Por Ruthie Arroyo
[Este mensaje se leyó en la actividad principal de la conmemoración del 8 de marzo en 2021, convocada por la Coalición 8 de marzo.]
Hace un año marchamos desde la Fortaleza al Capitolio. Ese 8 de marzo, recibimos la noticia del primer contagio de Covid en Puerto Rico. Pocos días después se estableció la primera orden ejecutiva que desde entonces marcó la respuesta del gobierno a la pandemia. Esa respuesta, además de deficiente, ha profundizado otras crisis que no son naturales.
Los gobiernos en todo el mundo han creado una tensión entre las urgencias de la economía y la urgencia de salud pública. Esa tensión confunde a buena parte de la población y esconde la gravedad y profundidad de la crisis de salud pública. Los gobiernos y los grandes intereses económicos impulsan la idea de que la pandemia causa la crisis económica. Así quieren esconder que la crisis económica mundial es anterior a la pandemia y usan esta crisis de salud para reorganizarse y seguir con su afán de lucro, en grave menosprecio por la vida.
Por otra parte, nuestro sistema de salud fue privatizado y otros servicios públicos han sido o son amenazados con ser privatizados. La falta de un sistema de salud pública enfocado en la salud y no en el lucro ha afectado para mal nuestra respuesta a la pandemia. También hemos sido testigues de la respuesta represiva del gobierno a la pandemia, con los cierres y toques impuestos de manera incoherente e injustificable.
Ante este escenario, las mujeres y personas feminizadas hemos cargado de manera desproporcional el costo social de la pandemia.
Ocupamos la mayoría de los trabajos esenciales. Somos les trabajadores de salud, limpieza, distribución de alimentos y educación. Además, predominamos en sectores de la economía diezmados por los los cierres y toques de queda como la hostelería, el comercio y el sector informal. Por otra parte, el desempleo se ha disparado, dejando sin empleo a miles de mujeres y personas de comunidades lgbttiq+.
Por la asignación social de roles por género, somos responsables de la educación a distancia de les menores, del cuidado de les niñes, y del cuidado de nuestres familiares mayores, con condiciones de salud o que requieren asistencia por diversidad funcional. El confinamiento ha agravado la situación de violencia en el espacio doméstico contra mujeres y personas de comunidades lgbttiq+, en especial les jóvenes, que viven con parejas o miembres de familia violentas.
Hemos visto cómo se ha justificado la restricción de muchos servicios de salud por la prioridad a los pacientes de Covid-19. Por ejemplo, se han afectado los servicios de tratamiento de cáncer y diálisis, así como servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto. Recordemos que los recortes en los servicios de salud aumentan la cantidad de trabajo doméstico necesario que recae sobre mujeres y personas feminizadas.
En fin, enfrentamos la pandemia desde la precariedad y la inequidad en que nos coloca el patriarcado y así sufrimos desproporcionadamente los efectos sociales y económicos del manejo de la crisis.
POR TODO ESTO, EXIGIMOS…
1. Revisar los planes de emergencia en Puerto Rico, con participación ciudadana multisectorial, y con las mujeres como sector. Queremos esta revisión con perspectiva de género y enfoques de determinantes sociales y de salud. Queremos un plan descentralizado, ágil y justo.
2. Sobre las vacunas, exigimos acceso a información actualizada y detallada sobre la disponibilidad y status del proceso por fases de vacunación; que se garantice equidad y justicia en la distribución y administración de las vacunas y los medicamentos, con especial atención les personas de 65 años o más; y que se amplíen los mecanismos para obtener citas o turnos para la vacunación, para que la brecha digital no obstaculice el acceso. Exigimos recursos para ampliar y facilitar el acceso a la salud mental, en especial fuera del área metropolitana y que aumenten los servicios en manejo de trauma. Además, exigimos se garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto, para las mujeres y personas LGBTTIQ+, además del derecho al acompañamiento en estos servicios donde sea necesario y/o esté estipulado en ley.
3. En el campo laboral, exigimos se provean los equipos de protección y prevención del COVID en todo escenario laboral; que el Departamento de Salud establezca protocolos uniformes para la investigación de querellas a patronos que violen las medidas de seguridad por COVID-19, y que se implementen de modo uniforme para patronos pequeños, medianos y grandes; ¡Basta de confiar en la “auto-regulación” patronal! Exigimos que se establezcan comités de trabajadores, para fiscalizar la implantación de los protocolos de prevención de Covid en el trabajo; exigimos que se cumpla con ajustes de horarios a personas cuidadoras de la niñez, de personas enfermas y adultes mayores, para garantizar la seguridad laboral o permanencia en el empleo de estes cuidadores; queremos que se valore y retribuya adecuadamente el trabajo doméstico; y exigimos que se detengan las amenazas del Departamento de la Familia a madres trabajadoras que, durante la pandemia, manejan el complicado balance entre el cuido de sus niñes y el trabajo.
Seguiremos siempre en búsqueda de la equidad y el respeto a nuestros derechos humanos. Gracias.
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Ruth Arroyo es abogada, feminista, sindicalista y activista. Pertenece a Democcracia Socialista y representa a la organización en la Coalición 8 de marzo.