Por Rafael Bernabe
Reseña de Kevin A. Young, Tarun Banerjee, Michael Schwarz, Levers of Power. How the 1% Rules and What the 99% Can Do about It (Londres: Verso, 2020).
El interesante libro que reseñamos parte de una idea sencilla: el estado en Estados Unidos, como en otras sociedades capitalistas, no representa los intereses de la ciudadanía, del país, la sociedad o la nación en general, sino de su clase dominante, es decir, de la clase capitalista. Lo hace de manera compleja, imperfecta, a veces eficiente y a veces torpemente, pero lo hace. Cuando se desvía de ese objetivo existen mecanismos que corrigen su curso rápidamente. Esto parece contradecir el funcionamiento proclamado de la democracia en las sociedades capitalistas: los ciudadanos y ciudadanas votan y eligen a legisladores, alcaldes, gobernadores, y presidentes. Del apoyo de esos electores depende su reelección y es lógico pensar que los políticos actúan de acuerdo con los intereses de esos electores, la mayor parte de los cuales no son parte de la clase capitalista. El gobierno electo es un gobierno del pueblo, no de una clase. De esta concepción también se deriva una visión de cómo se ha logrado el cambio social en el pasado y cómo puede lograrse en el presente y el futuro: el cambio se logra fundamentalmente a través de la creación de movimientos electorales que logran elegir candidatos liberales y progresistas que desde sus puestos en el gobierno logran implantar reformas democráticas y de justicia social. Así se habría logrado, por ejemplo, el avance de la legislación laboral, las medidas de bienestar social o la supresión de la segregación racial. Los autores rechazan ambas tesis, tanto sobre el funcionamiento de las democracias capitalistas como sobre la forma en que se han logrado y pueden lograrse cambios sociales progresistas significativos.
El chantaje permanente
No estamos ante un libro abstracto. Los autores examinan en detalle y concretamente cómo las elecciones y el gobierno en la sociedad capitalista se ponen al servicio de la una clase y no de la sociedad en general. Algunos de estos mecanismos son muy conocidos. Entre ellos se encuentra el hecho de que una campaña electoral exitosa requiere una cantidad considerable de dinero. Mientras más importante el puesto, más dinero requiere. Esto ya permite que las grandes empresas o grandes sectores (industrias del petróleo, farmacéuticas, seguros y muchas otras) se aseguren de que candidatos favorables a sus agendas estén bien financiados. El apoyo para su reelección dependerá de su desempeño en el puesto. Ese desempeño, en el caso de gobernadores o el presidente, se extiende a las personas que nombra a su gabinete o como jefes de agencia.
Pero los autores destacan que el mayor instrumento en manos de la clase capitalista es su poder económico, sin que sea necesario invertirlo directamente en el financiamiento de campañas políticas. Las grandes empresas tienen el poder de invertir o no invertir, lo cual determina si la economía y el empleo crecen o decrecen, si los recaudos del gobierno aumentan o no aumentan y de ese desempeño de la economía depende en buena medida el fracaso o éxito de una administración municipal, estatal o federal. Los oficiales electos están obligados a adoptar políticas que promuevan la inversión o, como a menudo se dice, que logren la "confianza del sector privado" ("business confidence"). Dicho sencillamente: las empresas y el gran capital, solo invertirán y darán su aprobación a una administración que adopte medidas, políticas y que haga nombramientos que correspondan al aumento de sus ganancias. Responderán a medidas contrarias a sus ganancias con la huelga de inversiones, el traslado o amenaza de traslado de inversiones a otras jurisdicciones y el retiro del apoyo financiero: la administración tendrá que enfrentar las consecuencias de la crisis o falta de crecimiento económico que afectará a la población.
En fin, los funcionarios electos actúan bajo un chantaje permanente que les obliga a buscar un "clima favorable a las inversiones", que no es otra cosa que asegurar los intereses del gran capital. Cualquier intento del gobierno de interferir con las ganancias del capital o con su derecho a decidir sobre cómo emplear su capital encontrará una respuesta implacable de los que controlan el "sector privado": los gobiernos que no estén dispuestos a tomar medidas radicales contra los últimos tendrán que obedecerlos. Y eso es lo que efectivamente hacen.
Los autores examinan las distintas etapas en que los intereses del gran capital pueden y logran imponerse a través de la presión señalada. En la discusión de cada tema crucial esto incluye:
--La exclusión de alternativas inaceptables para sectores importantes del gran capital (la nacionalización de la banca, para atender la crisis financiera; o un seguro de salud universal, para atender la crisis de la salud; o la prohibición del fracking, en el caso del cambio climático, por ejemplo).
--La capacidad de moldear las propuestas y de atenuarlas, cuando sea inevitable considerarlas o aprobarlas (incluyendo excepciones, postergando la implantación, colocando cláusulas de evasión o "loopholes"). Para lograr esto cuentan con un ejército y amplios fondos para el cabildeo.
--La capacidad de bloquear u obstaculizar la implantación de medidas aprobadas limitando el presupuesto de las agencias reglamentadoras o reguladoras o encargadas de poner en práctica la legislación y asegurando el nombramiento de jefes de agencia simpáticos a los capitales afectados. Así se logra la no implementación o la implementación muy parcial, limitada y selectiva de las medidas aprobadas.
--El recurso de paralizar la implementación de medidas a través de desafíos en los tribunales, que pueden tomar largo tiempo en definirse (a la vez que se reduce el presupuesto de las agencias reglamentadoras o reguladoras para demandar por incumplimiento, etc.)
--Las iniciativas (o falta de iniciativas) de fiscales y las decisiones de jueces nombrados y confirmados bajos los criterios de confianza y simpatía a la agenda de las grandes empresas.
--La adopción del análisis costo-beneficio por agencias reguladoras que dejan de procesar violaciones a reglamentaciones o políticas públicas cuando estiman que los procesos legales o el costo de las rectificaciones será mayor que los beneficios, analizando costos y beneficios en términos de las empresas afectadas y no de la sociedad.
Grietas en el sistema
No es raro entonces que a pesar de que el pueblo elige a sus gobernantes, los funcionarios electos y el resto del gobierno (jefes de agencia, reguladores, fiscales, jueces, etc.) actúan consistentemente de acuerdo con los intereses de una minoría económicamente dominante.
Pero entonces se plantea la pregunta ¿cómo es posible que aun así se hayan logrado importantes reformas sociales, favorables a la clase trabajadora y a los sectores desposeídos? Según los autores tres factores han permitido lograr dichas reformas y permitirían lograr medidas similares en el futuro: 1) las divisiones entre sectores de las clase capitalista; 2) la movilización de las clases desposeídas o movimientos progresistas, que llega a afectar la fuente de ganancias o la estabilidad de instituciones del estado y que convierten las reformas en el mal menor para los sectores dominantes; y 3) los casos en que las movilizaciones señaladas provocan divisiones en la clase capitalista que abren paso a reformas.
Los autores discuten tres luchas recientes por importantes reformas y su desenlace, determinado por el juego entre las divisiones en la clase capitalista y la fuerza de los movimientos que impulsan las reformas. El primero es la lucha por un seguro de salud universal. Sobre este punto existe una división al interior de la clase capitalista: lo que para unos (la industria de hospitales, farmacéutica, aseguradoras, etc.) es una fuente de ganancia, para otros son costos que reducen sus ganancias (en la medida que deben pagar por los gastos médicos de sus empleados o que los salarios deben cubrir tales gastos o parte de ellos). A los segundos les convendría un seguro universal que redujera sus gastos en este renglón. Existe, por tanto, la posibilidad de cambios en este terreno. Pero sabemos que el sector cuyas ganancias están en peligro se defenderá ferozmente. El resultado fue la reforma del llamado "Obama care". Por un lado, la reforma impuso a las aseguradoras aceptar personas en sus planes independientemente de condiciones de salud "preexistentes". Por otro, se descartó la opción de un seguro de salud universal. Más aún, el mandato de que todo el mundo debe asegurarse y el apoyo del gobierno a los que no puedan costearlo amplía el mercado de las aseguradoras privadas. Así, las aseguradoras privadas no pudieron evitar la reforma, pero lograron bloquear las modalidades más peligrosas para sus privilegios y moldear lo que se adoptó de acuerdo con sus intereses.
La reformas, reglamentación y nuevas regulaciones del sector financiero luego de la crisis de 2008 son otro ejemplo. Aquí también puede apreciarse una división entre sectores de la clase capitalista: a un lado los grupos más vinculados a la especulación y las prácticas de más alto riesgo en los mercados financieros y, al otro, sectores que han sufrido las consecuencias de la gran recesión atribuida al comportamiento irresponsable y temerario, incluso fraudulento, de los primeros. Aquí también, la propuesta de reglamentación y reforma chocó con la resistencia de los sectores cuyas ganancias se verían afectadas. El resultado fue las reformas Dodd-Frank. Por un lado, las opciones más radicales, como la nacionalización de la banca, nunca fueron consideradas. Por otro, se introducen algunas limitaciones a los abusos (por ejemplo, con las tarjetas de crédito) y algunas reglamentaciones a ciertas transacciones financieras, pero se dejan sin grandes cambios los mercados de derivados y se dejan sin tocar los paraísos fiscales, entre otros aspectos del sistema financiero actual. Aquí operó de manera dramática el poder de chantaje del gran capital: la administración Obama se cuidó de impulsar cualquier medida que pudiera afectar el clima de confianza de los "negocios" en las políticas de su administración.
El cambio climático constituye un tercer ejemplo. Aquí también existe división en la clase capitalista. Hay sectores como la industria de energía renovable o las empresas de turismo ubicadas en las costas que tienen interés en que se tome acción para atender el cambio climático. Pero el balance sigue estando abrumadoramente a favor de los sectores cuyas ganancias se verían afectadas negativamente por las medidas drásticas que son necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, a pesar del creciente reconocimiento de la amenaza que representa el cambio climático, la acción efectiva en este terreno es casi nula: el fracking, la extracción de petróleo, la apertura de nuevas zonas de extracción, etc., continúa.
La estrategia del cambio: golpear las ganancias
Estos ejemplos muestran la posibilidad de reformas y los límites de esas reformas cuando dependen fundamentalmente de las divisiones entre sectores de la clase capitalista. ¿Cómo pueden lograrse cambios más radicales? Lo que los autores llaman la mitología liberal indica que los cambios se logran a través de la acción electoral. Movimientos progresistas se organizan electoralmente, logran elegir candidatos simpáticos a sus demandas a puestos de gobierno y de ese modo legislan las reformas a las que aspiran. Así se habrían logrado los cambios en el pasado y se podrían lograr en el futuro. Los autores señalan que la experiencia histórica no corresponde a esta explicación.
Los autores exploran tres ejemplos de grandes reformas o cambios de políticas impuestos a las clases gobernantes: las reformas laborales y sociales conquistadas durante la Gran Depresión (reconocimiento del derecho a la sindicalización y la negociación colectiva, salario mínimo, seguro social, etc.); el fin de la segregación racial oficial junto a la legislación de derechos civiles y la "Guerra contra la pobreza" en la década de 1960; y la retirada de las tropas de Estados Unidos de Vietnam.
En el caso de las reformas de la década de 1930 y 1960, la movilización en la calle y centros de trabajo, las huelgas, boicots y acciones de desobediencia civil impactaron intereses industriales y comerciales hasta el punto de que el reconocimiento de algunas demandas de los movimientos de protesta se convirtió en el mal menor desde el punto de vista de importantes sectores de la clase capitalista. Las reformas, subrayan, no se lograron porque se eligieran legisladores más progresistas, sino porque importantes sectores de la clase capitalista concluyeron que era preferible introducir algunas de las reformas exigidas por el movimiento obrero o de derechos civiles y así lo dejaron saber a políticos que de otro modo no hubiesen dado paso a tales reformas. Lo mismo ocurrió con la creciente insubordinación en el interior de las fuerzas armadas y su desprestigio como parte de las movilizaciones y campañas contra la intervención de Estados Unidos en Vietnam. La clave y el eje de la lucha no debe estar en la elección de políticos progresistas sino en la organización y la movilización (huelgas, paros, boicots, ocupaciones, bloqueos) que interrumpa y desorganice el flujo de ganancias y el funcionamiento normal de la economía capitalista, hasta el punto en que la reforma deseada se convierta en el mal menor para un sector decisivo de la clase capitalista. Así fue como se lograron las reformas laborales y sociales en la década de 1930, que se desmanteló la segregación racial oficia, se adoptaron medidas de bienestar social en la década de 1960 y se logró la retirada de Estados Unidos de Vietnam.
Los autores reconocen, en fin, que, bajo el capitalismo, la lucha por reformas, incluso la más amplia y exitosa es siempre el cuento de nunca acabar: cualquier logro se encuentra inmediatamente bajo acecho de los intereses capitalistas cuyos privilegios han sido afectados por alguna reforma o reglamentación. De esa carrera sin fin tan solo puede escaparse superando el capitalismo, reemplazando la propiedad privada con la propiedad social de las fuentes de riqueza, que entonces podría administrarse democráticamente para el bienestar de todos y todas. El mismo tipo de organización y movilización necesarias para lograr reformas radicales bajo el capitalismo es también la mejor escuela para entender la necesidad de ese cambio y para adquirir la experiencia y la autoconfianza necesarias para emprenderlo.
Un falso dilema
El libro es una demostración fascinante de cómo la clase capitalista impone su voluntad a través de un estado parte de cuyos funcionarios son electos por el pueblo y que se presenta como agente de toda la sociedad o la nación. Es también una advertencia sobre los límites de la acción electoral como medio de cambio social. La lucha en la calle, el centro de trabajo y de estudio son insustituibles en la lucha por arrancar reformas a las clases dominantes. Sin embargo, en el empeño de señalar los límites de la acción electoral, el libro tiende a plantear un falso dilema: o actividad electoral o movilización extraparlamentaria. Reconocer la centralidad de la segunda no implica abandonar la primera. La actividad electoral o desde el parlamento puede jugar un rol importante en impulsar la movilización, como han reconocido hace mucho grandes revolucionarios, como Lenin, quien siempre defendió la participación electoral como una actividad legítima y necesaria del movimiento revolucionario [1]. Pero esto en nada reduce el mérito de este libro que merece la atención de todo y toda activista interesado en la lucha anticapitalista en el presente.
Notas
[1] Ver una formulación elocuente de su posición en El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo.
Rafael Bernabe es senador, profesor de la Universidad de Puerto Rico, activista social y político, autor de libros y artículos sobre historia y literatura puertorriqueña.
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