Por Democracia Socialista
Democracia Socialista se une a los múltiples sectores políticos y de la ciudadanía para defender nuestro derecho a disfrutar de nuestras playas y costas. La lucha en defensa de nuestros recursos naturales es parte de la lucha amplia por acabar con esta sociedad que privilegia la ganancia privada sobre el bien común. Por eso, las luchas ambientales demuestran de manera insistente una contradicción entre los intereses públicos y los privados.
Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) desenmascaró que, en el primer año de gobierno de Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista, los permisos de construcción en los municipios costeros aumentaron en un 29%. El gobernador, además, rechazó una recomendación de su propia Comisión de Cambio Climático para que implementara una moratoria de construcción en las costas.
El gobierno no solo avala los proyectos destructores de nuestros recursos naturales, sino que utiliza las fuerzas represivas del Estado para defenderlos. Ya el año pasado había enviado la Fuerza de Choque de la Policía a Rincón para reprimir a lxs manifestantes que se oponían a que el condominio Sol y Playa reconstruyera una piscina en terrenos públicos. Nada indica que esta práctica cambiará en controversias futuras.
Todo esto se da en el marco de movimientos para privatizar nuestros recursos naturales en beneficio de una minoría a fin de lucrarse e incrementar su caudal, en su afán de lucro y codicia. Son las políticas neoliberales de convertir todo en mercancía capaz de generar ganancias para el capital, llevadas al terreno de los recursos naturales.
Se han circulado videos de playas en Dorado que han sido segregadas para evitar que el ciudadano de a pie pueda entrar en ellas, haciéndolas exclusivas para personas de alto poder económico. En Dorado, también, un empresario, casualmente generoso donante de muchos políticos de ambos partidos corporativos (PNP y PPD) y del alcalde de ese municipio, se enriquece comerciando con estos bienes de dominio público.
En otros casos, se privatiza el recurso natural, no para hacerlo fuente de lucro, sino únicamente para privar al pueblo del acceso a estos recursos naturales, y hacerlos propiedad de disfrute privado. El País pudo ver, hace algunas semanas, videos de una señora intentando prohibir el uso de la playa de Ocean Park, con todo el capricho y la arrogancia que acompaña a esta visión propietaria e individualista del entorno natural.
Esta situación de apropiación de los recursos naturales de la isla que resurge no es nueva, y abarca toda nuestra extensión territorial. Una lista corta incluiría la playa del Caribe Hilton, Vieques, La Parguera, Arecibo (La Cueva del Indio), Boquerón, San Juan (Escambrón), Paseo Caribe, Luquillo (Punta Banderas) y Santa Isabel (Playa Jauca).
Esta nueva etapa de privarnos de nuestros recursos naturales está avalada por la dictatorial Junta de Control Fiscal y el gobierno del Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático. Aunque estas tres fuerzas a veces entren en controversia en ocasiones, en última instancia representan una misma visión de mundo, unos mismos intereses de clase, por lo que son incapaces de superar los problemas y los retos ambientales que nos enfrentamos.
Nos unimos a todos los sectores dispuestos a luchar para hacerle frente a estas movidas que buscan enajenarnos de nuestras playas y costas. Endosamos el Primer Encuentro de Comunidades Costeras, a llevarse a cabo el próximo 26 de febrero en Toa Baja. Nos unimos al llamado a formar una organización nacional que agrupe, organice y apoye las diversas comunidades amenazadas por la continua ofensiva de individuos y sectores “pudientes” y depredadores, tanto locales como extranjeros, para privatizar nuestras playas y costas en violación a la ley y a la Constitución.
Esperamos, también, que este frente único en defensa del ambiente pueda contar con un vehículo político del pueblo trabajador, que adelante sus intereses de clase y desplace a las fuerzas políticas actuales. Actualmente, existen medidas en la legislatura que buscan adelantar las luchas ambientales, imponiendo una moratoria en la construcción y facilitando procesos legales (al reconocer la legitimación activa) de controversias relaciondas al ambiente. Pero hace falta este vehículo para poder, de manera efectiva, no solo resistir estas medidas privatizadoras y destructoras sobre los recursos naturales, sino transformar radicalmente la manera en que la sociedad se acerca a su entorno natural.
¡Basta ya de entregarle nuestros recursos naturales a buitres y especuladores para enriquecerse con el patrimonio que nos corresponde a todas y todos!
¡Las playas son del pueblo!
¡Fuera las garras de los buitres de nuestros recursos naturales!
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