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La formación social según la concepción materialista de la historia

el orden político como defensa del modo de producción


Por Ramón Rosario Luna


Introducción

Esta serie de artículos comenzó exponiendo unas bases filosóficas de la concepción materialista de la historia (CMH) y cómo lo económico es fundamento de la formación social. Este se centra en cómo el ordenamiento político opera como la protección de los sistemas socioeconómicos. Iniciará presentando unas definiciones sobre lo político y sobre su relación con el modo de producción. Más adelante expondrá unas formas históricas básicas de lo político, específicamente la democracia directa propia del comunismo originario y el Estado como organización de las sociedades en las que ya emergieron las clases sociales. Luego definirá el Estado burgués y el rol de la violencia en su origen y operación. Discutirá lo contradictorio de la forma típica del Estado burgués: la democracia liberal. En la última sección comentaremos críticamente unas interpretaciones de la democracia liberal y explicará los límites de esa estructura política.


Lo político: bases teóricas

La CMH teoriza a la formación social como una totalidad; no piensa lo político como algo separado de los demás procesos sociales. Por lo tanto, para entender qué postula esta teoría sobre lo político, debemos presentar su conceptualización de la formación social. Una expresión sintética de cómo la CMH teoriza el ordenamiento social es la planteada por Carlos Marx en el “Prólogo” de Contribución a la crítica de la economía política:


En la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a un determinado grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Estas relaciones de producción en su conjunto constituyen la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se erige la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, político y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”.


De esta cita podemos derivar que el tipo de fuerzas productivas existentes en un momento histórico condiciona cuáles relaciones socioeconómicas (de producción y de propiedad) existirán. A partir de ese sistema de creación social de la vida, resultante de la combinación de fuerzas productivas y de relaciones socioeconómicas, emana el aparato jurídico y político. Esas relaciones socioeconómicas aparecen como normas o leyes y todo este sistema de relaciones exige algún tipo de dirección y de estructura decisional. Tanto las normas o leyes (la manifestación de las relaciones de propiedad en el ordenamiento jurídico) como las decisiones acerca de la dirección social general, requieren una defensa, cuya última instancia encontramos en la fuerza armada. De manera similar, en los Grundrisse, Marx planteó la existencia de un vínculo indisoluble entre economía y política al decir que “toda forma de producción engendra sus propias instituciones jurídicas, su forma de gobierno” y que la relación entre producción-apropiación y formas de protección es orgánica. Dicho de otro modo, todo orden socioeconómico requiere para su sobrevivencia, y genera inmediatamente, la defensa de sus relaciones; el orden político cumple el rol crucial de ser la protección jurídica y militar del sistema socioeconómico. Esta dimensión incluye la estructura mediante la cual se toman y se implantan las decisiones, de modo que provee una dirección general de la formación social. El debate sobre las decisiones y la dirección es importante, pues el nivel de participación de los miembros de la sociedad, que varía según la formación social, indica el grado de democracia política existente. En última instancia, tanto la defensa del sistema socioeconómico como la dirección social (la implantación de las decisiones) se garantizan mediante la fuerza (lo que incluye las armas), y es esta fuerza la que establece los confines dentro de los cuales acontecen los debates políticos. Los demás niveles del sistema social no son menos relevantes: a partir de su experiencia en dicha red de relaciones económico-políticas, los sujetos construyen determinados sistemas de ideas, formas de conciencia social vinculadas (incluso como crítica) a dicha base económica-política. El resto de las dimensiones sociales, sean estas sexuales-familiares, educativas, estéticas-artísticas o morales-religiosas, se construyen a partir de esta base. Esos otros ámbitos del orden social suelen reproducir las relaciones socioeconómicas.


Como para la CMH todo se transforma, incluyendo la estructura social, la teorización sobre la estructura debe ser pensada como resultado de un proceso histórico. Por lo tanto, las fronteras institucionalizadas por la universidad burguesa entre historia y disciplinas de corte sincrónico (economía, política, sociología…) son rebasadas por esta perspectiva. Esta asunción de la historicidad del fenómeno estudiado es orgánica a la intención política de erradicar el orden social capitalista y construir una sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción y el control democrático de estos por parte de la clase trabajadora. Sobre dicha historicidad, este otro segmento de Contribución a la crítica de la economía política expone una conceptualización pertinente:


En cierta fase de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o bien, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad en el seno de las cuales se han desenvuelto hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se transforma más o menos rápidamente toda la superestructura inmensa”.


La aplicación de la innovación tecnológica al proceso laboral genera nuevas formas de trabajar y de organizar la producción. Esta novel manera de producir choca con las viejas relaciones de propiedad e implica relaciones de propiedad inéditas, tanto de los medios de producción como de los productos del trabajo. Este surgimiento de otras maneras de producción y de apropiación son ya el emerger de una estructura económica diferente. Como el rol principal de la superestructura política es proteger la estructura económica, la vieja superestructura política queda caduca y aparece como imprescindible construir una nueva. Dicho de otro modo, tan pronto el sistema socioeconómico se transforma, cambia el ordenamiento político. Con este cambio económico-político surgen nuevas formas sociales de la conciencia y todo un nuevo sistema social en sus múltiples dimensiones (sexuales-familiares, educativas, estéticas-artísticas o morales-religiosas…).


Pero estos cambios son procesos tortuosos. Los debates políticos suceden dentro de los límites impuestos por la fuerza; pero en ocasiones el conflicto es tan intenso que desborda los confines de la discusión. Ese es el caso cuando algunos intentan erradicar el sistema económico vigente y otros lo defienden. Por lo tanto, la fuerza, además de mantener el orden social, juega un rol en el cambio social, pues el establecimiento de un nuevo orden requiere que sus propulsores derroten a los defensores del antiguo. Esto fue así en el paso del comunismo originario a la sociedad de clases, en las revoluciones burguesas (la abolición del feudalismo y/o la esclavitud para imponer la propiedad privada y el trabajo asalariado) y en las revoluciones socialistas que proyectan erradicar el capitalismo e implantar propiedad colectiva de los medios de producción. Marx lo resumió bien en el capítulo XXIV de El capital al decir que, “la violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva”. Entonces el conflicto, cuya cúspide es la guerra, implanta las condiciones sociales dentro de las cuales acaece la política; dicho de otro modo, la política es la continuación de la guerra y existe dentro de los límites impuestos por esta.


Historicidad de lo político

Examinemos los tipos históricos de sistemas políticos-militares que han defendido los diversos modos de producción. Engels (1884), Harman (2007), Childe (1951) y el grueso de los antropólogos reconocen que las estructuras políticas de las comunidades humanas originarias tienden a consistir en anarquía, en la ausencia de Estado. Debido a que la economía es tan importante que infunde el carácter general a las demás instituciones sociales, la forma de protección política-militar del comunismo originario consistió en democracia directa y pueblo armado. Los principios de inclusión y equidad del comunismo económico de estas sociedades se traducen a la política en un orden en el cual el conjunto de la población participa de las decisiones en términos igualitarios, de modo que no hay separación entre sociedad y órgano decisional. Dicha inclusión y equidad se facilitan por el tamaño pequeño de estas bandas nómadas. Concordantemente, el bajo desarrollo tecnológico de estas sociedades posibilitaba que las armas (hachas y mazos de piedra, arcos y flechas, lanzas…) fueran fácilmente accesibles para todos, lo cual impedía que parte de la comunidad monopolizara las armas y sometiera al resto. Dicho de otro modo, en estas comunidades no había Estado, no existía una estructura política-militar separada, y por encima, de la población.


Según Harman (2007), las clases sociales surgieron hace unos 7,000 años. Engels (1884) planteó, y Lenin (1918) desarrolló, la conceptualización que permite entender la relación entre el surgimiento de las clases sociales y la “necesidad” de una nueva estructuración política capaz de defender esas nuevas relaciones socioeconómicas. La anarquía de las comunidades originarias era incapaz de cumplir la función de proteger la recién emergida dominación de clase, pues en aquel orden político las decisiones se tomaban mediante la democracia directa y el pueblo estaba armado: la democracia directa incluiría la participación de los esclavizados en las decisiones, lo que conduciría a la abolición de su esclavitud; el acceso de las armas del conjunto de la población incluiría que los esclavizados también las tendrían, lo cual haría imposible esa subordinación. Para proteger un sistema socioeconómico basado en la explotación de una clase por otra, fue imprescindible crear e imponer una estructura política-militar que excluyera a las clases dominadas de las decisiones y de las armas, y que colocara a esos dos factores en manos de la clase explotadora. Surgió así el Estado, la máquina de represión de una clase sobre otra (Engels, 1884), la estructura mediante la cual las clases dominantes mantienen las relaciones de explotación que les permiten conseguir su objetivo de acumulación, la violencia política-militar mediante la cual las clases dominantes defienden las relaciones socioeconómicas de las cuales derivan sus privilegios. En estas sociedades, las relaciones de propiedad se codifican como leyes y las fuerzas armadas garantizan el cumplimiento de dichas leyes. Dicho poderío armado también asegura la implantación de las decisiones del liderato político y de la dirección general que ese liderato define. Dado ese ordenamiento político-militar, el Estado se convierte en instrumento de los proyectos de la clase dominante y la discusión política relevante se realiza dentro de la oligarquía. Esto es cierto tanto para los Estados esclavistas como para los feudales, que, aunque tienen estructuraciones políticas diversas, en todos los casos operan como la protección de las relaciones socioeconómicas mediante leyes, las que son la forma jurídica de esas relaciones y son defendidas por un aparato represivo.


El surgimiento del militarismo está estrechamente vinculado a la división de la sociedad en clases. Dicha división social vino de la mano con un incremento en la productividad y con la agricultura; esto significó la existencia de bienes acumulados y de tierra cultivable como fuente crucial de riqueza, lo que los explotadores interpretaron como atractivos botines para robar. Así, autores como Cohen (1894) y Carneiro (1970) explican que la guerra, el Estado y la dominación de clase se reforzaron mutuamente. Engels (1884) planteó que con la institucionalización de la esclavitud el trabajo perdió prestigio, por lo que invadir y saquear apareció como una alternativa más atractiva a los ojos de los miembros de esas sociedades. Entonces los pueblos colindantes a los militarizados necesitaron militarizarse para evitar sucumbir ante invasiones. Esto tornó a las asambleas de adultos, organismos políticos que permitían la dirección democrática en el comunismo originario, en medios para realizar actividades cuyo fin es la acumulación de riqueza, lo que requirió y generó concentración de poder político y militar. Debido a que el surgimiento de las clases sociales, el Estado y el militarismo sucedió en el contexto extradoméstico, el cual la división sexual originaria del trabajo definió como uno masculino, este acaparamiento de recursos económicos, políticos y militares pasó a estar en manos crecientemente masculinas. Esta concentración y masculinización del poder social puso en jaque el carácter ginecocéntrico de las relaciones de parentesco comunistas, dimensión social que era el único ámbito que los hombres no dominaban justo luego de emergidas las clases y los Estados.


Hace unos 5,000 años, surge el patriarcado (Lerner, 1990). Este se estableció mediante la imposición de la monogamia femenina y la patrilinealidad: la cancelación de la libertad sexual de las mujeres que fue impuesta por la monogamia femenina garantizó la reproducción de la clase dominante al dejar claro el heredero del propietario fallecido; la patrilinealidad instauró que las mujeres pasaran a vivir con la familia del esposo y que los hijos portaran el nombre del padre (Engels, 1884). Así, el patriarcado surge como consecuencia del surgimiento de las clases sociales y el Estado; pero a la vez esa cultura androcéntrica fortalece los principios de opresión y de centralización de poder en los que se fundamentan la dominación de clase, el autoritarismo político y el militarismo.


Es pertinente notar la dimensión religiosa de esto. A partir de este surgimiento de las clases, el Estado y el patriarcado, la subjetividad se va transformando. En la medida en que el desarrollo tecnológico (específicamente la metalurgia) potenció la capacidad de transformar la naturaleza, los humanos comenzaron a dejar de interpretarla como el poder real, se imaginaron como poderosos y la noción de divinidad se tornó androcéntrica. Tan pronto los hombres acopiaron poder (como patronos-propietarios en una economía dividida en clases, como dirigentes políticos y militares mediante la construcción del Estado y el militarismo, y poder sexual mediante el patriarcado), la idealización del poder fue dejando de ser femenina (la madre tierra) y se pasó gradualmente a adorar al padre (palabra que al igual que patrono tiene su origen en el término pater) que está en el cielo. El monoteísmo, surgido en el Egipto de Akenatón del siglo 14 antes de la era cristiana (Hoffmeier, 2015), es la síntesis en la subjetividad de la dominación de clase, estatal y patriarcal: es la proyección a la metafísica de la idealización de las opresiones socioeconómicas, políticas y sexuales.


El Estado burgués: violencia

El origen del Estado burgués es tan violento como el de cualquier otro tipo de Estado. Podemos entender el carácter del Estado burgués revisando su surgimiento en el continente americano a partir de la invasión europea iniciada durante el siglo 16. En la América precolombina existían los Estados azteca, maya e incaico, los que se fundaron en la violencia de unas etnias y clases sobre otras; pero el grueso de las sociedades previas el siglo 16 eran no-estatales. La invasión-conquista europea impuso un orden social y la organización política estatal a lo largo de este continente como protección política-militar al saqueo económico basado en la esclavitud marcada por la racialización de indoamericanos y afrodescendientes (Quijano, 2014). Dicho proceso de invasión, conquista, y en algunos casos exterminio, de las poblaciones indoamericanas y sus territorios, y de siglos de colonialismo como administración política de la esclavización de esas poblaciones indígenas, junto con el rapto y esclavización de millones de africanos, establecieron un régimen de explotación que alimentó un saqueo del cual fluyeron cantidades inimaginables de riqueza hacia los países europeos (sus Estados y sus burguesías) y también hacia las oligarquías criollas. Prácticamente la esclavitud proveyó la riqueza con la que se financió la industrialización (Williams, 1994), lo que reforzó que el alcance mundial del poderío económico y militar de los Estados europeos occidentales.


A partir de esa abundancia, en Europa surgieron las revoluciones artísticas (barroco y neoclasicismo), filosóficas (ilustración, racionalismo, empirismo…), científicas (Galileo y Newton) y tecnológicas (maquinaria); esos procesos de riqueza cultural general, y específicamente del desarrollo el científico-tecnológico de las ciencias físicas y de la industrialización, llevaron a la burguesía a convertirse en la clase dominante en el siglo 19 (Soboul & Volvelle 1989). En el continente americano, desde 1776 hasta comienzos del siglo 19, las guerras por la independencia engendraron el grueso de los Estados actuales, los que quedaron en manos de las burguesías criollas. Pero la instauración de las entonces nuevas relaciones de producción y de propiedad capitalistas pasó por un proceso espantoso. Tanto al interior de las potencias europeas como de los países independientes de América, la clase capitalista implantó su sistema de explotación mediante múltiples violencias que incluyeron el robo de tierras a campesinos, la usura contra pequeños productores artesanales, las libretas de jornaleros, las leyes anti-vagancia (para obligar a trabajar asalariadamente), salarios de hambre y las más sanguinarias represiones contra los intentos de resistir dichas políticas. Néstor Kohan (2001) plantea que para el capitalismo la violencia es una potencia económica y que ese orden social, económico y político, y sus leyes (supuestamente naturales, eternas y objetivas) “se construyeron a partir de todos estos mecanismos: la violencia, la coacción, la expropiación, la estafa, el colonialismo, la conquista, la tortura, los códigos de disciplinamiento, las casas de trabajo, etc.”. En el capítulo XXIV de El capital (“La llamada acumulación originaria”) Marx expone el origen terrible del capitalismo: “el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza”.


Cabe decir que dicha violencia sigue siendo útil para los capitalistas de dos maneras. La primera está vinculada al mantenimiento del orden al interior de sus países, pues aquellos no dudan en usar la represión ni en implantar regímenes militares o fascistas cuando sus privilegios se ven amenazados por ascenso del poder de las clases trabajadoras. Para tomar la región de América Latina como ejemplo, podemos recordar los golpes de Estado en Cuba en 1952, en Guatemala en 1954, en Perú en 1962, en Brasil en 1964, en Bolivia en 1971, en Argentina en 1976, en Chile en 1973, en Uruguay en 1973, en Argentina en 1976, en Granada en 1983 (por parte de Estados Unidos), y nuevamente en Bolivia en 2019. En grado variable, estos actos se realizaron para garantizar la prevalencia de los intereses de las clases capitalistas y la continuidad del poderío estadounidense en esos países. Dictaduras como las de Rafael Trujillo en República Dominicana (1930-1961), de los Somoza (padre e hijo) en Nicaragua (1937-1979), de Fulgencio Batista en Cuba (1952-1959), de los Duvalier (padre e hijo) en Haití (1957-1986), de Hugo Banzer en Bolivia (1971-1978), de Augusto Pinochet en Chile (1973-1989), de Jorge Videla en Argentina (1976-1981) y de Manuel Noriega en Panamá (1983-1989) se destacaron en reprimir a las clases campesinas y obreras y a sus organizaciones sindicales y políticas de corte socialista y comunista (Rouquié, 1987).


Historiadores como Moscoso y Cabrera (2008) y Ayala y Bernabe (2011) también captan cómo lo militar es la defensa de un ordenamiento de lo económico político en el caso colonial de Puerto Rico (PR). Para coordinar su saqueo de riquezas, desde su invasión en 1508 el gobierno de España designó gobernadores; múltiples rebeliones de esclavizados y el intento revolucionario independentista de 1868, el Grito de Lares, enfrentaron una fuerza militar destinada a la reproducción de la dominación de clase e imperial. Desde la invasión estadounidense en 1898, sea con gobernadores nombrados por el presidente de ese país, con gobernantes electos bajo el Estado Libre Asociado (desde 1952), la condición colonial permanece. Esto se reafirmó en 2016, cuando el gobierno de EEUU impuso la Junta de Supervisión Fiscal (cuyos integrantes no son electos por la población y que cuenta con poderes para modificar el presupuesto del ELA para garantizar que el gobierno de PR le pague a los bonistas). En todos esos periodos, los gobiernos coloniales de PR han reprimido las organizaciones que amenacen el ordenamiento capitalista y/o el dominio de los EEUU: Partido Nacionalista de Puerto Rico desde la década de los años 1930 hasta la de los 1960, Movimiento Pro Independencia en la década de los años 1960 y Partido Socialista Puertorriqueño durante los años 1970, los sindicatos (especialmente el Movimiento Obrero Unido, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego en los años 1970, y la Federación de Maestros en 2008) y los movimientos opuestos a las prácticas militares en Vieques (1940-2000) y Culebra (1902-1975); pero también contra quienes se oponen a los proyectos neoliberales, como el movimiento estudiantil (en múltiples huelgas, recientemente en 2005, 2010-2011 y 2017), el levantamiento masivo a favor de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y de la eliminación de la JSF en 2019, los movimientos ambientalistas (como en el Condominio Sol y Playa en Rincón en 2021-2022) y el feminismo negro y socialista de Colectiva Feminista en Construcción (2022).


La segunda forma mediante la cual la violencia sigue siendo útil para los capitalistas es el militarismo como negocio. En estos procesos, los dueños de la producción de armamentos, inversionistas-especuladores, jefes de ejércitos mercenarios y empresas de bienes extractivos clave (petróleo, minería…) consiguen ganancias extraordinarias invadiendo países y robándoles recursos. Según el Stockholm International Peace Research Institute (2023), en el año 2022 el gasto militar rondó los 2,240,000,000,000 dólares, equivalente al 2.2 por ciento del valor producido; en esto destaca Estados Unidos, que gastó unos 877,000,000,000 dólares, o el 3.5 por ciento del total del valor producido ese año en ese país. Dichos presupuestos garantizan enormes y lucrativas operaciones para una serie de corporaciones armamentistas, como las estadounidenses Lockheed Martin, Raytheon Technologies y Boeing, que superaron los $60,000,000,000 en ventas cada una en 2022 (Cagat, 2023). Según Vantage Market Research (2023), el mercado de milicias privadas se estima en $258,110,000,000 anuales y está compuesto por empresas de ejércitos mercenarios que sirven gobiernos de los países y a billonarios para múltiples incursiones, sean guerras estatales o proyectos de oligarcas particulares; entre estas destacan ACADEMI, Securitas AB, Prosegur Compañía de Seguridad S.A, G4S, Constellis, Aegis Defence Services, Northbridge Services Group, DynCorp, muchas de las cuales tienen ingresos multimillonarios (Kemeroff, 2018; Sol, 2021). Dicho de otro modo, la defensa del modo de producción capitalista está organizada en términos capitalistas. La complicidad de las principales corporaciones de noticias para persuadir al público de apoyar los proyectos militares de sus gobiernos burgueses es habitual en las potencias capitalistas (Knightley, 2012). La influencia de estos productores y mercenarios en los programas de gobierno de los principales partidos de sus países, su poder de cabildeo para lograr legislación favorable y su capacidad para que sus gobiernos declaren guerras es inmenso.


La cúspide de la violencia de los Estados capitalistas radica en las muertes generadas por la Segunda Guerra Mundial. Ese conflicto trajo alrededor de 80,000,000 muertes, la mayoría de las cuales fueron civiles. En esa conflagración, al igual que en la Primera Guerra Mundial, la responsabilidad recae sobre los Estados capitalistas beligerantes, pues esas guerras fueron productos de conflictos entre los proyectos imperialistas de esos Estados. Durante la Segunda Guerra Mundial el principio burgués de la guerra como negocio operó prístinamente, pues la producción de motores y turbinas, de aeronaves y piezas de repuesto, y de bituminosas y carbón blando experimentaron unas tasas de crecimiento de sobre mil por ciento (Thorne, 1946); empresas como DuPont, US Steel, Curtiss-Wright y Chrysler consiguieron niveles extraordinarios de ganancias (Brandes, 1997) y corporaciones como General Motors y Bethlehem Steel Corporation amasaron fortunas descomunales (Thorne, 1946). A partir de eso, el aparato militar-industrial alcanzó un poderío económico y político previamente inimaginable (Mills, 1956; Hartung & Freeman, 2023). Sin embargo, la cantidad de muertes que pudiera generar una guerra termonuclear superaría a la de las guerras mundiales. Hasta ahora, el único uso de armamento atómico en un contexto de guerra son los dos ataques realizados por EEUU contra Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial; eso mató unas 200,000 personas. Pero la confrontación entre el expansionismo ruso y la Organización del Tratado del Atlántico Norte a partir de la invasión rusa a Ucrania ha incrementado la probabilidad de una guerra termonuclear. Una contienda contemporánea de ese tipo entre EEUU y Rusia mataría inmediatamente unas 360,000,000 personas y sobre 5,000,000,000 adicionales durante los dos años posteriores a las detonaciones por la inanición resultante del colapso de la producción alimenticia impuesta por el subsiguiente invierno nuclear (Xia, et al., 2022). La producción de armamento termonuclear es una industria que en 2022 contó con un volumen de producción de $82,900,000,000, y que generó grandes fortunas a corporaciones estadounidenses como Boeing, Honeywell International, Lockheed Martin y Northrop Grumman (Muñoz, et al., 2022). El poder de estos productores de armas y mercenarios, mediante aportaciones multimillonarias a las campañas electorales de congresistas estadounidenses, es gigantesco; les granjea legislación favorable, gran influencia en el presupuesto federal, espacios privilegiados en los programas de gobierno de los principales partidos de sus países y les facilita lograr que sus gobiernos declaren guerras.


En resumen, una vez establecido el Estado capitalista mediante la violencia instauradora, dicho Estado usa la violencia reproductora como forma de preservar la dominación de clase, la prevalencia de los proyectos de la clase dominante y para delimitar el contexto dentro del cual acontece la política. La política consiste principalmente en el conflicto entre las poblaciones de esos Estados periféricos y los Estados de los imperios, y en el conflicto entre las oligarquías (de clase, raciales, sexuales…) y los subalternos (trabajadores, campesinos y pobres en general, indoamericanos y afrodescendientes, mujeres y poblaciones LGBTTIQ+…), pero con los grupos oprimidos desarmados y los privilegios de las clases dominantes defendidos por los aparatos represivos del Estado. Interesantemente, con esto coinciden pensadores como el estudioso de la biopolítica Michel Foucault (1976) y teóricos decoloniales como Aníbal Quijano (2014); el primero con la idea de que la política es la guerra por otros medios y el segundo con la conceptualización de los Estados y las sociedades de América como resultantes del militarismo de la conquista.


La democracia liberal

Es cierto que el Estado burgués surge mediante la violencia, que ese Estado acude a ella cada vez que los intereses capitalistas se encuentran amenazados y que la violencia es un negocio para esa clase. Pero también lo es que la democracia liberal, forma política típica del Estado burgués, incluye unos derechos para la población general que no están presentes en los Estados clasistas que antecedieron al capitalismo. Estos son los derechos de organización, expresión, el sufragio y la libertad de culto. Comentar las revoluciones burguesas ayuda a entender el alcance y las limitaciones de esos derechos.

Las revoluciones burguesas, como proceso mediante el cual surge el capitalismo como el modo de producción principal y la clase capitalista como la dominante, supone una previa acumulación de riquezas. En el capítulo XXIV de El capital, “La llamada acumulación originaria”, Marx expone estos procesos como fundamentales para dicha acumulación:


"El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, el exterminio, la esclavización y el sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros: tales son los hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista".


El caudal acumulado en Europa por el saqueo esclavista del continente americano posibilitó las revoluciones burguesas: sirvió de fuente de recursos que posibilitaron la investigación y el desarrollo de la maquinaria y de otras tecnologías como base productiva; y de la combinación de esa abundancia con la competencia entre capitalistas surgió que estos desarrollaran las fuerzas productivas con el propósito de reducir costos de operación e incrementar sus ganancias. Este requerimiento pragmático en función de los intereses de los capitalistas llevó al portentoso desarrollo científico-tecnológico del cual resultó la industrialización con la que el capitalismo se estableció como economía dominante. Con Hobsbawm (1962) podemos decir que dicho cambio en la base tecnológica (la máquina sustituyó a la herramienta manual) y económica (el capitalismo desplazó a la esclavitud, al feudalismo y a la pequeña producción artesanal), y fue el fundamento de las revoluciones burguesas. A partir de esa transformación tecno-económica se generaron otras clases sociales: el binomio burguesía/proletariado sustituyó a los de amo/esclavo y señor/siervo. Como el cambio en la base económica transforma la superestructura y las formas sociales de la conciencia (Marx, 1859), con el surgimiento del capitalismo, que incluye experiencia en libertad (los trabajadores son formalmente libres) y en igualdad (en el intercambio de mercancías), esas ideas se generalizan; ante dicha subjetividad las monarquías perdieron legitimidad, y esos sujetos derrocaron ese sistema jurídico-político, establecieron otro Estado (la democracia liberal) e implantaron otros derechos (organización, expresión, voto, juicio público, libertad de culto…) inexistentes en las monarquías-teocracias; surgió otra organización familiar (la nuclear sustituyó a la familia extendida); se generalizaron otras formas de sujetación (se inauguró históricamente el individualismo), surgieron otras visiones de mundo (el pragmatismo y el racionalismo) que suplantaron al teocentrismo y al dogmatismo; y se estableció un nuevo modo de conocimiento hegemónico (la ciencia desplazó a la religión).


Concentremos en la democracia liberal, que es el tipo de Estado usualmente desarrollado dentro de esas revoluciones burguesas. Según The Concise Oxford Dictionary of Politics, el pensamiento liberal surge con la Ilustración y asume que el humano es un individuo racional; a partir de eso, propone un tipo de Estado basado en las libertades y poderes individuales. Este es el estreno histórico del derecho a organizarse y expresarse políticamente como un derecho de todos los individuos, algo ausente en los Estados esclavistas y en los feudales. Esto significa la existencia de una pluralidad de partidos políticos, la libertad de prensa y la libertad de crear sindicatos obreros y organizaciones de tipo ambientalista, antirracista, anti-xenofobia, feminista, queer y estudiantil. Entonces, la democracia liberal establece un espacio político dentro del cual acaecen las luchas de clases y múltiples otras luchas.

La democracia liberal también incluye la separación Iglesia-Estado, la libertad de culto, que se establece como resultado de la lucha contra la teocracia, de la pluralización religiosa y del ascenso de la ciencia como principal modo de conocimiento. La contienda de la burguesía contra las antiguas clases dominantes incluyó la lucha contra el Estado monárquico y contra la Iglesia Católica, las que desde el feudalismo estaban integradas en la unión Iglesia-Estado: la revolución burguesa implantó la separación iglesia-Estado, la cual cancela practicar una religión en específico como una obligación punible por ley de no ser cumplida. Esa libertad religiosa apareció como necesaria dada la pluralización de la religión cristiana dentro de las sociedades burguesas: el surgimiento y desarrollo de los protestantismos a partir del siglo 16 llevó a esas vertientes a retar al catolicismo en fuerza, por lo que eliminar el carácter obligatorio-legal de una creencia específica fue una opción conjunta de ambas tendencias cristianas, pues así se reconocía el derecho a unos y a otros a practicar libremente sus creencias. Concomitantemente, el desarrollo de la ciencia, promovido por los capitalistas para incrementar sus ganancias mediante las tecnologías que aquella provee, llevó a aquel modo de conocimiento a ser el de mayor prestigio dentro de este ordenamiento social: por primera vez en la historia de la especie surge una sociedad en la cual la religión no es el principal sistema de ideas: la sociedad burguesa. Nada de lo anterior niega que las instituciones religiosas tienen significativo poder y que, debido la crisis del conocimiento que le es inmanente a la actual crisis civilizatoria, se han fortalecido sus versiones fundamentalistas (que usualmente se alían a movimientos políticos conservadores y hasta fascistas).


Las democracias liberales también son distintas a los Estados previos en que en ellas existe el sufragio universal, el que consiste en la participación ciudadana en la selección de los gobernantes y en el derecho de los ciudadanos a ser elegido. Es cierto que inicialmente dicha participación excluía a los no-propietarios y a las mujeres, e incluso que coexistió con la esclavitud; pero también lo es que posteriormente los trabajadores (a finales del siglo 19) y las mujeres (a comienzos del siglo 20) conquistaron el derecho al voto. Esa participación de las clases y los géneros subalternos en la decisión de los dirigentes políticos es inédita en la historia de la dominación de clase. Esto no niega que los partidos burgueses tienen una ventaja formidable en las elecciones en cuanto a que los capitalistas pueden costear fácilmente las campañas de los candidatos, ni que debido a esto los funcionarios electos suelen operar como agentes de burguesía. Pero ese predominio político no es sinónimo de la inexistencia de ciertos derechos ni de la irrelevancia de estos; más bien implica que en la reproducción de la sociedad burguesa las ideas cumplen una función política muy importante, la cual es mayor que en la reproducción de las demás sociedades de clase. Por supuesto que, en caso de que la persuasión no sea suficiente para reproducir el ordenamiento social, la burguesía acude a la represión de los grupos subversivos y hasta a establecer una dictadura militar y/o fascista para defender dicho ordenamiento.


Igual de importantes que estos derechos políticos son los derechos socioeconómicos conquistados por el proletariado dentro de las democracias liberales. El movimiento obrero logró mejoras significativas en sus condiciones de trabajo y de vida en tiempos del auge del keynesianismo-fordismo desde la década de los años 1940-1949 hasta la de los 1970. La industrialización acarreó una extrema opresión laboral de los trabajadores impuesta por los capitalistas en un contexto de intensa inestabilidad económica resultante del desfase entre unas fuerzas productivas industriales y unas relaciones de apropiación dejadas intocadas por una política económica de libre mercado. Ante dicha penuria, las clases trabajadoras asumieron posturas críticas ante el capitalismo y desarrollaron un fuerte movimiento obrero con importantes componentes sindicales y partidistas. Este fortalecido movimiento obrero, junto con la amenaza socialista planteada por el triunfo de la revolución rusa en 1917 y la china en 1949, llevó a la clase capitalista a ceder ante muchas de las demandas del movimiento obrero. De esto resultaron una serie de reformas como leyes laborales que elevaron los salarios y limitaron la jornada laboral a ocho horas, seguridad social para los desempleados, jubilados e incapacitados, subsidios de alimentos y de vivienda para los más pobres, servicios públicos de salud y de educación establecidos como un derecho provisto por el Estado, tasas progresivas de impuestos para financiar esos subsidios y esos servicios de salud y educativos, y significativa inversión pública en infraestructura, como lo son los servicios de acueductos y de electricidad estatales, los puertos aéreos y marítimos, y las carreteras (Castles, et al., 2010). Esta intervención estatal facilitó un periodo de intenso crecimiento económico que Keynes (1943) explicaba como producto de un aumento en la demanda agregada; en términos de Marx, dicho crecimiento resultaba de una moderación del desfase entre fuerzas productivas y formas de apropiación de lo producido. Esto indica que, dadas las actuales fuerzas productivas (masivas y sociales), la economía funciona mejor mientras más se acerquen las relaciones de propiedad a la socialización del acceso a los productos; la relación entre funcionamiento económico y bienestar de las clases subalternas es directamente proporcional. Sin embargo, a partir de las décadas de los 1970 y 1980, las burguesías iniciaron su contraofensiva neoliberal que consistió en darle más espacio al mercado, reducir la intervención estatal en la economía y con ello todos estos derechos socioeconómicos. En concreto, esto significó reducir los derechos laborales, privatizar corporaciones públicas, despedir trabajadores del gobierno, eliminar servicios públicos, reducir los impuestos a los ricos y aumentarlos a los pobres, degradando así las condiciones de vida de las clases dominadas. Como dicha intensificación de la opresión ha sido resistida desde abajo, las burguesías han recurrido a incrementar los niveles de represión política para imponer sus proyectos neoliberales.


Límites del Estado burgués

El carácter contradictorio de la democracia liberal propende a errores de interpretación. La ideología burguesa no la comprende: su variante liberal cree que no hay opresión porque existen unos derechos; la variante conservadora es más certera al reconocer que por debajo de esos derechos hay una jerarquía, pero erra al naturalizarla (pues las clases sociales han existido durante solo los últimos 7,000 años de los más de 150,000 del homo sapiens) y tergiversa al idealizar dicho orden político, cuya principal utilidad para la burguesía es legitimar el capitalismo. Abundando en la mistificación liberal, debemos señalar que esa tendencia política malinterpreta los derechos socioeconómicos confundiendo la moderación de la opresión capitalista con su eliminación; y desconoce las reducciones en estos derechos impuestas por las burguesías mediante sus proyectos neoliberales a partir de la década de los años 80. Con respecto a los derechos políticos, el pensamiento burgués considera que, porque esos derechos existen, estos ya se concretan en la realidad social, y no ven que las opresiones siguen existiendo a pesar de la formalidad jurídica de libertad y de igualdad; tampoco capta que en la democracia liberal la clase capitalista compra a los políticos y que el rol principal del Estado burgués es defender el capitalismo y a la clase capitalista. Pero, ¿puede ser otro el sesgo de clase del Estado burgués que llamamos democracia liberal, cuando el rol principal de todo Estado es preservar el modo de producción? No, porque de eso se tratan los Estados, y en eso el Estado burgués es idéntico al esclavista y al feudal. La diferencia es la forma mediante la cual la burguesía domina: en el mundo moderno las ideas cumplen un rol mucho más importante que en las previas formaciones sociales.


Es más certero pensar dialécticamente y notar la simultaneidad de dos ideas: los derechos que componen la democracia liberal son valiosos y la burguesía domina a pesar de esos derechos. En el contexto de las democracias liberales se generaliza en el proletariado una psicología política que lleva a esa clase a no impugnar el orden que les oprime. Esto sucede debido a factores como los siguientes: la estructura epistemológica profunda propia de las formas sociales de la conciencia de la sociedad burguesa, como la reificación (Lukács, 1967) y el hilemorfismo (Rosario, 2022) que llevan a asumir que los principios de escisión y subordinación son universales; la subjetividad difundida por las instituciones de reproducción de la sociedad burguesa, que naturaliza o niega la opresión, o sobreestima los derechos democráticos y de las libertades individuales (Althusser, 1970; Eagleton, 1991); el temor infundido por la amenaza de represión; la indefensión que significa la desposesión económica. Esos factores llevan a que entre los trabajadores surjan conductas como el no organizarse (ni sindical ni políticamente), votar por los partidos patronales, o establecer metas sindicales y políticas limitadas (sindicalismo economicista, reformismo político…) o no votar. Pero eso no equivale a decir que los derechos de organizarse, expresarse o votar no existen ni que son irrelevantes; indica que, una vez la violencia impone el Estado burgués y este define los límites de la acción política, la dominación ideológica-política pasa a ser un componente crucial del poder de la burguesía y de la reproducción de esa sociedad; dicho de otro modo, dentro del marco político (jurídico-militar) de la democracia liberal (que es un Estado burgués) prevalece el poder y los intereses de la burguesía mediante lo que Gramsci (1971) llamó hegemonía: dominación que incluye el consentimiento de los dominados, en la cual los intelectuales juegan un papel decisivo. La creencia de que la democracia liberal no reproduce opresión es parte de esa ideología (falsa conciencia que reproduce la dominación burguesa).


Analicemos los límites de la democracia liberal. Dado que ese tipo de Estado es una superestructura jurídica correspondiente a la economía capitalista, este también incluye el establecimiento y la defensa del derecho de los individuos (propietarios) a manejar libremente sus medios de producción. La democracia liberal se cimienta sobre el derecho burgués, que consiste en el derecho de los capitalistas a disponer libremente de sus propiedades, sean estas empresas, terrenos, edificios, maquinaria, programas de computadora, información, mercancías, dinero o la fuerza de trabajo que le compran a los trabajadores. El orden jurídico burgués establece unos espacios de igualdad a la vez que protege privilegios. Por un lado, existe igualdad nominal de derechos y deberes entre los individuos, incluyendo los sujetos de todo intercambio. Así, se intercambia “libremente” la fuerza de trabajo por el costo de su reproducción (el salario), lo que parece una permuta entre elementos iguales. Por otro lado, no todos participan de la economía en las mismas condiciones: los burgueses van al mercado con medios de producción y de vida (tierras, fábricas, comercios, bancos, dinero abundante…); los proletarios llegan al mercado desposeídos, portando solo su fuerza de trabajo para venderla a los patronos. Ese pacto de compraventa de fuerza de trabajo por salario se completa en un doble proceso: en la producción los burgueses deciden-ordenan y los proletarios ejecutan-obedecen, y en la distribución los primeros controlan el valor producido (aunque no lo producen) y los segundos no controlan el valor producido (aunque lo producen). Entonces, el espacio de intercambio de elementos aparentemente iguales (salario y fuerza de trabajo), que son intercambiados “libremente” (libertad exigua para el proletario, pues está obligado en la práctica a vender su fuerza de trabajo para vivir), encubre la realidad de la dictadura micropolítica de la burguesía (clase que decide y ordena, mientras los obreros se ven obligados a obedecer) y enmascara la explotación económica capitalista (en la que el trabajador produce un valor que supera a su salario y el capitalista se apropia de ese plusvalor). La democracia liberal defiende esas relaciones de propiedad: tiene la protección de la propiedad privada (individual) de los medios de producción (y, por lo tanto, a la dominación de los propietarios sobre los no propietarios) como fundamento, y dichas relaciones de propiedad prevalecen sobre otros elementos (libertades de expresión y de organización, elecciones…) debido al carácter de clase de la democracia liberal; dicho de otro modo, el derecho no es superior a las relaciones de propiedad porque aquel consiste principalmente en la forma jurídica de dichas relaciones; el rol principal del Estado es defender el sistema socioeconómico y sus relaciones de propiedad, y hacerlo por la fuerza si es necesario.


El poder de la burguesía lleva a que la efectividad de las organizaciones obreras (sindicales, políticas, empresas autogestionadas, prensa…) tienda a ser menor: los partidos burgueses suelen ganar las elecciones con más frecuencia que los partidos que priorizan los intereses de los trabajadores, más aún si estos partidos son socialistas; y sindicalmente los triunfos huelgarios suelen escasear. Esto tiene un efecto psicopolítico derrotista, ante lo cual algunas tendencias radicales (anarquistas, marxismos de ultraizquierda, algunos estalinistas) plantean que esos derechos son irrelevantes porque de todos modos hay Estado y/o dominación de clase. Pero ese poderío de la burguesía no equivale a la inexistencia ni a la irrelevancia de los derechos contenidos dentro de la democracia liberal. Si esos derechos políticos fueran insignificantes, nadie tendría problema alguno con la cancelación de la democracia liberal, ni con establecer una dictadura fascista o militar en la que no hubiera elecciones, ni derecho a organización política ni sindical, ni a promover ideas políticas públicamente; si los derechos socioeconómicos no fueran importantes, no habría inconveniente en eliminar la ley del salario mínimo, el seguro social, el derecho de los jubilados a recibir su pensión, los subsidios de alimento y vivienda, o la salud y la educación públicas. El que las diferencias entre la democracia liberal y las dictaduras (fascistas o militares) sean significativas indica que los derechos propios de la democracia liberal, por más limitados que sean, son imprescindibles; eso mismo podemos decir de las diferencias entre los elementos del Estado de bienestar que han sobrevivido la ofensiva neoliberal. Pero evaluar esos derechos como indispensables tampoco significa que no haya dominación ni que aquellos sean suficientes para la emancipación de las clases trabajadoras ni para el establecimiento de un modo de vida que no esté abocado al ecocidio perpetrado por el capital. Esta contradicción entre lo valioso y lo insuficiente de los derechos existentes al interior del Estado burgués implica la necesidad de las clases trabajadoras de defender los derechos conquistados dentro de ese marco jurídico; pero también la necesidad de superar los límites de ese Estado para erradicar la opresión.


Los proyectos socialistas surgen ante la insuficiencia de las posibilidades de las acciones realizadas al interior del Estado burgués para satisfacer las necesidades de las clases subalternas. Los socialismos desarrollados durante el siglo 20 en países como la Unión Soviética, China, Cuba y Vietnam intentaron superar la organización social burguesa. Esto incluyó revoluciones que expropiaron a los capitalistas y establecieron la propiedad estatal de los medios de producción, una secularización de la cultura, institucionalizaron derechos sociales (trabajo, alimentos, vivienda, salud y educación, artes, deportes…) y lograron avances significativos en las condiciones de existencia de las mujeres. Esto fue coordinado desde un Estado fuertemente autoritario, cuyo ordenamiento político incluía poca participación y libertades y que estaba controlado por la alta burocracia dirigente del partido único. Dicho autoritarismo burocrático resultó de factores como los siguientes: la falta de cultura democrática liberal previa a la revolución en esos países; las paupérrimas condiciones socioeconómicas de las clases dominadas que llevaron a priorizar lo económico y a no ponderar la importancia de la democracia política; los procesos de lucha militar que fueron necesarios para vencer a la burguesía y legaron una normalización de procesos decisionales y relaciones no democráticas; la organización leninista de partido de vanguardia que establece una relación de conocimiento-poder con las clases subalternas que prefigura la de esos Estados con el resto del conjunto social; y el asedio internacional por parte de Estados capitalistas imperialistas, que sabotearon tanto como pudieron la construcción del socialismo en esos países, lo que, simultáneamente, tornó en necesario la organización militar-autoritaria de la sociedad y fue tomado por las burocracias como justificación para mantener esas estructuras políticas no democráticas. Es importante subrayar que la emancipación de las clases trabajadoras requiere la más amplia cultura política democrática dentro de la cual estas clases dirijan la economía y la sociedad. La internacionalización del proyecto socialista es un factor fundamental para posibilitar esa democratización. Pensadores como Leon Trotsky (1936) y Tony Cliff (1948) han desarrollado estas críticas al autoritarismo burocrático.


Salida

Esta redacción definió que la principal función de lo político es la reproducción del ordenamiento social, específicamente del modo de producción. Pero esto es complejo, lo que incluye que es un fenómeno cambiante, por lo que discutió la historicidad de lo político, pasando por la anarquía como la forma política del comunismo originario y por la instauración del Estado como forma de reproducir la dominación de clase. Distinto a lo que imagina el grueso del pensamiento burgués, expuso el rol protagónico de la violencia en el origen y en la reproducción del Estado burgués y del capitalismo. Examinó a la democracia liberal como la forma política por excelencia del Estado burgués y presentó las contradicciones entre sus elementos democráticos de igualdad y libertad, y su función de defender la propiedad capitalista y la dominación que esta acarrea. Finalmente, revisó las tergiversaciones de la ideología burguesa sobre la democracia liberal, explicitó a la propiedad burguesa como el fundamento de dicha forma política, postuló la dialéctica de la importancia y la insuficiencia de las conquistas parciales al interior de la democracia liberal y atisbó unos aspectos críticos de los socialismos burocráticos. Las siguientes redacciones considerarán lo político como espacio de conflicto múltiple, presentarán el objetivo comunista de organización económica, política y social, examinarán el proceso mediante el cual lograr dicha meta y evaluarán críticamente los socialismos de siglo 20.


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