Iyari Ríos González
“Una cosa es desear la estadidad y otra es defenderla y traerla. […] Digo esto porque la alegación de que el PNP es portaestandarte de la estadidad es una soberana tomadura de pelo. El PNP al igual que el PPD, lo que hace es vivir del poder y el cuento. Y es bueno que se sepa, que si se dejase sola La Palma, la estadidad no llegaría a este país en mil años.”
-Luis Dávila Colón
El Nuevo Día
17 de enero de 1974
“Aquellos que nos han hundido más profundo en la crisis no son los que nos van a sacar de ella.”
-Ricardo Roselló Nevares
El Nuevo Día
12 de diciembre de 2015
Estas citas inician el libro La eliminación de la Sección 936: la historia que se intenta suprimir de Félix Córdova Iturregui, divulgado por Publicaciones Gaviota. En ellas se resume la contención del autor cuya intención es desenmascarar la historia que se ha construido desde el poder sobre la derogación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de EEUU.
El Gobierno de Puerto Rico – entonces bajo el control del Partido Nuevo Progresista (PNP) – apoyó por razones ideológicas esa decisión del Gobierno de EEUU. Querían atestarle un golpe al Estado Libre Asociado mientras, a su juicio, acercaban al país a la estadidad con dicha medida. Desde su perspectiva, la eliminación de la Sección 936 no impactaría negativamente la economía. La fe de las autoridades públicas en el mercado y en las políticas neoliberales les otorgaba esa confianza.
Sin embargo, una profunda crisis económica de naturaleza estructural comenzó en abril del 2006, pocos meses luego de terminar el periodo de transición de 10 años dado por el Gobierno de EEUU para hacer efectivo el fin de esa sección. Tal crisis contribuyó – junto a las políticas neoliberales – a la quiebra del Gobierno de Puerto Rico, la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal.
Tanto Pedro Rosselló González como Carlos Romero Barceló – quienes eran en aquel momento el Gobernador y Comisionado Residente de Puerto Rico y los responsables principales a nivel local de impulsar la derogación de la Sección 936 – quisieron ocultar años más tarde el vínculo de la crisis económica, la crisis fiscal y la quiebra gubernamental con las posiciones asumidas en sus roles oficiales como representantes de Puerto Rico ante EEUU.
Félix Córdova Iturregui realiza una minuciosa investigación para arrojar luz en torno a los acontecimientos y motivaciones políticas que condujeron a ese cambio de posición que tuvo el Gobierno de Puerto Rico con respecto a la defensa de la Sección 936 para avalar su derogación. En tal proceso señala a los responsables, las incongruencias en los argumentos elaborados y las contradicciones entre los resultados y los objetivos perseguidos por el Gobierno de Puerto Rico. Para tales fines utiliza alrededor de un centenar de fuentes primarias y fuentes secundarias tales como notas de prensa, informes gubernamentales y autobiografías de los principales protagonistas.
El libro se divide en 11 capítulos. En el capítulo inicial aborda el deseo de Pedro Rosselló González por reescribir la historia. El primer intento se llevó a cabo a través de un libro que fue escrito por Rafael Cerame, su secretario de prensa mientras gobernó el país entre el 1993 y el 2000. Se tituló Pedro Rosselló: la verdadera historia. Se publicó en el 2003, un año antes de las elecciones donde Rosselló González retornaba a la política partidista como candidato a la gobernación por el PNP. En el 2011, en medio de la crisis económica que inició inmediatamente después de finalizar el periodo de transición establecido por el Gobierno de EEUU para la eliminación de la Sección 936, continuó con su interés de construir un relato alterno mediante una entrevista que fue realizada por José Torres Montalvo de tituló Pedro Rosselló. Entrevista a un gobernador estadista-populista. Siete años después el exgobernador persistió en su objetivo al divulgar una autobiografía titulada A mi manera. Este libro se publicó después del Gobierno de Puerto Rico declararse en quiebra, aprobarse la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal por parte del Gobierno de EEUU y mientras Ricardo Rosselló Nevares – su hijo – era el Gobernador de Puerto Rico. Un año después este sería forzado a renunciar debido a las masivas protestas del pueblo por su gestión pública y expresiones realizadas en un chat del cual era miembro y en el que participó Rafael Cerame. Esfuerzos similares por ocultar la historia fueron realizados por Carlos Romero Barceló.
En el segundo capítulo se discute el primer intento de derogar la Sección 936 durante la Administración de Pedro Rosselló González. Ocurrió en 1993. En ese momento, las posiciones del Gobernador de Puerto Rico y Comisionado Residente en Washington, Carlos Romero Barceló, eran distintas. El primero defendía la permanencia de dicho incentivo contributivo a corporaciones. El segundo abogaba por su eliminación. Sus argumentos eran los señalados con anterioridad: golpear la espina dorsal económica del Estado Libre Asociado y acercar la estadidad para la Isla. Si Puerto Rico aspiraba anexarse a EEUU no podía tener un trato diferenciado en aspecto alguno y la Sección 936 era solamente posible por la relación política que tenía el país con la metrópoli. El Gobernador de Puerto Rico entendía – a mi juicio correctamente – que no se podía renunciar a la Sección 936 sin tener antes un proyecto económico alterno. Dichas posturas condujeron a relaciones tensas entre las dos principales figuras del PNP y proyectaron un gobierno dividido. Prevaleció, sin embargo, la posición del gobernador.
En los capítulos siguientes se discute el segundo intento para eliminar la Sección 936 bajo la Administración de Pedro Rosselló González. El programa económico del gobierno estaba claramente orientado por políticas neoliberales que colocaban al mercado como institución rectora para la toma de decisiones en la utilización de los recursos productivos y distribución de riquezas. El interés era forjar una economía que no se fundamentara únicamente en la actividad industrial y no dependiera de los incentivos contributivos. Se confiaba en la capacidad del sector privado. Mientras, simultáneamente, se rechazaba la función económica que había tenido el sector público. Este contexto – y la presión ejercida por Carlos Romero Barceló – permitió, entre otros factores, que la posición del Gobernador se acercara a la asumida por el Comisionado Residente.
Los capítulos finales del libro se dedican a discutir las implicaciones políticas y económicas de derogar la Sección 936, sin disponer de un plan alterno que ofreciera opciones hacia el futuro. Además, se aborda la necesidad de los protagonistas de falsear la historia con el interés de purgar su responsabilidad a la luz de los acontecimientos posteriores
La lectura de este texto es pertinente en la coyuntura actual. Algunos se preguntarán, ¿cómo leer un libro que aborda eventos que ocurrieron en el siglo pasado y se publicó hace 4 años puede ser oportuno para entender procesos políticos, sociales y económicos que vivimos en la actualidad? El resultado de las elecciones celebradas hace unos días nos puede ofrecer algunas claves.
La motivación ideológica de los dirigentes nuevoprogresistas al apoyar la eliminación de la Sección 936 era atestar un golpe a la política que había sido sostén de la economía de Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado desde su nacimiento a principios de la década de 1950. A su juicio, el resultado iba ser acercar la estadidad al país pues apostaban a una mayor integración económica con EEUU mediante políticas neoliberales que fomentaran la reducción del tamaño del gobierno, la desreglamentación de los mercados y la privatización de los activos y servicios públicos. Apostaban a ampliar el espacio de acción del sector privado para que fuera el motor en la producción de riquezas.
Sin embargo, el resultado alcanzado en términos económicos y políticos fue distinto al proyectado. En términos económicos, y a partir de la derogación de la Sección 936 en Puerto Rico, ha ocurrido un proceso de desindustrialización que ha provocado una profunda crisis económica estructural que se manifiesta en la baja participación laboral, altas tasas de desempleo y emigración masiva. Simultáneamente, hemos observado una precarización del trabajo, mayor explotación laboral y una creciente inequidad en la distribución de las riquezas que ha provocado mayores limitaciones en el acceso a la vivienda, la educación y la salud, deteriorando las condiciones de vida en el país. Esto ha ocurrido mientras, paradójicamente, han aumentado las transferencias de fondos federales. Por lo tanto, para las mayorías sociales, el neoliberalismo no ha significado “libertad económica”. Al contrario, representa restricción económica limitando las posibilidades de vivir una vida plena.
En términos políticos, se ha observado un dominio electoral del PNP a través del Siglo XXI. Cuatro de los últimos cinco gobernadores han sido miembros de esa colectividad. Además, la Comisaría Residente la tuvieron bajo su control por 20 años consecutivos: del 2005 hasta el 2024. Consiguieron su objetivo de golpear al Estado Libre Asociado y al PPD derogando la Sección 936. El PPD – hegemónico entre 1940 y 1968 – ha visto su apoyo reducirse de una manera dramática. Ha perdido desde el 2000 hasta el presente más de 745,000 votos para una disminución de 76%. Una proporción similar se aprecia en la merma de los votos íntegros. En términos relativos, durante dicho periodo de tiempo el apoyo a su candidato a la gobernación disminuyó de 49% a 21%. Inclusive, en las elecciones de este año, el PPD no ocupó una de las primeras dos posiciones en esta candidatura por primera ocasión en su historia. No obstante, aún conserva poder en los gobiernos municipales donde ha tenido el control de la mayoría de las alcaldías desde el 2012. ¿Por qué ese dominio en la esfera local no se tradujo en un apoyo a las candidaturas nacionales en el 2016, 2020 y 2024? En las elecciones de este año, por ejemplo, el PPD ganó 45 de las alcaldías; sin embargo, Jesús Manuel Ortiz, su candidato a la gobernación, no triunfó en ninguno municipio. Intentaré ofrecer una explicación – aunque sea parcial – más adelante.
El reciente dominio electoral del PNP, en cambio, no apunta necesariamente a su fortalecimiento. De hecho, al igual que el PPD, el apoyo ofrecido a ese partido presenta una tendencia decreciente. Sin embargo, al ser un partido con una mayor cantidad de militantes e ideológicamente definido, su proceso de desgaste ha sido más lento. Veamos los datos. En el 2008 Luis Fortuño ganó la gobernación con 1,025,965 votos. En el 2020 Pedro Pierluisi asumió dicha posición con 427,016. En 12 años ese partido perdió casi 600,000 votos. Esta cifra es equivalente a una merma de 58%. En términos relativos, el apoyo al candidato a la gobernación del PNP se redujo de 53% a 33%, durante ese periodo de tiempo. En las elecciones de este año se observa un leve incremento en el voto que recibió la gobernadora electa, Jenniffer González. Su margen de victoria resultó ser algunos puntos porcentuales mayor de lo que esperaba – según el patrón en elecciones previas – y contribuyó a que el PNP asuma control en el próximo cuatrienio de la Asamblea Legislativa.
A mi juicio, tal desempeño se pudiera atribuir principalmente a tres factores:
el apoyo económico de sectores empresariales
la campaña de miedo que estuvieron promoviendo todos los partidos políticos en contra de la Alianza Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)-Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)
la adopción del voto útil por parte de sectores en los cuales surtió efecto esa campaña negativa
Estos tres factores se agudizaron según crecía el entusiasmo y la esperanza generada por la campaña de la Alianza PIP-MVC y generaba preocupación en determinados sectores sociales. Mediante el triunfo del PNP en la papeleta ejecutiva y la papeleta legislativa es muy probable que los principales beneficiarios de las políticas que promoverá el futuro Gobierno de Puerto Rico sean el sector empresarial y el sector religioso. No sería irrazonable esperar que esas políticas serán de naturaleza conservadora en lo económico y en lo social. Por tanto, podemos anticipar que desde la dimensión económica se intente continuar impulsando políticas neoliberales y de austeridad para favorecer los intereses de los empresarios y los dueños de capital en detrimento de trabajadores. Desde la dimensión social anticipo se intentará menoscabar derechos fundamentales presentando legislación como, por ejemplo, contra el derecho al aborto y posiblemente la comunidad LGBTQ+.
Algunos sectores en el país pudieran pensar que el triunfo del PNP en la Gobernación y Legislatura, y del PPD en la Comisaría Residente y en la mayoría de las alcaldías representa un detente en el proceso de desgaste que se ha estado observando en el bipartidismo. Sin embargo, no es el caso. Ha continuado la tendencia decreciente a nivel nacional en el apoyo electoral dado al PNP-PPD. En el 2012, el 95% de los votos emitidos para los candidatos a gobernadores fueron al PNP-PPD. En el 2016 esa cifra bajó a 80%. En el 2020 a 65%. En el 2024 apunta a que se reducirá a 60%.
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Iyari Ríos González completó sus estudios subgraduados en Geografía y Ciencias Sociales. Además posee una maestría en Economía y un doctorado en Historia. Actualmente trabaja en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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