Por consiguiente, cuando se hablaba de debate no se pensó en un intercambio multilateral de ideas, con la participación activa de diferentes sectores sociales. El mencionado debate sería uno restringido, integrado por grandes intereses empresariales y la alta dirección del gobierno. La nueva política pública sería una de exclusiones significativas, sesgada abiertamente a favor de poderosos intereses de la empresa privada. El diálogo del que se hablaba en el documento de los empresarios era un diálogo cerrado, entre el gobierno y representantes del capital. Un diálogo que ya tenía el camino trazado: introducir en el gobierno la lógica del funcionamiento de la empresa privada.


La llamada contribución al debate de los organismos principales de los grandes intereses privados fue un espejismo. Entre políticos y empresarios ya habían formulado un plan de acción. El plan tuvo como objetivo colocar a Puerto Rico en el curso de las tendencias dominantes a nivel global. El Informe final. Privatización de los servicios públicos. (Fase 1) expresó, desde su comienzo, una conciencia clara sobre el neoliberalismo. “Es en la década de los ochenta cuando se registra una tendencia en numerosos países hacia el traslado al sector privado de actividades o empresas gubernamentales, así como la adopción de posiciones favorables a la privatización por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos desarrollos han influenciado el análisis sistemático del concepto y de sus posibilidades como instrumento de política pública” (i). La observación es muy reveladora porque el poder de la tendencia neoliberal tiene un poderoso arrastre y le sirve de guía al informe del sector privado para elaborar su estrategia de privatización. Se trata de un aspecto importante porque no es el análisis económico el conductor hacia la estrategia de privatización. Por el contrario, una vez la influencia de la privatización se dejó sentir en Puerto Rico, se recurrió al análisis para justificarla. De ahí el carácter mimético del neoliberalismo local y su inevitable dimensión colonial. Ahora bien, el mimetismo local no operaba en el vacío. Cuando tal influencia se dejó sentir con fuerza fue porque al interior de la economía de Puerto Rico operaban las tendencias económicas globales que propiciaban la política neoliberal. Me refiero a las poderosas compañías multinacionales que se habían instalado en la isla y continuaban haciéndolo bajo los estímulos contributivos de la Sección 936.


Aunque el Comité Asesor del gobierno expresó que la sección 936 no había ayudado a diversificar la economía y destacó su potencial de inestabilidad y mayor dependencia, reconoció que las compañías multinacionales habían colocado a Puerto Rico entre los países de mayor avance en desarrollo tecnológico a nivel mundial Por consiguiente, las técnicas empresariales coherentes con el desarrollo más avanzado de la productividad pertenecían a estas industrias. Además, en ellas se había formado el grupo de empresarios más vocales y efectivos del país. No podemos olvidar que el Consejo Asesor del gobierno reconoció una marcada diferencia entre la productividad en estas industrias globales y el sector industrial local. Por consiguiente, cuando se hablaba de privatización como componente clave de la nueva política pública debe tenerse en cuenta qué intereses del capital serían principalmente privilegiados.


El Consejo Asesor de Planificación Estratégica del Sector Privado y su perspectiva elaborada desde la posición de los sectores económicos de mayor productividad.


Una diferencia entre el Informe Final (Fase 1) presentado por el Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado y el informe del Consejo Asesor Económico del Gobernador consiste en que el documento del sector privado no hace ninguna mención crítica a la Sección 936. Por el contrario, la planificación estratégica del sector privado expuesta en su Informe Final adoptó la perspectiva de mayor productividad correspondiente a las corporaciones 936. Desde esta posición elaboró tres criterios importantes para justificar la privatización de servicios públicos: 1) aumentar la eficiencia; 2) asegurar la efectividad; 3) mejorar la calidad de los servicios. (xiv)


El contexto económico de crisis económica fue reconocido desde el comienzo y se asoció con un cambio estructural de la economía. “Con el cambio de la década del sesenta al setenta se torna evidente que la economía de Puerto Rico ha estado registrando un cambio estructural”. ¿Cuál fue la manifestación más evidente de tal cambio? Veamos qué dice la primera fase del estudio del Consejo de Planificación: “Puerto Rico registra una disminución en su capacidad para mantener las tasas previas de crecimiento en la producción y el empleo” (iv).


Si Puerto Rico registró en “el cambio de la década del sesenta al setenta” algún tipo de transformación estructural cuya manifestación fue una reducción de sus tasas previas de crecimiento en la producción y en la capacidad para crear empleos, el análisis debió centrarse en el sector privado, incluyendo su vínculo con el gobierno. El objetivo de Operación Manos a la Obra fue impulsar la industrialización porque con la modernización del país surgirían los empleos necesarios para salir de la pobreza. El proyecto histórico de industrialización tuvo un objetivo principal: la importación de capital privado estadounidense con el objetivo de crear los empleos necesarios para la población trabajadora del país. El dinamismo principal en la creación de empleos, sin lugar a dudas, le correspondió a la empresa privada.


De manera que si hubo una disminución en las tasas de crecimiento durante la década del setenta, el análisis económico debió centrarse en el estudio de la dinámica privada de la acumulación del capital. Sin embargo, el Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado no mostró ningún interés en orientarse hacia este objetivo. Ese no fue el enfoque utilizado porque no correspondía a la política neoliberal ya adoptada como estrategia. Por el contrario, en lugar de abordar el problema y someter a un análisis riguroso el desarrollo y la composición del sector privado de la economía, observando su vínculo con el sector público, para así dilucidar el nivel profundo de los cambios estructurales, el Consejo de Planificación Estratégica se limitó a exponer los lugares comunes de los síntomas de la crisis.


Al adoptar esta posición, produjo un análisis muy conveniente a sus intereses a corto plazo en perfecta coincidencia con la versión del gobierno sobre el desarrollo de su estrategia Hacia la segunda transformación económica. La convergencia analítica no debe sorprender. Al fin y al cabo, ambos documentos fueron productos de los mismos economistas. El análisis, como puede verse, no podía ser más sencillo. Vale la pena oír las palabras directas del Informe final (Fase 1):

"Ante la situación de reducción en las tasas de crecimiento del ingreso y el empleo, el sector público puertorriqueño reacciona aumentando su actividad tratando de estimular la producción y creando empleos. Este incremento en los gastos gubernamentales se financia en sus comienzos mediante emisión de deuda del gobierno central y, principalmente, de las corporaciones públicas" (v).


El documento continúa señalando que ya a mediados de la década del setenta se hizo imposible mantener este camino debido a la magnitud de la deuda acumulada. No obstante, con la crisis de financiamiento coincidió “un aumento en las transferencias federales al gobierno y a los individuos”, lo que permitió amortiguar durante un tiempo “los efectos adversos del cambio estructural en la economía local”. (v) La situación, a su vez, cambió en la década del ochenta con la reducción de la tasa de crecimiento de las transferencias federales. Ante los retos de esta nueva coyuntura, “el sector público puertorriqueño necesita diseñar un plan estratégico que especifique sus metas y los escenarios alternos probables en el futuro”, (vi) Ahora bien, si por un lado se habla de diseñar un plan estratégico, por otro lado, al final de ese mismo párrafo se afirma lo siguiente: “En este contexto es que la privatización de actividades gubernamentales resulta uno de los instrumentos estratégicos de planificación para el sector público” (vi).


Las costuras ideológicas del texto son muy visibles. Mientras destaca la necesidad de diseñar un plan, ya se ha aceptado que la privatización es “uno de los instrumentos estratégicos de planificación para el sector público”. En realidad no hacía falta diseñar nada. Ya todo estaba decidido. Una lectura crítica de este documento no puede soslayar varias preguntas que surgen de sus propios señalamientos. Si el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento para estimular la economía, es evidente que se vio obligado a actuar sobre una deficiencia localizada en el sector privado. ¿Por qué se evadió estudiar a fondo la dinámica interna de este sector? Si las tasas de crecimiento del ingreso y el empleo disminuyeron, ¿por qué no se investigaron las causas de esa disminución? Si el gobierno se adjudicó, como indica el documento, “un papel dinámico como promotor y encausador del desarrollo económico” fue como resultado de una pérdida de dinamismo del sector privado. El análisis, como mínimo, debió focalizar el proceso de acumulación de capital y exponer las contradicciones que provocaron la disminución de las tasas de crecimiento y la pérdida de la capacidad del sector privado en la creación de empleos.


La necesidad de esta orientación en la investigación era todavía más urgente si se considera que el Informe final (Fase 1) destacó un cambio en la relación de la economía de Puerto Rico con la economía de Estados Unidos. Con la “mengua en su capacidad estructural para el crecimiento del ingreso y el empleo”, la economía de Puerto Rico “ha aumentado su vulnerabilidad con respecto a las fluctuaciones en la economía estadounidense” (vii). Estas nuevas condiciones, a su vez, “hacen más urgente la promoción del desarrollo a la vez que tienden a aumentar la demanda de la población por servicios gubernamentales” (vii). De estos dos aspectos señalados, promoción del desarrollo y mayor demanda de servicios gubernamentales, el Informe final (Fase 1) orientó su mirada unilateralmente hacia la función del gobierno. “Así resulta que frente a las condiciones estructurales de la economía de Puerto Rico, el gobierno debe reevaluar sus funciones y actividades a base de criterios de eficiencia y equidad” (viii).


Un lector exigente, con mentalidad crítica, buscará en vano algún tipo de explicación con respecto a los cambios estructurales de la economía. No bastaba con destacar los síntomas visibles de cambios significativos. Si el gobierno tuvo que convertirse en promotor de empleos, a partir de un momento, acentuado con la recesión generalizada de 1974-75, fue porque el sector privado sufrió un severo descalabro. Aunque el documento menciona el declive de la inversión privada, no intenta escudriñar sus causas. “Cabe señalar que la inversión privada comenzó a declinar primero y a un ritmo mayor que la inversión total. Esta diferencia en comportamiento entre la inversión privada y la total se debió a que el gobierno trató de llenar el vacío que dejaba la reducción en la inversión privada y logró hacerlo por algún tiempo, pero pronto fue evidente que no era posible expandir sin límites la deuda pública” (20). Ahora bien, ¿por qué surgió el vacío de inversión en el sector privado? El objetivo del documento no se dirige en esta dirección. Su interés se orienta hacia el intento del gobierno por llenar dicho vacío y los efectos del endeudamiento. No hay en el Informe final (Fase 1) ningún intento serio, por ejemplo, de analizar el colapso de la industria petróleo-química y sus efectos en el sector privado de la economía.


Tampoco hay ningún intento de considerar el impacto en la economía del derrumbe agrícola anterior a la crisis causada por los aumentos del precio del petróleo a nivel internacional. Aun cuando el documento reconoció cambios significativos en la participación porcentual de los diferentes sectores y observó “la drástica reducción en la participación económica de la agricultura, mientras que la manufactura muestra una tendencia hacia el crecimiento sostenido”, no fue su objetivo estudiar el impacto de su “drástica reducción” en la economía (23). En ambos casos, con el colapso de la industria petróleo-química y con el derrumbe agrícola, hubo severas consecuencias estructurales que debieron ser señaladas por su impacto duradero en la economía. La ausencia de referencia a estos dos procesos críticos destacados puede deberse a un factor decisivo: la crisis, en ambos casos, estuvo íntimamente vinculada a la estructura del mercado, a su dimensión colonial, y sus causas operaron principalmente en el interior del sector privado, por ser el principal de la economía. El sector privado, a su vez, tuvo una formación que correspondía a la relación colonial del país. Por consiguiente, para comprender el curso histórico de las crisis del sector privado era urgente vincularlo con el estado colonial. Un enfoque de esta naturaleza hubiese tenido que analizar a fondo la relación del sector privado y el gobierno en el contexto de la relación de dependencia y sus transformaciones. Los representantes del capital, organizados en la Cámara de Comercio y en la Asociación de Industriales, vinculados íntimamente al sistema colonial no tenían ningún interés en cuestionar la base material de sus intereses. Su interés no fue producir nuevos conocimientos sobre la economía y mucho menos proponer un nuevo proyecto de desarrollo económico sino organizar un documento con un discurso afín con la llamada nueva política pública del gobierno porque era coherente con sus intereses inmediatos.


Ninguno de los problemas señalados fue abordado por el documento del Consejo de Planificación Estratégica de la Empresa Privada porque no estaban en el horizonte de sus intereses. La ausencia de referencia crítica al propio desarrollo histórico del sector privado tiene, además, otra explicación compleja. Uno de sus aspectos principales se relaciona con el punto de vista adoptado por el Consejo de Planificación Estratégica. Tal punto de vista correspondió a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. Es decir, tanto el Informe final (Fase 1) como la (Fase 2) fueron expresiones de representantes del sector más avanzado de la economía. En la (Fase 1) se reconoció el carácter estratégico del sector manufacturero por su capacidad “para traer fondos del exterior” (24). Este sector empresarial, amparado en la Sección 936, no sentía los efectos de la crisis estructural como responsabilidad suya. Por el contrario, su posición estaba entre los sectores económicos más avanzados a nivel global. Sin embargo, el Informe final (Fase 1) indicó que “la capacidad que tenga una industria para generar ingreso o producción no tiene que ser proporcional a su capacidad para generar empleos, por lo que es pertinente considerar los cambios que hayan ocurrido en la composición del empleo” (25).


Cuando se observa la participación porcentual de los diferentes sectores industriales en el empleo total entre 1950 y 1987, puede notarse el crecimiento notable del tamaño del gobierno en comparación con la manufactura. En 1950 el gobierno proveía 7.5% del empleo total, mientras la manufactura empleaba 17.8%. El gobierno ascendió a 23.6% en 1987 y la manufactura apenas aumentó a 18.2%. En 1975, como resultado de la recesión, el gobierno aportó 20.4% del total y sobrepasó el 18.6% correspondiente al empleo manufacturero (26). Sin embargo, las relaciones porcentuales no revelan un aspecto importante: los salarios industriales fueron aumentando con el establecimiento de industrias de mayor desarrollo tecnológico, mientras que los salarios en el gobierno disminuyeron relativamente. Con este análisis, focalizado desde las compañías multinacionales de elevada productividad, se elaboraron los tres criterios principales para justificar la privatización: eficiencia, efectividad y calidad.


Coherente con esta posición se entiende la recomendación de “crear una entidad conjunta del sector público y privado con la responsabilidad de manejar el proceso de privatización”. Además, la posición de estos grandes intereses manifestaba la seguridad de poder dictar, en forma de “sugerencia”, la nueva política pública. Entre las sugerencias para establecer la política de privatización estuvo la creación del Consejo de Privatización, una entidad conjunta del gobierno y la empresa privada (xxi). Es interesante notar que los dos documentos del Consejo de Planificación Estratégica de la Empresa Privada no utilizaron el concepto “gigantismo gubernamental”. Se refirieron a la expansión del sector gubernamental y al crecimiento “de una burocracia” (41). También aludieron a la dificultad de medir la productividad de una burocracia colocada en una posición monopólica. Ahora bien, aunque evitaron utilizar el concepto “gigantismo gubernamental”, destacaron la expansión del gobierno debido a su propósito de cubrir el vacío creado por el sector privado, lo que “ha dado lugar a que este sea grande y complejo” [2].


Otra vez nos encontramos con un problema significativo sin recibir ninguna atención. Si hubo un crecimiento desproporcionado de una burocracia en el sector público o si el gobierno se expandió de una forma desmedida, ¿con relación a cuáles sectores de la economía se pudo considerar el tamaño del gobierno? ¿Se trataba de un gobierno muy grande o de un sector privado muy pequeño y raquítico desde el punto de vista de la creación de empleos? Si se hubiese formulado este tipo de interrogación la dirección del análisis habría obligado a cuestionar con rigor los límites coloniales del proceso de industrialización. Pero en el Informe final (Fase 1), el sector manufacturero fue destacado por su función estratégica, al mismo tiempo que se afirmaba que su capacidad “para generar ingreso o producción no tiene que ser proporcional a su capacidad para generar empleos” (25).


Desde el punto de vista de la productividad del sector manufacturero, su participación porcentual en el Producto Interno Bruto (PIB) fue en aumento continuo entre 1950-1987. Según el Informe final (Fase I), en 1950 la participación fue de 16.5%, hasta alcanzar 39.7% en 1987 (24). La participación del sector manufacturero en el PIB aumentó incluso en los años críticos de la recesión generalizada de 1974-75. Sin embargo, llama la atención la comparación entre el sector manufacturero y el agrícola. En 1950, la agricultura participó con 18.2% del PIB, mientras en 1987 su aportación se redujo a 1.6% (24). Ahora bien, si se compara la participación porcentual de la manufactura al empleo el panorama es muy diferente: en 1950 fue de 17.8% y en 1987 ascendió a 18.2% (26). Como puede notarse, hay un aumento extraordinario en la producción que contrasta con una débil aportación al empleo total. La agricultura, a su vez, tuvo una participación de 35.9% en el empleo total en 1950, reduciéndose a 4% en 1987.


No se podía descartar el impacto de la crisis de la agricultura en la sociedad puertorriqueña. El fracaso del proceso de industrialización, desde el punto de vista de crear los empleos necesarios, no puede desvincularse del derrumbe de la agricultura del país. Son correlativos y están íntimamente entrelazados. Y ese fracaso, a su vez, es una manifestación de la dinámica histórica limitante de la relación colonial. Su manifestación no pudo ser otra que una falla creciente del mercado, utilizando un término de Tobin. A pesar de esta “falla” del mercado, intrínsecamente vinculada al sector privado, como expresión de las severas limitaciones del proceso de acumulación de capital en Puerto Rico, los dos extensos documentos del Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado propusieron la introducción de la competencia mercantil en el sector público y una creciente subordinación de los servicios esenciales del gobierno a la lógica del mercado y de la acumulación del capital. En la estructura limitada del mercado se originaban las fallas principales de la economía colonial. Sin embargo, el mercado fue propuesto como solución a la situación crítica de la economía de la isla. De esta forma, tanto el gobierno como el sector privado, formularon con amplitud el marco general de un verdadero asalto a la riqueza acumulada en el sector público. Elaboraron la receta perfecta para una profundización eventual de la crisis.

Planificación y mercado: ¿dos conceptos armonizables?


Llama la atención que la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales le llamaran “Consejo de Planificación Estratégica” al cuerpo creado en abril de 1988 para “contribuir a los debates sobre los asuntos de política pública”. El concepto de planificación estratégica tenía un alcance muy limitado: se restringió al plan elaborado para asegurar el avance de la política neoliberal con la privatización de bienes públicos como su fundamento. Es decir, la planificación consistió en la colaboración e imposición de una política pública que favoreciera la ampliación del mercado mediante la transformación de corporaciones públicas u otras agencias del sector público. La heterogeneidad de formas posibles de privatización tenía un mismo fundamento: introducir en el gobierno la dinámica del mercado. Ante el monopolio burocrático del gobierno y sus corporaciones públicas, se presentó la competencia como una solución encaminada hacia la eficiencia y mejor calidad de los servicios. “La competencia es lo que promueve la eficiencia en nuestra economía de mercado” [3]. La ideología sustentadora de la política neoliberal se fundaba en una confianza total en las bondades del mercado. No hubo, como es evidente, ningún intento de vincular la competencia con los cambios estructurales que sufrió la economía desde antes de la recesión generalizada de 1974-75.


En su Informe final (Fase 1), se afirma lo siguiente: “La palabra privatización no es neutral” (68). La observación, sin embargo, se limita a las diferentes interpretaciones que se le dan al concepto. Pero no se trata de una palabra y las diferentes posiciones que provoca. Lo que está en juego es lo que representa someter un servicio público a los intereses que rigen la propiedad privada y el mercado. La diferencia fundamental es que el gobierno no está sometido al objetivo de la ganancia y puede “planificar” sus recursos desde una posición que incluya la totalidad social. Al hacerlo puede imponerle límites al mercado. Sin embargo, la empresa privada, precisamente por representar intereses privados organizados con el objetivo de maximizar sus ganancias, no tiene la posición estructural que le permita planificar intereses generales. Su objetivo ineludible es garantizar sus ganancias privadas. La planificación de los intereses empresariales privados está limitada a los confines de sus intereses también privados. Por más poderosos que sean estos intereses privados, están inevitablemente sometidos a los dictámenes del mercado. En el mercado, lejos de un proceso de planificación, prevalece la anarquía de la producción. Los productores y distribuidores privados, por ser independientes unos de otros y responder a intereses propios, son objetivamente dependientes del mercado. No pueden planificarlo racionalmente.


Por consiguiente, “planificar” la privatización de bienes públicos se reduce a preparar estrategias para desmantelar el control público de la producción y distribución de servicios para someterlos a la lógica del mercado que resiste la planificación racional; esto responde a un tipo de funcionamiento derivado de intereses privados, muchas veces antagónicos, cuya articulación se hace mediante la competencia. La privatización conlleva un desmantelamiento progresivo del servicio público. Cuando se habla de una estrategia para avanzar la política neoliberal, el resultado inevitable desembocará en una política pública cuyo objetivo será la erosión y eventual liquidación del servicio público. No puede sorprender, entonces, que se ataque violentamente el servicio público, como hizo el gobierno de Luis Fortuño con la Ley 7 de 2009, como un paso previo para luego justificar las privatizaciones ante la ineficiencia del gobierno.


Hablar de bienestar general como resultado de una estrategia neoliberal de privatización no pasa de ser, en el mejor de los casos, un deseo sin fundamento. En el peor de los casos, es un discurso insidioso con el objetivo de propagar el engaño para encubrir el objetivo privado de la ganancia. El mercado nunca ha sido un mecanismo de distribución equitativa de la riqueza. Por el contrario, su lógica interna, basada en la competencia, polariza la riqueza: por un lado crea y expande la pobreza, mientras por otro lado concentra la riqueza. El mercado tiene dos formas poderosas de acumular la riqueza en manos de una minoría social: mediante la concentración y la centralización del capital. Por consiguiente, al introducir la lógica del mercado en el interior del gobierno, lo que se hizo fue imponer una política fundada en la inequidad y la desigualdad social.


El concepto de “planificación estratégica” no fue otra cosa que el fundamento de una propuesta reducida a adelantar los intereses de la empresa privada, aderezado con un discurso engañoso sobre el bienestar general. Además, fue evidente que el plan para darle forma a la estrategia de privatización estaba ya decidido. No hacía falta ningún estudio para justificarlo. Bastaba reconocer que Gran Bretaña y Estados Unidos habían adoptado esta política neoliberal, así como organizaciones conocidas como “el Adam Smith Institute y el Heritage Foundation” (1). Los estudios, si acaso eran necesarios, tenían la función de determinar la mejor manera de llevar a cabo los procesos de acuerdo con los intereses privados.


El gran tema evadido por el gobierno y el sector privado: la corrupción.


Tanto el Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado como el gobierno sabían que no estaban abriendo un camino totalmente nuevo. La privatización ya había dado pasos importantes. Lo que hacía falta era la elaboración y organización de un marco amplio, general, para hacer avanzar la política neoliberal en Puerto Rico. En el segundo volumen, Fase 2, del Consejo de Planificación del Sector Privado se reconocieron procesos de privatización que ya habían sido experimentados. Me interesa destacar uno de ellos. “La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados también ha efectuado experimentos en privatización, particularmente en el campo de rehabilitación temporal de plantas de tratamiento” (41). La referencia a procesos de privatización en la AAA resulta muy pertinente porque permite discutir lo sucedido en el caso específico de Metcalf & Eddy, una empresa de Boston especializada en consultoría en ingeniería, que se hizo cargo de un programa de rehabilitación de las plantas de tratamiento de la AAA.


Es necesario tener presente el trasfondo histórico del problema de las plantas de tratamiento de la AAA. El Congreso estadounidense aprobó en 1977 el Clean Water Act. El efecto de esta Ley de Aguas Puras fue crear una crisis al comenzar la década del 80 debido al número de plantas que no cumplían con los requisitos impuestos por la ley. “El deterioro de estas plantas, debido a la falta de mantenimiento, provocó desde 1978 un conflicto creciente con la Environmental Protection Agency (EPA), que a su vez contribuiría a crear el escenario para el surgimiento de diversas propuestas de privatización de la AAA” [4]. Ya para mediados de la década del 80 la crisis de las plantas de tratamiento había llegado a niveles alarmantes. “Según la EPA, de las 136 plantas de tratamiento de la AAA en 1985, había 94 que no cumplían con las normas federales de calidad de aguas. El año anterior, la Corte Federal le había quitado a la AAA la responsabilidad de emitir permisos para la utilización de plantas de tratamiento de aguas negras y a su vez nombró a un Monitor, compuesto por técnicos de la EPA, para evaluar las peticiones” [5].


El continuo conflicto con la EPA y las medidas impuestas por la Corte Federal, según la investigación del Taller de Formación Política, tuvo un impacto decisivo sobre la AAA. Por un lado, determinó la forma en que la agencia se vio presionada a hacer sus inversiones, absorbiendo gran parte de sus recursos disponibles, mientras, por otro lado, le abrió un amplio espacio a la tendencia privatizadora. Si bien la EPA ejerció presión a favor de la nueva política neoliberal, también es preciso destacar que la estrategia de privatización fue acogida por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en 1985, mientras fue presidido por José Ramón Oyola [6]. Este aspecto es importante debido a la creciente dependencia de la AAA con respecto al BGF como consecuencia de sus problemas fiscales. La presión combinada de la EPA y el BGF fue clave en el proceso de privatización de la AAA. La estrategia de privatización fue discutida en febrero de 1988 en las negociaciones entre la EPA y la AAA. El BGF intervino, a su vez, con una propuesta para establecer un plan piloto con el fin de contratar una empresa privada para los servicios de operación y mantenimiento de algunas plantas.


En el contexto de las negociaciones conflictivas con la EPA entró en el escenario la Metcalf & Eddy en 1986. Esta empresa había sido fundada en 1907. Era una de las compañías más antiguas y experimentadas en problemas ambientales. Sin embargo, la relación de la AAA con esta empresa fue borrascosa. La Metcalf & Eddy demandó a la AAA y fue, a su vez, contrademandada. Hacia fines de 1989, el legislador Hiram Meléndez hizo una denuncia pública porque esta compañía se había convertido “en una enorme planta de tratamiento y procesamiento de facturas que ha ido succionando los fondos de la Autoridad a razón de un millón de dólares semanales” [7]. Antes de proseguir con el escándalo relacionado con la prestigiosa Metcalf & Edy (M&E), viene al caso observar cómo operó esta empresa en Puerto Rico.


"Debido a que no tenía permiso para hacer trabajos de ingeniería en Puerto Rico, en el verano de 1989 organizó una subsidiaria, M&E de Puerto Rico (Medpri). La Junta de Directores de esta subsidiaria incluía a las siguientes personas: Marilyn C. Bracken (Presidente), Eckardt Beck, Walter Mondale (ex Vicepresidente de Estados Unidos), Salvador Casellas (ex–Secretario de Hacienda), Juan Albors, Juan Bonnet Jr., Joseph Boren, Wilfredo Vivoni, Rafael Duran Manzanal (ex-Director de Fomento Económico), Hans Rexach, Juan Terrassa y Raúl Gaya. Un tejido complejo de intereses económicos, vinculados a la construcción y a la banca, dotado de gran influencia política, se anudaba a la M&E. En este gran caldero muchos podían sazonar su guiso. Por ejemplo, como era necesaria la contratación de múltiples firmas de servicios de ingeniería, la M&E contrató a Raúl Gaya & Associates: Raúl Gaya, a su vez, como indicamos era miembro de la Junta de Directores de Medpri"[8].


La escandalosa “planta de facturación”, como la llamó Hirám Meléndez, provocó una investigación de la Comisión sobre Corrupción Gubernamental de la Cámara de Representantes y señalamientos de la Contralor. La investigación legislativa sacó a relucir que el contrato con la M&E en 1986 fue aprobado sin haber sido sometido a subasta ni haber considerado otras compañías. Arturo E. Valldejuly, director de la AAA al aprobarse el contrato, declaró ante la Comisión sobre Corrupción Gubernamental que “Pedro Zorrilla, entonces miembro de la Junta de Directores de la AAA, fue un consultor clave en el proceso de contratación con M&E” [9]. Aunque Pedro Zorrilla le dijo a la Comisión legislativa que no era necesario cumplir con los requisitos de subasta porque la AAA se encontraba en una situación de emergencia, no pudo esconder el tejido de intereses en que se había enredado su reputación. “En 1987, luego de completarse el acuerdo entre la M&E y la AAA, Zorrilla renunció a la Junta de Directores de la AAA e inmediatamente obtuvo un contrato con la M&E por $50,000 anuales” [10].


La investigación llevada a cabo por la Cámara de Representantes destacó el papel de la EPA en la contratación de M&E. Figuras importantes de la agencia federal “también quedaron muy mal parados en esta investigación. Salió a relucir que Chris Beck, entonces director de la región II de la EPA, era en ese momento el presidente de M&E. Razón tenía, pues, el sucesor de Valldejuly, Luis A. Ruíz Javier, al pensar que la EPA le había recomendado esta compañía a la AAA” [8]. La Comisión sobre Corrupción Gubernamental de la Cámara de Representantes, así como la Oficina del Contralor, concluyeron que la AAA hizo pagos indebidos a M&E por unos $50 millones. El hallazgo más importante, sin embargo, fue sacar a la luz pública un tejido complejo de intereses “que formó una red ‘privada’ entre la AAA-EPA-M&E” [11].


El caso de Metcalf & Eddy no fue un caso aislado. Por el contrario, fue una pieza reveladora de la podredumbre que generaría la política neoliberal. La sombría realidad expuesta por la experiencia de M&E contrasta con las propuestas de los documentos examinados sobre la nueva política pública y su estrategia privatizadora. Tanto las organizaciones de los empresarios del sector privado, como los representantes del Consejo Asesor Económico del gobierno de Rafael Hernández Colón, postularon la calidad, la eficiencia y la efectividad como los valores de la privatización. Nunca hicieron referencia a los procesos de corrupción derivados de la política neoliberal. Sin embargo, en el propio amanecer del neoliberalismo en Puerto Rico, la Hidra de la corrupción asomó sus múltiples cabezas. Entre estas cabezas estuvo incluida la inescrupulosa participación de una agencia federal: la Environmental Protection Agency (EPA). No sería la última. Los casos de intervención federal en la estrategia privatizadora en Puerto Rico con escandalosos tintes de corrupción serían múltiples y repetidos.


La alianza propuesta entre gobierno y sector privado para resolver la crisis fiscal del gobierno, haciéndolo eficiente y ágil, fue un verdadero simulacro ideológico para encubrir la voracidad de un asalto sobre la riqueza pública de parte de empresarios privados combinados con los políticos de turno del bipartidismo. El resultado ha sido evidente. Se habló de una segunda transformación económica como desenlace de la nueva política pública neoliberal. Pero lejos de elaborarse un nuevo proyecto económico-político para viabilizar dicha transformación, el intento se redujo a una nueva política pública. La nueva política pública también se relacionó con el aumento de la autonomía de Puerto Rico. Sin embargo, los efectos fueron contrarios. Lo que se hizo fue abrir un amplio marco político de acción privatizadora que sería luego expandido todavía más por los supuestos promotores de la estadidad. Tanto autonomistas como estadistas soñaron avanzar su preferencia de status apoyándose en las virtudes del mercado. El resultado de ambos fue fortalecer la ergástula del capital multinacional en el país y profundizar la relación de dependencia colonial de Puerto Rico.


Vale la pena citar a uno de los principales artífices de la estrategia de privatización formulada con amplitud en los documentos del gobierno y del sector privado sobre el desenlace de la política neoliberal. En 2004, José J. Villamil, en un artículo titulado “Economía y status político, afirmó lo siguiente: “En las pasadas dos décadas, nos hemos alejado de Estados Unidos (y de su estado, más pobre, Mississippi) en cuanto a ingreso per cápita. En vez de convergencia, hay una divergencia cada vez mayor” [12]. Después de un diagnóstico de la situación económica de Puerto Rico, su conclusión fue: “Esta base económica no es la llamada a sostener cambios en el status, que seguramente conlleven rupturas y la necesidad de ajustes importantes, sea cual fuere el cambio”. Lo que olvidó decir Villamil fue que tal “base económica” no podía desligarse de la estrategia privatizadora que él mismo, junto a otros economistas y planificadores como Ramón Cao y Elías Gutiérrez, ayudaron a elaborar y expusieron con claridad y amplitud. Sin embargo, ninguno de estos artífices del neoliberalismo en Puerto Rico ha hecho una autocrítica o una reflexión crítica sobre sus propias actuaciones.


Notas


[1] Consejo de Planificación estratégica del sector privado. Informe final. Privatización de los servicios públicos (Fase 1), septiembre de 1988. Primera página no enumerada. En adelante todas las referencias a este documento indicarán la página al final de la cita.a


[2] Estudio de Privatización, Fase 2, Informe final, mayo 1989, 9.


[3] Estudio de Privatización, Fase 2, Informe final, mayo 1989, 28.


[4] Taller de Formación Política, El agua en Puerto Rico: ¿crisis de la naturaleza o crisis social?, Vega Alta: Centro Gráfico Grafito, 2002, 67.


[5] Ibid, 69,


[6] “Desde entonces se discutía la idea de que las plantas de tratamiento fueran construidas, operadas y mantenidas por la empresa privada”. Ibid, 71.


[7] El Nuevo Día, 9 de diciembre de 1989, 12. Citado por el Taller de Formación Política, El agua en Puerto Rico: ¿crisis de la naturaleza o crisis social, 75.


[8] Ibid, 76.


[9] Ibid, 77.


[10] Ibid, 77-78.


[11] Ibid, 78.


[12] Ibid.

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Félix Córdova Iturregui es profesor jubilado de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.