por Iyari Ríos González
Preámbulo
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia a nivel global de una pandemia producida por el coronavirus, enfermedad infecciosa de fácil contagio y rápida propagación que ataca el sistema respiratorio y tiene la capacidad de causar un grave deterioro de la salud y la muerte [1]. Como resultado de tal pronunciamiento, la Gobernadora de Puerto Rico declaró un estado de emergencia el 12 de marzo de 2020 [2]. Un día después renuncia Rafael Rodríguez Mercado como Secretario de Salud tras señalamientos sobre sus ejecutorias coordinando los preparativos ante la inminente presencia del coronavirus en Puerto Rico. Al respecto, Rodríguez Mercado afirmó que era poco probable que el coronavirus llegara a la Isla, pues en ese momento el principal foco de infección estaba en China [3]. La ausencia de pruebas para identificar la tasa de contagio por coronavirus hizo impostergable su salida. La posición fue asumida, de manera interina, por Concepción Quiñones de Longo.
El 15 de marzo de 2020, la Gobernadora firmó una orden ejecutiva que impuso medidas para combatir los efectos del virus y controlar el riesgo de contagio en el país. Se decretó una cuarentena y un toque de queda ordenando el cierre de oficinas públicas y empresas privadas [4]. Para aconsejar el proceso de toma de decisiones relacionadas a la pandemia, la Gobernadora creó el Comité Ejecutivo de Asesoría Médica (“Task Force Médico”) constituido, principalmente, por profesionales de la salud de diversas especialidades adscritos/as a la Universidad de Puerto Rico-Recinto de Ciencias Médicas [5]. Además, convocó a empresarios para ofrecer recomendaciones con respecto a temas económicos. Ese grupo fue formado por representantes de diversas organizaciones del sector privado, incluyendo, entre ellas, la Asociación de Bancos, la Asociación de Constructores, la Asociación de Industriales, la Asociación de la Industria Farmacéutica, la Asociación de Compañías de Seguro, la Asociación de Navieros, la Asociación de Restaurantes, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, la Asociación de Comercio al Detal, la Cámara de Comercio y el Centro Unido de Detallistas. El grupo se llamó “Task Force Económico” aunque algunos señalan debió haberse llamado “Task Force del Sector Privado”. A diferencia del “Task Force Médico”, el “Task Force Económico” no fue creado por una orden ejecutiva [6]. Con la creación de estos grupos de trabajos, el Gobierno de Puerto Rico, evidentemente, interesaba atender asuntos relacionados a la salud pública y la economía, pero invisibilizaba la dimensión social de la crisis surgida por la pandemia [7].
No había transcurrido una semana de la formación del “Task Force Médico” y el “Task Force Económico”, cuando el país se enteró – con unos pocos días de diferencia – de la dimisión de Carmen Deseda a la posición de Epidemióloga del Estado y de Concepción Quiñones de Longo como Secretaria de Salud. Grupos de la comunidad científica puertorriqueña exigieron la renuncia de Deseda porque entendían que no tenía la capacidad para ejercer el cargo [8]. Mientras, Quiñones de Longo señaló que su dimisión se debía a que su autoridad como Secretaria no era reconocida y no iba a permitir que mancharan su nombre tras denunciar la pérdida de centenares de pruebas de coronavirus; por lo cual, investigaciones periodísticas identificaron como responsable a Mabel Cabeza Rivera, exjefa de personal del Departamento de Salud y amiga de Valerie Rodríguez, esposa de Elías Sánchez [9]. Controversias sobre infructuosas compras multimillonarias de pruebas fatulas para el coronavirus y ventiladores que tardarían más de un año en ser entregados eran, también en ese momento, parte de la discusión pública [10]. De esta manera, en plena pandemia, Lorenzo González se convertía en el tercer Secretario de Salud en menos de dos semanas.
La reapertura de la economía
Durante la pandemia se han aprobado medidas de emergencia para ofrecer asistencia económica a individuos y empresas. El Gobierno de Estados Unidos ha asignado, aproximadamente, $12,800 millones, mientras que el Gobierno de Puerto Rico ha distribuido hasta el momento poco más de $650 millones [11]. Entre los primeros programas aprobados para proveer apoyo a personas desempleadas debido a la crisis causada por el coronavirus está la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus iniciales en inglés). En dicha coyuntura, la Coalición del Sector Privado y otros grupos empresariales se organizaron para presionar a las autoridades gubernamentales para que reabrieran la economía, a pesar de que la OMS advertía que levantar el confinamiento prematuramente podía provocar el resurgir de contagios por coronavirus en países que parecía que empezaban a controlar la pandemia, como Puerto Rico [12]. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Oxford utilizando criterios de la OMS, la Isla estaba entre los países menos preparados para eliminar la cuarentena y el toque de queda. Tenía un pobre desempeño en el control de los casos, en la administración de pruebas para su detección, en el rastreo de contacto y en las prácticas de aislamiento necesarias para evitar la propagación [13]. Cónsono con la posición de la OMS, el “Task Force Médico” recomendó a la Gobernadora continuar la cuarentena y el toque de queda pues proyectaba que aún no se llegaba al pico de contagio. El “Task Force Económico”, en cambio, impulsaba reabrir la economía [14]. La Gobernadora hizo caso omiso de las advertencias y recomendaciones de los/as profesionales de la salud y adoptó la posición de los empresarios al autorizar el inicio de la reapertura de la economía el 1 de mayo de 2020, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras [15].
Múltiples sectores sostenían entonces que la prioridad era la vida y no las ganancias de capital. Se exigió que se dotaran recursos al sistema público de salud y se realizaran pruebas masivas de forma tal que existieran datos confiables que pudieran ser utilizados en la toma de decisiones. Se advirtió que la reapertura prematura de la economía provocaría un aumento en el contagio de coronavirus para el cual aún se intentaba identificar un tratamiento terapéutico y una vacuna. Desde mi perspectiva, entonces se pudieron haber adoptado medidas temporeras para que las familias, de manera simultánea, protegieran su salud y accedieran a bienes básicos, sin la obligación de exponer sus vidas para satisfacer el interés de lucro de la Coalición del Sector Privado y el “Task Force Económico”. Por ejemplo, las autoridades gubernamentales pudieron haber establecido durante un periodo de tiempo determinado una renta básica y una moratoria automática de las deudas para garantizar un ingreso mínimo que permitiera satisfacer las necesidades familiares principales mientras se ofrecía un alivio con la reducción de gastos. Pudieron haber permitido en ese momento solamente la esencial, vinculada a la alimentación y la salud, entre otros sectores particulares, además de los trabajos que pueden realizarse desde el hogar.
No obstante, ante la determinación del gobierno de reabrir la economía para regresar a la “normalidad” – con los riesgos que dicha decisión implicaba para la salud pública al no tener bajo control la pandemia – era fundamental exigir medidas para proteger la salud y la vida de todos los trabajadores y trabajadoras requiriendo que los patronos proveyeran el equipo de seguridad y protección necesaria en el trabajo; garantizando que todo empleado y empleada tuviera acceso a seguro médico y licencias de enfermedad; y, que los salarios fueran cónsonos con el costo de vida en el país, entre otros requerimientos adicionales. A mi juicio, esas medidas debían adoptarse sin importar la situación contractual y jornada laboral de las personas.
En cambio, el gobierno solo solicitó a los patronos una autocertificación en donde indicaran tener un plan con medidas de distanciamiento físico, límite de empleados/as por área de trabajo y protocolos para mantener los lugares de producción desinfectados [16]. Ante esa situación, Rafael Bernabe, candidato al Senado por Acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, propuso la creación en todas las empresas de comités sanitarios electos por trabajadores para monitorear el cumplimiento con las medidas de salud y seguridad y denunciar la violación de cualquier disposición [17]. Dicha recomendación fue ignorada por las autoridades públicas, a pesar de que habían sido presentadas en la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PROSHA, por sus iniciales en inglés) 680 querellas contra patronos relacionadas con la crisis del coronavirus desde mediados del mes de marzo de 2020. Funcionarios ejecutivos de algunas de estas empresas señaladas forman parte del “Task Force Económico”, entre ellos Iván Báez, Director de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Walmart y Presidente de la Asociación de Comercio al Detal e Ignacio Álvarez, Presidente y Director Ejecutivo de Popular, Inc. y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico [18].
Tras comenzar la reapertura de la economía, medios de comunicación en Estados Unidos de América (EEUU) informaron que Puerto Rico se encontraba entre las jurisdicciones estadounidenses que presentaban mayor crecimiento en casos nuevos de coronavirus [19]. Mientras, un análisis realizado por las epidemiólogas Cruz María Nazario Delgado y Roberta Lugo Robles hallaba que – a finales de mayo de 2020 – la tasa de letalidad por coronavirus subió a 10.33%. La cifra era, entonces, la octava más alta en el mundo [20]. Simultáneamente, Lorenzo González, Secretario de Salud, le indicaba a la prensa que un aumento en los casos positivos de coronavirus ayudaría a que la población desarrollara inmunidad contra la enfermedad. Comentó al respecto: “Si nosotros creemos que la vacuna es la solución de esto, pues entonces infectarse no es malo. Porque para una persona joven, sin condiciones crónicas, pues si esa persona se infecta y no se enferma, va a ganar inmunidad” [21]. Profesionales de la salud desmintieron al Secretario de la Salud indicando que no existen los datos ni la evidencia científica que permita sustentar dicha aseveración [22].
¿La juventud, responsable?
Esta no ha sido la única aseveración realizada por funcionarios/as públicos que se ha pretendido sustentar sin la evidencia correspondiente o mediante una interpretación imprecisa e inexacta de datos disponibles. Tras el aumento significativo de casos de coronavirus – al parecer superior al esperado por el gobierno – las autoridades decidieron señalar como responsables a los/as jóvenes entre las edades de 20 a 29 años [23]. Justifican dicha aseveración aludiendo al incremento observado en la tasa de contagios entre la juventud. Al adjudicar la culpa a dicho sector de la población, se invisibiliza la responsabilidad del gobierno y empresarios que lo asesoran; no se considera el efecto que ha tenido el gobierno para manejar la pandemia; finalmente, no se consideran las políticas públicas adoptadas en las pasadas décadas para recortar el presupuesto de agencias públicas y privatizar servicios esenciales convirtiéndolos en mercancías que se ofrecen en función de su rentabilidad. Tal ha sido el caso, por ejemplo, con el sistema de salud donde las personas que no tengan plan médico ni los ingresos suficientes para pagar por los servicios correspondientes deben endeudarse. Así ocurrió con Joshua Sánchez Antillón, joven de 29 años de edad, que falleció tras contagiarse con coronavirus y recibir tratamiento en varios hospitales privados por lo cual facturaron aproximadamente $100,000 [24]. Esos hospitales privados, que cobraban miles de dólares por servicios médicos a personas enfermas, simultáneamente cesantearon a profesionales de la salud en plena crisis salubrista en Puerto Rico [25].
Una interpretación alterna a la narrativa oficial que adjudica a la juventud la responsabilidad por el repunte en los contagios por coronavirus es que tal crecimiento en el número de casos positivos y muertes es resultado directo de la reapertura de la economía que fue autorizada por el gobierno, a instancias de la Coalición del Sector Privado y el “Task Force Económico”, obviando advertencias del “Task Force Médico”. Como consecuencia, muchas personas tuvieron la obligación de presentarse a sus trabajos y, por tanto, exponerse a un mayor riesgo de contagio del coronavirus particularmente, si por la naturaleza de su ocupación, no podían realizar sus labores de manera remota. Tal fue el caso de muchos/as jóvenes del país. El riesgo asumido era mayor si el patrono no tomaba o seguía las medidas de seguridad recomendadas ni proveían el equipo y los materiales necesarios para que los trabajadores y trabajadoras pudieran realizar sus tareas de forma segura.
Los jóvenes, el trabajo precario y la exposición al contagio
El Centro para la Nueva Economía (CNE) produjo una base de datos a través de la cual considera atributos de las ocupaciones laborales para determinar el nivel de exposición al contagio con coronavirus que tienen las personas al trabajar. Para tales propósitos, el CNE recopiló datos sobre el salario y el número de personas empleadas en cada ocupación de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU. Además, usando el Programa O*Net, el CNE identificó tres (3) atributos laborales a los que otorgó una puntuación de acuerdo con sus implicaciones de riesgo para el contagio con coronavirus. Con dicho fin, utilizó una escala del uno (1) al cinco (5) donde el uno (1) significa riesgo bajo y el cinco (5) riesgo alto. La suma de la puntuación de los tres (3) atributos produce un “puntaje de riesgo” para cada ocupación. Los tres (3) atributos son “nivel de contacto con personas”, “proximidad física a otras personas” y “exposición a enfermedades o infecciones”.
Se espera que personas que ejercen ocupaciones que requieren mayor proximidad y contacto con otros/as y están más expuestas a enfermedades infecciosas se encuentran en mayor riesgo de contagiarse con coronavirus. Si tiene las características opuestas entonces presentan un menor grado de exposición al contagio. Cuando se analizan los datos, se observa que las personas que ejercen el primer grupo de ocupaciones devengan, en términos generales, una remuneración menor que aquellas que están en el segundo grupo. Es decir, se observa la existencia de una relación inversa entre el riesgo de contagio y el salario pagado.
Esta relación se evidencia cuando los trabajos son divididos en cuartiles de acuerdo con su salario anual. La mediana salarial de las personas que ejercen ocupaciones que están en el primer cuartil es $58,950; mientras, su indicador de riesgo es 8.72. Entre ellos se encuentran directores ejecutivos de corporaciones, gerentes de empresas, abogados, economistas, asesores financieros, actuarios y analistas de presupuesto. Por otra parte, la mediana salarial de personas con ocupaciones que están en el último cuartil es de $19,360. Su indicador de riesgo es 9.68. En este grupo hay trabajadores/as de locales de comida rápida y restaurantes; personas empleadas en tiendas de venta al detal; recepcionista y empleados/as de oficina, entre otros. Dichas ocupaciones son ejercidas, principalmente, por jóvenes que tuvieron que retornar al trabajo cuando el gobierno autorizó reabrir la economía tras la presión ejercida por la Coalición del Sector Privado y las recomendaciones del “Task Force Económico”, obviando las advertencias del “Task Force Médico”.
Tabla 1
Ocupaciones por Cuartiles Salariales en Puerto Rico
Fuente: Gráfica construida utilizando los estimados realizados por el Centro para la Nueva Economía a partir de datos provistos por la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU y el Programa O*Net.
Esta lectura sobre el aumento de contagios por coronavirus se apoya en los propios datos presentados en el anuncio de la Orden Ejecutiva 2020-062 que firmó la Gobernadora el 20 de agosto de 2020 para combatir la pandemia. De acuerdo con un análisis realizado por el Puerto Rico Public Health Trust, alrededor del 80% de las pruebas positivas de coronavirus se reportan en personas menores de 60 años. Con el interés de ser más precisos en el análisis, reorganicé los datos ofrecidos por esa organización para considerar la proporción de pruebas positivas en la población que está activa en el mercado laboral. Para tales propósitos, presento dos escenarios. En cada uno dividí la población en tres grupos de edades. En el primer escenario los grupos de edades son “Menores de 20 años”, “20 a 59 años” y “60 años o más”. En este caso las personas activas en el mercado laboral son aquellas que están entre los 20 a 59 años. Utilizando esta categoría de análisis, el 64.55% de los casos positivos se reportan en este grupo de edad. El 13.61% se registran en las personas menores de 20 años y el 21.84% en personas de 60 años o más. Para el segundo escenario, tomé en consideración que existe una gran cantidad de personas que continúan activas en el mercado de trabajo después de los 60 años por diferentes motivos. Por tal razón, amplié dicho grupo para que incluyera a todas aquellas personas que se encuentran entre 20 y 69 años. Utilizando ese criterio de edad, el 74.65% de los casos positivos en el país se reportan en dicho grupo. Mientras, el 11.74% se registran en las personas de 70 años o más.
Esos datos demuestran que la razón principal del aumento en casos positivos a coronavirus no responde a la conducta irresponsable de los/as jóvenes como inicialmente quiso representar el Gobierno de Puerto Rico. De hecho, al segregar la población en grupos con recorrido de 10 años, las personas entre 40 y 49 años constituyen el grupo de edad que presentan una mayor cantidad de casos positivos a coronavirus. Además, otras cifras presentadas por grupos que han estado asesorando a las autoridades públicas señalan que el aumento en los contagios coincide cronológicamente con el proceso de reapertura económica [26].
Gráfica 1
Casos Positivos de Coronavirus por Grupos de Edad
Fuente: Datos estimados de cifras ofrecidas por Puerto Rico Public Heath Trust. Información en https://experience.arcgis.com/experience/fe19b3ab2a9c4fcd952c27686fe136c4. Accedido el 22 de agosto de 2020.
Las políticas económicas del estado
Las autoridades públicas han estado señalando con una gran insistencia la responsabilidad individual para el control efectivo de la pandemia. Ciertamente cada persona, junto a su familia, debe de tomar las medidas correspondientes para protegerse del coronavirus y mantenerse sano/a y saludable. Sin embargo, la responsabilidad gubernamental también es esencial para preservar la salud y la vida de la población; no solo en momentos de crisis, como puede ser el paso de un huracán o el surgimiento de una pandemia, sino en tiempos ordinarios mediante la elaboración de las políticas públicas adecuadas que garanticen el acceso de la ciudadanía a vivienda segura, a servicios de salud de calidad y a una educación de excelencia entre otros derechos fundamentales. En este aspecto, el gobierno ha fallado dramáticamente pues las políticas adoptadas bajo la administración de los partidos políticos principales durante los últimos 30 años han estado dirigidas a recortar el presupuesto de agencias públicas y privatizar servicios esenciales para reducir el tamaño del gobierno y privilegiar intereses económicos de grupos empresariales y corporativos. Esas políticas han estado orientadas por premisas que sostienen que las decisiones económicas, incluyendo la asignación y distribución de recursos públicos, se hace según los dictámenes del mercado. Con tal fin, la política económica se ha limitado prácticamente a otorgar créditos e incentivos contributivos al sector privado que, de acuerdo con el Departamento de Hacienda, significaron aproximadamente $20,000 millones que el gobierno dejó de ingresar a las arcas públicas solamente en el año fiscal 2017 [27]. Esa cifra representó poco más del doble del presupuesto general del Gobierno de Puerto Rico para ese año. Las principales beneficiarias de esos decretos fueron las corporaciones; particularmente, con la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico (Ley 73 del 2008) que aprobó el gobierno compartido del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) durante el cuatrienio donde comenzó la profunda crisis económica que persiste hasta el presente. Entonces las autoridades gubernamentales indicaron que el objetivo principal de esa legislación era promover el desarrollo económico del país otorgando un trato contributivo preferencial a inversionistas. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado.
Aunque el informe de gasto tributario en el año 2017 que fue producido por el Departamento de Hacienda no cuantifica el impacto que tuvieron los créditos, incentivos y demás decretos contributivos aprobados para individuos y corporaciones en la actividad productiva y la creación de empleos, al examinar los principales indicadores económicos se puede afirmar que su efecto no fue el esperado. Según el Apéndice Estadístico del Informe Económico a la Gobernadora, desde el 2008 hasta el 2019, la producción se redujo -17.43%, el empleo bajó -18.03% y la participación laboral cayó de 46.6% a 40.6%. A la vez, el ingreso de propietarios aumentó 47.45% y la compensación a empleados/as disminuyó -10.58%.
Las políticas económicas adoptadas por el gobierno, no tan solo han sido inefectivas para superar la crisis sino, además, han profundizado la misma, limitado el acceso a servicios básicos y precarizado el trabajo. Desde el comienzo de la crisis económica en el 2006, se han aprobado distintas medidas dirigidas a menoscabar derechos y protecciones de trabajadores y trabajadoras en el sector público y sector privado; entre ellas se encuentran la Ley 7-2009, la Ley 66-2014 y, más recientemente, la Ley 4-2017. Estas leyes han sido aprobadas, tanto por administraciones del PNP, como administraciones del PPD. Usualmente las mismas son productos de recomendaciones realizadas por sectores empresariales y, durante los últimos años, por la Junta de Control Fiscal creada por el Gobierno de EEUU a través de la Ley PROMESA del 2016. Dichas medidas han colocado en una situación de vulnerabilidad a la población, especialmente, ese sector que depende de vender su fuerza de trabajo en el mercado por un salario, lo que incluye la juventud que, por lo general, tiene empleos por los cuales reciben una baja remuneración. En el contexto de la pandemia, esos trabajos presentan también mayor riesgo de contagio de coronavirus. Señalarles como responsables del aumento de casos no se sustenta en la evidencia disponible e invisibiliza la responsabilidad que le corresponde a grupos empresariales y económicos y las autoridades gubernamentales.
Notas:
[6] Véase órdenes ejecutivas emitidas durante la pandemia en https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/.
[7] El Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación de Psicología y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, junto a otras organizaciones, se autoconvocaron para formar un “Task Force Social” con el objetivo de promover medidas que permitan atender de manera integrada los problemas sociales ante la pandemia. Véase https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/04/08/abogan-en-la-fortaleza-por-la-creacion-de-un-task-force-social.html.
[9] https://www.elvocero.com/gobierno/qui-ones-de-longo-no-pienso-permitir-que-manchen-mi-nombre/article_12f39862-7138-11ea-9bcc-97c2bd65445e.html, https://periodismoinvestigativo.com/2020/03/millones-a-diestra-y-siniestra-en-salud-para-vinculados-a-los-estrategas-de-campana-de-rossello-nevares/.
[11] https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/puerto-rico-puede-recibir-cerca-de-12800-millones-en-fondos-federales-para-atender-el-coronavirus/, https://drive.google.com/file/d/14xextAQQHLAxDpvwjk9bJqSnxJV3o-5Q/view.
[12] https://nelpr.com/2020/04/10/sector-privado-pide-a-la-gobernadora-el-regreso-a-la-normalidad-y-dan-sugerencias/, http://www.trabajadores.cu/20200410/levantar-el-confinamiento-demasiado-rapido-llevaria-al-resurgir-del-contagio-del-nuevo-coronavirus/.
[18] https://periodismoinvestigativo.com/2020/05/cientos-de-empleados-denuncian-a-patronos-ante-osha-en-medio-de-la-pandemia/, https://www.abpr.com/Association/Directors.
[25] https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/no-debe-haber-despidos-en-hospitales-en-una-crisis-como-esta/, y https://esnoticiapr.com/anticipan-8000-despidos-en-los-hospitales-del-pais-en-las-proximas-dos-semanas/.
[26] Véase los datos provistos en los anuncios de nuevas órdenes ejecutivas firmadas en junio, julio y agosto en https://www.youtube.com/watch?v=H6UPKEFwGPI,https://www.youtube.com/watch?v=sCfrCGzzB10 y https://www.youtube.com/watch?v=1LbFBa1-AgQ.
[27] Véase Puerto Rico Tax Expenditure Report for Tax Year 2017. El informe se publicó en septiembre del 2019.