Crónica de la deuda de Puerto Rico

Por Manuel Rodríguez Banchs


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Crónica de la deuda
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1.


La crisis en Puerto Rico tiene nombres y apellidos. Corresponden a quienes endeudaron al país sabiendo que lo hacían ilegal e inconstitucionalmente y cuya responsabilidad e impunidad sigue siendo una carga insoportable. Tanto los representantes del gobierno como los representantes del sector financiero participaron con plena conciencia de que lo que hacían era ilegal. Recurrieron a los mercados financieros a tomar prestado para financiar el déficit presupuestario producto principalmente de la insuficiencia de los recaudos del gobierno. ¿Por qué los recaudos siguen siendo insuficientes? Porque dependen mayormente de las contribuciones sobre ingreso que paga la mayoría asalariada pues ha sido política reiterada conceder exenciones a quienes más tienen, a las grandes empresas, en su mayoría, extranjeras [1].


Desde poco antes de la fundación del E.L.A., el eje de la política económica del gobierno ha sido la atracción de capital externo a través de diversas formas de exención contributiva. Desde entonces, las empresas que se fueron estableciendo en Puerto Rico no pagaban o en algunos casos pagaban muy pocos impuestos. A su vez, los distintos gobiernos podían emitir deuda con relativa facilidad, pues los ingresos de bonos del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas también estaban, y están, exentos del pago de impuestos.


El gobierno de Puerto Rico, en manos del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista, endeudó cada vez más al país comprometiendo nuestras posibilidades. Optaron por hipotecar el futuro antes de cobrar contribuciones sobre las ganancias de las grandes empresas. Mediante estas políticas el gobierno renunció a recaudos que podía y debía realizar en perjuicio del país.


La economía de Puerto Rico está sumida en una recesión, en una profunda crisis, desde hace más de quince años. Ni el ingreso ni el empleo han crecido durante esos años. Según la economía se iba estancando el gobierno debió reevaluar la política de exención contributiva y empezar a recuperar para la inversión interna parte de los $35 mil millones en ganancias que se fugan del país cada año. Pero este camino fue descartado reiteradamente por unos y otros, por rojos y azules. Como resultado de estas políticas decenas de miles personas han perdido sus hogares, han perdido sus empleos y han tenido que emigrar del país con poca o ninguna esperanza de poder regresar.


Según la economía se fue estancando y se fueron reduciendo los recaudos, el gobierno continuó negándose a cobrar impuestos a las grandes empresas y recurrió cada vez más a la emisión de bonos para cubrir sus déficits recurrentes. Así, según la economía se estancaba, la deuda pública creció aceleradamente hasta alcanzar la cifra de $73 mil millones en 2014. La mezcla de medidas de austeridad, políticas de exención contributiva y emisión de deuda han conducido a la situación actual de estancamiento y crisis.


2.


La responsabilidad de Rafael Hernández Colón en la crisis actual de la deuda es innegable. Bajo sus administraciones, la deuda de Puerto Rico acumuló $8,634 millones [2]. Las consecuencias más graves de su legado surgen de la llamada deuda extraconstitucional, un eufemismo para justificar el endeudamiento del país en exceso del límite impuesto por la Constitución, un esquema para validar la ilegalidad. La sección 2 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico establece el poder del ELA para contraer y autorizar deudas. Esa disposición establece el tope del 15% del promedio del total de las rentas anuales obtenidas e ingresadas en el Tesoro de Puerto Rico en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente”. El esquema consistió en contraer deuda en exceso de ese límite.


Esto se debió a la resistencia de su gobierno para requerir que las grandes empresas y las grandes fortunas del país aportaran lo que les correspondía, para que contribuyeran, igual que siempre lo ha hecho la mayoría asalariada, a las finanzas públicas. Desde entonces el país ha estado forzado a una dependencia cada vez mayor de la deuda pública. El ritmo que permitió la crisis actual se estableció en la primera administración de Rafael Hernández Colón. Obligado por su determinación de eximir de responsabilidad fiscal a las empresas, Hernández Colón recurrió al crédito en una escala nunca antes vista, al punto que el balance de la deuda pública “creció en 35% en el año fiscal 1975”. Como consecuencia, se produjo una degradación de la clasificación de los bonos. Esto a su vez aumentó el costo de los intereses de esos bonos y provocó “una reducción en la demanda de bonos de Puerto Rico en el mercado de bonos municipales” [3].


Además, acompañaron su mandato medidas de austeridad que lejos de solventar la economía profundizaron la crisis. El desempleo alcanzó el 14 por ciento en ese período entre 1973 y 1976. Es también a partir de ese gobierno que la corrupción se manifiesta con una magnitud desconocida hasta entonces. Según Eliezer Curet Cuevas, cuando el gobierno compró la P.R Telephone Co. y las Navieras “en la discusión pública, surgieron alegaciones de que se había comprado la telefónica por un precio que era aproximadamente $500 millones mayor de lo que valía… también hubo comentarios de que los activos marítimos adquiridos eran viejos y atrasados tecnológicamente, por lo que no valían el precio pagado por ellos” [4].


Ya para la segunda gobernación de Hernández Colón, que se extendió por dos términos (1985-1992), los casos de corrupción eran mucho más comunes y comenzaron a revelarse las terribles consecuencias del financiamiento privado de las campañas políticas: se generalizó la práctica de conceder contratos para obras y servicios gubernamentales a empresarios que financiaban las campañas políticas. Muchos de estos contratos se otorgaban sin celebrar subastas. Durante esta época salió también a la luz pública el fenómeno de los empleados fantasmas: empleados públicos, cuyos salarios se cubrían con fondos públicos, pero trabajaban en actividades comerciales y personales de los funcionarios del gobierno o para hacer trabajo de proselitismo político. El despilfarro de dinero llegó al absurdo de construir un millonario pabellón representativo de Puerto Rico para la Feria Expo 92 en Sevilla. Ese gasto extraordinario incluyó los viajes de un gran número de funcionarios públicos, quienes junto a familiares y amigos fueron a visitar la feria en Sevilla con todos los gastos pagos por el gobierno. También eran comunes los escándalos provocados porque muchos líderes del PPD solían incluir en las nóminas públicas a sus cónyuges, familiares y todo tipo de ayudantes personales que no realizaban función alguna para el gobierno. Los últimos dos asuntos que mencionaremos por ahora son: (1) el escándalo de Girod Trust, una institución financiera que violó la Ley Electoral al otorgar un préstamo al PPD y cuyo presidente fue convicto y (2) durante este período se comenzó a cuajar el fraude en el Instituto del SIDA [5].


3.


Carlos Romero Barceló es un personaje tétrico en la política puertorriqueña. Romero ocupó el cargo de gobernador en dos períodos consecutivos entre 1977 y 1984. El segundo de estos lo logró luego de un apagón muy oportuno que provocó el escándalo conocido como el caso de Valencia. Los resultados parciales daban la delantera a Hernández Colón. Pero a eso de las ocho de la noche, se paralizó la información oficial. Cuando eso ocurrió, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) informó que la falla se debía a un desperfecto en su sistema de computadoras provocado por el apagón. Antes de ese incidente, Romero perdía las elecciones. Luego del apagón, Romero terminó venciendo a Rafael Hernández Colón cuando a las 2:30 de la madrugada del miércoles 5 de noviembre de 1980, se autoproclamó ganador de las elecciones más reñidas de la historia de Puerto Rico. Sin embargo, a esa hora los informes oficiales de la CEE, aunque parciales, señalaban que Hernández Colón se mantenía en la delantera por unos 1,000 votos. “Semanas después luego de un intenso debate durante el proceso del recuento en el edificio Valencia, en Hato Rey, donde llovieron las acusaciones de robo de las elecciones y versiones de que se habían encontrado cajas llenas de votos sin contar, la CEE confirmó la victoria de Romero Barceló por poco más de 3,000 votos” [6]. El resultado fue una amarga victoria pírrica pues el PPD ganó tanto la Cámara como el Senado.

Aunque fue cómplice del endeudamiento ilegal del país, el acceso de su administración al uso de la deuda pública estuvo limitado por las restricciones que los bonistas impusieron como consecuencia de la degradación de la clasificación de los bonos por el aumento en el balance de la deuda durante la administración anterior. De igual forma, estuvo maniatado en su segundo término porque los cuerpos legislativos estaban en manos del PPD. Sin embargo, Romero aumentó la deuda pública en $3,106 millones. A pesar de su acceso más limitado a los mercados financieros, Romero continuó con las mismas políticas de exención contributiva a las grandes empresas y de la protección de las grandes fortunas del país. Como consecuencia impuso severas medidas de austeridad que incluyeron el aumento de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, lo que provocó una de las huelgas universitarias más importantes del siglo pasado. De igual forma atacó sistemáticamente a la clase trabajadora. Su gestión posterior contribuyó a la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas de EE. UU., bajo la teoría de que se adelantaría la anexión de Puerto Rico. Eso no ocurrió, y aunque la sección 936 fue insuficiente y no logró aumentar la participación laboral a niveles adecuados ni eliminó el desempleo, el país aún no se recupera de la fractura que provocó su eliminación -en un sistema dependiente de esas fracasadas políticas de exención contributiva- sin procurar que se aprobaran medidas para mitigar el impacto que su salida tendría.


El gobierno de Romero Barceló estuvo marcado por la violencia política y la corrupción en todos los niveles, particularmente en la policía. Uno de los sucesos de violencia política más lamentables de nuestra historia reciente fue la ejecución de dos jóvenes independentistas, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, en las torres de comunicación del Cerro Maravilla en Villalba. A pesar de que los miembros de la policía responsables de la emboscada y los asesinatos se declararon inocentes, el control del PPD de los cuerpos legislativos dio paso a la investigación y luego a la celebración de vistas televisadas sobre los asesinatos. Aunque después lo ha negado reiteradamente, Romero Barceló llamó héroes y felicitó a los policías públicamente por haber evitado unos supuestos actos de sabotaje. Otro caso que demuestra la violencia del gobierno de Romero Barceló fue el asesinato de Adolfina Villanueva: una mujer de 34 años, asesinada por la policía mientras intentaban desalojarla de la humilde casa de madera donde vivía en el sector Tocones del barrio Medianía Alta en Loíza.


4.


El gobierno de Pedro Rosselló demostró abiertamente el vínculo existente entre el financiamiento privado de las campañas políticas, la privatización y la corrupción gubernamental en Puerto Rico. Aunque siempre estuvo presente, la magnitud de la corrupción durante los ocho años del gobierno de Rosselló alcanzó niveles nunca antes vistos. En los gobiernos anteriores, la corrupción era más común entre legisladores, alcaldes, policías y líderes de los partidos políticos. En cambio, con Rosselló por primera vez los miembros del gabinete constitucional y los principales funcionarios de la rama ejecutiva pasaron a ejercer funciones de proselitismo desde sus puestos, fueron portavoces del partido en el poder y se convirtieron en una especie de comisarios del PNP a nivel nacional.


Así, el secretario de Justicia, el contralor, el secretario de Educación, el administrador de Fomento Económico, el superintendente de la Policía, el secretario de Hacienda, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento y la secretaria de Corrección, entre otros, utilizaban sus puestos para adelantar la agenda corrupta del PNP. Ese conjunto de burócratas y tecnócratas estaba subordinado al secretario de la Gobernación, puesto en el que por primera vez se concentraron una serie de poderes de la rama ejecutiva. Al secretario de la Gobernación se le confirió la facultad de escoger y aprobar todos los nombramientos a las posiciones ejecutivas de primer y segundo nivel que anteriormente le correspondía hacer a los directores de departamentos y jefes de agencias; el poder de aprobar todos los contratos de servicios profesionales en el gobierno; el poder de aprobar los contratos de proyectos y suplidores de maquinaria, equipo, mercancías y servicios y formular la política de todos los programas de gobierno. Toda decisión importante de un secretario de departamento, director o jefe de agencia tenía que contar con la autorización previa del secretario de la Gobernación. El gobierno de Rosselló contrataba a quienes contribuían a las campañas políticas del PNP [7]. Además, a cambio de sus contribuciones las grandes empresas y sus intermediarios obtenían decisiones favorables, favores, ayudas, la aprobación de permisos, exenciones, contratos de suministros y de desarrollo de proyectos.


El volumen en términos de dinero y la generalización de la corrupción superó a todas las administraciones anteriores y aumentó de manera exorbitante la deuda pública acumulada hasta entonces. Rosselló aumentó la deuda pública en $12,824 millones y atacó a la clase trabajadora decididamente. Impulsó la privatización de todo lo que tenía a su alcance: los servicios de salud, la telefónica y hasta las cárceles. Por eso, durante esa época se popularizó en Puerto Rico la consigna "Puerto Rico no se vende" en respuesta a la agenda neoliberal del PNP. También aprobó una contrarreforma laboral que aumentó la explotación y redujo el término para las reclamaciones laborales de diez a tres años. Rosselló intentó limitar el derecho a la fianza, estableció una política de censura contra las expresiones de arte urbano -como el rap y el hip hop- y criminalizó la pobreza. Ordenó la ocupación de los puntos de drogas en las zonas metropolitanas por la policía y la guardia nacional, lo que provocó el establecimiento de puntos de drogas en los pueblos del interior del país. Luego de la retirada de la policía y la guardia nacional de los puntos metropolitanos, el negocio se restableció en estos lugares sin abandonar los nuevos mercados conquistados.


En su gobierno, todo se aprobaba “fast track”. Las políticas de ese período tuvieron un impacto ambiental nocivo. Su obra fue terrible para el país. Estos son algunos de los proyectos cuyo impacto ambiental todavía sufrimos: el Superacueducto, el Tren Urbano, el Coliseo de Puerto Rico, el Condado Beach Trio, el Centro de Convenciones, las construcciones de la Ruta 66 y la PR 10. En todos estos proyectos coincidieron licitaciones irregulares, destrucción ambiental, aprobaciones ilegales por la Junta de Planificación, extorsión y costos finales extraordinarios en comparación con los estimados originales.


De los casos más graves de corrupción de esos años se encuentra el del Instituto del SIDA, un caso de conspiración para apropiarse de fondos federales, dirigidos a programas para investigación y tratamiento de pacientes de SIDA, para fines políticos y financiamiento de campañas electorales. Durante el juicio surgió evidencia de que Rosselló le estableció al grupo que dirigía el Instituto una cuota de $250,000 para la campaña política del PNP, mientras cientos de pacientes no pudieron recibir los servicios y tratamientos que necesitaban para vivir. La Autoridad de Puertos también fue escenario de malversación de fondos e irregularidades a cambio de dinero para el PNP. La Puerto Rico Telephone Co., la Compañía de Turismo, la Administración para el Sustento de Menores, el Museo PRISMA, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Plaza Universitaria fueron también lugares donde la corrupción se manifestó con soltura durante los años de Rosselló y el PNP en la gobernación. Pero el mayor saqueo de fondos públicos y extorsión ocurrió en el Departamento de Educación bajo la dirección de Víctor Fajardo.


Muchos de los protagonistas de esa época de desgracia para Puerto Rico siguen presentes en la política puertorriqueña. En resumen, Rosselló privilegió a las grandes empresas que financiaron sus campañas políticas en detrimento de las grandes mayorías.


5.


Sila Calderón tiene el mérito de ser la primera mujer gobernadora de Puerto Rico. Esa es la única diferencia importante, muy positiva por supuesto, entre su gobierno y los anteriores. Sus políticas fiscales y económicas continuaron el modelo de exención contributiva para las grandes empresas, por lo que contribuyeron en gran medida a la bancarrota del país en todos los sentidos. Su administración aumentó la deuda pública en $10,274 millones. Esto se debió a que su gobierno, igual que los anteriores, contrajo más deuda ilegal en lugar de requerir que las grandes empresas y las grandes fortunas contribuyeran de forma justa a las finanzas públicas. También privilegió a los grandes intereses, condonó deudas millonarias de contribuciones a empresas y evitó a toda costa la imposición de contribuciones a las ganancias millonarias que siguen extrayendo del país las empresas foráneas, pero no le tembló el pulso para aumentar los arbitrios -contribuciones que se le impone a ciertos artículos al momento de su importación a Puerto Rico.


Calderón personificó la imagen de la puerta giratoria en sus travesías de ida y vuelta entre el gobierno y la empresa privada. Ha ocupado varias posiciones tanto en la dirección del sector público como en la dirección de la banca y otras empresas privadas en Puerto Rico. Su debut gubernamental fue como ayudante ejecutiva del Secretario del Trabajo en la primera administración de Rafael Hernández Colón, de quien también fue ayudante especial a cargo de “desarrollo económico y trabajo”. Calderón fue parte del equipo gubernamental bajo el cual se fraguó el concepto de deuda extra-constitucional, el eufemismo para la deuda pública incurrida inconstitucional e ilegalmente.


Después pasó al sector privado y estuvo a cargo de Desarrollo de Negocios del Citibank, N.A. y presidió la “Commonwealth Investment Company, Inc., una corporación familiar dueña de edificios industriales” [8]. Con el regreso de Hernández Colón al gobierno volvió Calderón y en esa ocasión ocupó el cargo de secretaria de la Gobernación y luego fue secretaria de Estado. También fue miembro del Consejo Asesor Económico del Gobernador, de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento y presidió el Comité de Inversiones de la Compañía de Fomento Industrial. Después de cinco años en el gobierno, Calderón regresó a la empresa privada y “participó en las Juntas de Directores de BanPonce, del Banco Popular de Puerto Rico y de Pueblo International, Inc” [9].


Sila Calderón pertenece a una clase social privilegiada. Conoció lo que es la pobreza tarde en su vida luego del azote del huracán Hugo en 1989. Al hablar sobre una visita suya a Cantera en Santurce manifestó: “lo que confronté allí fue una desolación de tal magnitud, como no podría imaginar en nuestro país. Niños jugando en las aguas contaminadas del Caño (Martín Peña), con sus piernitas llenas de llagas, una cara de Puerto Rico que no sabía que existía” [10].


Como miembro de la clase empresarial fue la representante permanente de las grandes empresas y las grandes fortunas en el gobierno, sector al cual regresaba luego de cada gestión gubernamental. Calderón salió una vez más del sector privado para la alcaldía de San Juan, puesto que ocupó en su efectiva transición a la gobernación. Como gobernadora, Calderón vetó la ley que extendía el derecho a la negociación colectiva a los empleados de la rama judicial, un proyecto que había logrado la aprobación en la Cámara y el Senado luego de un complejo proceso de negociación con diversos sectores. Además, aprobó medidas neoliberales para favorecer a la banca y a los grandes intereses. Los amarres de Calderón, los grandes intereses y las megatiendas provocaron la renuncia del entonces secretario del Trabajo, Frank Zorrilla. Consciente de la precarización del trabajo y de la proliferación del empleo a tiempo parcial, Zorrilla apoyó la otorgación de mayores beneficios para los empleados a tiempo parcial -licencia por vacaciones y enfermedad- y respaldó que se estudiara la posibilidad de aprobar una nueva Ley de Monopolios. De inmediato Sila Calderón regañó públicamente al secretario del Trabajo por atreverse a sugerir un modesto aumento en el costo de nómina de las megatiendas y de las cadenas de comida rápida para beneficiar al sector más empobrecido de la fuerza laboral. La legislación que extendía la licencia por vacaciones y enfermedad a los empleados a tiempo parcial, quienes constituían en aquel momento entre el 60 y el 70 por ciento de la nómina de esos establecimientos fue aprobada en la legislatura, pero también fue vetada por la entonces gobernadora [11].


6.


El gobierno de Acevedo Vilá fue compartido entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Estuvo marcado por la desaparición de los incentivos contributivos que quedaban del período de extinción de la Sección 936 y por las amenazas contra el crédito de Puerto Rico. Los recaudos del gobierno seguían reduciéndose con mucha rapidez. La tensión entre la legislatura y el gobernador se manifestó con gran intensidad en la consideración del presupuesto del año fiscal 2005-06. Acevedo Vilá propuso una serie de ajustes presupuestarios, los que -en términos generales- fueron rechazados por los legisladores del PNP. El gobernador vetó el proyecto presupuestario que recibió de la legislatura y mantuvo el mismo presupuesto de la administración anterior, el cual ya era deficitario. El dinero del gobierno se acabó antes de terminar el año fiscal lo cual provocó el cierre gubernamental a principios de mayo de 2006. Ante ese escenario político la legislatura llegó a un acuerdo con el gobernador mediante el cual se autorizó al gobierno a tomar más dinero prestado para cubrir sus gastos. También acordaron la imposición del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y una serie de recortes presupuestarios que afectaron adversamente al pueblo. Cuando se impuso el IVU, la comparsa rojiazul insistía en que ese impuesto regresivo no afectarían los precios de las mercancías porque se eliminaba el arbitrio general del 6.6%. Ahora todos sabemos que no era cierto. Nadie discute hoy el carácter regresivo del IVU. Este tipo de impuesto afecta más al que menos tiene. Además, como parte del acuerdo se creó la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y ya para el año 2008 Cofina había emitido $6,329 millones en bonos para refinanciar la deuda extra-constitucional. Una ley a todas luces inconstitucional, pues autorizó la emisión de deuda en exceso del límite constitucional y comprometió una fuente de ingresos recurrentes para pagar esa deuda, también en violación a las disposiciones constitucionales. El gobierno compartido bajo la dirección de Acevedo Vilá añadió $15,990 millones a la deuda pública del país.


Hace casi más de quince años que la economía de Puerto Rico no crece. No crece el ingreso ni el empleo. También, se ha acentuado el déficit estructural del gobierno, es decir, la disparidad recurrente entre recaudos y gastos, brecha que se ha ido llenando con el endeudamiento creciente. La respuesta al problema del déficit y de la deuda ha sido más deuda y más medidas de austeridad. La premisa de la que parten tanto rojos como azules es que se extiende la deuda que suponen podrá pagarse con el crecimiento que debe generar la política de exención contributiva, y en lo que llega ese crecimiento que permitirá pagar la deuda, se aplican políticas de austeridad que afectan a la mayoría asalariada. Como vimos en el año 2006, se resolvió el cierre gubernamental con la imposición del IVU y con la creación, con el IVU como colateral, de COFINA, lo que resultó en $15,990 millones más en deuda. El resultado ha sido que la economía no crece, el país se empobrece, la deuda aumenta y se contrae en términos cada vez más onerosos para el país.


En lugar de desarrollar una reforma contributiva integral y progresiva, el gobierno compartido bajo la dirección de Acevedo Vilá insistió en su política de aumentar los impuestos a la población y no tocar a las corporaciones. También insistió en reducir el gasto gubernamental a costa de la gente.


El gobierno de Acevedo Vilá puso también de manifiesto que el financiamiento privado de las campañas políticas es una corriente caudalosa de corrupción. Acevedo Vilá y otras doce personas fueron acusadas por violación a leyes federales de fondos de campañas políticas. Acevedo Vilá salió absuelto -un logro extraordinario en un sistema de justicia penal complejo y difícil para los acusados. Sin embargo, el pliego acusatorio emitido por un gran jurado describía un cuadro de donativos ilegales para las campañas políticas. Uno de los casos sometidos alegaba que un grupo de empresarios de una compañía de servicios dentales en Filadelfia pidió donativos para el gobernador a cambio de lograr contratos para esos empresarios en el gobierno de Puerto Rico. La referida compañía no logró contrato alguno con el gobierno de Acevedo Vilá, pero confirmó la forma que toma el financiamiento privado de las campañas políticas.


La crisis fiscal que se recrudeció bajo el gobierno de Acevedo Vilá se debe al sistema tributario que privilegia a las grandes corporaciones. El IVU es un impuesto regresivo que profundizó la crisis, bajó el consumo, aumentó la inflación y agravó el estancamiento de la economía. Tanto el PNP como el PPD fueron responsables del cierre gubernamental.


7.


Luis Fortuño ganó las elecciones del año 2008 por un margen extraordinario. Sin embargo, actuó desde entonces como si supiera que solamente tendría cuatro años para saquear al país. A toda prisa, comenzó a preparar el camino para enriquecer más a sus amigos, allegados y donantes: otro vivo ejemplo del desastre que produce el financiamiento privado de las campañas políticas. El “pay for play” o pago por jugada que se materializó durante el gobierno de Fortuño, se gestó desde que ocupaba la comisaría residente en Washington. Su membresía al Partido Republicano y sus vínculos con la maquinaria electoral y modelos de financiamiento formaron a Fortuño en el arte de recaudar a cambio de contratar [12]. Su campaña incluyó la promesa de que traería cien amigos millonarios al país una vez fuera electo gobernador. Lo que no dijo fue que de paso enriquecería a su familia y a otros amigos suyos del patio. El gobierno bajo la dirección de Luis Fortuño añadió $17,685 millones a la deuda pública de Puerto Rico. Más de la mitad de ese dinero pasó a los bolsillos de sus allegados y donantes mediante una diversidad de esquemas y contratos [13].


Justo después de ganar las elecciones, Fortuño creó el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF). El CAREF fue una criatura integrada exclusivamente por banqueros y empresarios. Su presidente fue un conocido banquero, cuya institución mantiene contratos y sigue recibiendo millonarios depósitos por servicios gubernamentales tanto de rojos como de azules. En ese consejo ningún otro sector social tenía espacio ni acceso. El movimiento sindical y otros sectores propusieron un impuesto a las empresas foráneas cuyas ganancias en aquel momento excedían los $33,000 millones anuales. Pero la ruta ya estaba trazada. El CAREF presentó su primer informe a comienzos del año 2009. La receta era un refrito de las mismas políticas fracasadas: impuestos regresivos, privatización, reducción del gobierno a través del despido de empleados y del desvío de fondos públicos al sector privado por vía de la subcontratación de servicios, congelación de los salarios de los empleados públicos y reducción de sus derechos.


En marzo de ese año, la Legislatura aprobó la Ley 7. Un mes más tarde Fortuño anunció el despido de más de 30,000 empleados públicos y dejó sin efecto disposiciones de los contratos colectivos invocando una emergencia fiscal. Mientras esto ocurría, se inauguraba una verbena de contratos para banqueros y empresarios, la mayoría de los cuales había contribuido a su campaña directamente en Puerto Rico o a través de los comités de acción política de la Asociación de Gobernadores Republicanos [14]. Para viabilizar la entrega de los recursos gubernamentales a la empresa privada el gobierno de Fortuño aprobó la Ley de Alianzas Público Privadas. Enmendó la ley de permisos para facilitar la destrucción ambiental -ejemplos de cuyos efectos desastrosos vemos hoy en los casos de Sol y Playa en Rincón, Playuela en Aguadilla y Jauca en Santa Isabel- impulsó el gasoducto, atacó a las comunidades, desarticuló el Fideicomiso de Tierras [15] y le dio un duro golpe al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico al eliminar la colegiación [16].


Fortuño se aseguró de tener en su gabinete a las personas más inescrupulosas que pudo reclutar. Así nombró como jefe de la Policía a José Figueroa Sancha, un agente federal de tercera cuyos antecedentes en la violación a los derechos civiles eran ampliamente conocidos [17]. El desprecio del gobierno de Fortuño hacia los sectores asalariados y desposeídos se encarnó en la figura de un elitista sinvergüenza: Jaime González Goenaga y su infame “such is life” [18].


Fortuño enfrentó acciones de desobediencia civil y la movilización masiva de los sindicatos, las comunidades, el movimiento estudiantil y otros sectores sociales. La resistencia popular a los golpes de Fortuño provocó que su soberbia se convirtiera en debilidad revelando su cobardía antes de cumplir su primer año en el gobierno. A partir de entonces siempre estuvo acompañado por la fuerza de choque aunque fuera para visitar una escuela. Es preciso recordar cuando una escuadra de la fuerza de choque agredió a los estudiantes de una escuela intermedia en Canóvanas [19].


En el mes de abril del año 2010 los estudiantes universitarios decretaron un paro que luego se convirtió en una huelga en todo el sistema universitario público. Fue este el principal movimiento de resistencia contra las políticas neoliberales de Fortuño. Otra figura perversa del gabinete de Fortuño fue Marcos Rodríguez Emma. Mientras ocupaba el cargo de secretario de la gobernación, Rodríguez Ema dijo públicamente que “sacaría a patadas” a los líderes universitarios de la Universidad de Puerto Rico [20]. Rodríguez Emma es otra de esas personas cuya vida ha transcurrido en el vaivén de la puerta giratoria de la empresa privada al gobierno. Su gestión en el desvío de los recursos públicos hacia la empresa privada comenzó bajo el gobierno de Rosselló. Fue uno de los responsables de las políticas de privatización que han hecho desembocar al país en la crisis actual.


No debemos olvidar que el gobierno de Fortuño, además de sumar a la deuda del país más de 17,000 millones de dólares, impuso impuestos regresivos y despidió a decenas de miles de empleados públicos, recibió también asignaciones federales adicionales como los fondos ARRA y WIA. Pero, su gestión no enriqueció únicamente a sus amigos, allegados y donantes: la riqueza de Fortuño y su familia experimentó dramáticos aumentos durante su gobernación. El principal factor de ese aumento fueron los ingresos que recibió Lucé Vela mientras era primera dama. Fortuño recibió dinero de cada rincón que pudo: en el año contributivo 2009 recibió un reintegro de $13,013 [21].


La crisis fiscal se profundizó bajo el gobierno de Fortuño en gran medida debido a los esquemas de pago por jugada. Los privilegios de unos pocos siguen siendo intocables para rojos y azules, la desigualdad social y la inequidad en la distribución de las riquezas se acentúan cada vez más.


7.


Alejandro García Padilla llegó al gobierno bajo la promesa de que pondría a la gente primero y defendería el servicio público. Sin embargo, su gobierno siguió la ruta trazada por los grandes intereses: impuestos regresivos, privatización, suspensión de convenios, congelación de plazas y salarios de los empleados públicos, reducción de los derechos de los jubilados, pagos a una deuda insostenible y políticas para beneficiar a multimillonarios. García Padilla completó la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín y las autopistas, redujo los beneficios de los pensionados, aprobó la Ley 66 eliminando más de 16,000 puestos de trabajo en el gobierno, deteriorando aún más la prestación de los servicios públicos y aumentó el IVU. Por otro lado, continuó otorgando jugosos contratos y privilegios contributivos a las grandes fortunas y a los inversionistas políticos, siguió impulsando la privatización y la municipalización de los servicios y precarizó aún más los derechos de la mayoría asalariada, desempleada y empobrecida, de los profesionales y de la pequeña y mediana empresa. El gobierno de García Padilla añadió $3,518 millones a la deuda pública.


El gobierno dirigido por García Padilla fue hermético: toda la información sobre las transacciones financieras se mantuvo oculta, en desafío incluso de órdenes judiciales para evitar a toda costa su divulgación. Desde diciembre del año 2012 las casas acreditadoras comenzaron a degradar el crédito de Puerto Rico de forma sostenida. El golpe más dramático lo dieron en marzo del año 2013 cuando el crédito de Puerto Rico fue declarado “chatarra”. Esa noticia bastó para que los especuladores comenzaran a afilarse los colmillos. La deuda de Puerto Rico era insostenible. Esa fue una gran oportunidad para que el gobierno decretara el impago, movilizara al país y comenzara la auditoría, la reestructuración y la renegociación de la deuda. Pero lejos de asumir con valentía la postura que exigía el bienestar del país, García Padilla demostró una vez más el servilismo crónico a las grandes fortunas. Todos los presupuestos aprobados durante su gobierno mantuvieron asignaciones extraordinarias para el pago de la deuda y para el financiamiento del déficit presupuestario. En lugar de suspender los pagos de la deuda y comenzar a renegociar, en el mes de octubre de 2013 publicó una carta tan costosa como bochornosa en varios medios internacionales. En su carta dirigida a inversionistas -un anuncio pagado con fondos nuestros- el gobernador aseguró que el gobierno de Puerto Rico cumpliría con los pagos de sus deudas. El contenido de la carta provoca tanto vergüenza como indignación. El gobernador le presentó a los acreedores e inversionistas una lista de los golpes que le había dado al pueblo trabajador para proteger sus inversiones. Además, confirmaba la interpretación constitucional de todos los gobiernos rojos y azules: “la Constitución establece que la prioridad para el gobierno con relación a sus ingresos es cumplir con los pagos de sus deudas”. Desde su perspectiva su obligación moral es con los acreedores y no con el país. La carta concluyó con una declaración reveladora: “Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que Puerto Rico honre sus compromisos financieros […] no solo es una obligación constitucional, sino moral” [22].


Así preparaba el camino para entregarle nuestro destino a los fondos buitres. En marzo del año 2014, García Padilla celebró la emisión que más le costó a nuestro pueblo. Y ese costo no se refiere a la tasa escandalosa del 8.75%. Se refiere al comportamiento exhibido por esos acreedores en la mayoría de los países del mundo en los que han metido sus garras, el tipo de inversionistas que se caracteriza por la falta de escrúpulos y por entorpecer cualquier tipo de reestructuración de la deuda [23]. Son estos señores quienes compraron el país a descuento. Lo peor es que muchos de estos carroñeros fueron invitados al banquete de forma exclusiva por el secretario de Desarrollo Económico de García Padilla, Alberto Bacó Bagué, la versión PPD del “such is life”, quien llamó “born loosers” a quienes criticamos sus estilos serviles [24]. Bacó sigue siendo el mayordomo de los buitres en Puerto Rico y es la antítesis de la solidaridad, un valor que nos urge rescatar. El gobierno popular bajo la dirección de García Padilla castigó a la pequeña y mediana empresa local al ponerla a competir de manera desigual con empresas extranjeras, pues las empresas locales no participan de los beneficios otorgados a las foráneas.


En el gobierno de García Padilla también se destacó el “pay for play”, el pago por jugada. Los gobiernos del PPD y el PNP son ejemplo del daño que le hace al país el financiamiento privado de las campañas políticas. Cerca del final de ese cuatrienio uno de los recaudadores del PPD se declaró culpable por un esquema de “pay for play”.


García Padilla enfrentó en el ocaso de su gobierno las consecuencias de no haber suspendido los pagos y de evitar la auditoría de la deuda. Pretendió renegociar, reestructurar demasiado tarde y cuando ya no tenía remedio. Esa debilidad solamente benefició a los acreedores más inescrupulosos.


La crisis fiscal se profundizó bajo el gobierno de García Padilla por su falta de voluntad producto del servilismo a los grandes intereses. Una de las consecuencias de su inacción en el tema de la deuda fue la aprobación de la ley PROMESA por el Congreso de EEUU y la eventual quiebra del ELA. Los privilegios de una minoría aumentaron mientras que la calidad de vida de la mayoría se deterioró profundamente. La desigualdad social y la inequidad en la distribución de las riquezas siguen creciendo como consecuencia de las políticas fracasadas tanto de rojos como azules, ambos responsables de la crisis actual.


8.


Ricardo Rosselló Nevares llegó a la gobernación con la misma cantidad de votos que obtenía quien perdía en las elecciones con los márgenes más abiertos. Poco más de dos años y medio después de tomar posesión de su cargo, intensas movilizaciones provocaron su salida prematura de la gobernación. El gobierno de Rosselló Nevares provocó -aunque esporádicas- manifestaciones masivas muy pocas veces vistas en nuestra historia reciente. El Primero de mayo de 2017 contó con el impulso de una huelga de todo el sistema en la Universidad de Puerto Rico y reunió a decenas de miles de personas para protestar contra el gobierno neoliberal de Rosselló Nevares y contra la Junta de Control Fiscal. De ahí en adelante, el Primero de mayo se convirtió en una actividad masiva que cuenta con mucha presencia de amplios sectores más allá del movimiento obrero. El Huracán María demostró que la incapacidad del gobierno del PNP para gobernar provocó la muerte de cerca de cinco mil personas. El verano de 2019 fue el escenario de las manifestaciones más grandes en la historia de Puerto Rico y demostró la capacidad que tiene el pueblo. El potencial de las movilizaciones para cambiar el gobierno -si así lo desea- está presente en la conciencia colectiva del País.


Rosselló fue sustituido por Wanda Vázquez quien fue confirmada por el Tribunal Supremo luego del intento fallido de Pedro Pierluisi -actual gobernador- de usurpar la gobernación. Aunque el gobierno no puede recurrir a la emisión de más deuda por estar en un complejo proceso de bancarrota bajo PROMESA, el gobierno del PNP adoptó como suyas las medidas de austeridad impulsadas por la Junta de Control Fiscal -organismo antidemocrático creado por el Congreso y la administración de Obama mediante la ley PROMESA. Aunque PROMESA reconoce que parte de la deuda de Puerto Rico no se pagaría ni podría pagarse, asegura que se pague la mayor cantidad posible, a costa de mayores sacrificios para el pueblo sin proporcionar fondos para la reconstrucción económica del país.


El bipartidismo -igual que el ELA- está en bancarrota y así lo confirman los resultados de las pasadas elecciones. Pedro Pierluisi ganó las elecciones del 2020 con apenas el 33,24% de los votos. El PPD por su parte recibió el 31,75% de los votos y obtuvo mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Pierluisi enfrenta un escenario parecido al que enfrentó Aníbal Acevedo Vilá pero sin la posibilidad de incurrir en deuda pública. Aun así, la gestión de Pierluisi sigue el curso servil trazado por Rosselló Nevares y Wanda Vázquez de adoptar como suya la receta neoliberal y las políticas de austeridad impulsadas por la Junta de Control Fiscal y por los acreedores del ELA. Aunque muchos economistas -incluyendo a los más conservadores- han señalado que estas políticas son socialmente destructivas y contraproducentes, ya que tienen lo que describen como un impacto deflacionario, es decir, prolongan la crisis económica actual, el gobierno de Pierluisi sigue al pie de la letra cada uno de los dictámenes de la Junta. También favorece los acuerdos negociados por la Junta en el proceso de quiebra que son muy favorables para los acreedores. Sin duda, Pierluisi enfrentará la lucha y la resistencia al Plan de Ajuste de la Deuda impulsado por la Junta, que de ser aprobado sería la estocada final y lo que sin duda provocará que Puerto Rico regrese a la bancarrota en peores condiciones.


Tenemos la posibilidad de salir de esta crisis y de gobernarnos de forma tal que lo único que se privilegie sea el bienestar de nuestro pueblo. Seguiremos exigiendo que la deuda sea auditada y que los responsables de la crisis devuelvan lo que se llevaron. Seguimos convencidos de que la mayoría asalariada, los pequeños y medianos comerciantes -lo que en su conjunto constituye el pueblo trabajador- es el único sector que tiene el potencial, el deseo y el compromiso de sacar al país de la crisis actual, de echarlo adelante y de crear las condiciones para que nuestra gente pueda vivir dignamente y para que aquellas personas que han tenido que emigrar tengan la posibilidad de regresar.


Notas


[1] Según el secretario de Hacienda al 18 de febrero de 2015 el 85% de los contribuyentes son asalariados con un ingreso promedio de $29,500. http://www.hacienda.pr.gov/sites/default/files/pc_2329-_transformacion_contributiva.pdf


[2] http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/fotogalerias/losresponsablesdeladeuda-galeria-1576451/#7


[3] Eliezer Curet Cuevas. Economía política de Puerto Rico: 1950 a 2000. San Juan, Puerto Rico: Ediciones M.A.C., 2004.


[4] Eliezer Curet Cuevas. Economía política de Puerto Rico: 1950 a 2000, a las páginas 303-304.


[5] http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/top10delahistoriadecorrupcionlocal-1735511/


[6] http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/unaseleccionesparalahistoria-1113367/


[7] Eliezer Curet Cuevas. Economía política de Puerto Rico: 1950 a 2000. San Juan, Puerto Rico: Ediciones M.A.C., 2004.


[8] https://cpprbib.wordpress.com/sila-m-calderon/


[9] Id.


[10] http://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/nota/silacalderonnovemosonoqueremosver-1042314/


[11] http://corp.primerahora.com/archivo.asp?guid=249A5ED7137440FFB92F9181581BFF62&year=2004&keyword=


[12] De hecho, uno de sus colegas, el exgobernador de Virginia, Bob McDonnell, convicto por un esquema de “pay for play” apeló su convicción al Tribunal Supremo de EE.UU bajo la teoría de que el pago por jugada es parte de su derecho a la libertad de expresión. https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/supreme-court-will-review-corruption-conviction-of-former-va-governor-robert-mcdonnell/2016/01/15/e281ede0-b3c8-11e5-a76a-0b5145e8679a_story.html. Sobre su relación con McDonnell ver http://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/fortunoviajaatexasparareuniondeasociaciondegobernadoresrepublicanos-654318/


[13] http://contratos.ocpr.gov.pr/frmSelCont.aspx. Ver también http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/denuncianmillonarioscontratosenadministraciondefortuno-2077544


[14] http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/aseguranquefortunohaotorgado602millonesencontratosaamigos-1366384/


[15] http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/fortunodesarticulaelfideicomisodetierras-584106/


[16] http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/eliminancolegiacioncompulsoriadeabogados-626252/


[17] http://www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/nota/cronologiadejosefigueroasancha-1006813/


[18] http://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/nota/suchislifesenorjaimegonzalez-327235/


[19] http://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/sedesatamotinenescuelacercadelgobernador-336736/


[20] http://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/marcosrodriguezemadicequesacariaapatadasaloslideresestudiantilesdelaupr-449607/


[21] http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/losingresosfamiliaressedisparan-1132279/


[22] http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/garciapadillapublicacartaenmediosinternacionales-1628307/


[23] http://www.wsj.com/articles/in-puerto-ricos-debt-crisis-shades-of-argentina-1462403181


[24] http://www.elnuevodia.com/negocios/consumo/nota/bacoexplicasucomentariodeloslosers-2114372/


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Manuel Rodríguez Banchs es abogado, activista político y social. Es miembro de Democracia Socialista.