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Manifiesto de la Coalición 8M de Puerto Rico 2024

Coalición 8M Puerto Rico




Más de 50 años de lucha por la justicia de las mujeres


Hoy nos reafirmamos en la memoria y el legado histórico del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Hoy mantenemos vivo el compromiso de las valientes mujeres feministas que hace más de 50 años iniciaron la conmemoración internacional, de solidaridad y lucha, por la justicia de las mujeres en Puerto Rico. Hoy sus luchas por la equidad, la igualdad y las libertades de todas las personas nos acompañan y orientan nuestras acciones. Por eso, este 8 de marzo de 2024, marchamos unidas, diversas y fuertes, bajo el lema “Más de 50 años de lucha por la justicia de las mujeres”, porque estamos agradecidas, porque todavía muchas de sus luchas históricas las continuamos nosotras, y porque no queremos que sus aportaciones y logros los olviden las que se unen hoy ni las que lo harán mañana.


Hoy nos reafirmamos en la solidaridad feminista internacional que da sentido a esta fecha desde sus orígenes. Por eso nuestro grito es también por las vidas de las mujeres y la niñez en Palestina. Por todas las vidas palestinas. ¡Basta ya! Nos unimos clamor feminista internacional que exige el alto al fuego inmediato y que el estado de Israel responda ante los organismos internacionales de derechos humanos por el genocidio perpetrado. No más impunidad ni complicidad internacional. ¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!


Estamos convencides de que un mundo distinto, de paz, equidad e igualdad es posible. Para lograrlo, primero hay que reconocer que existen desigualdades y violencias que nos oprimen y matan. Las estadísticas se quedan cortas. Son desigualdades y violencias estructurales que se reproducen en la sociedad, que nos lastiman en todos los niveles: en la piel y en la experiencia de nuestros cuerpos, en nuestras relaciones afectivas y laborales, en nuestra soberanía y en el disfrute de nuestros derechos.  Por eso, defendemos, trabajamos y luchamos por una sociedad educada con perspectiva de género y de clase, antirracista, anticolonial y descolonizadora, abolicionista, ecologista y antiespecista. Se trata de una perspectiva interseccional que nos permite reconocer cómo operan las estructuras de poder (heteropatriarcales, racistas, capitalistas, coloniales-imperialistas, especistas) en nuestras vidas y en la sociedad para poder transformarlas.


No descansaremos hasta que se atienda el problema de la violencia de género de forma preventiva, en lugar de seguir improvisando cada vez que se llevan a una de las nuestras. No descansaremos hasta que cesen los intentos de controlar nuestros cuerpos, nuestra maternidad -si así la deseamos- y nuestra vida. No descansaremos hasta que logremos elegir una mayoría de personas que verdaderamente respondan a nuestras necesidades, defiendan nuestros derechos y trabajen para mejorar nuestra calidad de vida y la de aquellas que vienen después de nosotras.   

 

Y también nos reafirmamos en lo siguiente:


Justicia sexual y reproductiva


La justicia reproductiva es fundamental para garantizar el derecho de todas las personas a tomar decisiones autónomas y libres sobre su salud reproductiva y la sexualidad. Accionar desde ahí es reconocer la importancia y urgencia de garantizar acceso equitativo a servicios de salud reproductiva, anticoncepción, aborto seguro y educación sexual integral. El acceso al aborto seguro es una deuda pendiente de la democracia. Negar, limitar o prohibir este derecho y servicio de salud esencial es perpetuar la desigualdad y limitar el ejercicio pleno de la libertad individual en una sociedad democrática. Las mujeres y personas con opción a gestar NO necesitan el aval del Estado para ejercer su emancipación, basta con que de una vez se nos perciba como sujetas plenas de derechos. Ya se han tardado en ello, no esperaremos más.


Históricamente hemos enfrentado barreras significativas para acceder al aborto seguro, lo que resulta en consecuencias devastadoras para su salud y bienestar. Hoy el panorama tras la revocación de Roe vs. Wade es violento y devastador. Esta fatal decisión ha sido la herramienta para que los grupos antiderechos se envalentonen para perpetuar injusticias, particularmente afectando indiscriminadamente a personas de bajos ingresos, mujeres negras, racializadas, marginadas, y jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a servicios de aborto seguro fuera del sistema legal. En Puerto Rico, aunque sigue siendo legal, la accesibilidad a este procedimiento médico es cada día más oneroso, ya que solo existen 4 clínicas, todas en el área metropolitana, más 3 clínicas falsas administradas por los grupos antiderechos para persuadir, desinformar y violentar a las personas que decidieron y necesitan acceder a una terminación de embarazo. Por lo tanto, la lucha por la justicia reproductiva y el aborto sigue siendo relevante y urgente en el panorama actual, donde la revocación de derechos fundamentales socaba la autonomía y dignidad de las mujeres.


A los grupos antiderechos, el mensaje es claro, si quieren seguir retrocediendo 50 años, ¡nosotres adelantaremos 100 años!

 

Justicia laboral y retiro digno para las mujeres trabajadoras


Hoy reafirmamos nuestro derecho a un trabajo justo, digno y bien remunerado. La brecha salarial sigue siendo una de las formas en que se manifiesta la desigualdad de género. Por eso, insistimos en el reclamo sindical de un salario mínimo de $15 la hora, y ese debe ser el mínimo para cualquier persona que comience a trabajar tanto en el sector público como privado, incluyendo a les meseres y otros trabajos que conllevan propina.


Reafirmamos nuestra convicción en que las labores de cuidado y el trabajo doméstico deben reconocerse y compensarse. Las mujeres somos las que principalmente realizamos estos trabajos y contribuimos así al desarrollo económico de nuestras familias, comunidades y países. No obstante, su invisibilización afecta nuestra autonomía y empoderamiento económico, nos deja aisladas y sin reconocimiento en las políticas públicas. Luchamos por el reconocimiento y la justicia por nuestra labor en los hogares y como cuidadoras.


Defendemos espacios de trabajo seguros, libres de acoso y de discrimen, y nuestro derecho constitucional a la sindicalización para todas las personas trabajadoras en Puerto Rico. Reclamamos nuestro derecho a vacaciones y descanso, un buen plan de pensiones, no más de 3 meses de probatoria y no más de 700 horas para recibir el bono de navidad.


Luchamos por nuestro derecho a un retiro digno, en momentos en que las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal y su compromiso con el pago a los bonistas lleva años empobreciéndonos y amenazan nuestros planes de pensiones. No lo permitiremos. ¡La gente antes que la deuda!

 

El derecho a la educación


Exigimos que se garantice el derecho pleno a la educación pública y accesible, de alta calidad, antirracista, decolonial y en búsqueda de justicia social. Para esto es imperativa la derogación de la Ley 85 y la creación de una verdadera ley de Reforma Educativa que proteja la escuela pública de la especulación y cualquier intento de privatización, que ha demostrado ser un fracaso social y un espacio ideal para la corrupción.


La educación es una herramienta transformadora, vital para sensibilizar a todos los seres humanos en especial a la niñez y la juventud en contextos escolares.  Como parte de nuestras luchas, tenemos que sobrepasar la tergiversación de sectores fundamentalistas que insisten en atender a nuestra población estudiantil de forma homogénea, demonizando la educación hacia la sensibilidad, el respeto y el amor hacia otres, que es lo que persigue la educación con perspectiva de género. ¡Defendemos y exigimos su implementación ya!


Haremos lo necesario para que el presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico llegue a las escuelas y se garantice la autonomía a las comunidades escolares. Queremos un proceso de descentralización real.


Defendemos nuestra universidad pública, Universidad de Puerto Rico, primer centro docente del País, por esto denunciamos su abandono por parte del gobierno y el ataque consistente de la Junta de Control Fiscal en su contra. Exigimos la restitución del presupuesto de la UPR basado en la fórmula de 9.6% y que se mantenga el acceso a la educación universitaria pública y de calidad para todes. ¡Once recintos, una UPR! Haremos respetar los derechos de las trabajadoras de la educación de todos los niveles exigiendo que se cree una escala salarial justa, condiciones de trabajo de excelencia y que garantice un retiro digno.


Sistema de salud accesible y de calidad


Los servicios de salud dignos son menos accesibles para la población en general porque se han convertido en un negocio lucrativo.  La inaccesibilidad se debe a los recortes de presupuesto, la fuga de personal médico, la explotación de las enfermeras y otro personal de salud, el control de las aseguradoras sobre los servicios y la aprobación de tratamientos y medicamentos, y, finalmente, la mala administración de los recursos y fondos.


Entre los grupos más vulnerabilizados que experimentan la exclusión al acceso a la salud de calidad están las mujeres adultas mayores y aquellas que cuidan, mujeres y personas afectadas por la violencia de género, las mujeres negras, las inmigrantes, las mujeres pobres, las mujeres con diversidad funcional y las que disienten sobre las intervenciones médicas y los tratamientos, como lo es la violencia obstétrica  Por eso, ante este panorama, las mujeres exigimos participación en el diseño e implantación de un sistema que promueva la salud desde un enfoque de bienestar integral que priorice la salud como un derecho universal, con un sistema de salud socializado que desposea a las aseguradoras del control sobre nuestro bienestar. Un sistema de salud que no discrimine ni anteponga los intereses individuales por el bien común.


Vivienda digna y cero desplazamientos


Reafirmamos el derecho a la vivienda digna, segura y asequible. Actualmente este derecho sigue amenazado por muchos factores, desde el desplazamiento, la inacción del estado, los alquileres a corto plazo, los altos costos en las rentas e hipotecas, la proliferación de las hipotecas inversas (“reverse mortgage”) que, bajo condiciones inseguras de los envejecientes, terminan adueñándose de sus hogares. Estos factores nos obligan al multiempleo para sobrevivir y ponen en mayor vulnerabilidad a las personas que ya sufren exclusión por el sistema.


Para cambiar esta realidad promovemos las viviendas cooperativistas y exigimos la derogación de leyes como la Ley 60, que enriquecen a inversionistas extranjeros que nos desplazan y explotan nuestros bienes comunes y naturales. Por eso, la revocación de la Ley 60 supone una contundente defensa de nuestros derechos a la vivienda, de protección del ambiente y de acceso a los espacios naturales públicos.  El Departamento de la Vivienda no debe olvidar su rol principal de administrar correctamente los proyectos de vivienda pública para garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna.


Justicia ambiental y energética, ¡ahora!


Vivimos una crisis ecológica sin precedentes. El deterioro de nuestras condiciones de vida se debe a varios factores como el calentamiento global provocado por la emisión de Gases de Efecto Invernadero que, a su vez, se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica y transporte. La degradación del medioambiente también se debe a la desprotección y el acaparamiento de nuestros bienes naturales por entidades privadas y la ausencia de un gobierno comprometido con las acciones protectoras necesarias. Detrás de la incapacidad de los estados de atender la crisis climática, se encuentra la avaricia y los grandes intereses económicos de personas adineradas, de corporaciones y multinacionales. Somos las mujeres quienes más sufrimos las consecuencias de esta crisis porque profundizan las desigualdades que ya experimentamos en la sociedad heteropatriarcal capitalista. Pero también hemos sido luchadoras incansables por la protección del medioambiente y por la justicia climática.


Denunciamos y luchamos contra la privatización acelerada de nuestras costas y cuerpos de agua, debido a la otorgación de incentivos contributivos, en un marco, cada vez mayor, de desregulación en las protecciones ambientales y en la otorgación de   permisos de construcción. El desmantelamiento y la politización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la disolución de la Junta de Calidad Ambiental en dicha sombrilla han prácticamente eliminado el mecanismo efectivo de las declaraciones de impacto ambiental, y la supervisión y fiscalización ambiental, sustituyéndolo por documentos privados que apenas son revisados y mucho menos supervisados.


Las mujeres luchamos con acciones concretas frente a muchos problemas ambientales urgentes como son el mal manejo del recurso agua, la presencia de contaminantes peligrosos en el aire, en la tierra y el agua, la tala innecesaria de árboles, el uso desmedido de combustible fósil y la quema de carbón de AES, el uso de herbicidas y pesticidas tóxicos por agencias del gobierno y el peligro que significa el plástico para la supervivencia de todas las especies.


La justicia climática requiere atender con equidad y perspectiva de género los efectos de la crisis climática. Y requiere también justicia energética. Luchamos por agilizar la transición a fuentes de energía renovables y abandonar de una vez el uso de los combustibles fósiles que nos lleva a la extinción. ¡Queremos revolución solar ahora!


¡Exigimos la cancelación de los contratos de LUMA, Genera PR y New Fortress Energy ya! Basta de privatizar nuestros servicios esenciales. Ya hemos sufrido 8 aumentos a la factura, la amenaza de un plan de ajuste que nos empobrecerá aún más con otro aumento adicional, un servicio pésimo, el riesgo de perder nuestros abastos de aguas y un sistema que promueve los combustibles fósiles que debemos erradicar. ¡Queremos revolución solar, y servicios de energía públicos y accesibles para todes ahora!


Denunciamos la persecución también sin precedentes que sufren las personas ambientalistas. Nuestras activistas ambientales son muchas y son líderes de nuestras luchas. Han estado sujetas a las intervenciones policiacas y a prácticas de ataque mediante la utilización del sistema de justicia tanto penal como civil. Hemos visto el procesamiento criminal de manifestantes y también la presentación de casos civiles e imposición de honorarios legales en casos que fueron presentados con justa causa, como el recurso de interdicto presentado contra PRISA Group por el hotel que se construyó en un humedal con yacimientos arqueológicos. Estos recursos legales, demandas e interdictos para impedir la participación en manifestaciones cuyo propósito es defender el medioambiente son conocidas como demandas “SLAPP” o pleitos para cohibir la participación ciudadana y promover la desmovilización ante el ataque visceral por sectores con mayor poder económico contra personas activistas en desventaja política y económica. No permitiremos que estas acciones nos detengan.


¡Las mujeres reafirmamos este 8 de marzo nuestro compromiso con la protección del ambiente y una vida sana para todes!


Acceso a la tierra y soberanía alimentaria


Reafirmamos nuestro derecho a la tierra y la soberanía alimentaria. Las mujeres hemos desempeñado un papel fundamental en la producción de alimentos sanos y seguros, en el cuidado de la tierra, las semillas y las vidas, desde los orígenes de la especie. A pesar de esto, sufrimos marginación, invisibilización y la falta de acceso seguro a las tierras, somos víctimas del desplazamiento y carecemos de garantías económicas, sobre todo ahora cuando más se necesitan debido a la crisis climática que nos coloca en situación de mayor vulnerabilidad.


El acceso a la tierra es una herramienta clave para garantizar la soberanía alimentaria, techo seguro, independencia económica y nos hace menos propensas a situaciones de violencia de género; es indispensable para custodiar y propagar la vida, actividad que históricamente hemos desempeñado las mujeres rurales y campesinas. Garantizar el acceso a la tierra ayuda a combatir la feminización de la pobreza y la brecha de desigualdad. Por eso, exigimos una política pública con perspectiva de género y que promueva la equidad, una planificación integral de desarrollo que cuente con la participación de la mujer y la creación de leyes que promuevan el acceso a tierras para las mujeres, la limpieza y devolución de terrenos agrícolas utilizados para sembrar placas solares, así como programas que provean recursos y herramientas para el mantenimiento y desarrollo. Esta reforma agraria y popular debe surgir del movimiento campesino del que formamos parte y debe garantizar la participación de nosotras las mujeres en su elaboración. Por una calidad de vida saludable, en equidad y en armonía con la tierra, ¡más tierra para las mujeres, más participación y justicia para nosotras!


Justicia antiespecista


Las mujeres luchamos por una justicia antiespecista que se preocupe por todos los seres sintientes con los que convivimos. Nuestra violenta relación con el resto de los seres que habitan el planeta nos ha llevado a la crisis climática y ecológica que ha puesto en jaque la vida misma de la Tierra. Es por eso que en estos 50 años de lucha por una verdadera justicia no podemos dejar a ningún ser sintiente fuera. Como feministas antiespecistas luchamos por la erradicación del maltrato a los animales y su explotación. Apostamos a la erradicación del uso y tortura de animales en laboratorios y el uso de estos para fines lucrativos como las carreras de caballos, las ferias agrícolas, los zoológicos públicos y privados, y las aberrantes peleas de gallos y perros, entre otros. La justicia de las mujeres por la que llevamos luchando desde hace más de 50 años lucha por una convivencia multiespecie desde el respeto y la solidaridad con todos los seres que habitamos el planeta.

 

Por lo anterior…


Hoy nos reafirmamos en el poder político de las mujeres. Lo hemos comprobado. La historia lo reitera y nos lo demuestra. Somos capaces de transformar esas estructuras de opresión con nuestras acciones como personas feministas, lideresas comunitarias, activistas, trabajadoras, legisladoras, madres o gobernantes. Por eso, este año también reivindicamos ese poder que se manifiesta, además, en las elecciones, participando como electoras o candidatas a puestos políticos. Aplaudimos el esfuerzo de las mujeres que se comprometen con el bienestar y las luchas feministas que se conmemoran en el 8M, a través del ejercicio de los derechos políticos conquistados y gracias a las luchas incansables de las mujeres que hoy homenajeamos.


Por eso, asumimos con más fuerza que nunca nuestra responsabilidad como agentes de cambio. Ponemos nuestros cuerpos en la calle y los pondremos en las urnas. Apoyaremos una verdadera representación política, aquella que defienda nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, que no perpetúe los roles y responsabilidades tradicionalmente asignados a las mujeres y a los hombres por el heteropatriarcado, y que sea transinclusiva. Apoyaremos una representación política que impulse las licencias de maternidad y paternidad equitativas y razonables. Apoyaremos una representación política que cumpla con la Ley 84-1999 que establece la creación de centros de cuidado diurno en las agencias del gobierno, y que no se está cumpliendo, que haga lo mismo en el sector privado. Apoyaremos una representación política que reconozca las desigualdades de género en nuestra sociedad y trabaje para erradicarlas.


Exigimos que los análisis de legislación y políticas públicas no se reduzcan a un asunto de dólares y centavos, sino que se tome en cuenta el efecto que tienen en las mujeres como madres, cuidadoras, trabajadoras y jefas de familia. Luchamos por políticas públicas con perspectiva de género, que prioricen el acceso a la vivienda, a un trabajo digno, a servicios de salud de calidad y a una educación con perspectiva de género en nuestro sistema de enseñanza público. Luchamos por que se planifique y se brinde el apoyo necesario a las víctimas de la violencia de género, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por el cuidado y preservación del medioambiente, por el cuidado de nuestros bienes naturales y por el derecho a disfrutarlos, por el respeto a los seres sintientes, por el fortalecimiento del sistema de transportación pública y por la protección y el acceso a los servicios esenciales.


No descansaremos hasta que se atienda el problema de la violencia de género de forma preventiva, en lugar de seguir improvisando cada vez que se llevan a una de las nuestras. No descansaremos hasta que cesen los intentos de controlar nuestros cuerpos, nuestra maternidad -si así la deseamos- y nuestra vida. No descansaremos hasta que logremos elegir una mayoría de personas que verdaderamente respondan a nuestras necesidades, defiendan nuestros derechos y trabajen para mejorar nuestra calidad de vida y la de aquellas que vienen después de nosotras.   


¡En la calle, en la lucha y en las urnas, las mujeres cambiamos el mundo!

 



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