Por Rafael Bernabe
Nota del autor. Este texto se escribió en inglés en 2019. Se redactó como parte de una proyectada antología sobre el Green New Deal que no llegó a publicarse. Actualizar el artículo con referencias a los ocurrido hasta 2023 tomaría más tiempo del que ahora tenemos disponible. Aun así, nos parece que el artículo tiene aspectos interesantes y que no debe seguir engavetado. Aquí lo presentamos con muy pocos cambios a como fue redactado en 2019. La traducción fue realizada por Cristina Pérez Reyes, a quien agradecemos por su excelente trabajo. 19 abril 2023.
Nota de momento crítico. Por su extensión, publicaremos este ensayo en dos entregas. El primer artículo se puede leer aquí.
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Una historia de resistencia
Puerto Rico cuenta con una larga historia de luchas ambientales desde mediados de la década de 1960 con el movimiento contra el proyecto de minería de cobre en el centro de la isla (Lares, Utuado y Adjuntas). Continuó a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970 con la oposición a los planes de construir un "superpuerto" petrolero junto con un centro de refinación y petroquímica en la costa oeste de Puerto Rico [1]. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, también surgieron docenas de iniciativas contra la contaminación del aire, el agua y el suelo por las operaciones de fabricación y procesamiento de alimentos (plantas de envasado y enlatado de atún, por ejemplo), instalaciones de refinación de petróleo y de la industria petroquímica, canteras, fábricas de cemento y hoteles en toda la isla.
Desde la década de 1960, diferentes iniciativas han luchado para proteger las zonas costeras de la extracción de arena por parte de la industria de la construcción, la apropiación y la contaminación por operaciones turísticas y la construcción irresponsable por parte de "desarrolladores". La oposición a la destrucción de la zona costera y de manglares de Piñones en Loíza y el desplazamiento de sus comunidades por un proyecto habitacional y turístico (llamado Costa Serena por sus propulsores); la lucha contra el complejo de edificios costeros Paseo Caribe, cerca del viejo San Juan; la lucha contra la destrucción de Playuela en Aguadilla y el desplazamiento de su comunidad por un proyecto de hotel y casino (el Christopher Columbus Landing Resort); la defensa de la playa de Isla Verde en Carolina contra la invasión de los hoteles son ejemplos de los muchos esfuerzos pasados y en curso para defender las costas de la isla de la búsqueda ciega de lucro por parte del sector privado.
En el ámbito energético, los movimientos ambientalistas en Puerto Rico lucharon contra la contaminación por las plantas eléctricas que queman petróleo, a la vez que bloquearon la construcción de una planta de carbón en Mayagüez a principios de la década de 1990. Pero estos movimientos no pudieron detener la construcción de una planta privada de combustión de carbón en Guayama, que opera bajo un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Las cenizas tóxicas que esta planta genera son transportadas a través de la costa sur a un vertedero en Peñuelas. La lucha de las comunidades directamente afectadas para cerrar la planta en Guayama ha sido una batalla ambiental clave en los últimos años. Mientras tanto, el gobierno y los intereses privados aliados han impulsado tanto el gas como la incineración de basura como fuentes de energía alternativas (y como una forma alternativa de manejo de desperdicios en el caso de la incineración). Por otro lado, la propuesta de reemplazar la quema de petróleo y carbón con gas incluía la construcción de un gasoducto de norte a sur que habría destruido áreas agrícolas y forestales a través del centro de la isla. El proyecto generó una creciente oposición que condujo a protestas masivas y tuvo que ser abandonado. Por otra parte, el proyecto para construir una planta incineradora en la costa norte, cerca de Barceloneta, está estancado debido a las continuas protestas y demandas lideradas y promovidas por activistas comunitarios y ambientales. El proyecto Queremos Sol–junto a una variedad de grupos ecologistas y, significativamente, de la UTIER, el sindicato de trabajadores eléctricos–ha formulado un programa para una transición completa a la energía renovable para el 2050 [2]. Garantizar la finalización de este proyecto sería una contribución importante de un GND.
Desde la década de 1980, diferentes iniciativas se han movilizado, cabildeado, protestado e iniciado proyectos para defender las tierras agrícolas de la expansión suburbana y la construcción de carreteras, al tiempo que exigen la creación de zonas protegidas o reservas forestales y agrícolas. En los últimos años, con poco o ningún apoyo gubernamental, decenas de iniciativas han promovido la adopción de la agricultura agroecológica como un paso hacia dietas más saludables y hacia la soberanía alimentaria.
La lucha contra la ocupación de gran parte de la isla-municipio de Vieques por la Marina de los Estados Unidos y su uso como campo de tiro aéreo y naval tuvo un componente ecológico significativo, dado el impacto ambiental masivo de tales actividades. La lucha que exige la limpieza y descontaminación exhaustivas de Vieques después del fin de las actividades de la Marina en 2003, continúa hasta nuestros días. En los últimos años, se han organizado campañas educativas y protestas anuales oponiéndose a la presencia de Monsanto en Puerto Rico a la vez que exigen la acción del gobierno para apoyar proyectos agroecológicos y la soberanía alimentaria.
Estas luchas ambientales han hecho uso de numerosas tácticas: piquetes, marchas, mítines, desobediencia civil, demandas, vistas públicas legislativas, campañas educativas y proyectos locales de agricultura, energía renovable y restauración costera, entre otros. Si bien son discontinuas y poco coordinadas, durante más de cuatro décadas estas luchas han convertido los problemas ambientales y ecológicos en un aspecto fundamental de los debates de política pública en Puerto Rico [3].
Desde 2006, los problemas crónicos de la economía colonial de Puerto Rico y sus consecuencias ecológicas se han visto agravados por una depresión económica y una crisis de deuda severas, seguidas por el impacto catastrófico del huracán María.
La tormenta perfecta: crisis colonial, económica y ambiental
Sin despojarse de su naturaleza colonial, la economía de Puerto Rico creció rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no fue excepcional: la economía capitalista mundial pasó por un período de expansión entre el final de la guerra y principios de la década de 1970. La participación de Puerto Rico en ese crecimiento económico fue moldeada por varios factores.
En 1947, el gobierno de Puerto Rico adoptó una política de exención contributiva con el fin de atraer inversiones estadounidenses. Esto hizo que Puerto Rico fuera atractivo, ya que las corporaciones estadounidenses sitas en Puerto Rico también estaban exentas de pagar impuestos federales sobre sus ganancias. Además, Puerto Rico tenía acceso irrestricto al mercado estadounidense, a la vez que ofrecía los salarios más bajos bajo la bandera estadounidense. Las exenciones contributivas, el acceso al mercado estadounidense y los salarios bajos se combinaron, en el contexto del auge de la posguerra, para atraer inversiones e impulsar la expansión económica, incluso si esta nunca fue capaz de proporcionar suficientes empleos.
Sin embargo, desde la década de 1990, la globalización neoliberal y las decisiones del Congreso han socavado los tres pilares de la economía colonial de Puerto Rico. Con la liberalización de los mercados, el acceso de Puerto Rico al mercado estadounidense dejó de ser excepcional [4]. En 1996, el Congreso comenzó a eliminar gradualmente la exención de impuestos federales a las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico, proceso que culminó en 2006. La exención fiscal nunca pudo garantizar el desarrollo o el empleo. Pero el Congreso reemplazó un mecanismo inadecuado con nada. Mientras tanto, las mismas políticas corporativas que impulsaron la liberalización del comercio al tiempo que intensificaron la competencia y la explotación de la mano de obra en todo el mundo también incluyeron la desregulación financiera y la especulación sin restricciones. Esto llevó a la Gran Recesión de 2008.
Bajo el impacto acumulativo de las políticas neoliberales, la paralización de las políticas de exención de impuestos por parte del Congreso sin proporcionar alternativas, y la recesión de 2008, la economía colonial de Puerto Rico se desaceleró, se estancó y luego comenzó a contraerse. Su crecimiento anual promedio disminuyó de 3.82 por ciento en la década de 1990 a 0.71 por ciento entre 2000 y 2009 y luego a 0.56 por ciento negativo entre 2010 y 2016 [5]. La economía de Puerto Rico no ha crecido desde 2006 (con una excepción muy leve en 2012). Se ha reducido alrededor de un 1 por ciento anual desde 2005 [6]. Desde 2006 se han perdido más de 250,000 empleos. El 20 por ciento de los empleos que existían hace una docena de años han desaparecido. Durante dos décadas, los empleos de manufactura en particular colapsaron de 180,000 a mediados de la década de 1990 a menos de 70,000 en la actualidad.
A medida que los ingresos del gobierno se estancaron o cayeron, las sucesivas administraciones tenían varias opciones: reconsiderar los privilegios fiscales de las corporaciones estadounidenses, imponer medidas de austeridad o emitir más deuda [7]. En 2009 se impuso un impuesto especial del 4 por ciento sobre las ventas de las filiales locales a sus empresas matrices internacionales. Incluso esta medida limitada ha generado alrededor de $2 mil millones anuales o cerca del 20 por ciento de los ingresos del gobierno de Puerto Rico: testimonio de la magnitud de las ganancias generadas o declaradas en Puerto Rico. El hecho de que diez empresas paguen alrededor del 90 por ciento de este impuesto indica cuán frágil es la economía de Puerto Rico y cuán vulnerable es a las decisiones de un puñado de intereses privados.
Pero el énfasis no estaba en el aumento de los impuestos corporativos. En lugar de reconsiderar su estrategia económica, incluidas las exenciones contributivas, el gobierno implementó una serie de medidas de austeridad mientras emitía más deuda. La primera incluyó nuevos impuestos a las ventas en 2006–que aumentaron en años posteriores–, despidos masivos del gobierno, ataques a los derechos laborales del sector público y reducción del empleo público (90,000 empleos eliminados desde 2006).
Mientras tanto, la deuda pública (tanto del gobierno central como de las corporaciones públicas) creció un 64 por ciento entre 2006 y 2014, de $43 a $73 mil millones. La deuda de Puerto Rico era atractiva para los inversionistas ya que está exenta de impuestos municipales, estatales y federales. Incluso después de que la deuda de Puerto Rico se degradara a la condición de basura o no inversión en febrero de 2014, los inversionistas compraron $3.4 mil millones en bonos emitidos un mes después. No hace falta decir que los corredores de Wall Street ganaron millones en comisiones al emitirse $30 mil millones en nueva deuda desde 2006.
Inevitablemente, el servicio de la creciente deuda exigía una porción cada vez mayor del presupuesto público. Mientras tanto, la infraestructura eléctrica y de otro tipo se administraba mal y se permitía que se deteriorara, a menudo para generar apoyo para la privatización. Para 2014, Puerto Rico estaba gastando más en el servicio de su deuda que en el financiamiento de su sistema de escuelas públicas.
La crisis de la deuda y PROMESA
En junio de 2015, el gobernador de Puerto Rico admitió que la deuda de Puerto Rico era "impagable". Era evidente que la deuda de Puerto Rico tendría que ser renegociada. Un año después, el Congreso adoptó el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés). PROMESA creó una Junta de Control Fiscal no elegida, designada por el gobierno federal, con amplios poderes sobre las finanzas estatales de Puerto Rico. PROMESA no asignó fondos ni medidas para la recuperación económica. Permite políticas de austeridad que profundizan la pobreza mientras perpetúan la depresión actual. En otras palabras, es una medida antidemocrática, colonial, socialmente injusta y económicamente contraproducente.
Los planes de la Junta han seguido el guión neoliberal: la crisis de la deuda se atribuye al "gigantismo gubernamental" y el estancamiento económico a la reglamentación excesiva y a los beneficios laborales "excesivamente generosos". Los remedios que se derivan de este diagnóstico son: recortes en el gasto público, privatización, y ataques a los derechos y beneficios laborales, entre otros [8].
Sin embargo, era evidente que, incluso en el escenario más favorable a los acreedores, la deuda de Puerto Rico tendría que ser reestructurada. Por lo tanto, PROMESA dispuso una suspensión temporal de las demandas de acreedores contra el gobierno de Puerto Rico. Como no se llegó a un acuerdo con los acreedores en el tiempo permitido por la suspensión, o stay, del 1ero de mayo de 2017, la Junta tomó medidas bajo el Título III de PROMESA, que le permite entablar un proceso similar al de la bancarrota en un tribunal federal a nombre del gobierno de Puerto Rico. La renegociación de la deuda de Puerto Rico ahora se desarrolla bajo la supervisión de la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Lo que Puerto Rico necesita
En lugar de una agenda colonial socialmente regresiva, Puerto Rico necesita urgentemente un programa de reconstrucción económica adecuadamente financiado (incluida la transición a la energía renovable) y un proceso de descolonización y autodeterminación nacional. Un GND verdaderamente integral debería contribuir significativamente a ambos objetivos.
Un programa alternativo a la agenda neoliberal punitiva impuesta a Puerto Rico en los últimos años debería buscar:
Revocar PROMESA.
Mantener la suspensión de las reclamaciones de los acreedores sobre las deudas públicas de Puerto Rico.
Declarar una moratoria en todos los pagos de la deuda hasta que se haya completado la auditoría.
Adoptar un plan de reconstrucción económica centrado en la reinversión de las ganancias generadas en la isla que debe incluir una reevaluación de las políticas de exención contributiva.
Detener la privatización y demás medidas de austeridad y revocar las recientes "reformas" laborales.
Reformar democráticamente el sector público a través de la participación laboral y ciudadana.
Autoiniciar un proceso de descolonización y autodeterminación a través de una asamblea constitucional de status.
Buscar y obtener fondos considerables del Congreso para la reconstrucción económica de Puerto Rico, así como acciones para la descolonización de Puerto Rico.
La lucha por el GND en los Estados Unidos necesita incorporar este reclamo final, vinculando así la lucha por la acción climática y la justicia en los Estados Unidos con la lucha por la descolonización y por la reconstrucción económica y ecológica en Puerto Rico.
Hay muchos ejemplos en el pasado de tal colaboración entre movimientos progresistas en Puerto Rico y los Estados Unidos, desde los vínculos del CIO insurgente con el movimiento obrero igualmente renovado de Puerto Rico a fines de la década de 1930 y principios de la década de 1940, hasta el apoyo en los Estados Unidos a las movilizaciones masivas y el activismo en Puerto Rico que obligaron a la Marina de los Estados Unidos a salir de Vieques [11].
En 1936, en medio de la Gran Depresión y en un momento de profunda crisis del régimen colonial en Puerto Rico, el congresista radical Vito Marcantonio presentó un proyecto de ley que otorgaba la independencia a Puerto Rico en condiciones justas y favorables. El proyecto de ley reconoció la "responsabilidad" de los Estados Unidos "por la actual situación desastrosa de la economía puertorriqueña y la pobreza del pueblo de Puerto Rico". Establecía la "libre entrada" de productos puertorriqueños a los Estados Unidos". También establecía que no habría "restricciones migratorias a los ciudadanos puertorriqueños" y comprometía a Estados Unidos a pagar "cualquier reclamo de indemnización que... Puerto Rico pudiera realizar" [12].
De hecho, el New Deal original patrocinado por la administración de Roosevelt propició la creación de un ambicioso programa financiado por el gobierno federal para la reconstrucción económica en Puerto Rico: la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA), organizada en 1935, que merece ser reexaminada en el contexto actual.
La caña y el New Deal
En la década de 1930, el mercado del azúcar de los Estados Unidos era abastecido por productores continentales de remolacha y azúcar de caña (estados occidentales y Louisiana y Florida, respectivamente) y productores insulares de azúcar de caña, incluidos los territorios de los Estados Unidos (Hawai, Filipinas y Puerto Rico) y Cuba. Todos gozaban de acceso irrestricto al mercado estadounidense, con la excepción de Cuba, que pagaba el 80 por ciento del arancel aplicado al azúcar sin refinar de países extranjeros. A medida que el precio mundial del azúcar sin refinar cayó durante la década de 1920, el Congreso de los Estados Unidos respondió con sucesivos aumentos arancelarios, buscando aliviar el golpe a los productores estadounidenses. Pero la expansión de la producción estadounidense resultó en una caída de los precios. Además, los productores en Filipinas y Puerto Rico aprovecharon mejor el aumento de los aranceles y conquistaron una mayor participación en el mercado estadounidense.
Estos aranceles más altos excluyeron una porción creciente del azúcar cubano del mercado estadounidense, agregando dificultades económicas al descontento político con la dictadura de Gerardo Machado, una combinación explosiva que condujo a la revolución cubana de 1933, que inicialmente tuvo un componente antiimperialista radical [13]. En Puerto Rico, a finales de 1933 y principios de 1934 surgieron grandes movilizaciones de la clase trabajadora y los consumidores (contra las compañías de gasolina y energía eléctrica) [14]. Mientras tanto, los intereses de la remolacha estadounidense presionaban por la independencia de Filipinas, como una forma de excluir a un competidor del mercado estadounidense [15].
Así, a principios de 1934, la administración Roosevelt tuvo que abordar simultáneamente la crisis en la industria azucarera, debido a la caída de los precios; la demanda de los industriales de la remolacha de protección contra la competencia de los territorios insulares (incluido Puerto Rico); la necesidad de redefinir la relación con Filipinas, apaciguar el malestar social y laboral en Puerto Rico y calmar la situación revolucionaria en Cuba. El "Reino Americano del Azúcar", como César Ayala lo ha llamado, requería una reingeniería importante y urgente [16].
La Ley del azúcar (el Sugar Act), adoptada en febrero de 1934, fue un componente central de su respuesta a esta situación [17]. La ley creó un impuesto de procesamiento a los refinadores y centralistas para financiar compensaciones a los cultivadores de remolacha y caña por reducir la producción. Además, creó un sistema de cuotas que asignaba una porción del mercado a cada estado productor, territorio y a Cuba. Dado el poder en el Congreso de los estados de la remolacha y la necesidad de mejorar la situación en Cuba, las colonias estadounidenses, a saber, Filipinas y Puerto Rico, soportaron la peor parte de la reducción requerida en la producción del azúcar sin refinar. La cuota de Puerto Rico estaba un 20 por ciento por debajo de su cosecha proyectada de 1934 de más de un millón de toneladas. En este contexto, los New Dealers con mentalidad reformista lograron incluir una disposición en la Ley del azúcar que permitiría el uso del impuesto de procesamiento para financiar, no solo pagos individuales, sino también programas para el beneficio general de la agricultura [18]. Esto llevó al nombramiento por parte del presidente Roosevelt de una Comisión de Política de Puerto Rico encargada de diseñar dicho programa para la isla. Los críticos puertorriqueños del control corporativo estadounidense, la concentración de la propiedad de la tierra y el monocultivo del azúcar comprendieron rápidamente que ahora podían buscar algunas de las reformas deseadas en el marco del New Deal y la necesidad de reducir la producción de azúcar.
En junio de 1934, la Comisión de Política de Puerto Rico entregó su histórico informe, conocido popularmente como el Plan Chardón [19]. El documento era una crítica implícita de las consecuencias sociales del desarrollo económico liderado por las fuerzas del mercado: proponía una "reconstrucción fundamental" de la economía de Puerto Rico a través de la sustitución del "desarrollo ciego" por un "plan fundamental". Como indica Leonardo Santana Rabell, el Plan Chardón es “uno de los documentos técnicamente mejor formulados en la historia de la planificación en Puerto Rico” [20]. Después de considerables retrasos, el presidente Roosevelt creó la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) a través de la Orden Ejecutiva 7057 del 28 de mayo de 1935.
La PRRA, siguiendo las indicaciones del Plan Chardón, buscó redistribuir la tierra, diversificar la producción, operar centrales como corporaciones públicas, electrificar y construir otras infraestructuras [21]. El Congreso inicialmente asignó $35 millones para financiar sus operaciones. Para 1936, la PRRA empleaba directa o indirectamente a unas 50,000 personas, un número cercano a la mitad de la fuerza laboral de la industria azucarera durante el tiempo de cosecha. Se organizó en 1935 y funcionó hasta 1954, aunque su trabajo más significativo se llevó a cabo durante la primera década de su existencia. La PRRA adquirió dos ingenios azucareros: Lafayette en Arroyo y Los Caños en Arecibo. Primero intentó ejecutar sus operaciones de cultivo de caña como cooperativas, pero luego las entregó a grandes productores de caña (conocidos como colonos). La PRRA también compró cerca de 40,000 acres que convirtió en 11,000 granjas o fincas. (Esto no cumplió con el Plan Chardón original, que preveía la adquisición de 76,000 acres solo en las áreas de caña de azúcar y la creación de 24,000 pequeñas granjas alrededor de la isla). La PRRA emprendió la reforestación de 22,000 acres. Además, nombró a un asesor legal para ayudar al Procurador General de Puerto Rico a emprender acciones judiciales para hacer cumplir la legislación que limita las propiedades corporativas en Puerto Rico a 500 acres [22].
La PRRA también participó en la construcción y rehabilitación de infraestructura y edificios públicos. A lo largo de los años construyó 25 escuelas vocacionales agrícolas y 125 clínicas médicos. Construyó nuevas escuelas y reparó las escuelas rurales y municipales existentes. Construyó el teatro de la Universidad de Puerto Rico, hasta el día de hoy uno de los mejores lugares de eventos de la isla, así como la icónica torre del recinto de Río Piedras. La PRRA se dedicó a la renovación urbana, construyendo el primer proyecto de vivienda de bajo costo de Puerto Rico, ubicado en Puerta de Tierra, cerca del viejo San Juan, que llevaba el nombre fourierista de El Falansterio. Para llevar a cabo sus proyectos, la PRRA construyó una fábrica de cemento en Cataño, al otro lado de la bahía de San Juan. La electrificación–en particular, la electrificación rural–era un aspecto clave de la actividad de la PRRA. Este proyecto se basó en el desarrollo de la energía hidroeléctrica. La PRRA modernizó y amplió la represa existente y las instalaciones generatrices de Toro Negro en Villalba y construyó otras nuevas en Carite en Guayama, Las Garzas y Dos Bocas en Arecibo y Toro Negro #2 en Villalba.
Más allá del New Deal
Sería erróneo proponer una imitación mecánica de la PRRA en el siglo XXI. Tampoco puede el GND ser simplemente una nueva versión "más verde" del New Deal original. La PRRA tuvo algunos aspectos admirables. Por ejemplo, reconoció las consecuencias negativas del "desarrollo ciego" liderado por el lucro capitalista y los imperativos del mercado: la concentración de la propiedad y la riqueza; el monocultivo y la dependencia de las importaciones de alimentos; el desempleo masivo crónico y los bajos salarios; la pobreza generalizada y el control externo de los activos productivos [23].
Y trató de abordarlos a través de una intervención pública consciente y planificada, en contraste con los principios de laissez-faire que prevalecían antes de 1929 y los dogmas neoliberales dominantes en la actualidad. A través de la PRRA, el Congreso proporcionó una cantidad significativa de recursos para financiar la reconstrucción económica en Puerto Rico. La asignación original de $35 millones ascendería a más de $600 millones en la actualidad.
Pero también hubo problemas. En primer lugar, la PRRA conservó una estructura colonial como agencia estadounidense, dirigida en última instancia por personas designadas por el gobierno federal en Puerto Rico o desde Washington. Era un proyecto federal en Puerto Rico, no un proyecto puertorriqueño. En segundo lugar, la mayoría de las veces fue presentado como un regalo o un rescate de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos, y no como debería haberse entendido: una compensación o reparación por las consecuencias de tres décadas de dominio colonial de los Estados Unidos. En tercer lugar, la mayoría de los New Dealers puertorriqueños en ese momento visualizaron un proceso en dos etapas: la reconstrucción económica a través de la PRRA y otros programas sería seguida a su debido tiempo por una transición a la independencia política. Pero a principios y mediados de la década de 1940, el sector más significativo de esta corriente, agrupado en el Partido Popular Democrático y liderado por Luis Muñoz Marín, optó por posponer primero y luego abandonar el objetivo de la independencia. En última instancia, se conformaron con una relación colonial reformada, el estado de Commonwealth existente–conocido como Estado Libre Asociado–, establecido entre 1950 y 1952. Finalmente, la perspectiva de los New Dealers, aunque cuestionaba las peores consecuencias del capitalismo de laissez-faire, todavía se aferraba a las estructuras fundamentales del capitalismo y no estaba dispuesta a cuestionar o desafiar las prerrogativas del capital.
A medida que se alejaban de la búsqueda de la independencia política y se conformaban con la reforma colonial, Muñoz y los New Dealers puertorriqueños recurrieron al capital privado y la inversión extranjera como medios para la modernización de Puerto Rico: se suspendió la distribución de tierras; se privatizaron las corporaciones públicas (como la fábrica de cemento construida por la PRRA); y la promoción de las exportaciones reemplazó los intentos de localizar la producción. A través de las exenciones contributivas, el acceso al mercado estadounidense y los salarios relativamente bajos, Puerto Rico se enganchó al auge capitalista de la posguerra. Los resultados no fueron insignificantes: Puerto Rico escapó de la pobreza extrema. Pero los problemas del subdesarrollo unilateral, el desempleo masivo, el control externo de la economía insular y la fuga de ganancias han persistido hasta nuestros días, mientras que la destrucción ecológica se ha extendido y acelerado. Como resultado, Puerto Rico tiene ante sí problemas urgentes propios del siglo XXI–como la transición a fuentes de energía renovables–, a la vez que todavía se enfrenta a los problemas planteados y debatidos en la década de 1930.
En la actualidad, debemos exigir que un GND provea para la reconstrucción económica y ecológica de Puerto Rico. Los programas relacionados a esto deben formularse y coordinarse en Puerto Rico y deben ir acompañados de un proceso de descolonización. Tal proyecto económico, ecológico y político debe cumplir con la siguiente directriz: las personas y la naturaleza antes que las ganancias. En otras palabras, el gobierno debe estar dispuesto a sacrificar las ganancias capitalistas y romper las reglas del mercado para garantizar la satisfacción de las necesidades humanas y proteger la naturaleza. Eso, por supuesto, también debería ser la consigna del GND en los Estados Unidos. Los progresistas en los Estados Unidos y Puerto Rico deben luchar juntos por sus objetivos compartidos, adoptando lo que era válido en el primer New Deal mientras abren un camino más allá hacia una alternativa ecosocialista a la catástrofe capitalista [24].
Notas
[1] Como de costumbre, los apologistas del desarrollo capitalista plantearon el problema como una elección entre el medio ambiente y los empleos. Véase, por ejemplo, Alex W. Maldonado, "Las minas de cobre", El Mundo, January 4, 1968. La lucha llevó a declaraciones ambientalistas pioneras, como el documento preparado por Tomás Morales y José del Castillo y firmado por sesenta científicos y educadores titulado "An Urgent Call to Our Government. An Urgent Warning to Our People", San Juan Star, 31 enero 1966. Esto había sido precedido por una carta de Morales publicada en el New York Times (8 enero 1966) bajo el título "Expoliación en Puerto Rico". Sobre el nacimiento del movimiento ecologista en Puerto Rico, ver: Carmen M. Concepción, "The Origins of Modern Environmental Activism in Puerto Rico in the 1960s" International Journal of Urban and Regional Research, 19, 1, March 1995, 112-128 y Jorge Colón Rivera, Félix Córdova Iturregui, José Córdova Iturregui, El proyecto de explotación minera en Puerto Rico (1962-1968): Nacimiento de la conciencia ambiental moderna (Río Piedras: Huracán, 2014). [2] https://www.queremossolpr.com/ . UTIER son las siglas de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. [3] La izquierda puertorriqueña y los movimientos independentistas han jugado un papel central en las luchas ecológicas. Por ejemplo, ya en 1974, cuando gran parte de la izquierda mundial comenzaba a lidiar con estos problemas, el programa del Partido Socialista Puertorriqueño (una organización importante de la izquierda en ese momento) señaló que el socialismo requiere "la planificación ambiental más estricta", para evitar "la destrucción del medio ambiente y de los recursos naturales". Había que encontrar el "equilibrio" entre las necesidades humanas, la producción y la naturaleza. El petróleo en particular debía ser reemplazado por fuentes de energía "menos contaminantes": como el sol, el viento, las olas del mar y las corrientes marinas. Partido Socialista Puertorriqueño, La alternativa socialista. Tesis Política (Río Piedras: Ediciones Puerto Rico, 1974) 20, 119, 125. [4] Algunos pasos en ese proceso de liberalización del mercado fueron la adopción del North America Free Trade Agreement (NAFTA), que entró en vigor en 1994, y el lanzamiento de la OMC en 1995. [5] Merling, Cashman, Johnston, Weisbrot, 5. [6] Merling, Cashman, Johnston, Weisbrot, 6. [7] Los ingresos contributivos del gobierno disminuyeron en términos reales desde 2005. Véase José Caraballo Cueto, Juan Lara, "From deindustrialization to unsustainable debt: the case of Puerto Rico" (2016), 12. [8] Rafael Bernabe "Punitive Neoliberalism in Puerto Rico", Against the Current, 191 (Nov.-Dec. 2017). https://solidarity-us.org/atc/191/p5117/. [9] En 2015 el gobierno de Puerto Rico creó una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Fue ignorado en gran medida por la administración del gobernador García Padilla y disuelto por la siguiente administración de Roselló. Logró preparar dos informes preliminares sobre las emisiones de bonos del gobierno central desde 2014 y los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica emitidos en 2013. Ambos encontraron irregularidades que hacen que más de $ 30 mil millones en deuda sean ilegales. El informe inicial en: Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Primer informe previo a la auditoría: http://big.assets.huffingtonpost.com/Puerto_Rico_Commission_Interim_Report.pdf. Segundo informe previo a la auditoría: http://sptpr.net/wp-content/uploads/2016/10/Second-Interim-Pre-Audit-Report-on-2013-PREPA-debt-emission-con-anejos.pdf [10] El estudio de 2017 realizado por el Center for Economic and Policy Research concluyó que "hay un caso sustancial para la ayuda federal a Puerto Rico, así como una cancelación suficiente de la deuda, para permitir una rápida recuperación económica". Merling, 6. Antes del huracán María, un estudio realizado por Joseph E. Stiglitz y dos asociados concluyó que para lograr la "sostenibilidad de la deuda" (deuda que podría pagarse mientras se permite la recuperación económica) se requeriría reducir la deuda de Puerto Rico en al menos un 62 por ciento y tal vez hasta un 80 por ciento. En diciembre de 2017, Martín Guzmán, uno de los autores del estudio, concluyó que después del huracán María, toda la deuda de Puerto Rico tendría que ser cancelada. Vea Pablo Gluzmann, Martin Guzman, Joseph E. Stiglitz, "An Analysis of Puerto Rico’s debt: relief needs to restore debt sustainability", Espacios Abiertos, 2018, 2, 3, 5). http://espaciosabiertos.org/wp-content/uploads/2018/03/DSA-English.pdf; "Paying bondholders not viable" Joanisabel González, El Nuevo Día, versión web en inglés, 12 diciembre 2017. https://www.elnuevodia.com/english/english/nota/payingbondholdersisnotviable-2381610/ [11] Taller de Formación Política, No estamos pidiendo el cielo: la huelga portuaria de 1938 (Río Piedras: Huracán, 1988). Katherine T. McCaffrey, Military Power and Popular Protest: The U.S. Navy in Vieques, Puerto Rico (New Brunswick: Rutgers University Press, 2002). [12] "A Bill to Provide for the Granting of Sovereignty to the Island of Puerto Rico, and to Provide for Neighborly Relations with the Proposed Government of Puerto Rico" (H.R. 12611, 74th Congress, 2nd Session.) Presentado por el representante Marcantonio (R-NY), 6 mayo 1936. https://scholarscollaborative.org/PuertoRico/items/show/17. [13] La administración Roosevelt nunca reconoció el gobierno de "100 días" (de septiembre de 1933 a enero de 1934) encabezado por Ramón Grau, cuyo gabinete incluía al antiimperialista radical Antonio Guiteras. [14] Taller de Formación Política, ¡Huelga en la caña! (Río Piedras: Huracán, 1982); Rafael Bernabe, "Luchas obreras 1933-34", Pensamiento Crítico, Año XII, núm. 63, mayo-julio 1989. [15] Vea Grayson L. Kirk, Philippine Independence: Motives, Problems and Prospects (New York: Farrar and Rinehart, 1936). [16] César Ayala, American Sugar Kingdom. The Plantation Economy of the Spanish Caribbean, 1898-1934 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999). [17] Vea John E. Dalton, Sugar. A Case Study of Government Control (New York: Macmillan, 1937). [18] "It became apparent to the Administration that Puerto Rico's market quota, 803,000 tons of sugar, checking the future growth of its most important industry and bringing a reduction in output of about 20%, would mean serious hardship to the island." Dalton, 218. [19] Informe de la Puerto Rico Policy Commission (14 junio 1934). Los miembros de la comisión fueron Carlos Chardón, Canciller de la Universidad de Puerto Rico; Rafael Fernández García, del servicio de extensión agrícola de la UPR y Rafael Menéndez Ramos, Comisionado de Agricultura. [20] Leonardo Santana Rabell, Planificación y política durante la administración de Luis Muñoz Marín: un análisis crítico (Análisis: San Juan, 1984), 48. [21] Nuestros datos provienen de Miles H. Fairbank, The Chardon Plan and the Puerto Rico Reconstruction Administration, 1934-1954 (San Juan: The Fairbank Corporation, 1978). [22] Este límite había estado en efecto desde 1900, pero no se había implementado. Se le delegó esta tarea al abogado Miguel Guerra Mondragón. Santana Rabell, Planificación y política, 51. [23] La PRRA encargó un informe fundamental sobre las consecuencias del monocultivo del azúcar. Esteban Bird, Report on the sugar industry in relation to the social and economic system of Puerto Rico (1937) (San Juan: Bureau of Supplies, Printing, and Transportation, 1941). [24] Hemos abogado por tal colaboración internacionalista en el pasado, por ejemplo, a raíz del huracán María y respondiendo a los ataques del presidente Trump. Vea Rafael Bernabe, Manuel Rodríguez Banchs, "Open Letter to the People of the United States, a Month After Hurricane María" (October 20, 2017) https://www.counterpunch.org/2017/10/20/open-letter-to-the-people-of-the-united-states-from-puerto-rico-a-month-after-hurricane-maria/.