Tríptico universitario

Por Jorge Lefevre Tavárez



[Nota editorial: esta serie de artículos se publicó originalmente en la versión impresa de Claridad (Nov 2021* Edición 3561-A)]


(1) La universidad por la que luchamos


Durante el siglo XIX, los esfuerzos de las clases criollas liberales en Puerto Rico por crear una institución de educación superior chocaban con las prohibiciones del gobierno de España. El gobierno español, en repetidas ocasiones, negó las peticiones para la fundación de una institución de este tipo. Un repaso a algunos textos de Alejandro Tapia y Rivera (el prólogo a “El Bardo de Guamaní”, el libro “Mis memorias, o Puerto Rico, como lo encontré y como lo dejo”) demuestra los anhelos y las frustraciones de una clase criolla cuyos mejores elementos buscaban, simplemente, un respiro de cultura en una colonia que les asfixiaba.


Luego de que Puerto Rico se convirtiera en colonia estadounidense al finalizar la Guerra hispano-cubano-estadounidense, los Estados Unidos buscaron imponer su idioma, sus creencias y sus costumbres a través de la educación pública, que se expandiría con rapidez a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Se funda, así, la Universidad de Puerto Rico en el 1903, con el propósito original de preparar maestros y maestras en la enseñanza del inglés. La historia de la educación superior en Puerto Rico, por tanto, por un siglo, se articuló únicamente a partir de los intereses de la metrópoli.


La educación en inglés eventualmente fracasará y se regresará al español como lengua oficial de enseñanza escolar. La Universidad de Puerto Rico, por otro lado, perdurará, y se irá transformando en la medida en que también se transforma la historia política del país. Las luchas estudiantiles vinieron a ser la punta de lanza en los cambios iniciales de este proyecto. Poco a poco, se le arrebataba al imperio ciertos aspectos del destino de la UPR.


En el tiempo en el que el gobierno de Puerto Rico adquiría mayor autonomía – todavía dentro de la relación colonial que impera hoy día – el proyecto universitario se fue acomodando a las necesidades del país y de cierto desarrollo económico cónsono con los intereses coloniales y de una parte de la burguesía local. Desde la década de los 1940, con el ascenso del Partido Popular Democrático, y eventualmente con el auge de la economía de Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, la actitud del gobierno de Puerto Rico hacia la universidad cambió. El Sistema de la Universidad de Puerto Rico será una parte importante del proyecto Manos a la Obra y la expansión de los proyectos gubernamentales. El crecimiento de un sistema universitario público se relacionaba con el desarrollo económico específico que las clases gobernantes perseguían.


Y, sin embargo, la expansión vendría a configurarse, también, con las intensas luchas estudiantiles de mediados de siglo XX, que hacían de la universidad otro espacio en el que era posible respirar. Así, huelgas estudiantiles vendrían a protestar los símbolos militares del imperio dentro de los recintos, vendrían a exigir cambios en los currículos de enseñanza, los graduados regresarían como docentes y vendrían a transformar el aula para convertirlo en espacio de discusión. Si bien es cierto que la expansión del sistema universitario concordaba con ciertos intereses del gobierno, la universidad que actualmente defendemos y luchamos es, en gran medida, fruto de la lucha estudiantil. A esa se le unirán las luchas sindicales y universitarias de los docentes y no-docentes, cuyas organizaciones representativas datan, también, de esta época de profunda transformación para Puerto Rico y su educación superior. Gracias a estas luchas, la Universidad de Puerto Rico representó, por varias décadas, con todas sus limitaciones, una opción de educación accesible y de excelencia para Puerto Rico.


En tiempos recientes, sin embargo, en la época del capitalismo neoliberal, la UPR ha sido blanco de ataque por parte de los partidos patronales, no solo en su feroz ataque contra todo “lo público”, sino en su despiadada necesidad de destrucción de todo espacio crítico, de discusión, en fin, de cierta “libertad”. La metáfora de la asfixia es, todavía, útil.


Más recientemente, entra en escena la dictatorial Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal representó un regreso al sistema colonial “en blanco y negro” de principios de siglo XX. Así, igual, es su acercamiento al proyecto universitario. No sería equivocado decir que la Junta de Control Fiscal significa un intento de retorno del total control colonial del sistema público de enseñanza superior. Lo desean transformar a imagen y semejanza del modelo de los Estados Unidos, el mismo que en el propio país imperial está en crisis. Desea, además, desmantelar todo lo que pueda promover el pensamiento crítico.


El Plan de Ajuste de Deuda y la Ley 53 vendrían a ser los golpes jurídicos que llevarían al derrumbe aquel proyecto fraguado a costa de lucha. La Universidad de Puerto Rico, en abstracto, seguiría existiendo, independientemente de los recortes presupuestarios. Pero no sería la Universidad de Puerto Rico que tenemos, ni la que queremos. No es descabellado pensar en el posible cierre o consolidación de retiros, en la destrucción de los beneficios marginales, en el empobrecimiento de su cuerpo docente y no docente, en el inevitable deterioro del proyecto educativo debido a todos estos cambios.


El uso de los verbos en condicional en el último párrafo es importante. No hay que caer en el fatalismo; sí hay que señalar el camino fatal al que estamos encaminados. Pero el destino final lo trazamos los seres humanos, no fuerzas externas, supuestamente omnipotentes.


Las paralizaciones y las huelgas estudiantiles de las últimas semanas son un intento de impedir que la UPR siga el camino trazado por las fuerzas externas. La comunidad universitaria – incluyendo los gremios de docentes y no docentes – se ha unido detrás de la lucha estudiantil, como lo han hecho sectores importantes del país. Y los estudiantes no lo tienen fácil – se enfrentan a casi todos los poderes existentes del gobierno colonial; se enfrentan a la visión dominante de la educación como mercancía. Pero su lucha es el camino alterno al que quieren trazar los grandes intereses.


(2) La universidad como espacio y experiencia; la necesidad del regreso presencial


El debate público, manipulado por la prensa patronal, ha desatado su furia hacia el hecho de que las huelgas estudiantiles paralizan las clases. La respuesta de los portavoces empresariales y del gobierno, además de un ataque a todo lo que representa la UPR, ha sido contrastar al sistema público con la supuesta agilidad de la educación privada. Al hacer esto, todos estos sectores reducen la universidad a las clases que en ella se imparten. No hay nada más, desde esta visión, que el salón de clases. La universidad, así, se asemeja a un fast-food, a un servi-carro de educación, en el que la persona pide una clase, la toma y se va.


El discurso hegemónico de la educación en línea reproduce la misma mirada limitada de la universidad. El espacio físico deja de existir; las interacciones sociales se restringen; la comunicación y el diálogo se pueden propiciar, pero en un ambiente y una atmósfera distinta, en muchos sentidos empobrecida.


En efecto, a esto quieren reducir la universidad: a las clases que imparte. Pero no es lo que es. El pensamiento dialéctico, en sus elementos más básicos, nos enseña que el todo es más que la suma de sus partes. Y así ocurre con la universidad.


Las clases son, no cabe duda, una parte fundamental de la experiencia universitaria. Pero solo una parte. Porque, ¿qué sería de la experiencia universitaria sin los diálogos en los pasillos, sin las conversaciones entre clases? El pasillo – espacio transitorio, abierto a todos, que conduce a otros caminos – es posiblemente la mejor imagen del diálogo universitario. Es un espacio democrático – transitan todas las personas, sepan o no su camino, sean o no de la comunidad universitaria –, con una atemporalidad poco común al horario académico. El diálogo que propicia es más espontáneo, inmediato, pero no por eso más pasajero, menos duradero, menos significativo para el desarrollo individual y del pensamiento vivo.


¿Qué sería de la universidad sin la convivencia física de la heterogeneidad de personas que reúne? La universidad congrega personas de distintas edades, de distintas partes de la isla (y del mundo), de distintos trasfondos e intereses, unidos porque se encuentran en un proceso de desarrollo educativo formal en una misma institución. ¿Qué sería de la universidad sin sus alrededores: las comunidades que la rodean, los negocios que acogen al estudiantado y a la comunidad universitaria como suyos? La universidad es, también, la comunidad que la circunscribe.


¿Qué sería de la universidad sin sus foros y espacios de debate? La experiencia de este semestre hace que ya no quepa duda de que un foro en línea no reemplaza uno presencial. ¿Qué sería del cuerpo docente sin espacios en los que puede volver a ser estudiante? Salir de la jerarquía del aula es, quizás, el remedio más propicio para disolver la jerarquía sin restarle el rigor que merece la materia académica. ¿Qué sería del cuerpo docente y estudiantil sin los recorridos en los estantes de las bibliotecas? Quienes mismo hipócritamente hablan en defensa de la universidad, como los rectores en turno, recortan los fondos para las bibliotecas, espacio necesario de investigación y producción de conocimiento.


Es la experiencia de este todo lo que constituye el espacio universitario, lo que propicia una verdadera cultura de debate y de diálogo críticos. Es esta universidad la que los grandes intereses quieren destruir. Ante este desmantelamiento es que hay que entender el reclamo estudiantil por el regreso presencial, por una verdadera apertura de la experiencia universitaria.


La educación a distancia fue una necesidad ante la pandemia del COVID-19. Pero, desde sus inicios, la comunidad universitaria sabía los peligros de esa imposición. A más de un año de su entrada precipitada, la visión de la educación a distancia que tiene la administración es una más sustentada en los intereses materiales y políticos inmediatos que en las posibles ventajas de un verdadero proyecto de educación a distancia que no contrarresta la educación presencial. La educación en línea ahora es una excusa para no acondicionar los salones; la educación en línea es ahora un pretexto para no arreglar las estructuras físicas; es ahora una manera de alejar al estudiantado, de alejar al cuerpo docente y no docente, del cuerpo de trabajo. Ante el discurso público, la administración universitaria defiende la universidad; ante la realidad, la vacía, la despuebla. Se pudiera decir, incluso, que esta universidad amplia la cerraron, no los estudiantes, sino los administradores cómplices con los planes de desmantelamiento. Y, por eso, la administración nada teme más que un proceso de paralización de la normalidad actual; si es exitosa, congrega nuevamente al estudiantado frente a los portones, abre la universidad.


El regreso presencial que exige el estudiantado – que, por supuesto, debería implicar las más estrictas medidas de salubridad – implica un repoblamiento del espacio universitario, un regreso al debate y al diálogo del que se esconden los administradores y la alta jerarquía. Aunque la Presidenta Olavarría lo considere una contradicción, es una realidad dialéctica: es por esa universidad abierta que, en lo inmediato, han paralizado las labores.


(3) La paralización estudiantil y la necesaria solidaridad docente


Las recientes paralizaciones en el sistema universitario de Puerto Rico se dan en un contexto nuevo. El contexto nuevo no es la pandemia, aunque fue la pandemia que lo habilitó: es la expansión de la educación en línea. Antes, el cierre de los portones era suficiente para detener un recinto y jamaquear a la administración. Ahora, la paralización de labores cobra un giro distinto. La administración universitaria tiene una nueva herramienta contra cualquier sector (no solo el estudiantil) que interrumpa las labores académicas y administrativas: ordenar el teletrabajo a los no-docentes y a los docentes, que las clases continúen asistidas por tecnología.


El nuevo contexto tiene un significado particularmente significativo para el cuerpo docente. Somos ahora el cuerpo que determina, en gran medida, la efectividad o el fracaso de una paralización. El cuerpo no docente, en teoría, pudiera continuar con sus trabajos de manera virtual, o incluso en los espacios físicos, pero si el cuerpo docente no reúne sus clases, se considera que, en efecto, hubo una paralización de labores. Nunca antes el peso de las paralizaciones había caído como ahora sobre nuestros hombros. Y, sin embargo, nunca antes se había tomado una visión tan liviana ante el asunto.


Ante esta situación, hay que insistir en la política de no-confrontación. La política de no-confrontación en la Universidad de Puerto Rico es un legado de las luchas estudiantiles del pasado y de sus momentos más desafortunados, productos estos últimos por el llamado a reprimir las protestas con los aparatos opresores del estado. El fundamento de la política de no-confrontación es que la universidad es el espacio de debate por antonomasia; los conflictos que en él surgen deben resolverse, por lo tanto, a través del diálogo. La intromisión de fuerzas externas no hace más que eliminar el debate y reemplazarlo por el poder. La política de no-confrontación busca, entonces, hacer posible los espacios de diálogo para la resolución de los conflictos.


De manera quizás inconsciente, los docentes que imparten cursos durante una paralización estudiantil impiden el que la política de no-confrontación se posibilite. En primer lugar, porque las paralizaciones son un mecanismo de un sector para ser escuchado y entrar a la mesa de negociación con otro. Si la normalidad se mantiene, el diálogo que se busca, se cierra.


Los docentes, además, tenemos, irremediablemente, poder sobre los estudiantes en el salón de clases. No es un espacio de igualdad institucional. Bajo esta óptica, no sería equivocado afirmar que dar clases durante una paralización, democráticamente aprobada por el estudiantado, es, en sí, una violación a la política de no-confrontación: es el poder de los docentes por encima de la búsqueda de diálogo de los estudiantes.


A esto hay que añadirle un asunto fuera de tema pero poco atendido: la administración universitaria y los docentes que imparten cursos durante una paralización dan por sentado que sus estudiantes, matriculados oficialmente en cursos presenciales, tienen la posibilidad y los recursos para tomar las clases a distancia. La realidad de los estudiantes sin computadora y sin acceso a internet en sus casas, que dependían de los recursos en la universidad para sus clases, que requerían el uso de los libros en las bibliotecas para estudiar, se esfuma bajo el llamado a continuar las clases independientemente de las consecuencias. El aspecto pedagógico, nuevamente, se pierde de vista.


Un último señalamiento fundamental: la política de no-confrontación no es una consigna que se implementa cuando se está de acuerdo con la paralización y se ignora cuando no se está de acuerdo. Si creemos en el diálogo, la política de no-confrontación se sigue independientemente de las razones para la paralización. Ante el individualismo rampante en nuestra sociedad, es difícil, a veces, recordar que hay maneras de proceder que son independientes a las ideas que, como individuos, podamos tener de una situación social particular. Y, sin embargo, aquí tenemos maneras democráticas, solidarias, de proceder ante los conflictos.


Las paralizaciones estudiantiles ponen a prueba en los docentes su creencia en el diálogo y su capacidad para la solidaridad. Ante estas circunstancias, hay que pensar bien en nuestras acciones y qué representan dentro de los conflictos sociales en los que estamos inmersos.


[El autor de estas líneas hubiese deseado más tiempo para investigar, reflexionar y desarrollar los temas que componen su texto. No descarta continuar trabajándolos más adelante.]


<><><>


Jorge Lefevre Tavárez es docente sin plaza en la Universidad de Puerto Rico. Forma parte de la Junta Nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universtiarios como representante de los docentes sin plaza. Es miembro de Democracia Socialista y de la Junta Editorial de momento crítico.