Radiografía del movimiento obrero (VI)

Por Democracia Socialista


Este escrito pretende ser una contribución a la lucha obrera en Puerto Rico. Es nuestro interés generar una discusión lo más amplia posible con sectores del movimiento sindical y con personas afines a la lucha y que reconocen que la construcción de un mundo mejor debe ser dirigida y organizada colectivamente y desde la perspectiva de quienes producen las riquezas. En ese sentido, es un documento abierto y sujeto a enmendarse y a ser mejorado, producto de esa discusión y debate al interior de la clase. La forma de resolver la crisis del movimiento está por discutirse y desarrollarse. Adelantemos el proceso para que la clase obrera pueda convertirse en una fuerza dirigente de la sociedad justa y democrática a la que aspiramos.


[Nota de la Junta Editorial de momento crítico: por la extensión del documento, dividiremos su publicación en siete partes. Se publicará una parte cada domingo por los próximos meses. En el futuro, se hará una edición del documento descargable como folleto.]


Aunque esta radiografía se concentra en ofrecer un cuadro o panorama de la clase obrera y el movimiento sindical, para entender la coyuntura actual es de ayuda tener una idea de lo que ha sido la historia del movimiento obrero en Puerto Rico. Para propósitos de este escrito, dividiremos la historia del movimiento obrero desde 1898 en seis (6) grandes etapas, cada una con sus respectivos cambios internos que responden a las transformaciones en la economía y en el movimiento sindical.


La sexta etapa: desde la Huelga de la Telefónica y la Ley 45


Trasfondo económico de la sexta etapa: la eliminación de la Sección 936


La crisis que enfrentamos en Puerto Rico comenzó en el año 2006, aunque ya podía anticiparse desde el 1996. En ese año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la eliminación de la Sección 936, una medida de exención contributiva para la gran manufactura y bajo la que descansaban las débiles bases económicas de la isla [1]. Las empresas cobijadas bajo la 936, en 1991, representaban 13% del empleo total y 72% del empleo manufacturero. Los empleos indirectos que creaba se estiman entre 200,000 y 300,000 (dependiendo de la fuente que se utilizaba). La Asociación de Bancos afirmaba que 43.5% de sus depósitos provenían de compañías 936. El vínculo de la Sección 936 con la economía de Puerto Rico era notable. Esta sección pasaría por un desfase de diez años, iniciando en el 1996 y extinguiéndose finalmente en diciembre del 2005.

Entre 1996 y 2005, se perdieron cerca de 30 mil empleos en la manufactura, por lo que los efectos de su eliminación se evidenció previo a su desaparición total. Finalizada la Sección 936, la economía creció 0.5% en el 2006, de acuerdo con el Producto Nacional Bruto Real (PNB). A partir de entonces, la crisis se manifestó en una contracción persistente de la producción que continúa en la actualidad. La excepción a dicha tendencia han sido los años 2012 y 2019 cuando la economía creció, según cifras oficiales, 0.5% y 1.8%, respectivamente. Ese crecimiento corresponde a factores que representaron la inyección de ingresos no recurrentes a la economía. En el 2012 se debió principalmente a las emisiones de bonos realizadas a través de COFINA (garantizados por el impuesto al consumo fijado en el país en el contexto del inicio de la crisis durante el gobierno compartido del PPD-PNP) y a la Ley de Recuperación y Reinversión aprobada por el Gobierno de EEUU en el 2009 en respuesta a la la Gran Recesión del 2008. Como resultado de estas dos medidas, la Administración de Luis Fortuño entre el 2009 y 2012 dispuso del equivalente a seis (6) presupuestos públicos en un periodo de cuatro (4) años. A pesar de esta situación, durante ese tiempo la economía creció solamente un año y apenas 0.5%. En el 2019, el crecimiento se debió principalmente a los fondos gubernamentales provenientes del Gobierno de EEUU para el proceso de recuperación y reconstrucción tras el Huracán María. Sin embargo, al analizar en términos agregados el periodo transcurrido entre el 2006 y 2020 la producción se ha contraído en -23.22%; mientras que el empleo ha disminuido en -21.37% . Durante ese periodo de tiempo, el empleo en la manufactura y en el gobierno se ha reducido -25.93% y -41.43%, respectivamente. Solamente en esos dos sectores, esas cifras representan en términos absolutos 153,000 empleos menos en un periodo de 15 años. Si bien la crisis no se puede limitar a la eliminación de la Sección 936, su génesis se relaciona de forma directa con ella.

Gráfica 10

Producción, Empleo y Población en Puerto Rico, 2006-2020

Fuente: Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador de Puerto Rico, 2006-2020

Mientras tanto, la crisis se profundiza. Por las políticas de privatización, despido, austeridad y recortes presupuestarios, los empleos en el gobierno se reducen, de 285,100 en el 2006, a 197,600 en el 2015, representando una pérdida de 88,000.


El golpe más grande vino durante el gobierno de Luis Fortuño. Entre el 2009 y el 2010 (año fiscal), la pérdida fue de 10,000 debido a la Ley 7, y entre 2009 y 2012 (año fiscal), la pérdida fue de 35,000. En el informe que rindiera el 8 de enero de 2009 el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica Fiscal (CAREF) justo cuando comenzó Luis Fortuño su gobernación, se estimaba en $30,000 el gasto del gobierno por empleado. Ya en el 2015 se habían perdido 88,000 empleos. Esto representa un supuesto ahorro de $2.64 mil millones de dólares cada año. En un plazo de 7 años sería un total de $18.48 mil millones. Esto sin contar los ahorros de 2009 al 2015. Nada se ha usado de ese “ahorro” para pagar la deuda. Al contrario, la deuda en los años de Fortuño aumentó dramáticamente. Nada se ha usado para hacer aportaciones debidas a los fondos de retiro. Cabe preguntarse: ¿a dónde ha ido a parar el dinero que el gobierno se ha ahorrado en estos empleados públicos? El despilfarro, el robo a las arcas gubernamentales y la fuga de dinero a empresas privadas a través de contratos millonarios ha sido la orden del día.

En empleo total ha habido una reducción de 257,000 empleos entre 2006 y 2015 – previo a la Junta de Control Fiscal, al Huracán María, a los temblores, al COVID-19. Además, hay que señalar que muchos de los empleos nuevos son empleos mal remunerados y de pocas horas – cada día es más común que alguien tenga 2 o 3 trabajos para poder, con dificultad, subsistir. El alto desempleo es, en efecto, una de las razones para la emigración masiva que hemos visto y, por lo tanto, una de las características de la crisis [2].


Desde la Huelga de la Telefónica y la Ley 45


El período actual de la historia del movimiento sindical comienza al reorganizarse el sindicalismo a partir del 1998, por el desenlace negativo de la lucha contra la privatización de la Telefónica (cuyo momento culminante fue la Huelga del pueblo) y la aprobación de la Ley 45.


De las pocas organizaciones obreras que quedaron en el MOU para el 1977, se creó el Concilio General de Trabajadores (CGT), organización sindical unitaria clasista que tuvo gran importancia en las luchas sindicales de las décadas del 1980 y 1990. El CGT agrupaba uniones de importancia en el país, como la Federación de Maestros, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes de la UPR, la Unión General de Trabajadores, uniones de abogados de Servicios Legales y de Asistencia Legal, entre otras. La UTIER mantuvo su carácter de unión independiente, aunque colaboró y era cercana a las posiciones que adoptaba el CGT.


En esta época, además, se creó la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), que agrupaba uniones como la Unión de Acueductos (la UIAAA), la Unión del Fondo del Seguro del Estado, la Unión de Edificios Públicos, la Unión Independiente de Empleados Telefónicos, entre muchas otras. Por otro lado la AFL-CIO, a través de la Federación del Trabajo, agrupaba otro número de uniones importantes, aunque algunas de ellas pertenecían al CGT.


Estas centrales sindicales, CPT, AFL y CGT, colaboraban en lo que se llamó Comité de Organizaciones Sindicales (COS). Además de las centrales, al COS pertenecían uniones independientes y asociaciones “bonafide”. El COS agrupó desde mediados de los 80 hasta finales de los 90 a casi todo el movimiento sindical en Puerto Rico. A través de la coordinación del COS se dieron importantes luchas en el país, como por ejemplo detener los primeros intentos de privatización de la Telefónica a finales de los 80.


En la década del 1990, con la intensificación de la lucha por conseguir la sindicalización de los empleados públicos, se alteró de manera importante la relación inter sindical en el país. La AFL se reorganiza y algunas de sus uniones dejan de trabajar en el CGT. Este comienza a debilitarse posterior a la huelga de la Telefónica y la Ley 45 de sindicalización de empleados públicos.


Para la huelga de la Telefónica se organizó un frente amplio que iba más allá de la lucha sindical: el Comité Amplio de Organizaciones Sociales y Sindicales. Gracias al CAOSS, se dio una intensa lucha en contra de la privatización de la Telefónica que culminó en la Huelga del Pueblo. Sin embargo, las divisiones internas en la Unión Independiente de Empleados de la Telefónica (UIET), promovidas por parte de un liderato burocratizado del CPT, llevaron al debilitamiento del proceso huelgario. Luego de la fallida huelga para detener la privatización de la Telefónica en 1998, el COS también deja de reunirse. La CPT y la AFL tienen, por otro lado, acercamientos que les llevan a participar junto a Asociaciones patronales en lo que se conoció como la Cumbre Social [3].


Posteriormente surge la Coordinadora Sindical, organización que pretende reunir nuevamente a algunas organizaciones que habían colaborado en el CGT. A la Coordinadora Sindical se une además la UTIER y el grupo que conformaron para retar a uniones de la AFL en diversas agencias públicas y que recogían líderes de anteriores uniones bonafides, PROSOL-UTIER.


La lucha en contra de la privatización de la Telefónica conllevó varios años de discusiones y debates, de agrupaciones sindicales (COS) y luego de agrupaciones más amplias (CAOSS). En este proceso tumultuoso, la huelga es derrotada en parte por las divisiones en el movimiento obrero y por la entrega a los intereses patronales de una parte de su liderato. El resultado fue la privatización de un servicio público y, posteriormente, la Ley 45, aprobada en pleno proceso de privatización de la telefónica con efectos divisivos para el movimiento obrero.

Previo a la Ley 45, no existía el derecho a la organización sindical ni a la negociación colectiva en el gobierno central o en las agencias del gobierno. Los y las trabajadoras de estos sectores tenían que asociarse por vía de otras leyes, particularmente como organizaciones bonafides. Con sus limitaciones, existían asociaciones militantes, siendo el ejemplo más claro la Federación de Maestros de Puerto Rico. También, en otro contexto, está el caso de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, que lleva décadas negociando cartas contractuales siendo, legalmente, una asociación bonafide [4].


La Ley 45 extendió el derecho a la negociación colectiva a estos sectores, aunque con una limitación importante: la prohibición del derecho a la huelga. Precisamente por este elemento, antes, durante y después de su aprobación, se han dado importantes debates y luchas al interior del movimiento sindical en Puerto Rico. La Ley 45 no solo ha limitado la capacidad de las organizaciones sindicales de responder adecuadamente a la ofensiva patronal de las últimas dos décadas, sino que ha tenido el efecto de provocar divisiones profundas en el movimiento sindical cuando llega la hora, por ejemplo, de convocar a un paro nacional. Según César Rosado Marzán, tampoco tuvo el efecto de aumentar el número de trabajadores organizados, pues estas uniones lo que hicieron fue sustituir a organizaciones bonafides de la Ley 134 [5].


Desde la década del 1980, pero con particular fuerza durante el gobierno de Pedro Rosselló y de Luis Fortuño en adelante, las políticas patronales de los partidos principales han golpeado, no solo los derechos de la clase obrera, sino a las corporaciones públicas y las agencias gubernamentales, en su continuo afán de convertir servicios públicos en mercancías para generar ganancias privadas. Dado que varios de los sindicatos más importantes al comenzar el Siglo XXI eran del sector público (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Unión Independiente de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados), la embestida neoliberal contra el estado, cuyo momento más dramático fue la Ley 7 del gobierno de Luis Fortuño, tendrá un efecto amplio sobre el movimiento sindical. La Ley 7 implicó el despido de decenas de miles de empleados públicos, la mayoría de ellos organizados sindicalmente. Posteriormente, por vías de la Ley 29 de Alianzas Público-Privadas, de las múltiples aperturas a retiros tempranos, de la consolidación de agencias y de la congelación de puestos de trabajo, se reconfigurará y achicará el sector público. Esto es particularmente importante por algo que se señaló previamente: desde la década del 1970 (en nuestro esquema, desde el cuarto periodo en la historia del movimiento sindical), el sindicalismo se concentró en el sector público mientras decayó la organización sindical en el sector privado.


La crisis económica en el país, que se ha manifestado con fuerza desde la crisis petrolera de comienzos de los 1970s, ha implicado un debilitamiento del sector privado en Puerto Rico. Ello ha tenido como consecuencia que la organización sindical en el sector privado haya decaído a niveles sumamente bajos. En el 2014, alrededor del 2% de los trabajadores en el sector privado estaban organizados sindicalmente [6]. La represión brutal y directa contra la organización sindical en el sector privado ha logrado impedir que muchos esfuerzos de organización en este sector hayan tenido éxito. Por otro lado, las políticas neoliberales que se han ido imponiendo en el país han tenido el efecto de debilitar grandemente la capacidad de los sectores sindicales del sector público de detener ataques sistemáticos contra la clase trabajadora, incluyendo el sector que representa trabajadores en las corporaciones públicas bajo la Ley 130, los cuales a pesar de tener el derecho a la huelga han sido incapaces de superar el fraccionamiento por un lado y el aislamiento por otro.


Estas divisiones fueron importantes para entender por qué ante uno de los ataques más duros contra la clase trabajadora en el sector público, la Ley 7 del 2009 de Luis Fortuño, que despidió cerca de 30,000 trabajadores del gobierno, a pesar de que provocó la indignación generalizada en la clase trabajadora del país, no pudo detenerse. El país vio cómo se organizó un paro general con dos grandes actividades, con dos tarimas y donde se manifestó una lamentable división sindical que fue incapaz de generar la unidad necesaria para derrotar los despidos. En los últimos años se han dado pasos hacia la superación de la división generada por las luchas alrededor de la Ley 45. Sin embargo, siguen inalteradas las cadenas que atan al movimiento sindical bajo la ley 45 para dar las luchas necesarias para derrotar la ofensiva neoliberal, que sigue hoy con toda su intensidad.


El movimiento sindical se encuentra frente a una pared, pues la crisis fiscal ha tenido como consecuencia la congelación de los convenios colectivos y la agresiva política de exigir cada vez más concesiones a la clase obrera, en un marco de desmovilización de sus miembros. Además, para las organizaciones que representan trabajadores bajo la Ley 45 se añade el riesgo de descertificación como la espada de Damocles sobre sus cabezas en caso de huelgas y otras actividades concertadas. A esto se añade la ofensiva patronal del gobierno para desmantelar y destruir algunos de los sindicatos más influyentes del país: la FMPR y la UTIER.


La Federación de Maestros de Puerto Rico era la organización sindical más grande y militante del país de las últimas décadas. Ha sido la única organización sindical que ha retado la prohibición de huelga de las organizaciones bajo la Ley 45. Las consecuencias de la represión contra la Federación por lanzarse a la huelga en el 2008 fueron terribles. La Federación fue descertificada, perdió la representación del magisterio, y de una organización con más de 30 mil miembros, hoy es una organización de apenas unos pocos miles. Sin entrar a considerar errores que cometió su dirección en ese momento, podemos señalar que la represión del estado contra la Federación por violar disposiciones de la ley 45 fueron terribles para el movimiento obrero en general. Estas disposiciones represivas han sido una camisa de fuerza que ha limitado grandemente la capacidad de los sindicatos organizados bajo dicha ley de actuar de manera militante en un gran número de situaciones que ameritaban acciones contundentes del sector obrero organizado del país. Hoy, por ejemplo, ponen una camisa de fuerza que no permite la organización masiva de un paro general en el país contra la Junta de Control Fiscal o contra el contrato de Luma Energy.


La descertificación de la FMPR abrió paso a que la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) adviniera a la representación exclusiva del magisterio. Esto ha representado un duro golpe a la lucha magisterial. La AMPR ha funcionado como una organización patronal. Durante la discusión del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) impulsado por la Junta de Supervisión Fiscal, la AMPR pactó con la Junta para que se eliminara el sistema de beneficios definidos al magisterio. En dos ocasiones el magisterio derrotó en sendos referéndums el pacto traicionero de la Asociación. En el 2022 la Junta se sale con la suya al ser aprobado el PAD por la jueza Swain en el Tribunal Federal y desmantela el sistema de retiro de maestros y maestras. Sin duda la AMPR contribuyó a que se diera este golpe duro al magisterio en Puerto Rico.

En este sexto periodo de nuestra historia sindical se dan ataques sin precedentes contra la UTIER, y contra el país, en la medida en que se privatiza el servicio de energía eléctrica. Se produce la privatización de la AEE (primero, parcialmente, la privatización la generación, y luego, en su totalidad, la distribución y transmisión), a pesar de que la UTIER, organizada bajo la Ley 130, tiene el derecho a la huelga. Se pudiera decir que, si la Huelga del Pueblo fue derrotada por divisiones internas al CAOSS y en el movimiento obrero, la privatización de LUMA se debe a la división externa, a la fragmentación del movimiento obrero y sindical, además de las limitaciones del llamado de la UTIER a la solidaridad y el voto de huelga aprobado en asamblea en el 2021.


Es desde esta perspectiva que se enfrenta la crisis fiscal. Atrapados en una limitada administración de convenios, solamente un pequeño sector del movimiento sindical se plantea la necesidad de paralizar el país. Un sector minúsculo entiende la importancia de crear una Central Única de Trabajadores. Solamente un pequeño sector sindical considera, por otro lado, politizar – en el buen sentido de la palabra – a sus miembros como la única forma de lograr avances sociales más amplios a través de un programa mínimo.


Por otro lado, a pesar de su debilidad, en años recientes se han desarrollado importantes procesos de lucha protagonizados por organizaciones del sector privado. Vale la pena mencionar dos huelgas victoriosas. A principios de 2017, la Unión Gastronómica se fue a huelga en El San Juan Hotel & Casino contra los nuevos dueños del hotel, quienes se negaron a reconocer y negociar con el sindicato. Entre los nuevos dueños se encontraba Fundamental Advisors, un fondo de capital privado que compró el hotel a descuento en 2015, poco después de comprar varios millones de dólares en bonos de Puerto Rico, también a descuento.


Mientras el fondo buitre libraba dos campañas contra la clase trabajadora puertorriqueña, una en el hotel y otra en Washington DC oponiéndose a los esfuerzos gubernamentales para reestructurar la deuda de Puerto Rico, la Unión Gastronómica unió fuerzas con el movimiento estudiantil en la Universidad de Puerto Rico (UPR). Los estudiantes también habían decretado una huelga en la Universidad a principios de 2017, luchando contra recortes presupuestarios impuestos por la Junta de Control Fiscal contra la institución ascendentes a 50% y un aumento del 100% en los costos de matrícula. Varios de los miembros más activos de la Unión durante la huelga también habían estado activos en el movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, y varios otros miembros eran padres de estudiantes matriculados en la Universidad y tendrían que sufragar los aumentos en costos de matrícula mientras su patrono amenazaba con recortar salarios y beneficios. Fue una huelga de 60 días muy reñida, pero al final los miembros ganaron el mejor convenio colectivo de la industria y los estudiantes de la UPR lograron evitar ese año el aumento en los costos de matrícula.


La segunda huelga que vale la pena mencionar fue la librada por la Central General de Trabajadores (CGT), en el año 2019 contra Cadillac Uniforms, una empresa de lavandería industrial y suplido de uniformes y lencería en Bayamón, que, aunque de menor magnitud, confirmó el potencial que sigue teniendo la herramienta de la huelga y la organización de los y las trabajadores del sector privado, incluso dentro de la embestida patronal de esta etapa.


Notas


[1] Sobre este proceso, recomendamos el libro La eliminación de la sección 936. La historia que se intenta suprimir, de Félix Córdova Iturregui, Publicaciones Gaviota, 2020.


[2] Los datos de empleo público en los últimos dos párrafos de esta página se obtuvieron de la Tabla 33 del Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador.


[3] Sobre este proceso, recomendamos el folleto Entre la Huelga del Pueblo y la Cumbre Social. El movimiento obrero puertorriqueño en la encrucijada, publicado por la Conferencia Sindical del Frente Socialista en el 2001.


[4] Hay que aclarar, de todos modos, que el caso de la UPR es distinto, pues no es una agencia del gobierno central, pero tampoco era tratada como una corporación pública, donde sí existe el derecho a la sindicalización. Recientemente, a partir de una demanda de la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad de la UPR, el Tribunal Supremo reconoció que la Universidad de Puerto Rico es un patrono al amparo de la Ley 130. Previo a este caso, a pesar de ser un hecho obvio, no estaba claro legalmente.


[5] César F. Rosado Marzán, “Derecho laboral y organización sindical en Puerto Rico”, J. of the B. Ass’n of Puerto Rico, 2007, p. 125.


[6] Según los datos del informe de Empleo y Desempleo de 2014, había en Puerto Rico 608,000 empleados del sector privado, y el 21.4% de los 61,000 unionados del país eran de ese sector. Esto nos da unos 13,054 unionados. De ahí se desprende que el porcentaje de unionados en el sector privado del total de empleados en ese sector es un 2.1%. Hoy día ese porcentaje puede que sea un poco mayor, por el efecto de la privatización de la distribución y transmisión de la energía eléctrica.