Por Grupo de Investigación Social de Democracia Socialista
[Esto es parte de una investigación que está llevando a cabo Democracia Socialista sobre la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Adelantamos la publicación de este fragmento para ayudar a combatir el discurso patronal, que esconde la causa interna de la crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica y que se entremezcla con la crisis económica iniciada en el 2006: la complicidad corrupta entre los partidos principales y la empresa privada. Nada más útil para la prensa corporativa que reducir los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica a mala administración del gobierno, escondiendo lo que sus propias páginas delatan.]
El Centro para una Nueva Economía (CNE), por medio de Soto Class, Marxuach y Deepak Lamba, señaló intereses “muy concretos“ como los obstaculos de la transformación de la AEE debido a que se beneficiaban del status quo. Incluyeron suplidores, empresarios de petróleo, beneficiarios de subsidios, empleados, bonistas, banqueros y los partidos políticos (El Nuevo Día 25/3/2014, p. 6). Agustín Irizarry dijo sobre este punto lo siguiente: “La AEE tiene problemas internos, pero el denominador común en todos esos problemas es la intervención partidista. Ese es el problema de fondo y nadie quiere hablar de eso y enfrentarlo” (El Nuevo Día 20/4/2014 p. 7). Mariano Negrón Portillo también identificó el partidismo político como causa del deterioro de la AEE. Y el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Javier Aponte Dalmau, indicó que la AEE se usaba para repartir contratos entre allegados del gobierno (El Nuevo Día 1/6/2014 p 5). A cinco meses de haber renunciado a la Junta de Gobierno de la AEE, Ileana Colón Carlo rompió el silencio y denunció el partidismo como el verdadero jefe de la AEE. La Junta era un ente intermediario porque el gobernador de turno era el que mandaba. A Colón Carlo la nombró, en agosto de 2013, García Padilla. Renunció el 24 de enero de 2014. “La AEE es una entidad que lleva más de 40 años siendo gobernada por los partidos políticos” (El Nuevo Día 12/6/2014, p. 6).Todos estos comentarios nos llevan a inferir que la AEE como corporación pública sufrió una distorsión en sus funciones precisamente debido a la intervención de intereses privados. La intromisión partidista lo que ha hecho es extender la influencia e injerencia de esos intereses privados. Lo que se requería, entonces, era fortalecer el carácter público de dicha corporación: devolverle un sentido histórico perdido o distorsionado. En lugar de esta solución, la prensa y los intereses empresariales propiciaron la privatización definitiva de la corporación pública. Es decir, culminar un proceso que había empezado hacía décadas.
En medio del debate sobre la reforma energética en mayo de 2014 salió una noticia que requiere atención: “Millonaria quema de petróleo”, de Farasch L. Reyloz. Se informó que en 11 años la AEE había desembolsado $22,800 millones tan solo en compra de combustible. El gasto en contratos durante ese período fue de $34,500 millones. Es decir, la compra de combustible alcanzó 64% de los gastos en contrataciones. De esos $34,500 millones en contratos, durante 11 años, $23,500 millones fueron bajo la administración de Luis Fortuño. Es decir, del total de contratos durante poco más de una década, en solo cuatro años, entre 2009-2012, ascendió al 67% del total. Entre 2009-2012, la AEE cuadriplicó el gasto en petróleo y materiales, en comparación con el cuatrienio anterior de Acevedo Vilá (cuando se dio el alza mayor en el precio del barril de petróleo). Entre 2005-2008 el total en contrataciones de la AEE ascendió a $8.6 mil millones, comparados con los $23.5 mil millones del cuatrienio de Fortuño (El Nuevo Día 12/5/2014 pp. 4-5).
Durante el gobierno de Fortuño se llevó a cabo, además, un cambio importante: se trasladó al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) la función de comprador de combustible para la AEE. Alicea logró que la AEE recuperara esa función porque el petróleo salió más caro, pero el BGF puede reclamar su devolución en cualquier momento. Alicea se sorprendió cuando supo el aumento que hubo entre 2009-2012. Pero lo más sorprendente fue que una firma de facturación modesta se convirtiera en la principal proveedora. “Tampoco está claro cómo esta compañía que es un intermediario – es decir le compra a las mismas compañías multinacionales que le suplen a la AEE – puede ofrecer un mejor precio que las compañías grandes que también le suplen a la Autoridad” (El Nuevo Día 12/5/2014 p. 6).
No sorprende que con estas noticias también saliera a la luz pública la existencia de lo que la prensa consideró un cartel del petróleo en AEE. El Vocero lo denunció y sin dar nombres presentó el esquema de unos cabilderos que en la compra de combustible podrían estar lucrándose con ingresos de alrededor de $100 millones (El Vocero 13/5/2014 p 4). Angel Figueroa Jaramillo dijo conocer la existencia del “Cartel del Petróleo”, pero ignoraba sus componentes. La UTIER lo había denunciado hacía años. Eran intermediarios en la compra de combustible. “Esto es un tipo de privatización o subcontratación. Si yo gobierno puedo ir a otro país a comprar combustible directamente, por qué voy a poner un intermediario que no es otra cosa que un privatizador que se está llevando el dinero de algo que yo puedo hacer…” (El Vocero 13/5/2014 p 6)
En El Nuevo Día, el presidente de Panamerican Grain, José González Freyre, publicó un artículo con serias acusaciones: “Esquema Ponzi en la AEE” ( 19/7/2015, Negocios, p. 5). González Freyre definió el esquema Ponzi de la siguiente manera: “la Autoridad emite un bono, luego le coge prestado a la banca privada para pagar los intereses del bono original, y más tarde le coge prestado al BGF para pagarle a la banca privada. Entonces, el BGF emite una emisión de bonos para financiar esta operación, para que luego la Autoridad emita una nueva emisión de deuda para pagarle al BGF los intereses viejos, pagar el principal y prepagar los intereses de nuevos bonos por varios años. Luego se repite el círculo. Nunca se paga la deuda original.
González Freyre arremetió contra los causantes de la bancarrota de la AEE: el “esquema fraudulento entre diversos grupos del sector financiero, casas de corretaje, ingenieros, consultores y la propia corporación pública (Grupo Financiero).” Añadió, además, que por definición, “la Autoridad está en bancarrota desde el 2010”. ¿Cómo se explica que una corporación pública en bancarrota en 2010 pudiera emitir $4,000 millones de deuda? Es la pregunta que se hace González Freyre para ilustrar la forma en que el Grupo Financiero, en combinación con los bonistas, ocultaron la situación de la AEE. La interesante versión de González Freyre parte del error de separar el sector privado del Grupo Financiero y se preguntó por qué dicho sector no fue escuchado. La realidad es que el Grupo Financiero y toda la madeja de intereses bancarios, casas de corretaje y bancas de inversión son expresiones del sector privado. Sin embargo, quedó expuesto un punto clave: la AEE había caído, a través de un complejo esquema de despojo y fraude, en manos de los fondos buitres. De esta caída no podía surgir una perspectiva esperanzadora con cualquier proyecto de privatización en la producción de energía eléctrica. Había llegado el momento en que la acumulación de negligencias, como resultado de lo que Gonzealez Freyre llamó el esquema Ponzi, que resultaba imposible esconder la situación. González Freyre pidió acción de parte de los funcionarios electos: “Los representantes electos deben negar el aumento tarifario solicitado para pagar esta deuda hasta que se investigue si el Grupo Financiero violó la ley federal y el ‘Trust Agreement’.”
Una posición como la anterior, de un empresario privado, con serias acusaciones contra intereses financieros operando al exterior y al interior de la corporación pública, tiene un interés notable. En ningún momento menciona al sector laboral como culpable o causante de la crisis de la AEE. El alboroto de la prensa culpando a la UTIER por el descalabro de la AEE tuvo el efecto de presentar ante el país la aparición de un fantasma. En realidad de lo que se trata es de una debacle gerencial con un fuerte acento de corrupción bipartidista. La propuesta privatización de la generación de energía lo que hará será coronar el asalto privatizador que ya ha sufrido la AEE.
Consideradas las críticas de González Freyre, es bueno recordar que en mayo de 2014 se creó una comisión senatorial, presidida por Aníbal José Torres, para investigar las irregularidades en la compra de petróleo en la AEE: Comisión Especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados con la Compra y Uso de Petróleo por la AEE. Esta comisión tuvo como investigador principal al ex-fiscal César López Cintrón (El Nuevo Día, 29/5/ 2015, p. 21). Maricarmen Rivera Sánchez publicó en El Vocero información de “un informe parcial confidencial” de dicha Comisión Especial al que tuvo acceso el periódico. Dos cosas se destacan en el artículo: 1) la AEE sabía que Petro West, “prácticamente los únicos suplidores de combustible” de la corporación pública, “firmó un contrato con la compañía Trafigura, una empresa que se declaró culpable y fue convicta por fraude relacionado con el Programa de petróleo por Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas durante la guerra de Irak.”; 2) la AEE “benefició a un laboratorio para que alterara el resultado de las muestras al petróleo utilizado, permitiendo así que se utilizara combustible que no cumple con las regulaciones federales. Rivera Sánchez destacó que con el esquema de ambas corporaciones, según el informe, Petro West-Trafigura pudieron haber incurrido en varios delitos: “conspiración, fraude, apropiación ilícita de fondos públicos en exceso de $4 billones, falsedad ideológica de documentos y posesión de documentos falsificados” (El Vocero, 28/10/2015, p. 3).
Parte el esquema sacado a la luz pública por Rivera Sánchez, tuvo que ver con la alteración de las pruebas de la evaluación del combustible hechas en el laboratorio Saybolt LP. La periodista citó el informe de la Comisión Especial del Senado sobre este aspecto: “Dicho esquema lleva a que la Autoridad pague a sobreprecio un producto de menor valor en el mercado, que no cumple con los requerimientos ambientales acordados”. Luego añadió otra cita del informe “parcial confidencial”: “Peor aún, la AEE ha tenido que ajustar la concentración de azufre del producto para que refleje .50 por ciento menos, mezclándolo con diesel o con otro combustible número 6. Por otra parte expone a la Autoridad a ser multada por la EPA”. La Comisión Especial solicitó copia de los contratos entre las dos compañías y “el desglose de los pagos”. Ante esta solicitud, el presidente de Petro West, José González Amador, compareció ante la Comisión Especial con su abogado Harry Anduze, quien pidió inmunidad para su cliente “porque en este asunto había políticos envueltos” (El Vocero, 28/10/15, pp. 3-4).
A un escándalo de esta envergadura se le puede añadir que el presidente de la Comisión de Pequeños Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, Javier Aponte Dalmau, de la Cámara de Representantes, ha insistido en que una parte sustancial del financiamiento de la AEE se obtuvo cuando era ya evidente que la corporación estaba en la insolvencia, algo que era conocido por los bonistas. Luis Figueroa Vázquez, director de Finanzas de la AEE, admitió ante los legisladores que desde el año 2000 hasta el presente, las emisiones de bonos de la AEE fueron utilizadas, en su mayor parte, para refinanciar su deuda. “Reconoció que esos préstamos se utilizaron en menor grado para los planes de obras y mejoras, en plantas generatrices, a pesar de que las emisiones de bonos se justificaron ante los acreedores para realizar dichas obras y mejoras” (El Nuevo Día 29/5/2015, p. 21). La situación continuó cuando ya la crisis había caído con violencia sobre la corporación pública. El ejemplo presentado ante los legisladores fue el siguiente: cuando entre 2009-2012 la AEE emitió una deuda por $4,500 millones, solamente se utilizaron $807 millones para mejoras y el resto lo absorbió el pago de deudas y líneas de crédito vinculadas a los bonistas y al BGF (Ibid).
La responsabilidad de la crisis de la AEE, como puede verse, recaía sobre ambos partidos de gobierno. En realidad no puede hablarse de una discontinuidad política con efectos deprimentes para las corporaciones públicas. La política privatizadora, plagada de corrupción y ventajería, ha sido consistente y continua. Los dos partidos han participado de lo que puede considerarse un verdadero asalto a la AEE. No se puede separar la actitud de disponer privadamente de fondos públicos de la tendencia neoliberal que ha prevalecido en la política local desde 1989. La perversión de lo político consiste en una persistente continuidad de la tendencia neoliberal que han adoptado los dos partidos políticos de gobierno y de las persistentes prácticas de privatización que han puesto en marcha. Por consiguiente, la crisis de la AEE no puede separarse de la actividad creciente de corrupción y de relajamiento moral que ha agobiado a la corporación. La crisis de la AEE ha sido, en gran medida, una manifestación del debilitamiento crónico del carácter público de esta corporación. Ahora, de forma muy conveniente, se pretende presentar la solución abriéndole mayor espacio a la privatización de la AEE.