Por Yanira Reyes Gil
(ilustración por Cristina Pérez)
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió la famosa decisión de Roe v. Wade en el 1973, los sectores conservadores no han descansado en sus intentos de lograr que se elimine el derecho al aborto e impedir que las mujeres y las personas gestantes tengan control sobre sus cuerpos. Los ataques han sido dirigidos hacia clínicas, personas que buscan el servicio y feministas que defienden el derecho. También se han manifestado formalmente mediante piezas legislativas estatales que buscan socavar y limitar el derecho.
Esto ha ocurrido constantemente durante los últimos 47 años.
En los últimos años, los esfuerzos antiderechos de las mujeres se han organizado como parte de una campaña cristiana fundamentalista en los Estados Unidos. El Proyecto Blitz [1], fundado por Randy Forbes, es una coalición de grupos cristianos de derecha, incluida la Fundación del Caucus de Oración del Congreso (CPCF, también fundada por Forbes), la Fundación Legal Nacional y la Conferencia de Legisladores Pro-Familia de Wallbuilders. Busca "proteger el ejercicio libre de los valores y creencias religiosos judeocristianos tradicionales en la plaza pública, y reclamar y definir adecuadamente la narrativa que respalda tales creencias". El grupo publica un “Playbook” para ayudar específicamente a los legisladores a promulgar leyes que eliminen cualquier obstáculo legal a la práctica cristiana irrestricta en los espacios públicos; apoya a legisladores conservadores a nivel local, estatal y federal con relaciones públicas y mensajes (hacen listas de talking points, por ejemplo); y promueven estrategias para impulsar la libertad religiosa. Su agenda incluye la promoción de la Biblia en las escuelas públicas y las excepciones religiosas a las protecciones de los derechos civiles LGBTTIQ+ y la salud reproductiva de las mujeres, en particular el derecho al aborto.
El pasado 29 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional una ley del estado de Luisiana que establecía restricciones al derecho al aborto, exigiendo que los médicos y médicas que provean el servicio tuvieran privilegios de hospitalización. Este es el caso June Medical v. Russo, 591 US _ (2020). Hace apenas 4 años el mismo Tribunal había declarado inconstitucional una ley casi exacta del estado de Texas en el caso Whole Woman's Health v. Hellerstedt, 579 U.S. ___ (2016). La estrategia de los estados en ambos casos fue establecer requerimientos tan restrictivos a proveedores de abortos que los forzaran a cerrar clínicas y encarecer servicios. Este tipo de leyes, conocidas en inglés como TRAP (Targeted restrictions on abortion providers), establece requisitos costosos, severos y médicamente innecesarios. Disfrazadas con la excusa de proteger la "salud de la mujer", el objetivo real de las leyes de TRAP es cerrar los proveedores de aborto y hacer que sea más difícil para las personas, particularmente personas pobres, acceder al aborto.
En June Medical v. Russo, lxs cuatro jueces liberales (Breyer, Ginsburg, Sotomayor y Kagan) reafirmaron el derecho al aborto de acuerdo al estándar establecido en los casos previos Planned Parenthood of Southeastern Pa. V. Casey, 505 U. S. 833 y Whole Woman’s. El estándar de los casos mencionados (Casey y Whole Woman’s) es que cualquier medida de salud innecesaria que tenga el propósito o efecto de presentar un obstáculo sustancial para una mujer que busca un aborto impone una carga indebida al derecho y por lo tanto será inconstitucional. Estos cuatro jueces y juezas fueron acompañados en esta ocasión por el Juez Presidente del Tribunal Supremo, el conservador Juez Roberts. No obstante, esto no quiere decir que el balance del tribunal se incline hacia la protección futura del derecho. Fíjese que la opinión de conformidad del Juez Roberts se basa no en un reconocimiento del derecho al aborto, sino en la doctrina de stare decisis o precedente. Bajo la doctrina de “stare decisis”, los tribunales deben seguir las decisiones previas manteniendo precedentes que se convierten en reglas. El seguimiento estricto a esta doctrina, impediría por ejemplo que se cambien decisiones previas como serían los casos insulares o el caso Brown v. Board of Education que declara inconstitucional la segregación racial en las escuelas.
Esto quiere decir que Roberts puede moverse eventualmente hacia el otro bando, como hizo en el caso del 2016, y acompañar a los otros jueces conservadores del Tribunal, quienes no fueron tímidos en argumentar en contra del derecho al aborto. Por ejemplo, Thomas, de manera muy agresiva, se refiere a los proveedores de servicio como abortistas y establece claramente que eliminaría totalmente el derecho al aborto y con este, también, todo el derecho a la privacidad por entender que no tiene espacio en la Constitución norteamericana: “But those decisions created the right to abortion out of whole cloth, without a shred of support from the Constitution’s text. Our abortion precedents are grievously wrong and should be overruled. Because we have neither jurisdiction nor constitutional authority to declare Louisiana’s duly enacted law unconstitutional…”. Sabemos además que los jueces Gorsuch y Kavanaugh fueron nombrados por Trump con la agenda pública de destruir el derecho al aborto.
Hay otras jurisdicciones que siguen al pie de la letra el “playbook” de los fundamentalistas, incluyendo a Puerto Rico. El fallido proyecto 950 de la senadora Nayda Venegas seguía la misma estrategia. Las agresiones de los sectores fundamentalistas están principalmente dirigidas hacia las mujeres y la comunidad LGBTTIQ+ particularmente sobre derechos sexuales y reproductivos, bajo el abanico de la libertad religiosa. La eliminación de la carta circular sobre perspectiva de género, la ley de escuelas-iglesias, el proyecto de ley sobre libertad religiosa, el Proyecto para limitar el aborto, la oposición al proyecto que prohibía las terapias de conversión y los cambios introducidos al Código Civil son algunos ejemplos de la avanzada fundamentalista en la legislatura de Puerto Rico. Por eso las feministas nos hemos unido en exigir la separación de iglesia y estado. La campaña nacional por el aborto libre, accesible y seguro en Puerto Rico reunió a diversos grupos feministas en campañas de cabildeo, redes, medios y presencia en universidades y comunidades. La pañoleta verde se convirtió en nuestro símbolo. No bajamos la guardia y seguimos gritando con toda la fuerza posible, que saquen sus rosarios de nuestros ovarios.
Notas:
Yanira Reyes Gil es feminista y defensora de los derechos humanos. Se desempeña como profesora de Derecho. Es co-fundadora del Instituto de Estudios de Mujeres, Género y Derecho y forma parte de la Red de feminista de investigación y educación en género.