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La esperanza sigue viva. La descalificación de las candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana: retos y oportunidades

Comisión Política de Democracia Socialista



Descalificación político-judicial en momentos de crisis del bipartidismo


Hace poco más de una semana, el Partido Nuevo Progresista movilizó a 292,332 personas para votar en sus primarias. El número apenas supera la cantidad que participó en las primarias del 2020, en medio de la pandemia. 


Además, ninguna fuerza interna de manera coherente salió triunfante en el proceso primarista: Jennifer González será la candidata a la gobernación, pero correrá con quien fuera el candidato de Pedro Pierluisi para la Comisaría Residente, William Villafañe. De la misma manera, la elección de las demás candidaturas no pareció reflejar la fuerza de ningún sector interno particular, sino solo el apoyo a átomos aislados. A eso se le suma que los propios resultados de las primarias están en pugna por el mal manejo del proceso, lo que deja entrever otro tipo de crisis.


Hace poco más de una semana, el Partido Popular Democrático movilizó a 134,579 personas para votar en sus primarias. El número es 82,452  menos de los que participaron en las primarias del 2020, en medio de la pandemia: 217,031 personas. El resultado final fue similar al proceso de camino a la primaria: insulso. 


Esta semana, una mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico falló a favor de descalificar a las candidaturas por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana.


Si yuxtaponemos la baja participación primarista del bipartidismo y el fallo del Tribunal Supremo es para recalcar que van de la mano. Ante el descalabro de los partidos políticos neoliberales, y ante la amenaza que representa una nueva fuerza progresista (Movimiento Victoria Ciudadana, que hizo alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño), los grandes intereses y los partidos neoliberales han buscado la manera de mantenerse en el poder y en el gobierno, manipulando el proceso electoral. Los grandes intereses usaron los procesos electorales mientras les fueron útiles para mantener el poder; pero su compromiso con la democracia termina cuando conflige con sus intereses, y estos se defienden con cualquier método que se tenga a la disposición, incluyendo las instituciones que siguen a su servicio y las fuerzas opresivas del estado que aún controlan. 


Anteriormente, en un boletín repartido ante la primera manifestación que se llevó a cabo al inicio de este golpe político-judicial, escribimos:


“La movida de descalificar candidaturas de Victoria Ciudadana forma parte de una estrategia más amplia para descarrilar la Alianza País, la unión de fuerzas electorales progresistas que ha puesto en peligro el dominio de los partidos patronales que han gobernado en las últimas seis décadas y, por tanto, de los grandes intereses económicos que están detrás de ellos.


El programa de la Alianza País incluye la descolonización, la cancelación de la deuda, el revertir privatizaciones, el aumentar las tasas de sindicalización y los derechos laborales. Representa, por tanto, un programa que echa atrás décadas de política pública neoliberal, colonial y antiobrera. Los sectores que componen la Alianza incluyen importantes sectores ambientalistas, sindicalistas, feministas y de las comunidades en lucha. Representa, por tanto, el que el pueblo trabajador aumente su participación política en las esferas del gobierno de Puerto Rico. 


La descalificación no es el primer golpe, sino el más reciente y contundente en un proceso que ha incluido la imposición de un nuevo Código Electoral, la ilegalización de las candidaturas coaligadas y un proceso de guerra judicial (‘lawfare’) en contra de una de las incumbentes del movimiento”. 


Si bien lo antes citado se refería al Tribunal de Primera Instancia, el contenido se mantiene  desafortunadamente incólume ante el fallo del Tribunal Supremo. El que se haya buscado un recurso legal para mantener a Ana Irma Rivera Lassén como candidata a la Comisaría Residente pudiera tener más que ver con temores políticos que a consideraciones jurídicas: de no certificarse su candidatura, la posibilidad real de que la Alianza optara por que Rivera Lassén corriera en la papeleta del PIP como candidata a la Comisaría Residente debió estremecer al bipartidismo (sobre todo al Partido Popular Democrático) y a los grandes intereses. 


Nuestras luchas al interior del movimiento


Democracia Socialista es una de las fuerzas fundadoras del Movimiento Victoria Ciudadana, con un número importante de nuestra militancia participando activamente en este proyecto. Como socialistas, la participación electoral es una táctica para impulsar nuestros reclamos en un escenario político que atrae la atención de grandes sectores de la población. La participación electoral no implica, para nada, una fe ciega en los procesos ni en las instituciones electorales. Como socialistas, incluso, reconocemos que la mayoría de las instituciones están estructuradas para defender los grandes intereses. 


En ese sentido, el fallo judicial no solo lo vimos como un golpe a Victoria Ciudadana y a la Alianza País, sino, desde nuestra perspectiva, podemos verlo también como una oportunidad. Una oportunidad para seguir denunciando la profunda crisis de las instituciones existentes, y la posibilidad de superar, de sustituir esas instituciones por otras que estén al servicio y al alcance de la mayoría, a través de la movilización democrática y las acciones colectivas del pueblo trabajador. Fuimos exitosos y exitosas al impulsar internamente la idea, en las distintas redes que funcionan como comités de base del movimiento, de que el fallo del Tribunal de Primera Instancia era uno político y no judicial; que la razón de ser del fallo no estaba en meros deslices reglamentarios de nuestros funcionarios como alega el comentariado, sino en la desesperación de los grandes intereses de mantenerse en el gobierno bajo cualquier pretexto. Ante un golpe político, propusimos una respuesta política: movilizaciones crecientes, búsqueda de apoyo internacional, la creación de un frente amplio que rebasara el movimiento, pero que defendiera las candidaturas y el derecho a decidir en las urnas. Creemos que las luchas políticas se pueden fortalecer cuando se agudizan las contradicciones sociales, lo que nos permite impulsar nuestras propuestas, nuestras demandas de transición como alternativa, mientras reiteramos la necesidad de las movilizaciones sociales para lograrlo. Sabemos que lo menos que quisieran los grandes intereses es que la participación electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, a través de la Alianza País con el Partido Independentista Puertorriqueño, logre aumentar sustancialmente su presencia en la legislatura, mucho menos derrotar al bipartidismo en la papeleta ejecutiva. Ambas cosas están dentro de las posibilidades en la coyuntura actual. Y quienes salen perjudicados por este fallo judicial del Tribunal Supremo no es únicamente el electorado de Victoria Ciudadana y la Alianza, sino todos los sectores sociales en lucha.


Fuimos, sin embargo, menos exitosos y exitosas en convencer, no solo sobre la importancia, sino sobre la urgencia que tienen la militancia y la movilización en la defensa de las candidaturas de Victoria Ciudadana, a través de nuestra participación como parte del liderato de Victoria Ciudadana. Mientras la base del movimiento pedía y esperaba más acciones, mayor movilización, las manifestaciones de la jornada por la democracia resultaron insuficientes y esporádicas. No queremos decir con esto que albergábamos esperanzas en el fallo del Tribunal Supremo. Pero, en ausencia de movilizaciones masivas el resultado sería, como fue, inevitablemente adverso para la democracia.


Por otro lado, hay que señalar que las posibilidades políticas de la Alianza País se dan, de manera paradójica, en un momento de debilitamiento de las organizaciones sociales existentes: el movimiento obrero sigue debilitado (a pesar de logros importantes recientes), el movimiento ambientalista, desarticulado. Solo el movimiento feminista y LGBTTIQ+ mantiene una fuerte capacidad de movilización, a pesar de que se encuentra, también, fragmentado. 


Esta situación en gran medida dificultó uno de nuestros llamados en el boletín antes mencionado: “Desde Democracia Socialista entendemos, por tanto, que la denuncia de este golpe judicial no debería recaer únicamente en las organizaciones que componen la Alianza, sino de todos los sectores progresistas del país: sindicatos, organizaciones comunitarias, ambientalistas, feministas. Las iniciativas individuales de cada sector son importantes”. Por las razones que sean, la realidad es que fueron pocas las organizaciones o los sectores que se pronunciaron al respecto.


El problema que tienen los grandes intereses, sin embargo, tiene a su vez varias dimensiones: los golpes que ha sufrido Victoria Ciudadana y, con ella, la Alianza País pueden tener como resultado su fortalecimiento ante el electorado; no han fortalecido al Partido Nuevo Progresista ni al Partido Popular Democrático, mientras Proyecto Dignidad todavía no se presenta como una fuerza capaz de lograr los principales escaños del gobierno. 


Peor aún (para ellos): el fallo del Tribunal Supremo ha profundizado la crisis de los grandes intereses, al continuar desenmascarando la desesperación para preservar el poder político. Ni la lavada de cara de la prensa patronal ni de los analistas “independientes” ha sido capaz de detener el rápido desprestigio y la bancarrota de los partidos y de las instituciones.


La lucha continúa


Con el fallo del Tribunal Supremo, ya no hay vuelta atrás con respecto a las posibilidades institucionales para que estas candidaturas aparezcan en la papeleta de la manera tradicional. Sin embargo, de la misma manera que la creatividad política llevó a articular la Alianza País aún con la prohibición de las candidaturas coaligadas, Victoria Ciudadana y la Alianza deberán buscar la manera de impulsar la mayor cantidad de candidaturas posibles en el 2024. Esto pudiera implicar campañas estratégicas de nominación directa, combinadas con jornadas de movilización junto a otros sectores, actividades de militancia que deberán incluir la formación de un verdadero ejército de funcionarias y funcionarios electorales para velar los votos en todas sus modalidades. Solo así seremos capaces de lograr un adelanto en el terreno electoral.


Pero para que cualquier adelanto electoral no sea efímero, será necesario el fortalecimiento y constante crecimiento de las movilizaciones sociales, sobre todo en este período, lo que podría a su vez contribuir al desarrollo de la conciencia de clase en sectores cada vez más amplios. Dentro y fuera de Victoria Ciudadana, las y los socialistas debemos seguir construyendo alternativas democráticas aprovechando todo lo que sigue revelando la crisis de las instituciones existentes. En ese sentido, la Alianza tendrá que trascender el terreno electoral de una manera mucho más profunda de la que lo ha hecho hasta ahora. 


El Verano del 2019 – del que en este año se conmemoran cinco años – deberá servir de marco o de ejemplo para lo que se puede hacer: grandes movilizaciones que, superando los marcos institucionales, logran su cometido. La presión en la calle puede transformar las estructuras sociales de una manera que se imposibilita a través de las vías tradicionales. A diferencia de la noción generalizada durante el Verano del 2019, deberá fomentarse ahora -con convicción- la mayor autoorganización de los sectores en lucha, por encima de los elogios a la espontaneidad, e impulsar la consolidación de la Alianza como una alternativa política capaz de transformar este país. 


Sobre todo, deberá consolidarse un movimiento de esperanza sobre las posibilidades del cambio. Si bien el bipartidismo sigue en crisis, y sigue perdiendo apoyo, la apatía, el desinterés y la desmovilización son capaces de aumentar con estos golpes y podrían detener la transformación que tanto se anhela. Debemos por eso luchar para contrarrestar esa posible apatía, desinterés y desmovilización con propuestas de participación, movilización y acciones concretas para completar los cambios que se han venido abriendo paso.


Ante la descalificación de las cuatro candidaturas por el Tribunal Supremo, ¿qué reclamo adelantar? Nuevamente, como demuestra el Verano del 2019, el rechazo a lo existente a veces resulta ser un reclamo lo suficientemente contundente. Victoria Ciudadana y la Alianza con el PIP tienen cientos de candiddaturas viables en todos los niveles: alcaldías y legislaturas municipales, ambos cuerpos de la asamblea legislativa nacional, la comisaría residente y la gobernación. Las movilizaciones deberán impulsar rechazos y reclamos a la izquierda de lo posible, que deberán incluir la defensa del voto para todas esas candidaturas a la misma vez que se combate la corrupción, el pillaje y la usurpación de las agencias, estructuras y aquello que quede de las instituciones gubernamentales.


Sin embargo, no hay duda de que este no será el último golpe que buscarán infligir los grandes intereses. No hay duda de que buscarán descarrilar aún más la participación de Victoria Ciudadana en el 2024. Para adelantarse y tomar la ofensiva es que también se propone la autoorganización de los sectores en lucha, su vinculación orgánica y su movilización constante. Que el temor de los grandes intereses sea justificado, y que sus pesadillas pronto se hagan realidad.


Comisión Política de Democracia Socialista

Jorge Lefevre Tavárez

Manuel Rodríguez Banchs

Natalia Santos Orozco

María Suárez Santos

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