destruye la tenenencia colectiva de las tierras, amenaza el ambiente
Por Line Algoed y John Mussington
Barbuda es la pequeña isla caribeña en la que, según fuentes “oficiales”, el 95% de los edificios fueron destruidos cuando el huracán Irma, de categoría 5, azotó al principio de septiembre de 2017 [1]. Según Gaston Browne, primer ministro del Estado de las islas gemelas Antigua y Barbuda, el impacto del huracán había convertido a Barbuda en “prácticamente inhabitable” [2]. “Tenemos que evacuar a todos los residentes de Barbuda”, dijo el mandatario, y, por fuerza, los habitantes de Barbuda fueron llevados a refugios en Antigua para protegerse contra otra tormenta venidera (el huracán José) [3]. Solo 30 días después a algunos residentes se les permitió regresar. Para entonces, la economía local se había derrumbado por completo debido a que los barcos de pesca, los equipos, las viviendas, las mascotas y el ganado se habían dejado deteriorar sin vigilancia. Cualquier posibilidad de recuperación rápida se vio obstaculizada aún más por la ausencia de servicios públicos como educación, salud, agua corriente, servicios bancarios y gestión de residuos. La única escuela secundaria de la isla no volvió a abrir hasta 6 meses más tarde, pero solo después de que los barbudenses abrieran su propio espacio de aprendizaje y ejercieran presión sobre el gobierno central.
Los barbudenses resistieron la evacuación. “Queríamos comenzar a reconstruir el día después de Irma”, dicen los residentes, “pero nos impidieron participar en la reconstrucción”. Ahora, casi tres años después, ha quedado claro que la “inhabitabilidad” de la isla era incorrecta. Un informe de la ONU, meses después, confirmó que menos de la mitad de las casas fueron totalmente destruidas. Otras habían sufrido daños, pero la isla no era inhabitable. De hecho, con una sola víctima mortal, Barbuda se mantuvo sorprendentemente estable contra el poder del huracán al compararse con las otras islas de la región. Los residentes sospechan que declarar la isla insegura sirvió a intereses políticos y económicos de ciertos individuos que vieron el desastre como una oportunidad para avanzar sus metas capitalistas de enriquecimiento personal.
Cuando finalmente permitieron que los residentes regresaran para restablecer sus medios de vida, se descubrió que durante los 30 días de la evacuación, el Estado de Antigua y Barbuda dejó entrar a personas extranjeras adineradas para hacer topografía y subdivisión de la tierra en grandes parcelas de las exquisitas playas del sur de la isla. En esas fechas, los desarrolladores residenciales de lujo Discovery Land Company (DLC) fueron contratados por el multimillonario John Paul DeJoria para desarrollar el Barbuda Ocean Club. El huracán alentó a DeJoria para “avanzar de inmediato en los planes de desarrollo” que ya tenía antes del huracán [4]. La asociación Peace, Love and Happiness (PLH) de DeJoria ha financiado el Ocean Club, una comunidad residencial privada de lujo que consta de 450 residencias para extranjeros adinerados, más de la mitad del parque de viviendas actual de Barbuda. El sitio web del Ocean Club evoca los colores rosados, que son un símbolo de la singularidad natural de la isla, y promete “un estilo de vida de aventura inigualable orientado a la familia para los residentes más exigentes” [5].
Para el primer ministro Gaston Browne, el proyecto PLH, como se le conoce ahora, es uno de los proyectos de los que depende Antigua y Barbuda para sacar al país de las dificultades económicas creadas primero por el huracán Irma y ahora por COVID-19 [6]. Ha amenazado con la cárcel a las personas que buscan detener la destrucción de humedales y otros ecosistemas críticos causada por el proyecto, incluyendo el diputado de Barbuda, Trevor Walker. Durante su campaña electoral para la elección de marzo del 2018, el primer ministro prometió a sus votantes convertir a Barbuda en el granero del país, así como derogar la Ley de Tierras de Barbuda para acabar con la “mítica” y “sentimental” tenencia de tierras comunales que, en su opinión, obstaculiza desarrollo e inversión extranjera.
Existe la tenencia común de tierras en varios lugares del Caribe (incluyendo, San Juan con el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña), pero la propiedad comunal de tierras en toda una isla como en Barbuda es única, y ha permitido a los barbudenses el control colectivo sobre sus tierras desde la abolición de la esclavitud británica en el 1834. A pesar de muchos obstáculos, los barbudenses han podido conservar su tierra, lo que los distancia de todas las demás islas del Caribe. Barbuda tiene el doble del tamaño de la isla de San Martín, por ejemplo, pero tiene una población de entre 1.200 y 1.800 personas, en contraste con unos estimados 80.000 en San Martín [7]. Todos los habitantes de Barbuda (personas nacidas en Barbuda con por lo menos un abuelo nacido en Barbuda, o los hijos, dondequiera que hayan nacido, de padres de los cuales al menos uno haya nacido en Barbuda) tienen derecho a tres parcelas de tierra gratuitas para vivienda, agricultura y pastoreo y negocios. Está prohibida la venta de la tierra en toda la isla. Esto ha permitido que la comunidad de Barbuda controle sus recursos e influya en cómo la infraestructura turística afecta la ecología de la isla, lo que hace posible vivir de la tierra con relativa independencia de otros lugares. Esto, nuevamente, es un gran contraste con las otras islas de la región donde en promedio se importa el 83% de los alimentos [8]. La actitud empresarial impulsada por las ganancias del primer ministro y sus socios del sector privado representa una amenaza para este estilo de vida, y los habitantes de Barbuda están luchando contra ello.
Los barbudenses están preocupados por el impacto ambiental del proyecto PLH y las formas en que puede afectar sus recursos marinos. Por el momento, PLH ha construido una serie de bungalows de lujo como residencias temporales en la peninsular del sureste, Coco Point. También está despejando cientos de acres de tierra en el área protegido de Palmetto Point, para la construcción de un campo de golf que forma parte de su propuesta de comunidad residencial exclusiva. La Ley de Gobierno Local de Antigua y Barbuda establece que ningún desarrollo a gran escala puede tener lugar en la isla sin el consentimiento del pueblo de Barbuda, que debe estar plenamente informado y se debe permitir que comparta sus opiniones y preocupaciones en una reunión de aldea. Sólo después de cumplir con estos reglamentos es que el Ayuntamiento de Barbuda puede firmar un convenio con la empresa. Los residentes afirman que en la reunión de la aldea que se llevó a cabo sobre el proyecto PLH en 2016, no se revelaron detalles de ningún plan para el área de Palmetto Point. El Ayuntamiento de Barbuda dio su permiso, basado en el consentimiento que, supuestamente, había dado el pueblo de Barbuda. No se pudo haber otorgado el consentimiento requerido por la Ley de Tierras de Barbuda, ya que los planes detallados solo se elaboraron después del huracán Irma en septiembre de 2017 y cuando no se permitió que los habitantes de Barbuda regresaran a su isla. En una reunión de aldea que tuvo lugar en febrero de este año, justo antes de la crisis de salud global de COVID-19, los habitantes de Barbuda acordaron que querían que PLH dejara de “limpiar” el sitio. Esto no ha sucedido hasta ahora.
El área de Palmetto Point es de una importancia ambiental crítica para la isla y está reconocida internacionalmente como un área protegida de Categoría II. También está designado como un sitio RAMSAR bajo esa convención internacional y forma parte del Parque Nacional de la Laguna Codrington. Si bien Barbuda Ocean Club promete estar "comprometido con la tierra y la gente", al "preservar el rico patrimonio de la isla y el entorno natural único, así como fomentar la sostenibilidad y la prosperidad para las generaciones venideras", ahora están rellenando humedales críticos, despejando la vegetación natural de las dunas de la playa y nivelando las dunas de arena de la playa con topadoras, excavadoras y camiones pesados. Esta destrucción a gran escala está destruyendo los hábitats para la vida silvestre y eliminando importantes servicios ecológicos como la protección de la costa y la protección de los efectos de tormentas y huracanes. Los barbudenses no dieron su consentimiento para esto como lo requieren las regulaciones de la Ley de Tierras de Barbuda. En las redes sociales, algunos activistas han exclamado: “¿Cuál será el beneficio para [nosotros] si el área se convierte en un campo de golf y los nutrientes que se utilizan para alimentar la hierba se escurren al mar y acaban matando corales y peces por igual? ¿Cuál será el beneficio para [nosotros] si se eliminan más manglares y arbustos y hay una marejada ciclónica, lo que permite que el agua viaje más hacia la isla y la aldea porque gran parte de la protección natural ha sido eliminada?” [9].
PLH se compromete a crear 1.000 puestos de trabajo de construcción y operaciones en toda la comunidad (bajó de los 1.500 prometidos previamente) (la fuerza laboral actual en Barbuda es de unas 600 personas). Antes del de Barbuda, un Ocean Club de Discovery Land Company existía en Baker's Bay en la isla de Great Guana Cay en las Bahamas, que fue severamente golpeado por el huracán Dorian en septiembre de 2019. Un artículo en el Washington Post publicado unos días después de esa tormenta ofrece una visión angustiosa de las condiciones de vida de los trabajadores del Ocean Club [10]. Dorian acabó con la comunidad construida informalmente, The Mudd, donde vivían los trabajadores de Baker's Bay. Discovery Land Company es dolorosamente honesta sobre no haber ofrecido refugio a todos sus empleados, lo que puede haber provocado la muerte de algunos, así como sobre el hecho de que muchos de sus trabajadores eran inmigrantes indocumentados de otras islas del Caribe, en su mayoría haitianos. El artículo también analiza el deseo de la empresa de que los trabajadores regresen rápidamente para comenzar a reconstruir el complejo de lujo, a pesar de la precariedad de los trabajadores. Baker's Bay solía ser un enclave libertario y, hasta ahora, hay poca presencia del gobierno. Los habitantes de Barbuda sospechan que una de las razones por las que los desarrolladores vinieron a Barbuda es para beneficiarse de la baja densidad en la isla y el caos dejado por Irma.
El gobierno central de Antigua y Barbuda ha utilizado el huracán Irma para hacer lo que había querido hacer muchos años antes: sacar a la mayor cantidad de habitantes de Barbuda de la isla, debilitar y dividir a la comunidad y desmantelar su sistema colectivo de tierras para quitarle el control a la gente. Aún ahora, muchos habitantes de Barbuda no han podido regresar. Dicen que el gobierno ha instalado mecanismos sofisticados para desalentar la vida en Barbuda y para desgastar al pueblo. Un ejemplo es un aeropuerto internacional cuya construcción comenzó pocos días después de Irma, mientras que la restauración del pequeño hospital tomó casi tres años para completar. Otro ejemplo son los retrasos en el pago de los salarios de los trabajadores de los ayuntamientos, que actualmente representan entre el 70 y el 80% de la población activa total. ¿Barbuda se mantiene pobre a propósito, para alentar a los residentes a que se vayan y no regresen, de modo que todo lo que quede sea... un paraíso sin humanos?
“Los llamamos filantro-capitalistas”, dicen los activistas de Barbudan. “Vienen aquí, pretendiendo ser filántropos, para ayudarnos a recuperarnos de un desastre natural, pero lo que hacen es usar la riqueza monetaria que tienen para tomar el control de nuestros recursos. Su mentalidad es que la naturaleza sirve para ganar dinero, sin ninguna preocupación de que seamos parte de ella y vivamos de manera sostenible". Muchos relacionan esta actitud con el colonialismo. “Cuando llegó Cristóbal Colón, decidió que iba a reclamar lo que encontró. Se hizo cargo de la soberanía. Y hemos visto los efectos de eso, después de 500 años, en términos de lo que sufrimos. Uno de nuestros mayores desafíos tras el desastre de 2017, y la razón por la que no hemos podido recuperarnos, es que nos enfrentamos a ese mismo principio. Gente que viene con sus propios planes para tomar los recursos que controlamos."
Barbuda es un lugar pequeño que plantea problemas globales de gran alcance. ¿Cuál es el futuro de la región del Caribe? ¿Qué es el "desarrollo"? ¿Lo obtiene una industria turística que ofrece trabajos mal pagados y que le quitan el control a los locales sobre sus recursos naturales, o es soberanía, seguridad alimentaria, vivienda adecuada? ¿Es una comunidad de personas sanas que se cuidan unas a otras, que se protegen mutuamente de una tormenta, una comunidad que tiene control sobre sus recursos independientemente de los ingresos de las personas y que es capaz de comer alimentos cultivados localmente incluso cuando ocurre un desastre terrible? Mientras escuchamos a los habitantes de Barbuda hablar sobre la vida que viven, mientras comen su langosta recién pescada en una casa de verano improvisada a pocos pasos de las aguas más claras y menos contaminadas de la región, uno no puede dejar de estar de acuerdo en que vale la pena luchar por esto.
Notas
[1] https://www.bbc.com/news/world-latin-america-41199394
[2] https://www.facebook.com/365antigua/posts/10155014833708727
[3] https://www.bbc.com/news/world-latin-america-41199394
[4] https://www.businesswire.com/news/home/20170913006278/en/Community-Developers-Committed-Barbuda-Recovery-Hurricane-Irma
[5] https://barbudaoceanclub.com/about
[6] https://antiguaobserver.com/pm-says-he-will-fight-barbuda-council-says-the-country-cant-recover-without-plh/
[7] Estimación oficialista de residentes entre ambos lados de la frontera de Concordia (“parte francesa” y “parte neerlandesa”). Se estima la presencia de otros diez mil residentes indocumentados.
[8] https://www.forbes.com/sites/daphneewingchow/2020/02/26/local-fruits-and-veggies-can-feed-caribbean-economies/
[9] https://www.facebook.com/barbudasilentnomore/posts/2885071328228629
Line Algoed es investigadora doctoral en la Universidad Libre de Bruselas. Su tesis doctoral trata la importancia de la tenencia colectiva de la tierra en el Caribe para proteger las comunidades contra los desastres. Apoya al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña en intercambios internacionales entre comunidades que luchan por sus derechos sobre la tierra. Es co-editora del libro On Common Ground: International Perspectives on the Community Land Trust.
John Mussington es biólogo marino, defensor de la conservación ambiental y la justicia ambiental y director de la escuela secundaria Sir McChesney George en Barbuda, una escuela comprometida a fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria en la isla de Barbuda. Es una voz importante en la lucha para la protección de la tenencia colectiva de la tierra en Barbuda. Es autor de varios artículos académicos sobre el manejo de agua y el cambio climático.