Por Manuel Rodríguez Banchs
La controversia sobre la petición de extradición de Julian Assange a EE UU se resolvió satisfactoriamente y fue una gran victoria gracias a las campañas de presión pública y de movilización internacional.
Sin embargo, esa victoria se sostuvo jurídicamente sobre una base tan débil como peligrosa. El tribunal inglés rechazó uno por uno los argumentos de la defensa contra la petición de extradición: que se estaba juzgando un delito político, que el tratado de extradición no es parte de la legislación británica, que Assange ayudó a Chelsea Manning a descubrir crímenes de guerra, que no se trataba de defender un interés público. El tribunal se negó a aceptar que Assange sería extraditado por sus opiniones políticas, excusó el espionaje de la CIA en su contra incluso en la embajada y validó el retiro de la concesión de asilo del gobierno de Ecuador.
Peor aún, el tribunal expresó su confianza en que las cortes estadounidense respetarían las libertades civiles de Assange. Sin embargo, el tribunal concluyó que Assange sufría de depresión y manifestó su preocupación de que probablemente en EEUU lo confinarían en solitaria, con lo cual empeoraría su condición de salud. Por eso, reconoció el riesgo de suicidio que suponía estar privado de libertad bajo esas condiciones. Por estas razones fue que se rechazó la extradición.
En los últimos renglones de su fallo, el tribunal determinó que las condiciones de las prisiones de máxima seguridad en EE.UU. son demasiado brutales para mantener encarcelado a Julian Assange sin que exista el riesgo de que se quite la vida. Las cárceles, admitió el tribunal, son “opresivas”. El gobierno de EE.UU. perdió el juicio de extradición -ante un tribunal que está fundamentalmente de acuerdo con su postura en todos los aspectos- porque el sistema carcelario estadounidense es inhumano y puede provocar a las personas que encierra a autolesionarse e incluso a suicidarse.
Si el gobierno de EE.UU. recurre a un tribunal superior para obtener la extradición, no será a Julian Assange a quien se juzgue. Será el sistema carcelario de EE.UU., el complejo industrial carcelario como lo describen los abolicionistas y otros grupos defensores de los derechos humanos el que estará bajo escrutinio. En esta nueva etapa será igualmente importante la movilización. Es la única forma de asegurar de provocarle una segunda derrota al gobierno estadounidense.
La sentencia es una victoria para Assange, para su familia, para sus abogados, para sus seguidores y seguidoras y para quienes defendemos las libertades y los derechos democráticos. Aún así, quedan muchos asuntos sin responder. La más inmediata es la necesidad de que Assange pueda quedar en libertad bajo fianza. No existe razón alguna que justifique que Assange siga privado de libertad. No hay cargos en su contra y su extradición ha sido rechazada por el único tribunal ante el cual se ha solicitado. Sin embargo, Assange regresó -por orden judicial- al infierno de la cárcel de Belmarsh, una prisión que nada tiene que envidiarle a las cárceles de máxima seguridad estadounidenses. No existe, repito, justificación alguna para mantenerlo en la cárcel más allá de la conveniencia para el gobierno y la fiscalía de EE.UU. Por eso nuestra exigencia es que sea puesto en libertad de inmediato.
Ahora bien, la sentencia que denegó la petición de extradición de Assange tiene aspectos profundamente problemáticos y antidemocráticos que socavan muchas de las libertades que también se dirimían en este caso. Me refiero a la libertad de expresión, la libertad para expresar ideas políticas, la libertad de prensa y los derechos de los “whistleblowers”, esas personas que denuncian con valentía acciones ilegales de gobiernos, grupos y empresas poderosas. Una de las expresiones más graves de la sentencia es que el tratado de extradición no está plenamente incorporado a la legislación británica. Según la sentencia, esto significa que no existe ninguna posibilidad de defensa para disidentes políticos en los procesos de extradición del Reino Unido. Esta postura es contraria a las garantías que el tratado vigente concede en los procesos de extradición. La sentencia expresa que no existe interés público en proteger a denunciantes––“whistleblowers”––,a periodistas, ni a quienes son perseguidos por sus opiniones e ideas políticas. Al rechazar la extradición por motivos secundarios, mientras se aceptó la teoría del gobierno de EE.UU., el tribunal se acomodó a las clases dominantes y a las élites políticas. Rechazar en la sentencia los argumentos sobre las libertades y los derechos democráticos como la libertad de prensa obligó al tribunal a adoptar la postura de que Assange está demasiado débil para soportar el sistema carcelario de EE.UU. Es la única salida que le permite evitar la furia, la presión y la posibilidad de grandes movilizaciones, por un lado y por el otro, evitar el bochorno político que este caso les sigue provocando. Por eso, la condena al complejo industrial carcelario estadounidense les cayó como anillo al dedo para salir del embrollo en el que se metieron.
La lección más importante de este proceso debe ser el reconocimiento del potencial que las campañas de denuncia, presión y movilización internacional siguen teniendo. Sin las campañas internacionales de presión pública constante no se habría logrado obtener un resultado como este. Esa misma presión pública es ahora necesaria para lograr la excarcelación de Assange.
Manuel Rodríguez Banchs es abogado, activista político y social. Es miembro de Democracia Socialista.