La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica: sus efectos sobre nuestras aguas y tierras

Por Jorge Lefevre Tavárez


La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como la conocemos hoy es la heredera de la primera corporación pública de Puerto Rico, creada en el 1941: la Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF). A la Autoridad de Fuentes Fluviales se le transfirieron en su origen las funciones de generación y distribución eléctricas que antes le pertenecían al Negociado de la Utilización de las Fuentes Fluviales, creado en el 1926. Se le transfirieron, también, las funciones que llevaba a cabo el Servicio de Riego de Puerto Rico, lo que significa que la AEE tiene, al día de hoy, bajo su cuidado, 60% de los cuerpos del agua y las tierras aledañas por vías de la servidumbre de paso.


¿Cómo se relacionan la generación y distribución de la energía eléctrica con el sistema de riego?


A principios del siglo XX, se llevaron a cabo grandes inversiones estatales para la creación de un Servicio de Riego de la Costa Sur. Este sistema de riego, costeado en su totalidad con fondos públicos, vino a abastecer de agua a la creciente industria azucarera que se establecía en el área, en lo que Rafael Rodríguez Cruz ha llamado “la dimensión colonial de la construcción del sistema de riego del sureste” [1]. Las inversiones públicas fueron a contribuir a la expansión de la industria azucarera; las ganancias, en lugar de retornar a las arcas gubernamentales, permanecieron en los bolsillos de los grandes azucareros ausentistas.


Pero el complejo sistema de riego, que conllevó la creación de lagos, represas y sistemas de distribución, era capaz, también, de crear energía. “Tanto la reserva de Carite [en Cayey], como la de Guayabal, tenían desde el principio el potencial para generar electricidad. La primera, en particular, poseía una represa y túnel, cuya apertura estaba localizada en el lado sur. Esto resultaba en una caída abrupta de agua, con una fuerza equivalente a 2,000 caballos de fuerza de electricidad” [2]. Así fue como, desde las entrañas del sistema de riego, se creó la Central Hidroeléctrica Carite y “se inició en la isla la producción y distribución de la electricidad” en manos estatales [3]. El éxito de Carite fue tal que se fueron expandiendo las hidroeléctricas estatales durante los próximos años, lo que llevó a que se fundara eventualmente el Negociado de la Utilización de las Fuentes Fluviales.


La generación y distribución de la electricidad estaba, para esa época, muy limitada. Las distintas compañías privadas se concentraban en las ciudades: San Juan, Ponce, Mayagüez. Las grandes inversiones necesarias para llevar la luz a los distintos rincones de la isla no resultaban costo-efectivos para la empresa privada. Además, la generación privada en el país no daba abasto para la creación o atracción de las industrias que vendrían a caracterizar el periodo de Manos a la Obra. Por eso fue necesario el crecimiento del Negociado, no solo a través del aumento en el número de hidroeléctricas, sino también a través de la compra de otras entidades privadas de energía. En el 1937, adquiere el Ponce Electric Company. Luego, en el 1945, se adquieren la Puerto Rico Railway Light and Power Company y la Mayagüez Light Power and Ice Company. “De esta forma quedaron integrados en una sola compañía los principales sistemas de electricidad que operaban en la isla” [4].


Por todo lo dicho es que, antes de que se fundara la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el servicio de agua y alcantarillado se daba por vías de una subsidiaria de la Autoridad de Fuentes Fluviales, bajo el nombre de Servicio Insular de Alcantarillados, creado en el 1941. No es hasta 1945 que se crea la AAA como corporación pública por vías de la Ley 40 [5]. Pero como una parte importante de la producción energética continuaba siendo hidroeléctrica, los cuerpos de agua permanecieron bajo el custodio de Fuentes Fluviales. Los caminos de la historia son curiosos: del agua, surgió la luz; luego, de la luz, surgió el agua.


La historia dialéctica entre el agua y la energía explica por qué, en la actualidad, la AEE tiene bajo su cuidado el 60% de los cuerpos de agua en el país, al igual que las tierras aledañas. Esta responsabilidad puede darse o porque la propia AEE es dueña de la propiedad o por las responsabilidades delegadas a la AEE por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, concernientes a la administración de estas tierras y aguas. Los únicos lagos principales del país que no están bajo el cuidado de la AEE son el Lago La Plata, el Lago Cerrillos y el Lago Carraízo [6].


A través de los cuerpos de agua que administra, la AEE le suple agua a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (volvamos a recordar que la AAA surge como una dependencia de la AEE). Parte del agua potable que consumimos proviene de fuentes de agua que le pertenecen a la AEE, y que le vende a la AAA a precios reducidos. Pero los terrenos aledaños son de un valor incalculable, por su importancia natural y su belleza topográfica [7].


Al heredar las funciones del Servicio de Riego de Puerto Rico, al día de hoy es la AEE quien le suple agua a la industria agrícola, particularmente en el sur y en el sureste del país. Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego, ha descrito el sistema de riego de Puerto Rico como una de las obras de ingeniería y arquitectura más grandes del mundo, en la medida en que traspasa montañas, sube laderas y baja valles, en algunos casos incluso sin sistema de bombeo: solo por gravedad [8].


Este panorama, no muy difundido en las discusiones públicas que se han tenido alrededor del tema de la AEE, es un factor adicional que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer referencia a las consecuencias de la posible privatización de la corporación pública (digo “posible” porque todavía confío en que somos capaces de detenerla). Esta breve nota espera aportar en esta dirección. En el programa Vía pública, de la Fundación Roberto Sánchez Vilella, Félix Córdova Iturregui y yo dialogamos con Figueroa Jaramillo sobre este tema, y la información que nos brindó es la que sigue [9].


El sistema de riego se supone que sea costeado por el gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, hace décadas que no hace la aportación que le es debida, razón por la que la AEE ha tenido que asumir los costos del riego. Figueroa Jaramillo sostiene que si la AEE fuera a cobrar el costo operacional del sistema de riego a los agricultores del país, este equivaldría a unos $5 millones anuales. La AEE, al ser una corporación pública que ofrece un servicio (es decir, no vende una mercancía para generar ganancia privada), todavía ve el servicio de riego, no como un gasto, sino como una aportación al país y a su agricultura. Sin el sistema de riego, el Valle de Lajas no podría tener la agricultura que tiene, según indicó como ejemplo Figueroa Jaramillo.


Uno de los peligros de la privatización de la AEE tiene que ver con esta aportación a la agricultura del país. Al privatizar un servicio público y convertir el sistema de riego en una mercancía, la agencia privatizadora no tendrá razón ni incentivo económico para continuar con la “aportación” anual de $5 millones a la agricultura del país. Buscará, como mínimo, recuperar esos $5 millones anuales y generar una ganancia. De esto hacerse una realidad, los costos de producción de la industria agrícola serían mucho más severos – quizás, incluso, insostenibles para muchos y muchas agricultoras.


Y, añado yo ahora, al denunciar este peligro, no se debiera pensar únicamente en la agricultura existente en la actualidad (hay mucha corporación grande que se aprovecha de este sistema de riego), sino en el futuro desarrollo agrícola del país. Si la agricultura es fundamental para la soberanía alimentaria, si la agricultura es una de las industrias claves que se debiera impulsar para salir de la crisis del país, ¿cuánto más difícil será alcanzar estas metas si el sistema de riego pasara a manos privadas?


Con respecto al contrato de LUMA, existe un silencio y una incógnita sobre las consecuencias inmediatas de esta privatización para los cuerpos de agua y sus terrenos aledaños. Los contratos de privatización son peligrosos tanto por lo que dicen como por lo que esconden, y más todavía en un proceso como este que se hace a las espaldas del país. Aunque las centrales generatrices como las hidroeléctricas no forman parte del contrato de LUMA (que privatiza la administración y la distribución de la energía, no la generación), no deja de ser cierto, por ejemplo, que la servidumbre de paso se le estará transfiriendo a LUMA. Figueroa Jaramillo alerta sobre las posibles ventas de las propiedades cercanas a los cuerpos de agua, que en la actualidad le pertenecen a la AEE. Tierras vírgenes, preservadas, de un valor paisajístico extraordinario, pudieran muy bien convertirse en tema de bienes raíces en un futuro cercano, con las consecuencias deplorables que hemos visto en las últimas décadas por el afán de desarrollo destructivo para el ambiente.


Otra posibilidad que advierte Figueroa Jaramillo es que se haga una subsidiaria para administrar y alquilar estas tierras. La Ley 17 le permite a la AEE crear subsidiarias sin tener que pasar por la legislatura. PREPANET, por ejemplo, conocida por todo el país, es una subsidiaria, al igual que lo son PREPARENEWABLE y PREPAGAS. Figueroa Jaramillo no descarta que se cree una subsidiaria para hacer ganancias de estas tierras a través de prácticas que sean perjudiciales para el espacio natural. Además, aunque la venta de algún activo de la corporación pública sí requiere legislación, un arrendamiento a largo plazo (40 años, 50 años) no tiene que pasar por tal procedimiento. Y en la medida en que se fomente cierto desarrollo urbano alrededor de cuerpos de agua, pone en peligro a los propios cuerpos.


El potencial de estas tierras, por otro lado, tampoco había sido aprovechado por el pueblo de Puerto Rico previamente, algo que debiera criticársele a la AEE y al gobierno de Puerto Rico. El economista José Antonio Herrero en el pasado había hecho un estudio económico de viabilidad ecoturística, incorporando esta propuesta como un elemento de ingreso para la AEE pero dentro de un modelo que sería viable para el mantenimiento de estas tierras. El gobierno estuvo de oídos sordos por dos décadas. El posible futuro de estas tierras bajo LUMA podría ser el peor de los mundos: accesible solo para unos pocos privilegiados (todavía fuera de las manos del pueblo de Puerto Rico) y peligroso para la preservación de la tierra y el agua.


Al considerar que la AEE está encargada de 60% de los cuerpos de agua y de las tierras aledañas, la lucha en contra de LUMA y de la privatización de la corporación pública cobra dimensiones todavía más necesarias. La privatización no solo conllevaría el desmantelamiento de la entidad que genera y distribuye la energía eléctrica a lo largo del país, sino que también implicaría el posible deterioro de espacios naturales y el dificultar aún más la agricultura.


Añado, finalmente, que parecería que LUMA pudiera también afectar el precio del agua si altera los precios actuales de venta de agua a la AAA. El contrato no entra en estos detalles, pero en la medida en que todo servicio que actualmente otorga la AEE se convierte en mercancía, la idea no es descabellada. Las consecuencias de esto no solo implicaría el aumento en los costos del agua para los consumidores: podría conllevar, también, en el típico proceder neoliberal de hacer algo inoperante para luego privatizarlo, un futuro plan de desmantelamiento y destrucción de otra corporación pública: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.


Notas


[1] Rafael Rodríguez Cruz, “Coloniaje y corrupción. El sistema de irrigación del sureste de Puerto Rico (1906-1914)”. Rebelión, 13/13/2018. https://rebelion.org/el-sistema-de-irrigacion-del-sureste-de-puerto-rico-1906-1914/?fbclid=IwAR3nS11r81XWM-j378JM1TEYq6SPQOicE0akYKquPzNUXabjPmXAVDfG8ZQ.


El autor también ha estudiado el impacto del desarrollo industrial capitalista en los acuíferos del sur . Ver: “Colonialismo, genocidio ambiental y luchas comunitarias en el sureste”. 80grados.net. 10/10/18. https://www.80grados.net/colonialismo-genocidio-ambiental-y-luchas-comunitarias-en-el-sureste/


[2] Ibid.


[3] Angeli Acosta, “Breve historia de la AEE”. El artículo se encuentra en la página de Facebook del Frente Socialista: https://www.facebook.com/frentesocialistapur/posts/1755538534510413/.


[4] Ibid.


[5] Ver, al respecto, la Ley 40 del 1 de mayo de 1945, que hace referencia a estos cambios históricos: http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Agua/40-1945.pdf.


[6] La siguiente información fue dada por Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego, en el programa radial Vía pública (Radio Universidad, lunes a las 4:00pm), el 1ero de marzo de 2021.


[7] Ibid.


[8] Ibid.


[9] Ibid.


***

Jorge Lefevre Tavárez es miembro de Democracia Socialista y de la Junta Editorial de momento crítico.

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