Por Manuel Rodríguez Banchs
Las crisis revelan muchas de las contradicciones que no son aparentes en el capitalismo, exhiben marcadamente las divisiones de clase y agudizan la polarización de la sociedad. Por eso, no debe sorprender el surgimiento, auge y crecimiento de figuras, partidos -y gobiernos- de extrema derecha radical en muchos países del mundo. Un ejemplo centroamericano de este fenómeno es el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
Durante la gestión de Bukele como presidente se han revertido los modestos avances logrados en los diez años que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estuvo en la presidencia. El FMLN ganó la presidencia de El Salvador en el año 2009, casi 20 años después de los acuerdos de paz que pusieron fin a la brutal guerra civil. Derrotó a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) -partido fundado a principios de los años ochenta por un miembro de un escuadrón de la muerte de la extrema derecha- que había sometido al país a reformas neoliberales devastadoras. Con el gobierno de Bukele, se han ido disolviendo las pequeñas mejoras concretas sobre las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la sociedad salvadoreña. Medidas que fueron insuficientes para lograr la reelección del FMLN a un tercer término.
Se ha generalizado en el país una actitud antipolítica y antipartidos. También hay un alto grado de pesimismo en sectores de la izquierda y de los movimientos sociales sobre la capacidad del Frente para cumplir sus objetivos revolucionarios. Amplios sectores se han despolitizado, lo que los hace más vulnerables a la oferta de figuras y personalidades surgidas de los cambios en el sistema político que ha seguido el modelo estadounidense: campañas costosas, que giran en torno a la personalidad de candidatos carismáticos, que abandonan las propuestas y los programas de los partidos y optan por campañas publicitarias en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ese es el caso de Nayib Bukele.
En Puerto Rico, también se ha ido agudizando la polarización social, a la misma vez que se acentúa una actitud antipolítica y antipartidos del lado de un pesimismo sobre posibles alternativas. Han surgido, también, figuras individualistas, mediáticas (o de medios no tradicionales) que han acaparado una gran atención. Entender el caso de Bukele ayuda a entrever los posibles peligros de este modelo político.
¿Quién es Nayib Bukele?
Nayib Bukele, influencer, empresario y exalcalde de San Salvador por el FMLN -partido del cual fue expulsado en 2017- ganó la presidencia de El Salvador en las elecciones de febrero de 2019. Fue candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), otra formación de la derecha, tras el retraso en la inscripción de su partido Nuevas Ideas. Bukele es una de las caras de la nueva derecha radical que ha surgido producto de las crisis del capitalismo a nivel global. Su figura ha logrado el apoyo de amplios sectores en El Salvador y ha generado -peligrosamente- entusiasmo y admiración de otros sectores internacionalmente.
Bukele creció en San Salvador en un entorno privilegiado. Su padre fue dueño de un gran grupo empresarial en El Salvador. Sus empresas se extienden a los renglones de alimentos y bebidas, publicidad, textiles, productos farmacéuticos, automóviles y motocicletas. Es también dueño de una empresa de relaciones públicas. Bukele estudió en una escuela privada. La mayoría de sus compañeros de escuela -igualmente adinerados y privilegiados- compartían las perspectivas conservadoras de sus familias y su clase social. Su padre, a pesar de su fortuna, era una persona de izquierda y fue partidario y colaborador de las fuerzas guerrilleras del FMLN.
Bukele fue presidente de Yamaha Motors, una de las empresas de su familia, cuando solo tenía 18 años. Posteriormente abandonó la universidad y abrió una discoteca. Pero su proceso de aprendizaje político comenzó cuando se hizo cargo de la empresa de relaciones públicas de su familia, cuyo cliente más importante era el FMLN. Los efectos en El Salvador de la crisis de 2008 y los graves escándalos de corrupción que arroparon a ARENA permitieron que en el año 2009 el FMLN ganara la presidencia del país, puesto que mantuvo durante diez años. Ese mismo año, Bukele incursionó en Twitter, cuyo perfil ha evolucionado recientemente de “oficialmente soy el presidente más cool del mundo” a “dictador de El Salvador”, a “el dictador más cool del mundo mundial” a simplemente “El Presidente”. Bukele aprovechó su acceso a las empresas de mercadeo, publicidad y relaciones públicas de su familia para desarrollar su “branding” y convertirse en una estrella de las redes sociales, un verdadero influencer.
La búsqueda de respuestas ante las crisis provocan que muchas personas exploren alternativas en los extremos del tablero político. Así ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. También hemos visto ejemplos de este tipo de polarización recientemente en muchos países del mundo. Esa polarización provoca que a la misma vez que se construyen alternativas progresistas y de izquierdas, surjan nuevas expresiones de la derecha radical, ya sea en nuevas formaciones y partidos políticos o a través de figuras públicas y otras personalidades. Surgen, como caras de la misma moneda de la extrema derecha radical, partidos políticos por un lado y celebrities por el otro. La amenaza que representan los partidos de la nueva derecha es reconocida claramente -y combatida decididamente- por toda la izquierda. Sin embargo, algunas figuras como Bukele generan simpatías peligrosas en algunos sectores de la izquierda y el progresismo.
Debut electoral
El 11 de marzo de 2012 Bukele fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pueblo a las afueras de la capital, como candidato del FMLN. Aunque fue alcalde por un partido radical de izquierda, se “mercadeaba” como una persona con ideales económicos de derecha. Algunas de las políticas de su primera gestión como alcalde fueron de corte progresista -impuestos progresivos y aumento del gasto público- pero se distanció del discurso del FMLN y privilegió al sector empresarial. También rechazó los colores del partido -rojo y blanco- y en su lugar cubrió las calles con materiales de campaña que mostraban su nombre en blanco sobre un fondo azul claro. Bukele ganó por menos del dos por ciento de los votos. Su gobierno parecía una campaña electoral permanente. Abrió una clínica de salud que operaba las 24 horas, una biblioteca y un centro comunitario. Durante su incumbencia se aprobó la distribución gratuita de alimentos para los adultos mayores. La deuda de Nuevo Cuscatlán se disparó y también su popularidad.
El término del Concejo Municipal, incluyendo al Alcalde, es de 3 años. Por eso, ante su creciente popularidad, el FMLN lo impulsó para la alcaldía de San Salvador en el 2014. El partido había hecho un trato con Bukele en un esfuerzo exitoso para ganar y sacar a ARENA de la alcaldía de San Salvador. La alcaldía de San Salvador suele ser un trampolín hacia la presidencia. Muchas personas de la dirección del FMLN vieron en la candidatura de Bukele una ventaja táctica con la cual podrían conseguir hasta tres escaños adicionales en la Asamblea Legislativa.
Bukele excluyó al FMLN de su campaña para la alcaldía de la capital, en la cual repitió la misma fórmula de su aventura en Nuevo Cuscatlán: los mismos colores, la misma insignia (“N”) y el mismo eslogan (“Nuevas Ideas”). Cuando Bukele ganó el ayuntamiento de San Salvador el 1 de marzo de 2015, ya había consolidado su “branding” y tenía más seguidores en Twitter que el presidente del país. Según la prensa, su gestión en la capital estuvo plagada de irregularidades en las obras de la alcaldía, en particular en el desarrollo del mercado del centro y en la revitalización del histórico distrito comercial de San Salvador. Todo se hizo “fast track” sin los permisos y en violación a las ordenanzas de zonificación. Pagó precios inflados a los contratistas y ocultó información al ayuntamiento. Todo el poder y la gestión pública de la ciudad se concentró en la figura de Bukele.
La presidencia
Desde su elección a la alcaldía de la capital, Bukele quería la candidatura del FMLN a la presidencia para las elecciones de 2019. Pero fue expulsado del Frente en el 2017 por un caso de violencia contra las mujeres: agresión verbal y física contra Xochilt Marchelli -síndica de la comuna capitalina- durante una sesión del concejo municipal de San Salvador. Esa agresión debía ser suficiente para acabar su carrera política. Pero su expulsión disgustó a parte de la base del FMLN, situación que aprovechó para hacer un llamado al boicot en las elecciones legislativas y municipales de 2018. Ese mismo año fundó su propio partido, Nuevas Ideas, pero no pudo correr a la presidencia bajo esa insignia.
Bukele ganó la presidencia como candidato de GANA con el 53.8% de los votos frente al 31.6% de ARENA y el 13.7% del FMLN. Las elecciones de 2019 fueron las sextas que se celebran en El Salvador desde que terminó la guerra civil con los acuerdos de paz de 1992. Hubo desde entonces tres gobiernos consecutivos de ARENA, seguidos de dos del FMLN.
Desde que llegó a la presidencia, Bukele ha sido un facsímil centroamericano de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Adoptó de ellos la retórica del cristianismo fundamentalista y las políticas neoliberales. Durante su discurso de toma de posesión, Bukele se refirió a El Salvador como “un niño enfermo” cuya cura podría requerir “medicina amarga”, “responsabilidad individual” y “sacrificio”. Su retórica neoliberal solo se puede interpretar como el regreso a la ideología y a las medidas de austeridad y paternalismo de los gobiernos de ARENA entre 1989 y 2009, que desencadenaron una serie de crisis económicas, fiscales y sociales que aún mantienen a gran parte del país en condiciones de pobreza.
Sus primeros 100 días como presidente revelaron que más allá de “nuevas ideas”, el bukelismo mostraba señales de retroceso hacia los conocidos programas neoliberales de concentración de riqueza y concesiones al imperialismo. El primer discurso público de Bukele, después de la toma de posesión, fue pronunciado en la “Heritage Foundation” en Estados Unidos, una fundación de la derecha en ese país. Tres meses en el cargo habían sido suficientes para confirmar las sospechas de la izquierda, los sectores en lucha y los movimientos sociales salvadoreños.
La receta neoliberal
Varias semanas después de asumir su mandato, Bukele inició una ola de despidos masivos de trabajadores del sector público, con el pretexto de “arrancar la corrupción desde la raíz”. En una de sus intervenciones en el exterior, expresó la necesidad de “modernizar” el país y usó como ejemplo la limitación de la jornada laboral a ocho horas diarias como algo que afectó la productividad, por lo cual señaló que habría que explorar el regreso a las jornadas de doce horas diarias. Bukele disolvió muchas agencias del gobierno, incluyendo las responsables de la inclusión social, participación ciudadana, gobernabilidad y transparencia. En materia de inmigración y seguridad, Bukele reveló en sus primeros cien días su servilismo a Donald Trump y al imperialismo de Estados Unidos. Ante la tragedia del fallecimiento de niñas y niños salvadoreños en la frontera con Estados Unidos, en lugar de denunciar la criminalización de los refugiados y la constante violencia ejercida contra estos a causa de las políticas migratorias estadounidenses, Bukele culpó al pueblo salvadoreño de lo acontecido. Inició una nueva fase de cooperación con Estados Unidos para custodiar las fronteras e hizo un despliegue masivo de las fuerzas “anti-pandillas” en las calles del país. Bukele utiliza su cuenta de Twitter para censurar, disciplinar y humillar a los miembros de su gabinete, a diputados, representantes de su partido y de la oposición política.
Las acciones autoritarias de Bukele como presidente incluyen la ocupación del parlamento con tropas fuertemente armadas, amenazas contra miembros de la Asamblea Legislativa, el despido de los magistrados de la Corte Suprema y su reemplazo con jueces que han permitido que se postule para un segundo mandato a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohíbe, la adopción del Bitcoin como la moneda de curso legal en El Salvador y el arresto de Mario Gómez, uno de los críticos más vocales de esta medida. Ha utilizado el régimen de excepción reiteradamente, en exceso también de los límites legales y constitucionales.
Su gestión ha sido evaluada positivamente a nivel regional e internacional. Pero su enfoque en la seguridad pública en el país más peligroso y violento de América Latina, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, comienza a generar críticas desde la perspectiva de los derechos humanos y las libertades democráticas, aunque mantiene niveles de apoyo asombrosos en su país.
¿Por qué el apoyo a Bukele?
El Salvador fue el primer país de la región centroamericana que tomó medidas de protección contra la propagación de la pandemia de la COVID-19. El 22 de enero de 2020, luego de que se diera a conocer el primer caso en Estados Unidos, el Ministerio de Salud acató inmediatamente los protocolos de vigilancia epidemiológica de la OMS y puso en vigor controles sanitarios estrictos a la entrada del aeropuerto internacional de Comalapa. Después de que la OMS calificó la epidemia de coronavirus como una pandemia, Bukele retomó la estrategia de prevención decretando el estado de emergencia nacional: suspensión de todas las actividades escolares públicas y privadas, prohibición de entrada al territorio salvadoreño y cuarentena de 30 días a todas aquellas personas que ingresen al país por cualquier vía.
A partir de entonces, aumentaron las restricciones a la movilidad. El 14 de marzo de 2020 la Asamblea legislativa aprobó una Ley de restricción temporal de derechos constitucionales y suspendió por 15 días la libertad de tránsito y el derecho de reunión. Una semana después cuando se habían confirmados los primeros casos en el país, Bukele decretó una cuarentena nacional obligatoria por un periodo de 30 días. Esta medida incluyó la distribución de un subsidio de 300 dólares a cerca de un millón y medio de hogares considerados vulnerables o afectados por la cesantía laboral. Estas medidas desaceleraron la expansión del coronavirus en El Salvador. Sin embargo, el número de contagios creció rápidamente a partir de finales del mes de abril, cuando aumentaron los casos a cerca de 300 diarios. El aumento en los contagios provocó que se prolongara y se fortaleciera el estado de excepción. Las detenciones en cuarentena se prolongaron por más de 30 días. Cientos de personas fueron privadas de libertad en cárceles y en “centros de contención” por la policía o las fuerzas armadas por violaciones al toque de queda y se documentaron incidentes graves por uso excesivo de fuerza.
Bukele se negó a acatar las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se ordenaba la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por violar la cuarentena. Además, aumentaron las amenazas del presidente contra periodistas y universitarios críticos de su gestión. La pandemia reveló el potencial autoritario del gobierno de Bukele, potencial que ha sido puesto en marcha y que para muchas personas había sido superado con los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra. Las contradicciones exhibidas durante la pandemia sirvieron de preámbulo a lo que ha resultado ser su gestión. Por un lado, las acciones de Bukele trajeron amargos recuerdos de los regímenes de excepción impuestos durante la guerra. Por otro lado, el régimen de excepción durante la pandemia estuvo acompañado de medidas de protección para los sectores más vulnerables a través de subsidios y protecciones a los derechos de la clase trabajadora ante empresas que no respetaban las restricciones impuestas. La combinación de medidas paternalistas y clientelistas proyectaron a Bukele como el hombre fuerte y protector. La respuesta contra la pandemia aumentó la popularidad de Bukele y con ello creció también el nivel de apoyo, pero fue una señal clara de lo que puede considerarse como la primera ruptura democrática desde el fin de la guerra.
Más allá del manejo de la pandemia y medidas clientelistas como los subsidios al combustible, las dos medidas emblemáticas de Nayib Bukele en su primer mandato han sido la designación del Bitcoin como moneda de curso legal y la suspensión de las garantías constitucionales como parte de la ejecución de una política de mano dura frente a las pandillas. La primera, a pesar de haber incluido la distribución de una cantidad de Bitcoin a la ciudadanía y haberle hecho ganar popularidad entre los fanáticos de las criptomonedas, no obtuvo los logros esperados. Sin embargo, la mano dura sí alcanzó los objetivos que buscaba desde el punto de vista de la seguridad y de la percepción de su gestión a costa del establecimiento de un régimen autoritario sin garantías constitucionales, con censura y privaciones de libertad masivas.
La violencia pandillera
El 26 de marzo de 2022, El Salvador registró la alarmante cifra de 62 homicidios. Se alega que fueron cometidos por pandillas. Esa noche y la mañana siguiente, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa que declarara el régimen de excepción y ordenó el aislamiento absoluto de las personas privadas de libertad en sus celdas. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa -cuerpo en el que Bukele obtuvo mayoría en las elecciones legislativas y municipales de 2021- declaró un “régimen de excepción” que suspendió por 30 días los derechos constitucionales a la libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado sobre el motivo de una detención, el derecho a guardar silencio y a la representación legal y el requisito de presentar a cualquier persona detenida ante un juez no más tarde de 72 horas posteriores a su detención. El plazo de 30 días puede prorrogarse una sola vez por el mismo período. Sin embargo, el régimen de excepción ha sido prorrogado 15 veces consecutivas. El Salvador lleva más de 450 días bajo el régimen de excepción, situación que no se experimentaba desde la época de la guerra civil.
Según la organización Human Rights Watch (HRW), Bukele tomó la Corte Suprema, reemplazó al fiscal general por un aliado del gobierno y aprobó leyes para destituir a cientos de fiscales y jueces de tribunales inferiores. El Salvador no cuenta con instituciones independientes capaces de fiscalizar al poder ejecutivo. Bukele ha adoptado medidas para socavar el acceso a la información pública en el país.
La violencia, sobre todo los asesinatos, se ha reducido dramáticamente. La reducción de los asesinatos producto del régimen de excepción no se debe únicamente a las privaciones de libertad masivas. Tampoco es exclusivo del bukelismo. Según la prensa, Bukele ha estado en negociaciones con las pandillas desde su gestión como alcalde de la capital. A cambio de las concesiones del gobierno, la pandilla con más miembros en el país, se comprometió desde un inicio a cerrar “las válvulas de asesinatos” y también dio su apoyo a Nuevas Ideas en las elecciones legislativas y municipales de 2021. Medios salvadoreños sostienen que no es la primera vez que un acuerdo entre las pandillas y el gobierno logra reducir drásticamente los homicidios. En el 2012 el Gobierno de Mauricio Funes, del FMLN, también intentó negociar en secreto y en diferentes etapas, primero una reducción de homicidios y luego apoyo electoral en las presidenciales de 2014. En aquella ocasión hubo reducciones drásticas en los asesinatos durante dos años, pero el fracaso de esos procesos hizo de 2015 el año más violento en el país con una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Según HRW las negociaciones entre las pandillas y el gobierno, que precedieron el inicio del régimen de excepción con el consentimiento de las primeras, continúan. Pero, la reducción de la violencia no es sostenible. Primero, la aprobación popular de la gestión de Bukele irá cediendo ante la necesidad de recuperar las libertades y los derechos democráticos limitados por el régimen de excepción. Pero además, no será duradero porque las causas estructurales de la violencia siguen intactas. Si algo puede provocar el programa neoliberal -la medicina amarga- impulsado por Bukele es que se agudice la desigualdad y la pobreza extrema y con ello aumenten los niveles de violencia.
Otras medidas del bukelismo
Organizaciones como la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y la Mesa de Trabajadores Despedidos han denunciado el aumento de la represión sindical y la privación de libertad de decenas de líderes sindicales, sin conocer qué cargos se le imputan, en el marco del régimen de excepción implementado en el país. Por otro lado, luego de defenderla durante la campaña, Bukele ahora se opone a la despenalización del aborto. También rechaza el matrimonio igualitario.
Otras medidas antidemocráticas aprobadas por el bukelismo incluyen la censura contra los medios de comunicación. Se enmendó el Código Penal para sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita “mensajes o comunicados originados o presuntamente originados” por pandillas. La Asociación de Periodistas de El Salvador denunció la medida que calificó como un claro intento de censura. Las sanciones para quienes incumplan esta norma incluyen penas de 10 a 15 años de prisión. Otra de las medidas es la prohibición de grafitis. Las enmiendas al Código Penal también prohíben la elaboración y reproducción de propaganda, mensajes, señales o grafitis alusivos a las pandillas. Establece que quienes elaboren, participen o faciliten la ejecución de textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados, donde se transmitan mensajes explícitos e implícitos que hagan alusión a las pandillas, serán condenados con una pena de 10 a 15 años de prisión.
El gobierno también pretende castigar a las personas privadas de libertad por las acciones cometidas por personas fuera de la prisión, una forma de castigo colectivo que viola los derechos humanos más elementales. Las medidas incluyen quitarle a las personas privadas de libertad su ropa, la luz, ropa de cama, acceso al aire libre, a la recreación, a alimentos adecuados y agua potable. Esto también es incompatible con los estándares internacionales sobre el trato a las personas detenidas y privadas de libertad. Una base de datos a la cual tuvo acceso HRW, que presuntamente pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, respalda las denuncias y los hallazgos anteriores sobre la sobrepoblación severa en centros penales y la muerte de personas en prisión.
Desde marzo de 2022, policías y militares han detenido a más de 60,000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 58,000 aún permanecen encarceladas. Las fuerzas de seguridad han hecho cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en barrios pobres que han sufrido durante años marginación y exclusión. Los arrestos masivos han provocado la detención de cientos de personas sin conexión con las actividades delictivas de las pandillas. Trabajadores, estudiantes, sindicalistas y artistas urbanos han sido privados de libertad durante el régimen de excepción.
Por último, Bukele anunció recientemente que reducirá el número de alcaldías y los escaños en la Asamblea Legislativa. Con estos cambios será más difícil para los partidos pequeños lograr representación en ese cuerpo. Además, se presentó como precandidato a la reelección para las elecciones del 3 de febrero del próximo año a pesar de que siete artículos de la Constitución de su país lo prohíben. Otra amenaza latente son las exigencias de más políticas de ajuste estructural y de mayor austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la insostenibilidad de la deuda pública de El Salvador.
Los grandes retos para la izquierda
Desde que ganó la presidencia, Bukele ha exhibido su carácter autoritario con medidas represivas: usó las fuerzas armadas para intimidar a los diputados; impuso un régimen de excepción militarizado durante la pandemia; atacó a periodistas independientes; enjuició a la oposición política y orquestó un golpe legislativo mediante el cual reemplazó a los magistrados de la Corte Suprema y al Fiscal General. Con el respaldo de una parte considerable del país, Bukele ha ido transformando una débil democracia neoliberal en un régimen autocrático militarizado. Ha revertido los frágiles logros de los Acuerdos de Paz de 1992 y ha destruido en el proceso el sistema político desarrollado en el país después de la guerra civil. Su ascenso al poder solo puede entenderse en el contexto de la crisis prolongada como consecuencia de las limitaciones de ese sistema.
Aunque algunos sectores sindicales parecen haber sido cooptados -como la Unidad Sindical Salvadoreña que apoya la reelección de Bukele- otros sectores del movimiento obrero, las organizaciones feministas, LGBTTiQ+, estudiantiles y ambientales continúan movilizándose contra el gobierno. Pero sin una fuerza social, política y electoral progresista capaz de generar apoyo suficiente, la derecha y las clases dominantes serán la alternativa ante el descontento que se generará en la medida que siga avanzando el autoritarismo de Bukele. Ciertos sectores del gran capital se han alineado con el gobierno, pero muchos otros sectores de la burguesía nacional todavía ven a Bukele con escepticismo. Los pasados ciclos electorales confirman -con el surgimiento de nuevos pequeños partidos de derecha- que un sector de la clase empresarial salvadoreña sigue buscando alternativas viables al bukelismo. Sin el fortalecimiento de la izquierda, estas fuerzas podrían sustituir a Bukele con otra candidatura de la derecha, prácticamente sin oposición. Esa candidatura será incapaz de impulsar el programa necesario para superar las crisis estructurales que ahogan a El Salvador.
El balance para el FMLN, luego de 10 años en el gobierno, no es positivo. Perdió apoyo de su base, la mayoría de la población terminó frustrada e insatisfecha con su gestión y responsabilizó a la izquierda por la insuficiencia de las medidas aprobadas. Esa insatisfacción se expresó electoralmente contra el FMLN después de dos términos en la presidencia del país. Sus resultados electorales posteriores han seguido esa tendencia. Las elecciones municipales y legislativas de 2021 dejaron al FMLN con solo cuatro escaños legislativos y un puñado de pequeñas alcaldías. ¿Se habrá agotado el sistema electoral de la posguerra? ¿Podrá el FMLN presentar una alternativa viable que permita recuperar sus bases populares y conseguir el apoyo de los movimientos sociales? ¿Será posible un reagrupamiento de la izquierda salvadoreña? ¿Cómo afectará la correlación de fuerzas la crisis que se sigue cocinando globalmente?
Estas son solo algunas preguntas sobre las que el FMLN, la izquierda y los movimientos sociales deben reflexionar. También debe analizarse desde la perspectiva revolucionaria internacional. La izquierda y los movimientos sociales de El Salvador han enfrentado situaciones muy difíciles en el pasado. Su voluntad de enfrentarse a la realidad -por desfavorable que sea la correlación de fuerzas- será determinante en el desarrollo de estrategias que permitan contrarrestar la ofensiva bukelista. No será tarea fácil, en especial ante el grado de apoyo y simpatía que sigue generando el bukelismo. Para derrotar y detener el avance del bukelismo será necesario seguir fortaleciendo las movilizaciones contra el gobierno y apoyar la resistencia, como parte de cualquier estrategia. Será igualmente necesaria la apertura y la participación democrática, la discusión y el análisis colectivo, la vinculación con la clase trabajadora y los movimientos sociales. En Puerto Rico conocemos de primera mano el fracaso de las políticas neoliberales. Hemos enfrentado “medicina amarga”, despidos masivos, y privatización de los servicios públicos. La suspensión de la constitución durante las manifestaciones del verano de 2019 fue algo excepcional, aunque los casos de brutalidad policíaca contra manifestantes y uso excesivo de fuerza con consecuencias fatales son habituales. Aunque esta situación es grave, no se compara con los excesos de más de 450 días del régimen de excepción en El Salvador. Régimen que mantiene suspendidos derechos democráticos como la libertad de expresión, asociación y reunión, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado sobre las razones de una detención, el derecho a guardar silencio y a representación legal y el derecho de cualquier persona detenida a ser llevada ante un juez sin dilación.
Bukele es parte de la corriente internacional de la extrema derecha radical, conocida como la Internacional del odio. Por eso, para detener la amenaza de la extrema derecha radical, amenaza que enfrentan muchos países del mundo, también será imprescindible la solidaridad internacional.